La Cámara Nacional de Casación absolvió a Mariana Gómez de los cargos de lesiones leves y desacato a la autoridad, por los que fue condenada en 2019. El fallo reconoce la discriminación lesbofóbica de la Policía y del Poder Judicial.
Por Agencia Presentes.
La Sala II de Cámara Nacional de Casación Penal, absolvió a Mariana Gómez de los cargos de lesiones leves y desacato a la autoridad, por los que había sido condenada 2019, en un fallo que fue denunciado por organizaciones de derechos humanos como lesbofóbico y que movilizó a las calles a distintos sectores del feminismo y la diversidad sexual. “Todavía no caemos, estamos muy emocionadas”, dijo Rocío Girat, esposa de Mariana, a Presentes.
Por su parte, el abogado de Mariana, Lisandro Teszkiewicz, se mostró muy satisfecho con el fallo de Casación, porque éste reconoce el sesgo discriminatorio de la Policía y el Poder Judicial e insta a acciones. “Sienta un predecente técnico y de políticas públicas”, dijo a Presentes.
El caso se remonta a 2017, cuando Mariana y Rocío fueron increpadas por la policía cuando se besaban en una estación de subte de la Ciudad de Buenos Aires. Se las acusó de fumar en un lugar prohibido y Mariana terminó golpeada y encarcelada muchas horas en una comisaría. Dos años después, fue ella la condenada. “Para Marian, la condena significó la imposibilidad de acceder a un trabajo inscripto. Nadie quiere contratar a alguien con un antecedente penal por desacato a la autoridad“, explicaba Girat a Presentes el año pasado.
“El fallo de Casación es interesante desde dos perspectivas. Una técnica y una de políticas públicas. La técnica aduce que no puede ser la jueza – Marta Yungano- quien se ponga en el lugar de parte acusadora. Ella establece en su fallo algo que ni la fiscalía argumentó en el juicio: que la supuesta agresión de Mariana a la oficial era más grave por tratarse de una servidora pública. La jueza tiene que ser una parte imparcial. Y la segunda parte del fallo hace referencia directa al carácter discriminatorio del accionar policial y del empleado de Metrovías. Además dice que la prohibición de fumar en un espacio público – razón que esgrimió la policía contra Mariana – se trata de una norma administrativa y no justifica el accionar policial. Esto marca un precedente técnico importante. Para finalizar, el fallo hace alusión a que cuando hay un acto discriminatorio por parte del Estado – en este caso de la Policía- la Justicia no puede convalidarlo”, dijo Teszkiewicz a Presentes. Y agregó: “Esto pone en evidencia la urgencia de la implementación de la Ley Micaela en el Poder Judicial”.
Se revierte un fallo lesboodiante
Desde numerosos medios de comunicación, organizaciones de Derechos Humanos y desde la defensa de Mariana Gómez, el fallo de la jueza Marta Yungano fue denunciado por su falta de perspectiva de género.
“Yungano es una persona que alrededor de su carrera se ha dedicado a liberar pedófilos, a liberar a policías y darle beneficios a policías de gatillo fácil. Falla como piensa. El mismo día de la condena a Marian Yungano absolvió a un pedófilo por abusar de su hijo. Esta jueza no puede estar ocupando ese cargo. Pedimos que mínimamente sea capacitada para fallar para lo que la sociedad necesita”, dijo Girat en su momento.
La policía acusó a Mariana de “resistencia a la autoridad” y lesiones. No obstante, tiempo después, una pericia realizada por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer que Mariana Gómez no agredió a la policía. Entonces se comenzó a hablar de lesboodio. “En general a la lesbiana chonga le queda el cartel de la desobediente, la que atenta contra el hombre, la violenta, y esos son los estereotipos que queremos erradicar”.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) acompañó la apelación como amicus curiae. En su presentación, Emiliano Montini, representante de la Dirección de Asuntos Juridicos, consideró que Mariana Gómez fue víctima de violencia institucional, no sólo por parte de las fuerzas policiales, sino también por el accionar judicial, reflejado en los distintos actos del procedimiento y, sobre todo, en la decisión cuestionada en donde se descartaron dos testimonios que favorecían a la justicia.
La causa contra el oficial Rojo, en pausa
El 2 de octubre de 2017 Mariana acompañó a Rocío a tomar un transporte en la estación de Constitución. Cuando comenzó a llover fuertemente, las jóvenes decidieron resguardarse en el ingreso de la terminal de subtes. Como ellas, muchas otras personas se guardaban del agua, charlaban y fumaban. Pero sólo Mariana fue increpada por un agente de la Policía de la Ciudad, Jonatan Rojo. A él se sumó la oficial Karen Villarroel. Cuando Mariana quiso retirarse, el oficial Rojo se dirigió a ella en masculino e intentó detenerla por la fuerza. “Hubo una ilegitimidad en la orden, no una resistencia a la autoridad”, fue como describió la situación el abogado de la defensa, Lisandro Teszkiewicz, en una de las audiencias del juicio.
Al día siguiente de la detención de Mariana, junto a Rocío se acercaron a la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) para denunciar a Jonatan Rojo por abuso de poder y violencia institucional Jonathan. “Él fue quien golpeó a Mariana y no respetó su identidad”. Pero, de acuerdo a Rocío, al oficial Rojo no se le abrió un sumario. Tampoco recibió apercibimientos de ningún tipo ni fue capacitado en perspectiva de género. De hecho continuó con sus funciones con total normalidad.
“Durante el juicio, muchas veces tuvimos que cruzarnos con él en Constitución, donde tomábamos el transporte para llegar a la audiencia, y era horrible tener que verlo. Mientras tanto, Marian fue condenada y tiene una mancha injusta en los antecedentes. Más allá de eso, si efectivamente queda condenada y este fallo que nosotras apelamos no llega a una absolución, ella va a figurar 5 años más en el sistema”.
Para Rocío, es necesario recordar que Jonatan Rojo “actuó bajo las órdenes y la bajada de línea de Larreta”. “Nosotras seguimos exigiendo que se capacite a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los entes del Estado y las instituciones que intervienen tienen que estar capacitados en perspectiva de género.