En el 2019 la legislatura provincial de Mendoza sancionó la reforma de la ley 7722, que protege el agua de la minería contaminante.
Escucha el reporte para el Expreso FARCO de Radio Comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz.
Desde ese día la militante en defensa del agua enfrenta una causa judicial por “privación ilegal de la libertad”. Esto se da porque los legisladores denunciaron que se les impedía entrar y salir libremente de la legislatura el 19 de diciembre del 2019, cuando la pueblada mendocina ganó las calles céntricas para gritar que «el agua de Mendoza no se negocia».
Durante el debate de la ley miles de mendocinos y mendocinas permanecieron en las calles de distintas ciudades y pueblos de la provincia para seguir defendiendo el agua. Diferentes sectores comenzaron a unir los reclamos de los departamentos con la Capital provincial, donde una multitud exigió al gobernador Rodolfo Suarez, el veto de una reforma que no cuenta con licencia social .
Pero a pesar de que fueron miles y miles las personas que participaron, el poder judicial sólo imputó a Nora Moyano, dirigente de la defensa por el agua, como la única que les prohibió la salida y entrada a legisladores en la Legislatura provincial.
Moyano explicó que la semana pasada fue la audiencia de la causa y dijo: “En febrero del 2020 a mi me imputan por privación ilegal de la libertad agravada por el vínculo. porque yo he ejercido una imposibilidad para que puedan entrar y salir libremente los diputados y senadores ese día”.
Además contó que algunos legisladores declararon que ellos podían entrar y salir cuando quisieran. “El jefe de la policía que estaba ahí con toda la infantería antes era el que les impedía y les decía no, no salgan, por supuesto que los legisladores salían y entraban sin ningún tipo de problema” remarcó Nora Moyano.