En 2022 continuó la deuda con las mayorías populares

Panorama sindical actualizado al 6.1.2023.

Por Mario Hernandez.

Según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) en su Informe Económico de diciembre 2022: “En la segunda parte del año se produjo una fuerte reducción del gasto público para alinear la política fiscal al acuerdo con el FMI, se subieron las tasas de interés, se aplicaron nuevas restricciones y nuevos beneficios en el tipo de cambio para sectores agroexportadores. Esto comenzó a sentirse en una menor actividad, que al mes de octubre registró una caída del 0,4% respecto del mes anterior.

Lo que no pudo lograrse durante 2022, en ninguna de sus dos etapas, es una recuperación del poder adquisitivo de los ingresos de las mayorías, castigado por la aceleración inflacionaria. El impacto en los precios de las materias primas y la energía de la guerra en Ucrania exacerbó una alta inflación interna con fuertes componentes inerciales. Así, la tasa de aumento de los precios casi se duplicó a lo largo del año, posándose cerca de los tres dígitos. La aceleración inflacionaria erosiona los ingresos internos ya que tanto la indexación de las jubilaciones y asignaciones, como las negociaciones paritarias responden con retraso frente a la disparada de los precios, perdiendo poder adquisitivo por esa demora en los ajustes frente a los precios en contextos de alta inflación”. (negritas mías)

Desde que comenzó a salir del momento más restrictivo de la pandemia, el gobierno declaró la intención de lograr uno de los grandes compromisos de la campaña de 2019: que los ingresos le ganen a la inflación y que se recupere el poder adquisitivo. Hasta junio podía considerarse una victoria pírrica. El indicador del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) indicaba que el salario estaba 1,2% por encima del de Dic-21. Sin embargo, esa pequeña mejora se perdió bruscamente en dos meses y a octubre todavía se ubica un 3,7% por debajo de Dic-21. Si se observa el salario privado no registrado la caída fue mayor y llega al 9,7% en lo que va del año.

Si se analiza el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), al cual está atado una gran parte de la política social, se ve que el comportamiento fue más errático. Tuvo un fuerte deterioro los primeros tres meses del año y luego un rápido crecimiento hasta junio. Luego volvió a deteriorarse hasta agosto y, a partir de allí, viene teniendo una leve mejora mes a mes, pero aún está 2,4% por debajo del nivel de Dic-21. En noviembre realizamos un informe especial de Empleo e Ingresos en el cual registramos la evolución de las paritarias más representativas. De allí surge que muchas terminarían perdiendo o, en el mejor de los casos, empatando con la inflación a fines de este año.[1] Si la baja en la inflación de los últimos meses se mantiene, pueden aprovechar las paritarias que se cerraron esperando una inflación más alta y recuperar poder adquisitivo en los primeros meses de 2023. Pero cualquier salto brusco dejará a los salarios nuevamente con pocas herramientas para defenderse.

La tasa de actividad (el porcentaje de la población que participa del mercado de trabajo) se mantiene en niveles altos, superior al 47% y con desempleo relativamente bajo en términos históricos (7,1% al 3er trimestre de 2022). Sin embargo, por el efecto inflacionario esto todavía no se traduce en un mayor poder de negociación ni mejora en los salarios en términos reales. La mejora en el poder adquisitivo de forma sostenida no va a poder concretarse si no es con una menor inflación. En estos niveles inflacionarios, los salarios deberían estar actualizándose todos los meses, algo que sabemos que no ocurre y que exacerbaría la inercia inflacionaria. Por eso, para que cualquier mejora conseguida en una paritaria sea duradera, necesariamente tiene que darse en simultáneo con una inflación descendente.

Radiografía del salario y las paritarias en 2022, un año con inflación caliente

La inflación terminará el año muy cerca de los tres dígitos, los sueldos corrieron por detrás de los precios. Pero en algunos sectores -como los trabajadorxs del neumático y residentes de salud- con la unidad en la lucha lograron arrancar paritarias más altas. Analizaremos qué pasó con el salario en los últimos años, con las paritarias este año y quiénes fueron los que ganaron en este lío. Hablamos con: Pablo Manzanelli (Flacso), Luis Campos (CTA-A), Paula Varela (Conicet), Oscar Martínez (TEL) y Jorge Duarte (Infogremiales).

“Llegaba el fin de semana y alguien decía: ‘¿che, sale asado?’ La verdad que empezar a perder esas cosas… Lo bueno es que en un tiempito todo esto va a mejorar”, señaló un spot del Frente de Todos que se publicó durante la campaña electoral de 2019, también el actual presidente aseguró “voy a recomponer el salario de los asalariados”. Parece que hubiese pasado mucho tiempo desde esas promesas, pero la ilusión de que “todo esto va a mejorar” se evaporó atravesado por una situación económica frágil con elevada inflación y salarios que están por detrás de los precios.

En este informe especial analizaremos qué pasó con el poder de compra de los salarios en el último tiempo y cómo cerraron las paritarias este año. No todos perdieron en esta situación, hubo claros ganadores: los grandes empresarios. ¿Quiénes son?

Salarios en descenso

Cuando finalizó el mandato de Macri el poder adquisitivo del salario del sector privado registrado bajó 22 % (diciembre 2019 versus octubre 2015), según los datos del índice de salarios que elabora el Indec. En septiembre de 2022 el poder de compra solo varió un 0,2% en relación a diciembre de 2019. Es decir que no hubo ninguna recuperación en los últimos tres años.

Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social (CTA-A), dimensionó esta situación en términos históricos: “El salario real de los trabajadores registrados está en su nivel más bajo desde 2006. Esto es producto del fuerte retroceso que tuvo entre 2018 y 2019, proceso que no se interrumpió con el cambio de gestión. En términos históricos, en octubre de 2022 el salario real estaba un 5% por debajo de los niveles de fines de 2001. Por cierto, que este retroceso salarial se da en un mercado de fuerza de trabajo que tiene características muy distintas a aquél, fundamentalmente por el retroceso de la tasa de desempleo, lo que impide que la crisis en los hogares sea aún mayor”.

Según el Indec, el poder adquisitivo de los trabajadores registrados privados aún está un 21% por debajo de 2015 (septiembre 2022 versus octubre 2015). En otras palabras, el sueldo compra un quinto menos de lo que podía comprar hace 7 años.

En el sector público registrado, cuando terminó el Gobierno de Cambiemos el poder adquisitivo había caído 26 % (diciembre 2019 versus octubre 2015). En septiembre de 2022, se registró una baja de 3,9% en relación a diciembre de 2019, y la pérdida en relación a 2015 es de 28%.

Alberto Fernández afirmó en varias ocasiones “Primero, los últimos”, pero los informales fueron los más castigados por la inflación. En el sector no registrado, al terminar el mandato de Macri se registraba una caída de 24 % (diciembre 2019 versus octubre 2016-la serie en este caso comienza en 2016). En septiembre de este año el poder de compra descendió 14,2% en relación a diciembre de 2019 y la pérdida con respecto a octubre de 2016 es del 35%.

Salario medido en alimentos

La pérdida de poder de compra es mayor cuando se mide en alimentos. La capacidad de comprar alimentos por el salario de los trabajadores del sector privado registrado en septiembre de 2022 resultó 6% menor que la de diciembre de 2019 y un 23% inferior a la de octubre de 2015.

En el sector público este poder de compra medido en alimentos cayó un 9 % en septiembre de 2022 en relación a diciembre de 2019 y fue un 30% menor a la de octubre de 2015.

El derrumbe es mayor para los trabajadores no registrados. El desplome de la capacidad de compra de alimentos del salario de este sector en septiembre de este año descendió un 19% en relación a diciembre de 2019 y 38% inferior a octubre de 2016.

Bajo estas condiciones, ¿se consolida el fenómeno de trabajadores pobres? Campos remarcó que “la coexistencia de altos niveles de pobreza con una tasa de desempleo relativamente baja es un fenómeno inédito en nuestra historia con la excepción de los procesos hiperinflacionarios de 1989 y 1990. La situación actual agrega que este fenómeno comenzó a incluir a trabajadores y trabajadoras registrados, por lo que no basta con un empleo formal para tener ingresos superiores a la línea de pobreza. Eso empieza a ser muy notable en el caso de aquellos sectores con los salarios más bajos (trabajadoras de casas particulares y municipales fundamentalmente), pero también se extiende a otros sectores donde los salarios de convenio iniciales están muy cercanos a los niveles de pobreza”.

El laberinto de las paritarias y la carrera con los precios en 2022

Frente a una inflación crónica, la dinámica de las negociaciones salariales en 2022 se vio fuertemente afectada. Los salarios rápidamente quedaban por detrás de los precios, el factor tiempo pasó a tener mayor gravitación para toda negociación.

Jorge Duarte, periodista especializado de InfoGremiales precisó que “la aceleración inflacionaria sistemática marcó que los sindicatos tuvieron que sentarse, dos, tres, cuatro veces a revisar lo que habían firmado a principio de año. Incluso, el inicio de la paritaria de cada uno varió dependiendo del momento del año que comenzaba la ronda de negociaciones: en marzo estaba en los 40 puntos, a mitad de año estaba en 60, en septiembre en 70 y pico, y en este último mes los gremios están cerrando entre 90 y 110”.

Oscar Martínez, especialista del Taller de Estudios Laborales, acuerda en que “sin duda cambió la dinámica de la negociación. Las negociaciones salariales anteriores solían ser anuales o semestrales, pero ahora de acuerdo al poder de discusión del gremio, a la conducción, a la capacidad de lucha, se abre por períodos mucho más cortos”.

Entre algunos de los sectores que quedaron por debajo de la pauta inflacionaria del 100 % anual se encuentra el Comercio (59%, aunque sigue en negociación), Alimentación (71% y un 12 % más en enero 2023), Camioneros (82% el acumulado a 2022, que llega a 107% pero incluyendo el primer semestre de 2023), o Trabajadores de TV – Satsaid (83%, en conflicto).

Cabe aclarar que no es estrictamente comparable el número que cerró cada gremio, por tratarse de períodos abarcados distintos, distintas cantidades de cuotas, revisiones, básicos, complementos y otras condiciones laborales acordadas. Se presentan aquí en un cuadro algunos resultados a modo de referencia informativa.

A diferencia de la mayoría de las paritarias, luego de la importante lucha del neumático por más de 150 días, el sindicato SUTNA logró firmar el único acuerdo que contempla la utilización de una cláusula gatillo para garantizar que el salario no quede por detrás de la inflación. En una pelea ejemplar, en la que los trabajadores pusieron en juego los históricos métodos de la clase trabajadora, cerraron la revisión de la paritaria 2021/22 por arriba de la inflación y se aseguraron que la paritaria 2022/23 cerraría al menos un 10 % por encima de los precios, a lo que se agregó una suma fija de $ 100.000 por trabajador.

“Hay una decisión (de los sindicatos tradicionales) de no confrontar con el poder, sabiendo que se podía negociar, siempre por atrás del aumento de los precios y las ganancias de las empresas”, agregó Oscar Martínez.

“Antes del conflicto del SUTNA era mala palabra salir a pelear en los valores de la inflación, entonces el conflicto legalizó que se puede pelear para no perder contra la inflación, incluso legalizó que hay que discutir las condiciones de trabajo y ha habido sectores que han salido a luchar”, indicó Paula Varela politóloga y docente UBA.

Otros de los sectores destacados por romper el techo salarial, en gran medida alentados e impulsados por las lecciones de la lucha del neumático, fueron los médicos residentes y concurrentes de CABA (y tuvo extensión nacional), que tras una enorme lucha conquistaron un aumento del 99 %. También el gremio aceitero, uno de los sindicatos combativos y ubicado en un sector estratégico del país, acordó un 98 %, así como un salario mínimo de $ 320.000 para el primer semestre de 2023. También los docentes alcanzaron un aumento del 114 %, pero sobre una base que sigue muy retrasada.

¿Cómo se llega a fin de año? En promedio, vienen ganando los precios sobre los salarios. “En octubre la variación interanual de los precios fue del 88%, mientras que los salarios de los trabajadores registrados crecieron un 78,8%, lo que implica un retroceso en términos reales del 5%”, detalló Campos. Por su parte, en lo que va del año (septiembre 2022 versus diciembre 2021) el sector público registrado perdió un 2% y para el sector privado no registrado el derrumbe es del 10%. No sorprende que el Gobierno haya debido anunciar un bono de fin de año para el sector privado de $24.000 brutos que, a pesar del rechazo de los empresarios, no logra compensar el deterioro. La complicidad e inacción de los sindicatos hace su parte.

“La primera ubicación de las direcciones del movimiento obrero (CGT, CTA, sectores movimientos sociales o de trabajadores desocupados) es aceptar la fragmentación de la clase trabajadora y apostar a la negociación sectorial. Lo cual termina siendo una ubicación que tiene efectos perversos”, explicó Paula Varela. Esto es así porque la orientación de las centrales de “aceptar la tendencia general a la precarización del empleo y a la caída del salario real, y tratar de pelear en algunos sectores estratégicos o en algunos sectores que por posición estratégica económica o por acumulación sindical tienen más fuerza, redunda en un retroceso de la clase trabajadora en su conjunto”.

Para muestra, basta una declaración de Armando Cavalieri (Secretario General de Comercio), ante la pregunta sobre la posibilidad de que la CGT disponga un paro nacional: “La sociedad ya está parada, ¿Qué vamos a hacer? ¿un paro a quién? ¿al paro? Hay unas 7 millones de personas que no trabajan. Hacer un paro es para hacer el balcón y ver pasar a la gente cuando va a acampar a la 9 de Julio”.

La clave del éxito patronal: salarios de pobreza

La mitad de los asalariados gana menos de $70.000 por mes, así lo confirman los datos del Indec en su informe de distribución del ingreso para el tercer trimestre del año. Si comparamos el precio de la mercancía fuerza de trabajo con el de otra mercancía, esto equivale a dos pares de zapatillas de primera marca.

Los trabajadores formales ganan en promedio $104.790, es decir, duplican y más (128%) los bajísimos salarios promedio de los trabajadores informales que fue de $ 45.981.

Pero los trabajadores no sólo pierden poder adquisitivo, sus salarios están cada vez más lejos de cubrir los gastos que requiere una familia durante un mes. La Canasta Básica ascendió a $128.000 en septiembre. El 80 % de los trabajadores asalariados no llega a esa cifra, se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Si la comparación se realiza con la Canasta de Ingresos Mínimos que calculan los trabajadores de la Junta Interna de ATE-Indec, que en septiembre era de $ 205.000, la situación empeora.

“A río revuelto, ganancia de pescadores”, este refrán popular podría aplicarse para reflejar la suerte que corrieron los empresarios bajo el gobierno macrista y del Frente de Todos. Pablo Manzanelli integrante del Centro Cifra sostuvo respecto al reparto de la riqueza generada que “la participación de los asalariados en el producto bruto muestra una profunda regresividad distributiva en la economía argentina. Después de arañar el 52% en 2015, cayó a 46,1% en 2019 y a 44,1% en el primer semestre de 2022”.

En sentido opuesto, los principales grupos económicos del país siguieron ganando. Los sectores que más se beneficiaron en el año 2022 son Alimentos y Energía. A continuación presentamos un cuadro de ganancias antes de impuestos, en base a los últimos balances contables presentados a la Comisión Nacional de Valores (CNV):

El imperio alimenticio de los Pérez Compac -Molinos Río de la Plata- tuvo una variación positiva de resultados del 30%; en el sector energético se destaca el caso de Pan American Energy con una escalada superior al 340%. Dado que son datos a valores constantes, las cifras reflejan aumentos reales, es decir, por encima de las tasas de inflación

Si analizamos un contexto más general en términos del total de empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires a través de la evolución del MERVAL (el índice que mide el volumen y el número de transacciones), podemos observar cómo se han recuperado prácticamente las cotizaciones al período prepandemia. Teniendo en cuenta que son valores expresados en dólares estadounidenses y ajustados por la tasa de inflación, al igual que en los ejemplos anteriores, son datos expresados en términos reales. El último repunte de la serie y de acuerdo con los analistas, con la llegada de Massa y las medidas anunciadas en beneficio de las patronales y los “mercados” al cambio en las expectativas lo acompañó una mejora en las cotizaciones bursátiles.

La fuerte caída del salario real durante el gobierno de Macri, que no se logró revertir en el de Alberto Fernández, el desempeño en la productividad y la aceleración del proceso inflacionario son tres factores que señala Manzanelli para explicar esta creciente desigualdad en la distribución del ingreso en los últimos cinco años. “La transferencia del trabajo al capital entre 2016 y 2021 fue de 70.000 millones de dólares, un 55% superior al mega crédito con el Fondo que tomó el gobierno de Macri”, señaló.

Mientras los empresarios continúan aumentando su tajada en el reparto de la riqueza producida en el país, los trabajadores precarios y pobres son la consecuencia de un fenómeno estructural que se cocina hace años y bajo el cogobierno con el FMI podría empeorar.

Fuente: La Izquierda Diario

2022: año récord de cotización en la bolsa para las empresas argentinas

Por Jorge Galmes Aguzzi

Con una variación superior al 130 % (medida en pesos) de la cotización de las principales empresas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, el S&P MerVal ha sido récord a nivel mundial, tan sólo superado por Turquía. En un comienzo de año nuevo en que el salario real se encuentra un 25 % por debajo del registrado en el año 2015, el valor de las empresas más grandes del país vuela en las alturas. Analizamos algunas razones e identificamos las empresas que más incrementaron su valor.

En un año que será recordado entre otros hechos por los efectos de la pandemia o la Guerra entre Rusia y Ucrania, también quedará en el recuerdo por la cotización en la Bolsa de Valores de Buenos Aires de las 27 empresas más importantes de Argentina, ya que sus cotizaciones fueron récord a nivel mundial. Incluso en un año de escalada en la tasa de inflación y en el riesgo país, estas firmas parecen no haberse visto complicadas por este escenario macroeconómico. Por otro lado, el Merval ha sido una de las pocas plazas en reflejar ganancias en dólares en el año 2022 en comparación con sus principales pares a nivel mundial.

El Merval (ahora ByMA) es un índice que mide la variación “de lo que vale” una empresa que cotiza en la Argentina. Ese valor está dado por “el mercado”, por lo que las razones no son siempre objetivas, sino que pueden estar basadas en expectativas o creencias de lo que sucederá. Para la construcción del Merval se toma en cuenta a las empresas más grandes que registraron la mayor cantidad de operaciones en los últimos seis meses. A partir de 2019, por medio de un acuerdo con el índice Dow Jones, el nombre quedó como S&P Merval ya que por otro lado casi el 90% de las operaciones de las empresas argentinas se negocian en Wall Street (EE.UU.).

Entre las empresas que cotizan en el Merval más destacadas están las energéticas, así el ranking está integrado por Transportadora Gas del Sur con una variación positiva 348%, YPF 305%, Transportadora de Gas del Norte 283% y Transener 241% .Los especialistas lo explican por la escalada de los precios a nivel internacional, algunas reformas desregulatorias en el sector energético y el avance en la construcción del gasoducto de Vaca Muerta que significará para la Argentina revertir su balance energético y tener la posibilidad de convertirse en exportadora de gas y petróleo.

En un año 2022 que finalizó con un aumento superior al 30% del riesgo país, por lo que los bonos soberanos en dólares cayeron en una magnitud similar reflejando que “los mercados” no tienen plena confianza en el gobierno argentino. Para el año 2023 se avecinan vencimientos de capital de deuda pública por $20 billones, cuya mayor proporción corresponde al FMI.

Paralelamente, el récord en la cotización del Merval se da en un año que los salarios continuaron perdiendo contra la inflación, tal como ocurre desde hace 7 años. Mientras que en octubre de 2022 la inflación alcanzaba el 88 %, los salarios habían registrado un aumento sólo del 78,8 %; así no resulta nada extraño que la mitad de los asalariados gane $ 70.000 pesos al mes.

A partir de julio del 2022, los valores mostraron su mayor repunte en sintonía con la llegada de Massa al Gobierno. Si bien después de este super impacto positivo cayó la cotización del panel, lograron mantenerse en terreno positivo para cerrar un año histórico en términos de volumen de operaciones.

El gobierno les perdona deuda a las distribuidoras de energía mientras habilita nuevos tarifazos

Por Camila García

El gobierno les perdonó a las distribuidoras de luz $62.000 millones de los casi $500.000 millones adeudados a Cammesa (la administradora mayorista estatal del sistema eléctrico). La deuda se generó porque estas empresas no pagan el total de la energía que consumen desde 2020 con la excusa de que no pueden afrontar el pago porque las tarifas se encuentran retrasadas, una extorsión. En tanto, en el marco del ajuste fiscal, el FMI exigió encontrarle una solución al problema para que ingrese la plata a las arcas del Estado.

La subsecretaría de Energía anunció el viernes que llegó a un entendimiento con 11 distribuidoras y 5 cooperativas, para regularizar $210.000 millones que estaban pendientes de cobro. Edesur debía, al 31 de agosto, más de $ 66.000 millones. De ese total, refinanciará $ 47.000 millones, el resto (19.000 millones) corresponde a una “compensación”, es decir una condonación, lo que hará que la empresa no tenga que pagar esa parte. Edenor poseía una deuda de $ 57.000 millones. Pagará $ 33.000 millones. Unos 24.000 millones entraron como “compensación”.

Cabe destacar que esta última distribuidora cambió de accionista mayoritario, dejó de ser de Pampa, para estar en manos de un grupo controlado por José Luis Manzano y Daniel Vila, ambos son amigos del ministro de Economía, Sergio Massa, que también son dueños de la mendocina Edemsa, la cual también obtuvo también un tercio de las compensaciones. Los políticos capitalistas defienden los intereses de su propia clase social, parasitaria del Estado.

En tanto, Entel puso a la venta los activos de Edesur en Argentina y en varios países de Latinoamérica, es decir, se desprenderá de la distribuidora y cederá sus operaciones alegando que los precios de las tarifas no se condicen con los altos precios internacionales de la energía. En la Argentina, la italiana también es propietaria de centrales térmicas a gas, como Costanera y Dock Sud, y de la hidroeléctrica El Chocón. Además, posee las líneas de transmisión CTM y Tesa, que conectan los sistemas de energía eléctrica del noreste argentino con Brasil, y Yacylec, transportadora de la energía de Yacyretá. Es decir, un pulpo energético que continuará pugnando por mayores beneficios a sabiendas de que cuenta con la propiedad de la mayor parte de la producción.

Estas empresas han demostrado la total desinversión que recae sobre el sistema eléctrico del país, incluso a pesar de que el Estado les haya concedido los aumentos de tarifas que reclamaban. De esto pudo dar cuenta el apagón del 1 de enero, que dejó a 400.000 usuarios sin luz, o el corte del suministro durante el fin de semana largo de diciembre que dejó a más de 500.000 usuarios del Amba sin servicio. Asimismo, también es conocido el reclamo salarial y de condiciones de trabajo por parte de quienes trabajan en estas distribuidoras, lo que da cuenta que además de no invertir la empresa busca abaratar los costos de la mano de obra constantemente para acrecentar sus dividendos.

Sin embargo, además de condonarle las deudas, el gobierno autorizó una nueva audiencia pública para las semanas próximas en las que se tratará un nuevo aumento de tarifas, puesto que las distribuidoras argumentan que estas se encuentran un 300% atrasadas y amenazan con nuevos cortes. Es decir, buscan preservar sus márgenes de ganancia a costa de mayores tarifazos que golpearán aún más el bolsillo de las familias trabajadoras, y que sean estas quienes terminen pagando la deuda con el Estado.

El suministro eléctrico no puede estar en manos de estas patronales parasitarias que viven del Estado, y el peronismo ha fracasado en resolver las necesidades básicas de la población, como es la energía. Es necesario poner en pie un nuevo movimiento popular que enarbole las banderas del socialismo, porque la solución requiere la apertura de los libros de las empresas del sector a trabajadores y usuarios, la intervención de toda la cadena energética y un plan de inversión y refacción de todo el sistema de distribución energético. Esto es algo que los políticos capitalistas no harán porque sería contrario a los intereses de su propia clase social, antagónicos totalmente a las demandas del pueblo trabajador.

Fuente: Prensa obrera

El 2023 empieza con tarifazos en el transporte y los combustibles

El 2023 llega con nuevos tarifazos y subas en múltiples áreas y servicios. Desde el domingo, las tarifas de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las de los trenes de corta y larga distancia subieron un 39%. Así, el boleto mínimo para los tramos cortos pasó de $ 25,20 a $ 35; las tarifas para los viajes de entre 3 y 6 kilómetros de $28 a $39; los tramos de 6 a 12 km, de $29,40 a $42; los de 12 a 27 km, de $30,80 a $45; y para más de 27 kilómetros, el boleto pasa de $32,20 a $ 48. Además, desde el Ministerio de Transporte ya se anunció que a partir de marzo habrá actualizaciones mensuales.

También en el sector del transporte urbano, la empresa que administra el servicio de subterráneos en CABA (Sbase) informó que llamará a audiencia pública para intentar aprobar aumentos en el servicio. La intención de la empresa es que el pasaje pase a costar $58 a partir de marzo y llegue a $80 en septiembre.

Enero traerá, también, subas en el precio de las naftas. Este sector se encuentra regido dentro del esquema del plan Precios Justos. Lo que implica que la suba de este mes deberá ser del 4 % como máximo. La misma se llevaría a cabo durante la segunda quincena del mes en curso.

Con esas subas, en CABA, el precio promedio de la nafta super pasaría de $150,90 a $157 por litro; el gasoil subiría de $162,10 a $168,60 y el gasoil premium de $222 a 231 pesos.

Desde enero también regirá una nueva suba en las tarifas del agua para los usuarios de ingresos medios y bajos. Este ajuste es resultado de la decisión oficial de avanzar en el quite de subsidios a los servicios. Una decisión acorde al ajuste ordenado por el FMI.

Ese recorte a los subsidios implica que los mismos pasarán de cubrir el 40% a 20% del total de la factura para el sector de ingresos medios. Ese porcentaje volverá a modificarse en marzo, cuando ese subsidio literalmente se termine. Por otra parte, para quienes residen en las llamadas zonas medias-bajas, esa reducción pasará del 45% actual al 30% para el mismo período. Desde marzo, se reducirá al 5% el subsidio.

También en enero habrá aumentos en las prepagas y subas importantes en alquileres. En febrero llegarán subas en los servicios de telefonía móvil, internet y servicios de streaming.

En la mañana del jueves 29 de diciembre, el Gobierno nacional autorizó a las empresas de telefonía, televisión e internet a aumentar sus tarifas en un 17,6% a partir de febrero. Según la resolución 2393/2022, que fue publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma de Claudio Julio Ambrosini, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

La resolución indica que:

En el artículo 1: “establecer que las Licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) podrán aplicar a partir del 1° de febrero de 2023, un incremento en el valor de los precios minoristas de cualquiera de sus planes en la modalidad pospaga y/o mixta, en un porcentaje de hasta un NUEVE CON 80/100 POR CIENTO (9,80%)”. A su vez, “partir del 1° de abril de 2023, las prestadoras aludidas podrán aplicar un nuevo incremento en un porcentaje de hasta el SIETE CON 80/100 POR CIENTO (7,80%)”.

En el artículo 2: se informan los valores referidos “a los precios de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) en la modalidad prepaga pura”. Los valores son los siguientes: “a) Recarga de 50 MB de datos móviles por día: CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($43,40) con impuestos incluidos. b) Segundo de voz: SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE PESO ($0,66), con impuestos incluidos. c) SMS: OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($8,70), con impuestos incluidos”.

Por último, en el artículo 4 se marcan los incrementos para televisión e internet. ” Las Licenciatarias de Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet (SVA-I), de Servicios de Telefonía Fija (STF), de Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico (SRSVFR) y las Licenciatarias de Servicios de Comunicación Audiovisual de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo satelital (DTH); podrán incrementar el valor de todos sus precios minoristas en un porcentaje de hasta NUEVE CON 80/100 POR CIENTO (9,80%), a partir del 1 de febrero de 2023″. En tanto, que en abril “podrán aplicar un nuevo incremento en un porcentaje de hasta un SIETE CON 80/100 PR CIENTO (7,80%) sobre todos sus precios minoristas”.

El miércoles las distribuidoras de gas solicitaron incrementos de entre el 21 y 77,5%, el pedido lo realizaron formalmente en la audiencia púbica virtual convocada por el Ente Regulador del Gas (Energas).

Sebastián Mazzucchelli, representante de Metrogas, solicitó un fuerte incremento de la tarifa de distribución que tendría un impacto promedio del 49% en la factura de un usuario común, del 47% para uno comercial, 3,3% para clientes industriales y del 10,5% para estaciones de GNC.

José Luis Fernández Fontana, de Naturgy, pidió un ajuste para la etapa de distribución del 189% a partir de febrero, con ajustes trimestrales. El impacto en los usuarios sería de $ 1.648 pesos por factura residencial.

Marcela Córdoba, de GasNor, propuso un incremento del 189% en la etapa de distribución, con una incidencia promedio en la factura final de usuarios residenciales del 54,9% en Salta y en la zona Fría y del 71,2% en Tucumán.

Alejandro Pérez, en representación de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, solicitó incrementos donde la boleta pasaría de $ 3.102 a $ 3.999 (28,9%) y de $ 1.428 a $ 2.325 (62,8%).

En el caso de los usuarios de la Distribuidora de Gas Cuyana, para el nivel 2 el incremento en la factura sería de 77,5% ($ 1.595 a $ 2.832%) y del 40,9% para el nivel 1 ($ 3.021 a $ 4.258).

Néstor Molinari, de Litoral Gas, pidió subas con un impacto del 34,4% en un usuario residencial promedio (de $ 4.354 a $ 5.854) y del 43,4% para uno de Zona Fría (de $ 3.541 a $ 5.077) a partir del 1° de febrero.

Armando Montú, de Gasnea, presentó dos opciones, con aumentos de los cargos del 163,8% para toda clase de usuarios o bien del 121% para residenciales, 331% para comerciales y GNC y 163% para industriales.

En el primer caso, el impacto tarifario sería de 28% para los residenciales, 63% para comerciales, del 13 al 18% en industriales y del 13% para GNC, en tanto para la segunda opción sería de 21% para residenciales, 120% para comerciales, del 20 al 25% para industriales y 21% para GNC.

Fernando Peñaloza, de Redengas, solicitó un ajuste con impacto promedio en el precio final del 47,63% (del 37,32% al 53,04%, según la categoría), que implicaría un aumento mensual libre de impuestos de $ 1.754.

En su tercera revisión, el FMI pide más ajuste y advierte sobre posibles inestabilidades

Por Demián García Orfanó

El Fondo Monetario Internacional elogia las políticas de ajuste de Sergio Massa en su comunicado de prensa sobre la revisión del tercer trimestre del año. A esas medidas le adjudican la baja de la inflación, la mejora de la balanza de pagos y el fortalecimiento de las reservas. Sin embargo, el documento técnico de la revisión da cuenta de un panorama más complicado y plantea explícitamente las dudas del Fondo en la implementación de sus propias recetas.

La aprobación de la revisión del tercer trimestre del año por parte del Directorio del FMI el 23 de diciembre permite el desembolso de U$D 6.000 millones al Tesoro, tal como estaba pautado en el acuerdo de marzo. Este desembolso posibilitará cubrir los vencimientos del cuarto trimestre del año (que ascendían a U$D 5.300 millones contabilizando sólo los pagos de capital), y acumular en las reservas el remanente. La aprobación refleja el beneplácito del organismo para la política de menor gasto público (baja de subsidios a las tarifas y otros recortes), la suba de las tasas de interés y la aceleración del tipo de cambio oficial en relación al dólar (que llegó a colocarse por encima de la inflación en octubre y noviembre), a pesar de algunos incumplimientos que se soslayan.

El Fondo también describe el complicado panorama internacional, y prevé que a nivel local las cosas no serán fáciles, tal como se va detallando a lo largo del documento del “Staff” que es finalmente aprobado por el Directorio del organismo. En especial, el FMI señala los nubarrones que tendrán, sin duda, impacto local: la inflación mundial, el aumento de los precios de las materias primas, la suba de la tasa de interés en los países centrales (lo que implica la retracción de inversiones en países emergentes) y el menor crecimiento económico o recesión en los socios comerciales del país.

Ante ese panorama frágil la solución que propone es implementar las medidas “más decididamente”, es decir, intensificar las recetas del FMI, apelando a que permitirían reconstruir confianza en el empresariado en esas condiciones más adversas. Y también propone eliminar los múltiples tipos de cambio cuando las condiciones lo permitan. En particular el dólar soja, el precio diferencial que subsidió a empresarios del agro, acopiadores y exportadores. Si bien esta medida permitió cumplir con la meta de reservas del año y colaboró con la reducción del déficit fiscal, para el Fondo debe ser eliminada y el gobierno debe incentivar las exportaciones y acumular reservas sobre la base de la aceleración de la devaluación, por encima de la inflación.

Los tecnicismos del ajuste y las advertencias políticas

Para continuar con el ajuste del gasto para reducir el déficit fiscal (la brecha entre ingresos y gastos del Estado), el Fondo hace hincapié en sostener la inversión en infraestructura, pero bajando los subsidios a las tarifas y recortando la asistencia social. El déficit alcanzará el 2,5% del PBI en el 2022 y la meta del 2023 implica reducirlo a 1,9%.

Mientras que el plan de recorte de subsidios fue ampliamente difundido, los recortes a la asistencia social no han tenido un tono técnico, por el contrario, la ministra de Desarrollo Social aparece como vocera de una campaña atacando políticamente a las organizaciones sociales. A ese ataque político se suma el compromiso con el Fondo de instaurar topes a los ingresos por planes sociales, excluir beneficiaries en función de auditorías de la AFIP y ANSES, e incluso levantar el secreto fiscal en masa (medida que nunca tomaron con los fugadores). Completan las medidas acordadas con el FMI para el ajuste a la asistencia social la licuación del valor de la Tarjeta Alimentar (cuyo monto se actualiza discrecionalmente muy por debajo de la inflación).

Para la reforma en las jubilaciones, el FMI señala la necesidad de evitar moratorias, eliminar regímenes especiales con condiciones menos miserables que el régimen general y modificar otras condiciones que lo hagan financieramente más sostenible. Las medidas que usualmente la ortodoxia económica propone para mejorar esa ecuación financiera son el aumento de años de aportes, el incremento de la edad jubilatoria y la baja de las prestaciones. Sin embargo, el Fondo asume que no habrá condiciones políticas para una reforma hasta después de las elecciones.

Otros de los aplausos de la revisión fueron para la política de acuerdos de precios y paritarias, que por ser medidas voluntarias son permitidas por el organismo internacional, a diferencia de otro tipo de controles de precios de tinte intervencionista.

El Directorio también saludó el acuerdo con el Club de París, y llamó al Gobierno a seguir apoyándose en otros organismos de crédito internacional. Pero, además, en el terreno de la deuda, explicitan la necesidad de una estrategia proactiva hacia los mercados de crédito doméstico, que podría traducirse como la necesidad de encarar algún canje que evite los problemas de la refinanciación cada vez más dificultosa del endeudamiento de corto plazo del Tesoro, ya que el Gobierno debe recurrir al mercado de deuda en pesos para obtener recursos para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos.

Frente a todas estas situaciones, el Fondo explicita su mirada política, donde apela a la necesidad de un amplio apoyo político para que pueda desarrollarse el programa. En especial, ante una posible escalada del descontento ante las medidas de ajuste al gasto o la alta inflación. La primer prenda de apoyo la da el mismo FMI, que pondera positivamente, por sobre otras consideraciones, los avances en el plan de ajuste trazado. El organismo no exige medidas de estabilización económica de shock (como mega devaluaciones y su correspondiente alza de la inflación, o planes de canje de depósitos por bonos). A su vez, es laxo en las críticas sobre las medidas que no comparte y da un voto de confianza sobre el manejo de plazos para su reversión o la implementación de otras recetas (como el dólar soja, el revalúo fiscal, los aumentos de tarifas, los controles de capitales, las reformas jubilatorias y los recortes en la asistencia social).

El FMI busca mantener al país en la órbita de EE UU

Las razones de este apoyo hay que buscarlas por fuera del acuerdo, en la búsqueda de Estados Unidos de hacer pie en la región de la mano de este gobierno, a sabiendas de la competencia de China en la región y de la inestabilidad económica global y de los sistemas políticos del hemisferio (revueltas en Chile en 2019, los paros de la CONAIE de Ecuador en 2019 y 2021, los Paros Nacional en Colombia en 2019-2020, las movilizaciones en Perú en 2022, etc.).

Mientras que la segunda revisión mostraba una preocupación mayor por las internas de la coalición gobernante, en este documento el eje está puesto en el descontento social. A diferencia de aquella revisión de septiembre que evaluaba como un riesgo las disputas internas de la coalición gobernante, ahora la pelea del sector del Frente de Todos liderado por Cristina Fernández de Kirchner no figura entre las preocupaciones directas.

El año parecía cerrar con el espaldarazo al Gobierno de parte del FMI por medio del aval a las medidas y por la baja a 4,9% de la inflación en noviembre, sin embargo, el escenario político muestra una capacidad de transformarse muy rápidamente. Por ejemplo, la cautelar de la Corte Suprema obligando al Gobierno Nacional a hacerse cargo de un mayor giro de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, que podría alcanzar un 0,2% del PBI, disparó una comedia de enredos jurídicos y políticos en torno al tema. Por otro lado, las luchas callejeras ante el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora también son parte de ese panorama convulsionado que no hay acuerdo en Washington que pueda solucionar.

Fuente: https://www.anred.org/2022/12/28/en-su-tercera-revision-el-fmi-pide-mas-ajuste-y-advierte-sobre-posibles-inestabilidades/

Unidad Piquetera en alerta ante incumplimientos de Victoria Tolosa Paz

A través de un comunicado de prensa, la Unidad Piquetera se ha declarado en estado de alerta. Así lo determinaron luego de la reunión nacional desarrollada este martes, como consecuencia de los compromisos incumplidos por parte del Gobierno nacional.

Formaron parte de la reunión representantes de Libres del Sur, MST Teresa Vive, integrantes del Frente de lucha piquetero (Polo Obrero, MTR, entre otros) y miembros de la Coordinadora por el cambio social (FOL, Movimiento de los pueblos, etcétera.).

De este modo, consideraron que no se han cumplido en su totalidad los compromisos asumidos la semana pasada por parte de Victoria Tolosa Paz, ministra del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Según indicaron, “en lo que respecta a los alimentos secos y navideños, principalmente en el caso de estos últimos, hubo provincias enteras que se pasaron las fiestas sin un pan dulce en sus mesas”.

Por otra parte, dejaron en manifiesto que “tampoco se ha cumplido con la entrega de las herramientas comprometidas, que según la ministra -llegarían en 48 horas-, situación que no ocurrió”.

Por otro lado, en el comunicado manifestaron que “alertamos que hay informaciones en los diarios de hoy que aseguran que se postergaría nuevamente el pago del Potenciar Trabajo. Si esto ocurriese, inmediatamente habrá piquetes en todo el País el mismo jueves 5 de enero”.

En cuanto a los ingresos salariales de les trabajadores que perciben este programa, desde la Unidad Piquetera “consideramos que en los meses de febrero y marzo tiene que haber un bono de recomposición salarial por el deterioro inflacionario”.

Asimismo, el comunicado explicita su rechazo al acuerdo firmado por Tolosa Paz con la oficialista UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular). Esto hace que la compensación demore hasta abril y además busca modificar las condiciones del programa Potenciar Trabajo en función de una política de bajas masivas.

Para concluir, la Unidad Piquetera resiste cualquier tregua o pacto con el FMI y aquelles a su servicio. Así como también recuerda que “es necesario enfrentar el ajuste en las rutas y en las calles”.

El SUTPA rechaza conciliación y mantiene barreras levantadas hacia la Costa y La Plata

El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), definió mantener las medidas de fuerza en los puestos ubicados entre la ciudad de Buenos Aires y La Plata y los que se encuentran en el trayecto desde la Capital hacia la Costa Atlántica. La medida de los trabajadores a la empresa concesionaria Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) se mantiene a pesar de que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria.

Mediante un comunicado, el SUTPA informó que “desde las primeras horas de este nuevo año los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores de la empresa AUBASA accesos y SVIA (Sistema Integrado Vial del Atlántico) se encuentran de paro por tiempo indeterminado con levantamiento de barreras”. De esa manera decidieron mantener las barreras altas en todos los puestos.

Entre los motivos, el gremio conducido por Florencia Cañabate aseguró que “no se cumplen los acuerdos paritarios” que incluyen la creación de una mesa bipartita, y no se cumple “nuestro pedido para poder discutir todo lo referido a la implementación e impacto de la tecnología en los puestos de trabajo”.

El conflicto también está atravesado por una disputa entre Moyano y Ricardo Lissalde, titular de la concesionaria AUBASA – Autopistas de Buenos Aires.

“Desde que Lissalde ha asumido al frente de la presidencia de AUBASA hemos ingresado en un espiral de conflictos que parecen no tener fin. Cabe señalar que con ninguna de las empresas concesionarias de la actividad hemos presentado este grado de imposibilidad de acuerdo, lo cual resulta altamente llamativo, máxime cuando esta empresa pertenece al Gobierno provincial, que se dice peronista, con todo lo que representa”, señalaron en un comunicado.

Las medidas continúan estos días, en un momento de alta circulación por la temporada veraniega.

Molino Cañuelas: el ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria

Los trabajadores de Molino Cañuelas están en pie de lucha, reclamando por soluciones para las malas condiciones en que se desempeñan, además de un bono de fin de año que compense la inflación y el esfuerzo que vienen sosteniendo desde la pandemia.

El jueves pasado, luego de recibir una denuncia por parte de la patronal, el ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires convocó a una audiencia virtual a través de la cuál dictó conciliación obligatoria por 15 días.

Ambas partes acataron el dictamen y se retomó la producción, con el compromiso de la patronal de implementar mesas de diálogo a partir del lunes pasado, destinadas a negociar el bono de fin de año y a buscar solución en el corto plazo a las falencias en materia de seguridad e higiene.

Los delegados señalan que a pesar de la conciliación obligatoria, destacan la unidad y el empuje de los casi 500 trabajadores, en contraste con la pasividad del sindicato de pasteleros.

A partir de 29/12, y en los próximos días, permanecerán en estado de alerta ante el incumplimiento de los compromisos asumidos, con la posibilidad de retomar medidas de fuerza si no se respetan.

El Sindicato de Televisión lanzó un nuevo paro nacional y ratificó su reclamo salarial

El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) lanzó un nuevo paro nacional de trabajadores de canales de cable y demás circuitos cerrados del país, para el jueves 29, y ratificó su reclamo salarial ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias.

A través de un comunicado, el Consejo Directivo Nacional del SATSAID anunció “paro nacional de 24 horas, a realizarse a partir de las 0 horas del jueves 29 de diciembre de 2022, con asistencia en los lugares de trabajo”.

La medida de fuerza se implementará “en todas las empresas del país alcanzadas por el Convenio Colectivo de Trabajo 223/75, en apoyo a nuestra solicitud de recomposición salarial”, confirmó la entidad sindical.

Asimismo, la jornada de protesta incluirá “una movilización de trabajadores y trabajadoras el día 29 de diciembre de 2022 a las 11:00 a las puertas de las empresas más representativas del sector en cada jurisdicción del país”.

La conducción del gremio resolvió el paro al señalar que “el sector empresario continúa en una posición cerrada, manteniendo una propuesta insuficiente para resolver el grave deterioro salarial del último semestre y prever una recomposición razonable para los meses próximos”.

En ese sentido, la dirigencia sindical indicó que en la audiencia que se desarrolló este lunes “las empresas ofrecieron un 11,5% para el mes de diciembre, un 11,5% para el mes de febrero y volver a reunirse el 15 de febrero”.

“Esta propuesta fue rechazada de forma rotunda por el SATSAID porque no resuelve el grave desfasaje salarial y no atiende correctamente las proyecciones futuras de inflación. Es una propuesta que nos garantiza no recuperar el salario y seguir perdiendo frente a la inflación”, se pronunció el gremio.

Al respecto, el Sindicato de Televisión decidió “ratificar nuestra solicitud de recomposición salarial de un 80% sobre las remuneraciones de las trabajadoras y los trabajadores vigentes junio 2022, que sumado al 33% ya ejecutado, nos permitiría consolidar un aumento del 113%”.

De cara a la jornada de protesta del jueves, la directiva nacional del gremio informó que “cada seccional deberá implementar esta manifestación en su jurisdicción, de la forma más adecuada a su territorio” y que “en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) nos movilizaremos a la cámara empresaria ATVC cita en Avenida de Mayo 749, CABA”.

Puertos

Un conflicto gremial mantiene paralizado el puerto de Rosario y no permite la carga y descarga de contenedores.

Terminó el 2022 sin respuestas para los trabajadores. Vicentin y Ultramar se negaron a pagar salarios y pusieron como condición para negociar el despido de cinco trabajadores. Tampoco acataron la conciliación obligatoria que imponía que vuelvan a trabajar. Y los gobiernos nacional y provincial, a través de los ministerios de Trabajo, dejan a la empresa hacer lo que quiere. Mientras tanto, la Unión Industrial Argentina salió a respaldar a los empresarios y a pedir que la actividad portuaria sea declarada una actividad esencial para que los trabajadores no puedan realizar medidas de fuerza.

La Unión Industrial Argentina (UIA), expresó en un comunicado: “A raíz del conflicto que mantiene paralizado el Puerto de Rosario y que afecta el desarrollo de la actividad productiva desde hace un mes, la UIA realizó gestiones ante las autoridades correspondientes. De acuerdo al monitoreo realizado por la entidad, al día de la fecha se mantiene inmovilizada la carga de más de 1.000 contenedores”.

En la mañana del jueves y frente a la falta de respuestas, uno de los trabajadores despedidos por el grupo Vicentin decidió encadenarse en el acceso y rociarse con nafta. Fue luego de la reunión que el SUPA, el sindicato portuario, mantuvo con el ministerio de la Nación y que no arrojó ninguna respuesta favorable a los trabajadores.

La desesperación, las fiestas sin cobrar un peso y la incertidumbre de una situación donde los empresarios hacen y deshacen a su antojo, con los gobiernos que lo permiten, llevó a esta decisión de Fernando.

El gobierno de Santa Fe -Omar Perotti, del Frente de Todos- envió a las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) a negociar. Como si los trabajadores portuarios fuesen terroristas, una vez más el gobierno salió en respaldo de los estafadores de Vicentin. Los obreros del puerto con sus familias tuvieron que discutir promesas de reuniones falsas con militares vestidos con ropa de camuflaje que buscaban liberar el acceso. Ninguna de las negociaciones dio resultado, porque la condición que ponían era liberar el acceso y desistir del reclamo de la reincorporación. Volvieron a ofrecer lo mismo de siempre: plata para que queden afuera. Y los obreros lo rechazaron una vez más, pese a que su sindicato decía públicamente en esos mismos momentos que no se podían revertir los despidos.

En una conferencia de prensa impulsada por los trabajadores frente a los despidos, sindicatos de la región mostraron su apoyo. Se hicieron presentes AMSAFE Rosario, ATE, Siprus y la CTA. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos difundió la convocatoria. Plantearon que la confluencia de la CTA y la CGT, si no hay respuestas, debe impulsar alguna acción de conjunto para apoyar el reclamo.

Lorena Almirón de la Asociación de Trabajadores del Estado, Diego Ainsuaín del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud, y Gustavo Teres de la CTA y de AMSAFE Rosario, el sindicato de los maestros, se hicieron presentes para acompañar la conferencia de prensa, trasmitiendo su apoyo al reclamo de los trabajadores.

GPS

Trabajadores de GPS, principal tercerizada Aerolíneas Argentinas, se manifestaron el martes 27 de diciembre, desde las 6:30, con un corte en Aeroparque, en contra la expulsión de sus delegados.

Compartimos comunicado:
Son trabajadores de la principal tercerizada de Aerolíneas Argentinas y parte de quienes fueron llamados esenciales durante toda la pandemia, manteniéndose en actividad. Vienen movilizándose y realizando protestas contra los ataques de la empresa GPS: semanas atrás la empresa despidió a un trabajador que había tenido dos ACV y luego suspendió a 40 trabajadores por realizar una asamblea en repudio a esta situación.

Reclaman que cesen estos ataques y también ante el intento de la conducción del sindicato UPADEP de expulsar a sus delegados, electos con el 70% de los votos, por defender la salud de sus compañeros y a su organización de base. Además, denuncian que el Ministerio de Trabajo y Aerolíneas Argentinas vienen negándose a dar una respuesta a estos mínimos reclamos para evitar que el conflicto escale en plena temporada. El Ministerio debería haber intimado hace meses a que el sindicato convoque a elecciones de delegados de manera inmediata y sin proscripciones.

También denuncian la necesidad de la reapertura de las paritarias y el cobro del bono otorgado por el gobierno nacional.