A dos días de haberse cumplido un año del desalojo de Guernica, la Policía de la Provincia de Buenos Aires desalojó y reprimió este lunes a 300 familias que ocupaban desde hace 11 días un terreno abandonado en Ciudad Evita de La Matanza. Los vecinos y vecinas denunciaron que el desalojo se realizó sin orden judicial y que los policías avanzaron disparando balas de goma y destruyendo las precarias casillas. Cinco personas fueron aprehendidas, trasladadas a la comisaría 3ª y liberadas recién durante la madrugada; otras decenas de habitantes de la toma tienen heridas de distinta consideración. La forma en que se produjo el desalojo por la noche y sin mediación judicial previa, evidencia el incumplimiento del protocolo de la Corte bonaerense. Y constata una vez más que la primera respuesta al déficit habitacional es la violencia estatal.
En septiembre del año pasado, 300 familias fueron desalojadas de un predio en el barrio Los Pilares de Ciudad Evita; en octubre fue en un asentamiento en el Barrio Nueva Unión de Rafael Castillo; en marzo de este año en el barrio Manzanares de Villa Luzuriaga y en mayo en el barrio General San Martín de La Tablada. El desalojo y represión de la Policía Bonaerense este lunes por la noche en el barrio 22 de enero de Ciudad de Evita es el quinto ocurrido en el partido de La Matanza en estos últimos 14 meses.
La enumeración da cuenta de un grave problema social: el enorme déficit habitacional en La Matanza, una realidad que se replica en otras muchas ciudades del conurbano bonaerense y el país. La enumeración también evidencia que, ante ese problema socio-económico, la primera intervención es con el ejercicio de la violencia estatal.
Hace 11 días, unas 300 familias tomaron unos terrenos abandonados en el barrio 22 de enero de Ciudad Evita para tener un pedazo de tierra donde alzar sus casillas de madera y chapa para vivir. Este lunes por la tarde, efectivos y móviles de la Policía de la Provincia de Buenos Aires comenzaron a rondar y cercar el predio. Cuando ya había caído la noche y llovía, y sin orden judicial, los policías arremetieron contra los y las habitantes de la toma disparando balas de goma, lanzando gases lacrimógenos y destruyendo las precarias viviendas montadas en la toma.
Durante la represión, muchas familias buscaron refugiarse en la capilla mientras eran perseguidos por efectivos policiales que arrojaron gases lacrimógenos hacia el interior de la iglesia. Organizaciones territoriales, que acompañaban a los vecinos y vecinas de la toma, también denunciaron que los policías quemaron y destruyeron merenderos populares que asistían, especialmente, a los niños y niñas que habitaban el predio.
La represión terminó con decenas de heridos con distinta consideración y cinco personas fueron aprehendidas y trasladadas a la comisaría 3ª de Ciudad Evita, y liberadas varias horas después, ya durante la madrugada de este martes.
La causa judicial por la toma tramita en la UFI N° 2 de Laferrere, a cargo de María Belén Casalgatto. El operativo de anoche se realizó sin orden judicial de desalojo e incumpliendo con el protocolo de la Resolución 707/19 de la Corte bonaerense, que obliga a la justicia y el poder ejecutivo implementar instancias de mediación para encontrar una solución al conflicto que no sea el despliegue de la violencia estatal.
Además, el operativo de este lunes incumplió otras previsiones establecidas por ese mismo protocolo como la prohibición de ejecutar un desalojo en condiciones de nocturnidad.
Integrantes de los equipos de trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) estuvieron presentes en el predio una vez que se conocieron los hechos de represión y, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, realizaron pedidos de informe ante el Juzgado de Garantías N° 5 –de turno– y la Defensoría general de La Matanza.