En el marco de la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, su mamá Cristina declaró por primera vez ante los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin. Por pedido de ella, el fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez, recusado en dos oportunidades por la querella, no estuvo presente en la audiencia. Durante más de cuatro horas, Cristina Castro respondió cada una de las preguntas y puso el foco en el hostigamiento policial desde el primer momento en que radicó la denuncia y la posterior inacción o demoras injustificadas en la justicia. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante institucional, realizó una nueva presentación ante el Comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas que, en su momento, ya había reclamado medidas al Estado argentino para proteger a testigos de la causa.
“Estamos gastando tiempo y recursos en un pendejo de mierda”, le dijo a Cristina Castro un agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se presentó en su lugar de trabajo, una estación de servicio de Pedro Luro. Esa fue una de las tantas escenas de hostigamiento policial que Cristina, la mamá de Facundo Astudillo Castro, relató este martes ante los fiscales Andrés Heim de la Procuraduría de Violencia Institucional y Horacio Azzolin de la Fiscalía especializada en ciberdelincuencia.
Sin la presencia del fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez, durante más de cuatro horas, Cristina Castro declaró por primera vez en la causa que investiga la presunta desaparición forzada seguida de Muerte de Facundo. Tanto los abogados de la querella particular como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante institucional, pidieron en dos oportunidades la recusación del fiscal por considerar que actuó sin imparcialidad ni celeridad.
Durante su declaración, Cristina remarcó que la Policía bonaerense, la fuerza sospechada de tener responsabilidad en el hecho, buscó desde el primer momento desestimar la denuncia: “Me decían que Facundo estaba vivo, en Bahía Blanca, que estaba escondiéndose de mí”, recordó.
Tras radicar la denuncia, la causa por averiguación de paradero tramitó en la justicia provincial y la Policía de la Provincia de Buenos Aires actuó como auxiliar en todas las diligencias investigativas. Recién el 8 de julio, casi 70 días después de la desaparición de Facundo, la bonaerense fue apartada preventivamente de la investigación. Situación que se confirmó cuando la justicia federal aceptó la competencia y el trámite pasó a esa órbita para investigar la presunta desaparición forzada.
Cristina también recordó que, tras la denuncia a la policía, sufrió nuevas amenazas y actos intimidatorios. Otro agente que se presentó en su lugar de trabajo le advirtió que “se fije que está diciendo porque se está ensuciando a la Policía”.
Además de la denunciar de los actos intimidatorios, Cristina respondió a todas las preguntas de los fiscales Heim y Azzolin. En particular, aportó mayores precisiones y fotos sobre el amuleto de madera que pertenecía a Facundo y se halló, durante un allanamiento, en un calabozo abandonado del destacamento policial de Teniente Origone.
Cristina Castro también llamó la atención sobre pruebas que están en la causa y vinculan a los policías con el hecho; principalmente, señaló la pericia a los teléfonos particulares, que permitieron recuperar algunos mensajes que podrían resultar inculpatorios.
Al final de su testimonio, Cristina Castro expresó que espera lo mejor de los dos fiscales, Heim y Azzolin, integrados recientemente a la instrucción por orden del Procurador General de la Nación y señaló, una vez más, que las irregularidades en la investigación de Ulpiano Martínez hicieron perder toda confianza y esperanza en el fiscal federal. “Todavía me pregunto por qué ellos están libres, por qué ellos continúan trabajando y por qué mi hijo está en un cementerio”, cerró Cristina.
Durante la audiencia del martes, los fiscales también escucharon la declaración del trabajador del puerto que, mientras cumplía tareas en una posta inflamable, observó el pasado 11 de agosto luces y movimientos en la zona de canal donde cuatro días después se encontrarían los restos óseos y una zapatilla de Facundo Castro. En su testimonio, afirmó que la situación era absolutamente atípica, ya que no suelen existir esa presencia durante las noches en ese lugar, un lugar como se reconoció inhóspito.
Las audiencias testimoniales se seguirán realizando mientras se esperan resultados periciales y tecnológicos y, principalmente, el informe final de la autopsia a los restos de Facundo.
En paralelo a los diligencias judiciales, la CPM envió una nueva respuesta al Comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas sobre los avances en la investigación y el rol del Estado argentino. “A 130 días de su desaparición, la sospecha de participación de agentes de la Policía de la Provincia de Bs. As. -últimos que vieron a Facundo con vida en el marco de procedimientos administrativos de control- se mantiene como la única hipótesis investigativa razonable”, señala la presentación.
También se advirtió que, durante su participación como auxiliar de la justicia, la Policía bonaerense amedrentó testigos, realizó allanamientos ilegales, pudo haber incorporado pistas falsas, y desplegó maniobras de intimidación que pueden considerarse sistémicas contra todos quienes aportaran elementos para el esclarecimiento de lo acontecido.
“Lamentablemente, la intervención de la Justicia Federal no fue garantía de imparcialidad en el curso de la investigación. Desde el momento en que tomó intervención, la querella de Cristina Castro, así como esta Comisión Provincial por la Memoria, comenzaron a requerir una serie de medidas, todas ellas pertinentes y útiles para la búsqueda de Facundo, así como para la dilucidación de las responsabilidades penales de los autores de su desaparición. Al poco tiempo, se advirtió que la actividad desplegada por la Fiscalía era renuente a ordenar y controlar su producción. Del mismo modo, se detectaron demoras injustificables, falta de cooperación para el acceso al contenido de la causa, inexactitud en los proveimientos, y otra serie de eventos que comenzaron a constituir un obstáculo en la persecución de la verdad”, destacó sobre la acción del fiscal Ulpiano Martínez.
A esto se sumaron otras irregularidades como la constante filtración de información hacia fuentes periodísticas acerca de actos procesales reservados que fueron dados a conocer masivamente incluso antes que las querellas fueran notificadas.
Estos elementos se agravaron cuando el Fiscal a cargo de la Fiscalía Federal directamente bloqueó la participación de las querellas en actos procesales de relevancia. Tomó declaraciones testimoniales a testigos sin notificar a las querellas, impidió la participación de la familia en rastrillajes, denegó sin justificación operativos de búsqueda razonablemente propuestos”, agrega el escrito.
Por último, la CPM también denunció como “irrazonable” la decisión de la Jueza Federal María Gabriela Marrón que acusó a Luciano Peretto, uno de los aboagados de Cristina Castro, por declaraciones a la prensa que de ningún modo puso en riesgo la investigación en curso, ni develó ninguna información de relevancia. En el mismo sentido, reclamó la necesidad de hacer cesar las injurias y expresiones intimidantes vertidas en varios medios de comunicación por el Ministro de Seguridad provincia Sergio Berni.
“Independientemente de que desde el Estado se estén llevando a cabo acciones concretas para la averiguación de las circunstancias de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, las mismas distan de honrar los compromisos asumidos por el Estado en la Convención. De este modo, se extrae como conclusión que se han incumplido varios de los puntos de la Acción Urgente N° 906/2020 adoptada por este comité”, concluye la nota de la CPM.