La docencia comienza a calentar motores

Boletín de noticias educativas enero-febrero 2023.

Marcha de Amsafe y ATE en Rosario el pasado 3 de octubre de 2022 por paritarias y contra descuentos. Foto: Sofía Alberti.

Por Mario Hernandez.

El ministerio de Educación convocó para el jueves a la primera audiencia a los cinco gremios con representación nacional (CTERA, UDA, SADOP, CEA y AMET) para empezar a discutir el salario mínimo garantizado que luego deben replicar las provincias.

Ministro de Educación de la Nación Jaime Perczyk. Foto: Agencia Télam.

Mientras el gobierno intentará  encauzar las paritarias del sector público en el tope del 60% que impulsa el ministro de Economía, Sergio Massa, la conducción de CTERA anticipó que irá a la negociación con el reclamo de recomposición por encima de la inflación. “Vamos a solicitar un aumento de salario que supere la inflación, con revisión permanente”, advirtió la entidad sindical, además de plantear la modificación del Impuesto a las Ganancias para exceptuar los salarios docentes y acelerar la discusión por la elaboración del Convenio colectivo de la actividad.

Las administraciones provinciales aguardarán la definición a nivel nacional para encarar las negociaciones en sus respectivos distritos, aunque ya iniciaron los primeros contactos Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y CABA, de manera de evitar poner en riesgo el inicio de las clases para el lunes 27 de febrero en la mitad de las jurisdicciones y para el miércoles 1º de marzo en el resto.

Desde febrero el salario mínimo garantizado docente alcanza $ 90.338, a los que se suma el suplemento del FONID que en enero y febrero fue de $ 12.000. En diciembre el sueldo garantizado fue de $ 81.324 y en enero de $ 84.500, alcanzando el incremento interanual  el 114%.

Provincia de Buenos Aires: primera reunión paritaria sin oferta del gobierno

El martes 31 de enero las conducciones de los sindicatos docentes se reunieron con el Gobierno bonaerense, en el marco de las paritarias salariales.

Fotos: Prensa PBA.

En la reunión paritaria no hubo ningún ofrecimiento concreto por parte del gobierno. Según el comunicado del FUD (integrado por , , , y ) “La representación del Frente de Unidad Docente Bonaerense expresó la demanda de aumento y actualización salarial por medio de la cláusula de monitoreo y recuperación, de modo que el salario quede siempre por encima de la inflación”.

En el mismo comunicado se expresa que: “La representación del Gobierno Provincial se comprometió a darle continuidad y avanzar en resolver la agenda planteada en lo salarial y laboral. De igual forma, el Gobierno se comprometió a una nueva convocatoria inmediata, para que se puedan garantizar las Asambleas y/o Congresos con participación democrática de Docentes afiliados/as a las diferentes Organizaciones Sindicales”.

A nivel nacional, mediante una decisión administrativa, el Ejecutivo dejó sin efecto la ampliación del gasto en programas que afectan directamente a la educación y el salario docente. Como detalla el informe realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en Políticas Alimentarias la baja en los fondos será superior a los $ 100.000 millones, en Asignaciones Familiares $ 90.000 millones, en el caso de las becas estudiantiles casi $ 60.000 millones y más de $ 30.000 millones no serán asignados para el Fondo Nacional de Incentivo Docente.

La masividad de los paros docentes del 2022 impulsados por la opositora lista Multicolor expresaron el descontento de miles de trabajadores de la educación en la Provincia. Hoy es necesario exigir e impulsar asambleas en las escuelas y de cada seccional, incluso ante las decisiones arbitrarias de inspectores que buscan imponer un retorno a los lugares de trabajo sin que haya sido convocado por el nivel central.

Foto: Agrupación 9 de Abril – Río Negro.

Río Negro: “sin respuestas no habrá inicio”

El jueves 2 abrieron nuevamente las escuelas en Río Negro para reincorporar a les docentes de todos los niveles; aunque el inicio de clases en las aulas con estudiantes será recién a fines de febrero. La jornada comenzó con conflicto. Es que el gobierno provincial había convocado a una reunión paritaria el 20 de enero, pero luego no se presentó, pasando la misma al 23 de ese mismo mes. En esta reunión, sí se presentaron, pero no hubo oferta salarial. La paritaria pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes 6 de febrero.

Es necesario destacar que el sector docente, al igual que estatales de la provincia, cerraron el 2022 con conflicto: el gobierno de Carreras hizo descuentos de cifras que alcanzaron los $15.000 en el sueldo de diciembre y no se hizo efectivo un acuerdo en relación a la paritaria del 3er. trimestre.

Es por esto que la docencia realizó una medida de fuerza que consistió en el retiro de las escuelas entre las 10:00 y las 15:00, acompañado de importantes movilizaciones. En Cipolletti se convocó una radio abierta y volanteada en las puertas del IPROSS en reclamo de una recomposición salarial y por las condiciones de las escuelas. En la capital rionegrina los docentes marcharon por las calles hacia el ministerio de Educación, diciendo que “sin respuestas no habrá inicio”.

En Bariloche, se definió una conferencia de prensa y luego movilización. La conferencia se realizó en la Escuela Laboral Nº 6 con la presencia de decenas de docentes, en particular de la rama de educación especial. El principal reclamo es por el edificio propio, que tiene años sin respuestas.

Funciona en una casa alquilada y este año recibirá 107 chicos y chicas. Sus docentes y trabajadores reclaman garantías para poder llevar adelante los talleres con los 7 grupos inscriptos: la escuela no tiene edificio, sus instalaciones no están adaptadas para estudiantes con discapacidad, está sin agua potable, no funcionan correctamente los baños, no es factible trabajar adecuadamente en las aulas divididas con durlock, y más aún: no está preparado el espacio para que entre, por ejemplo, una ambulancia frente a una emergencia.

Luego de la conferencia de prensa, les docentes se movilizaron hacia Onelli y Mascardi para realizar una volanteada, difundiendo los motivos del reclamo con la comunidad.

El lunes 6 habrá reunión paritaria en la que se espera una nueva oferta salarial y respuestas a los diversos reclamos del gremio docente. Arabela Carreras anunció la inversión de $7.300 millones para alimentos y mantenimiento edilicio. Les trabajadores de la educación, saben que ese dinero no llegó a ningún establecimiento, es por eso que UNTER tendrá un nuevo Congreso el 10/02 para definir las medidas a seguir.

Tucumán: “Necesitamos un aumento salarial ya”

Durante el enero miles de docentes comenzaron a organizarse en grupos de WhatsApp independientes para debatir cómo pelear por aumento de salario. El miércoles 1º realizaron la primera concentración, que contó con cientos de docentes.

Docentes autoconvocados concentrados el 1° de febrero frente a Casa de Gobierno de Tucumán. Foto: La Izquierda Diario.

En la concentración se denunció que la inflación está comiéndose los míseros aumentos salariales del año pasado, que la situación de los docentes tucumanos es de emergencia. “Necesitamos un aumento salarial ya”.

Juan Luis Véliz, de la Agrupación Marrón Docente, planteó: “Hay muchos reclamos que nos nuclean, el principal es que la inflación del 100% está comiéndose nuestro salario. El salario inicial de un docente en la provincia está por debajo de la línea de pobreza. Necesitamos unirnos con nuestros alumnos, con sus familias porque hay que unir reclamos que nos están afectando a todos, como el recorte a los comedores y las malas condiciones en las que se encuentran las escuelas”.

Las conducciones sindicales estuvieron ausentes. A esto se suma que continúa la puja por la fraudulenta elección de ATEP.

Los docentes organizan una Asamblea masiva para el lunes 6 de febrero en Plaza Independencia para definir pliego de reclamos y medidas de fuerza.

Jujuy: se eligió la nueva Junta Electoral de Cedems

El sábado 28 de enero se realizó la Asamblea General Extraordinaria en la que se eligió Junta Electoral para las elecciones del 31 de marzo.

Asamblea General Extraordinaria de Cedems.

Andrés García, referente de la Agrupación 9 de abril-Bordó señaló que “el sábado se dio un paso importante al ganar la Junta Electoral en el camino de recuperar el sindicato para la lucha de toda la docencia. En una fecha muy complicada puesta por el ministerio de Trabajo en el marco de las vacaciones, la oposición combativa conquistó la mayoría de la Junta Electoral. Del otro lado, se unieron la mayoría de las listas que promovieron a Montero durante años y años de pérdidas. Hay que fortalecer esa oposición de lucha, democrática e independiente de los gobiernos nacional y provincial de cara a recuperar el sindicato para la pelea del conjunto de la docencia en unidad y coordinación con el resto de la clase trabajadora”.

Se presentaron dos opciones: una en la que confluyeron la Violeta, Celeste y Blanca y Naranja, apoyada por sectores de la Multicolor de Montero; y la presentada por la Lista Morena (Corriente Marina Vilte, Agrupación 9 de abril Bordó, Corriente Conti Santoro y delegados y docentes independientes). La propuesta de la Lista Morena ganó por 60 votos contra 51.

“En el marco de una asamblea que pudo desarrollarse de forma democrática y contra una convergencia de listas que seguramente cuenten con el beneplácito del gobierno provincial y sus socios, se impuso una Junta Electoral de quiénes venimos luchando en unidad y con persistencia contra el fraude de Montero y por la recuperación de nuestro gremio.

Así y todo, y sabiendo que los números nos eran favorables para ganar la Junta completa, mocionamos que la minoría también esté representada en la Junta Electoral. Dando un ejemplo democrático, porque así es el gremio que queremos: un gremio que impulse la unidad y coordinación en la lucha colectiva y no la conveniencia particular, independiente de los gobiernos, democrático y al servicio del conjunto de la docencia. Una práctica muy distinta a quienes dirigieron el gremio los últimos años”, señalan los ganadores en un comunicado.

No al cierre de carreras en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Indymedia Trabajadoras/es.

CABA: el gobierno porteño cierra el ingreso a carreras de profesorados

A horas de finalizar el ciclo lectivo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificó a los Institutos de Formación Docente que cerrará el primer año de las carreras de Lengua y Literatura y Física de los Profesorados Mariano Acosta y Alicia M. de Justo, respectivamente. Además, le negó el ingreso a la carrera de Psicopedagogía a 400 de los 700 estudiantes que se inscribieron en tiempo y forma.

“Este nuevo atropello, evidencia el plan que Emmanuel Lista, director de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente, y la ministra de Educación, Soledad Acuña, tienen para los Profesorados. Plan que ya denunciamos en abril del 2022, cuando nos negaron nuestro derecho a la estabilidad laboral, excluyéndonos de la titularización. Aunque se la pasen hablando de los preocupados que están por la formación docente, lo que buscan es achicar la oferta académica para reducir el ‘gasto’ educativo. Sino no se explica por qué cierran profesorados de materias que están en emergencia por falta de docentes o limitan el acceso a casi el 60% de lxs ingresantes a la única carrera pública (y gratuita) de psicopedagogía. Todo esto sin siquiera dar explicaciones de qué pasará con los más de 130 puestos de trabajo docente que quedan en riesgo al cerrarse el ingreso a estas carreras”, expresaron desde el gremio de Ademys.

En este sentido, y como graduadxs de la formación docente, se declaran en estado de alerta, acompañando a las comunidades educativas, y reclaman la inmediata reapertura de los Profesorados de Física y Lengua y Literatura de los Institutos de Formación Docente Alicia M. de Justo y Mariano Acosta; que se garantice el ingreso a lxs más de 700 inscriptos a la carrera de Psicopedagogía; apertura para todas las carreras de la inscripción complementaria en febrero 2023; titularización inmediata para lxs docentes del nivel Superior; y una campaña de Incentivo y difusión de las carreras de formación docente.

Desde los gremios docentes de Ademys y UTE-Ctera convocaron a un abrazo y conferencia de prensa el jueves 29 de diciembre en la puerta del IES N°1 Alicia Moreau de Justo, ubicado en Córdoba y Ayacucho de la Ciudad de Buenos Aires, tras el anuncio por parte del gobierno porteño.

Soledad Acuña y Horacio Rodríguez Larreta cierran carreras. Foto: Telam

Soledad Acuña terminó 2022 como arrancó: atacando a la comunidad educativa

Por Martín Suárez

Familias, docentes y alumnos marcharon contra el cierre de profesorados, que decidió Ciudad el 23 de diciembre. Otro hecho que marca un año signado por la “derechización” y la desinversión: desde la prohibición del lenguaje inclusivo hasta la falta de vacantes o las denuncias a familias por las tomas de colegios.

Mientras Horacio Rodríguez Larreta busca instalarse como el candidato de Juntos por el Cambio a la presidencia, ayudado ahora con la coparticipación, la política educativa de la Ciudad puede ser un anticipo de lo que se proyectaría a nivel nacional. En ese sentido, el 2022 termina como arrancó: con ataques a la comunidad educativa, cierres de carreras y marchas de docentes, alumnos y familias.

Camino a sus ocho años de gestión, Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, no solo dejan a CABA con el presupuesto educativo más bajo de toda su historia (poco menos del 17% del total, diez puntos menos que hace 15 años) sino que además este año fue el área predilecta de los ataques oficiales. La última novedad es el anuncio del cierre de históricos profesorados en favor de la UniCABA, lo que motivó una masiva movilización el jueves, reclamando por “el derecho a la educación superior”.

La lista de hechos es larga. Recorte a la educación especial; eliminación de materias de terciarios, la interrupción del proceso de inscripción a carreras; al menos 13 escuelas sin clases por roedores; la persecución a maestros, familias y estudiantes que terminaron tomando colegios en reclamo por mejoras edilicias, por el mal estado de las viandas y en oposición al trabajo gratuito de las pasantías laborales.

A esto se suma la carencia de docentes que generó decenas de miles de horas sin clase, el robo de más de mil computadoras en menos de un año y el pase compulsivo a jornada extendida de decenas de establecimientos que obligó a modificar las rutinas familiares. Pero el origen de todo es la falta de inversión, sobre todo en infraestructura. A principios de año se conoció la falta de más de 56.000 vacantes en el sistema público, número récord para la Capital Federal. En los últimos 9 años, el PRO creó apenas 4.816 vacantes en nivel inicial: 535 por año. Una cifra escasa que solo cubre el 21% de quienes quedaron excluidos este año en ese sector.

Derechización de la política educativa

El 2022 también fue el año de la “derechización” de la educación porteña, en el marco de ambiciones personales de Soledad Acuña para candidatearse a jefa de Gobierno, intentando captar el voto libertario y del ala dura de JxC. “La ministra se esfuerza por mostrar públicamente una postura de dureza e inflexión. En nombre de la ‘calidad educativa’ prohibió, por ejemplo, el lenguaje inclusivo en las aulas, argumentando que atenta contra el aprendizaje de las habilidades de lectura y escritura, lo cual nunca pudo mostrar con ningún estudio”, señala a Tiempo la legisladora porteña Maru Bielli (FdT).

Para la presidenta de la comisión de Educación en la Legislatura, otro ejemplo fue el abordaje de las tomas de escuelas: “La Ciudad optó por negar canales de diálogo ante las demandas legítimas de las y los estudiantes que pedían comer bien, discutir en qué condiciones realizarán las prácticas profesionalizantes el último año de su secundario y estudiar en condiciones dignas”. Y acota: “Pero tal vez la mayor expresión de este desgobierno como práctica sistemática es la caída de 10 puntos del presupuesto educativo desde que el PRO gobierna la Ciudad”.

En octubre, Bielli propuso la creación de un contador de horas oficiales sin clase por falta de docentes en CABA. En apenas dos semanas, a partir de datos oficiales de Actos Públicos de la Ciudad, contabilizó 20.235 en el secundario y un promedio diario de casi 200 cargos docentes sin cubrir en primaria.

La mala alimentación

Lo (mal) que se come en los establecimientos educativos es otro signo de la gestión, que sigue “premiando” a las empresas que dan el servicio. En abril, la Ciudad publicó que pagará 12.000 millones de pesos a las firmas concesionarias de las viandas en las escuelas, algunas aportantes del PRO y muchas denunciadas por intoxicaciones.

En mayo comenzaron las acciones estudiantiles contra las pasantías laborales gratuitas, algunas de ellas en las propias empresas que dan las viandas o en lugares tan disímiles como hoteles cinco estrellas donde tenían que comprarse la ropa de mucamas. En septiembre, tras cinco meses de falta de diálogo, apelaron a la toma de escuelas. Reclamaban mejoras edilicias, por el estado de la comida y por las pasantías.

“Si bien lo peor que le ocurre a la educación porteña es la propia ministra Acuña, este 2022 la situación más grave fue la persecución a estudiantes secundarios que reclamaban por sus derechos”, lanza la legisladora porteña Amanda Martin (FIT), secretaria adjunta del gremio docente Ademys, en referencia a las tomas de septiembre. ”La persecución vino acompañada con notificaciones a los domicilios de las familias de estudiantes. También a docentes. Ademys lo sufre en carne propia con sumarios y desafueros como ocurre con Jorge Adaro. Todo aquel que cuestione la política educativa es objeto de persecución y sanciones”.

Eduardo López, secretario adjunto de UTE–CTERA, coincide en que uno de los hechos más graves de 2022 fue la persecución a estudiantes y familias, “pero también el intento de extender la jornada escolar a los sábados. La ministra dijo que era obligatorio ir a capacitarse esos días, cuando históricamente desde 1958 la realizamos durante la semana. Por eso la docencia no asistió a ninguna jornada”. López asegura que ese intento fue “un fracaso total. Cuando la ministra vio que no iba nadie, cambió el discurso y dijo que era optativo y que a los que fueran le daban 8.000 pesos: asistió menos del 1%. Ni siquiera el propio electorado docente del PRO participó de esa barbaridad porque hay una conciencia de los derechos laborales. Hay una imagen que es muy fuerte, en la primera jornada de los sábados, la Ciudad alquiló el aula magna de la Facultad de Derecho donde entran 1.000 personas y apenas fueron 20”.

Durante 2022, la educación superior fue la que sufrió mayores ataques. En junio Acuña anunció el recorte de 24 materias y la quita de 400 horas de estudios en profesorados. A mediados de este mes publicó el remate del edificio donde funciona la UniCABA (Paseo Colón 255) y la fusión de esa universidad con los institutos Romero Brest y Federico Dickens.

El viernes 23 de diciembre, horas antes de Noche Buena, los institutos de formación docente Alicia Moreau de Justo y el Mariano Acosta, fueron notificados del cierre de la inscripción 2023 para los profesorados en Física y Lengua y Literatura. Beatriz Frenkel, rectora del Alicia Moreau de Justo, aseguró a Tiempo que “el cierre de la cohorte 2023 del profesorado en Física, es el paso previo al cierre de la carrera. Desde el Ministerio de Educación, argumentaron que se debe a que hay pocos inscriptos en el instituto y que los derivarán hacia otros profesorados”. La comunidad educativa se movilizó este jueves y planean judicializar la medida.

Cierre de carreras y de edificios

En marzo, Soledad Acuña confirmó que iba a dejar de dar clases a estudiantes con discapacidad mayores de 22 años en las escuelas especiales que ofrecen formación laboral e integral. Se sumó a la quita del Palacio Ceci a la comunidad sorda de la Escuela N° 28 Bartolomé Ayrolo de Devoto, que lo usaba desde hacía 84 años. Ahora será transformado para fines turísticos.

En noviembre, la Ciudad eliminó cinco carreras técnicas de los institutos de formación superior, sobre todo con tendencia a sociales y derechos humanos, y la carrera en Ceremonial y Protocolo. Según el director de Gestión de Aprendizaje a lo largo de la Vida del gobierno porteño, Juan Pablo Becerra, el argumento para cerrarlas fue que “se ha contemplado el contexto coyuntural imperante a fin de definir la oferta estratégica para la Ciudad, priorizando aquella con mayor requerimiento del sector socio-productivo”.

Ratas

En noviembre de este año, Tiempo realizó un relevamiento sobre la presencia de roedores en escuelas porteñas. En apenas dos meses, fueron 13 los establecimientos educativos que denunciaron la aparición de ratas, aunque familias y directivos de escuelas aseguran que son muchas más pero que, por diferentes presiones, muy pocas hacen público el tema. En el mismo sentido, la Defensoría del Pueblo porteña registró este año una docena de denuncias formales por presencia de roedores en diferentes escuelas porteñas, y exigió al Gobierno porteño que “avancen de forma urgente con las tareas de desratización, desinsectación e higiene de la vía pública en los alrededores de los establecimientos escolares”, destacó el organismo. Durante el ciclo lectivo, muchas familias decidieron dejar de enviar a sus hijos a la escuela dado que las ratas deambulaban en las aulas, en el patio y en el comedor.

Angélica Graciano.

“A Larreta y Acuña les digo: en el 2023 seremos su pesadilla” 

Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), salió a marcarle la cancha al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La referente de los educadores porteños ni bien comenzado el 2023 estableció algunos de los puntos fundamentales por los que van a luchar desde el gremio.

En este contexto, la titular de UTE avisó: “Te digo Larreta: vamos por la titularización de todos compañeros y compañeras; vamos por la reapertura de la reinscripción de todas las carreras de Norte a Sur de la Ciudad de Buenos Aires; vamos por una mesa de trabajo intersectorial con estudiantes, docentes, familias, para discutir qué queremos enseñar en los Profesorados.”

En esta misma línea también les advirtió tanto a Horacio Rodríguez Larreta como a Soledad Acuña, la ministra de Educación de la CABA que “en el 2023 maestras, maestros, estudiantes y familias seremos su pesadilla. Porque si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Seguiremos luchando cada día en defensa de nuestros derechos”, concluyó.

 

Ni CFK, ni Macri ni Alberto cumplieron con la ley de financiamiento educativo

Por Virginia Pescarmona y María Díaz Reck

En los últimos 15 años casi no se cumplió con la Ley de Financiamiento Educativo que obliga a destinar el 6% del PBI en educación. Queda claro que, más allá de los encendidos discursos, ya de campaña, no hay grieta a la hora de las prioridades: tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio son responsables del ajuste educativo.

A pocos días de comenzar un nuevo ciclo lectivo, volvió el debate sobre el financiamiento de la educación pública. Esto despierta un interés en las familias trabajadoras que ven a sus hijos asistir a escuelas desfinanciadas, docentes sobrecargados para llegar a fin de mes y una canasta escolar inalcanzable por la inflación que no para de subir.

El observatorio Argentinos por la Educación publicó un informe donde analiza y compara el presupuesto educativo en los últimos años. Informe que fue replicado por los principales diarios del país. Por su lado, Alejandro Bercovich, periodista de Radio con Vos y C5N, también se refirió a este tema en una de sus editoriales radiales. Incluso el ministro Jaime Perczyk salió al cruce aduciendo que en la gestión del Frente de Todos hay inversión y en la de Juntos por el Cambio, ajuste. Insostenible. Ajustar, ajustaron todos: porque se ha achicado el PBI, entonces porcentualmente hay ajuste, por recortes directos, vía inflación, vía bajos salarios o desinversión.

Un debate sobre prioridades: deuda millonaria del Estado con la educación

Desde 2006 cuando fue sancionada la Ley de Financiamiento Educativo hasta 2020 (último año con estadísticas), solo en tres años se cumplió con la meta que llevaba a invertir 6% del PBI: 2009, 2013 y 2015.

En el resto de los años las metas no se cumplieron y el 68,4% de la desinversión ocurrió en cuatro años: en 2010 y entre 2018 y 2020. En 2019 se dejó de invertir 841.000 millones de pesos, actualizados a 2022 (el 22,6% del total de la deuda). En 2018, 751.000 millones (el 20,1%); y en 2020, 570.000 millones.

Cuando fue sancionada esta ley, desde la izquierda y sectores antiburocráticos, advertimos que se trataba de un parche que no iba a resolver la crisis educativa y que por el contrario habilitaba todo tipo de financiamiento por parte de empresas y ONG. Pero, y sobre todo, mantenía la lógica neoliberal de la descentralización, la gran política neoliberal desde la dictadura, o incluso antes, para desentender al Estado nacional de la educación pública.

Esta ley fue acompañada de una nueva Ley Nacional de Educación que lejos de revertir todos los avances del neoliberalismo en la educación, los reforzó parándose sobre ellos.

La ley Nacional de educación (26.206) mantuvo el sistema fragmentado. El Estado nacional sólo garantiza un piso salarial muy bajo y se desentendió del financiamiento de la educación pública, que sigue en manos de las provincias tal cual lo definió Menem en 1993 con la Ley Federal y la descentralización educativa (24.049), de 1991 con la transferencia de servicios a partir del 92.

El desentendimiento sobre el financiamiento se traduce hoy, en que a lo largo de estos 15 años se fue acumulando una deuda del Estado con la educación que asciende al equivalente al 5% del PBI de 2020. Si se quisiera, señala el informe, el Estado debería invertir 11% del PBI en educación este año (5% que deben más 6% que corresponde). Casi dos presupuestos educativos juntos (15,3%). Algo que está muy lejos de las decisiones que viene tomando el FDT en el gobierno con Massa a la cabeza y con el apoyo de la oposición de derecha.

Para los gobiernos la prioridad viene siendo cumplir las metas del FMI, y esto es a costa de la salud, educación y beneficiando con subsidios a los grandes empresarios.

En 2022 a Massa no le tembló el pulso para sacar de un plumazo 50.000 millones del presupuesto, que iban a ser destinados, entre otras cosas, al Plan Conectar Igualdad y al programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles”. Nada que envidiar a otras “falsas promesas”, como la del ex presidente Macri, cuando en 2017 anunció la construcción de 3.000 jardines. Meses más tarde el ex ministro Finocchiaro anunciaba “ que no se podían construir por falta de terrenos”.

La desinversión educativa es una triste realidad a la vista: escuelas destruidas, cursos superpoblados, servicios alimentarios escolares insuficientes y poco nutritivos, becas insuficientes, falta de material didáctico y libros, personal insuficiente y de equipos interdisciplinarios que son vitales en las escuelas. Salarios de pobreza y precarización laboral completan un cuadro que miles de docentes y estudiantes a lo largo y a lo ancho del país vienen denunciando y peleando para transformarlo, como mostraron las decenas de huelgas y luchas en 2022.

El ajuste en educación se profundiza en un marco de profunda crisis social, donde más del 50 % de les niñes y adolescentes de este país son pobres.

La pandemia profundizó y expuso aún más la crisis educativa. Como es sabido, ni el gobierno nacional ni los gobiernos provinciales garantizaron el acceso universal a internet ni dispositivos para que lxs estudiantes pudieran aprender. Si analizamos los números del presupuesto educativo en el 2020 fue uno de los años donde se estuvo más lejos de cumplir la Ley de financiamiento.

Desfinanciamiento, descentralización y ajuste educativo: ¿y los sindicatos?

La Ctera es la confederación sindical más numerosa del país y es la que viene dejando pasar todos los ajustes y ataques de todos los gobiernos a la educación pública. Achiques, reformas sin debate, bajos salarios, privatización creciente de áreas y sectores, precarización laboral, calendario escolar de 190 días, etc. La novedad es la extensión horaria que, sin debate ni consenso, se empezó a aplicar de hecho.

Hoy, su conducción profundiza la integración al Frente de Todos, como lo viene expresando Roberto Baradel en su campaña por la reelección de Axel Kicillof como gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Pero no es tal o cual dirigente. Es su política y en cada provincia adopta posturas más o menos similares, acorde a la línea política del Frente de Todos en cada una: más o menos oficialista, más o menos es parte del cogobierno con Juntos por el Cambio.

En abril de 2021 las conducciones sindicales acompañaron la presentación de un proyecto de una nueva ley de financiamiento educativo, que entre otros puntos planteaba llevar del 6% al 8 % del PBI lo destinado al presupuesto para educación. Más de lo mismo, para que nada cambie.

En 1991, bajo el auge del neoliberalismo, se sancionó la Ley 24.049 de Transferencia de los servicios de la Educación de Nación a las provincias. Así se concretaba la descentralización del Gasto en Educación. Ningún gobierno puso esto en cuestión. La Ley de Financiamiento no revirtió esta avanzada, sino que puso un parche, que ni siquiera, como se ve en los números y realidad de las escuelas, termina siendo tal.

Esto tuvo como efecto que el gasto para educación se financiara con las cajas provinciales, dispares entre sí, siendo los salarios docentes un 80 % del destino del gasto en educación en la mayoría de las provincias. Este proceso de descentralización del gasto que se corona bajo el menemismo tuvo varios intentos y antecedentes durante la dictadura militar. Desde entonces no se ha cuestionado esta lógica neoliberal ni por parte de los gobiernos peronistas, radicales, PRO, y menos aún por los liberales/libertarios que opinan que el Estado ni siquiera debería poner un peso en la educación pública.

Luego de las jornadas revolucionarias de 2001 y en los comienzos de una recuperación de la economía nacional, con viento de cola internacional a favor principalmente por el precio de las materias primas, el kirchnerismo sancionó en 2006 la Ley de Financiamiento Educativo (LFE), que entre otras cosas “establece un aumento gradual y progresivo del gasto en Educación, Ciencia y Tecnología durante el período 2006-2010, hasta alcanzar el 6% del PIB. Tanto el Gobierno Nacional como los Gobiernos Jurisdiccionales se han comprometido financieramente para alcanzar dicho objetivo.”

A 15 años de la sanción de la Ley, esta casi no se cumple y tampoco ningún gobierno cuestiona la herencia de las leyes de Menem con la descentralización por provincia.

Las distintas conducciones peronistas de la Ctera y los sindicatos de base provinciales solo se han adaptado, una y otra vez, a las reformas neoliberales y sus parches. Por eso, los salarios de los y las trabajadoras de la educación se discuten en cada provincia y la paritaria nacional solo fija un monto.

¡Plata para educación, NO para la deuda!

Como venimos planteando en todo el país desde la 9 de abril, Lista Marrón Nacional en el Frente de Izquierda Unidad, para empezar a revertir el atraso y la dependencia, en educación se debe volver a un sistema educativo nacional y que el Estado nacional no sea un “ministerio sin escuelas” y financie la educación de todo el país, con un salario único para las y los docentes de Ushuaia a la Quiaca y un presupuesto acorde a las necesidades, con una base del 10% del PBI.

Pero bien sabemos que es imposible revertir la decadencia, el atraso y los altos niveles de pobreza, invertir en educación, salud y trabajo, sin un desconocimiento soberano de una deuda ilegal e ilegítima y la ruptura con el FMI y sus planes de sometimiento.

Son indispensables medidas como la nacionalización de la banca, el comercio exterior o la expropiación de los grandes terratenientes y los servicios estratégicos, para poner los recursos en función de un plan que sea favorable a las grandes mayorías y no de la ganancia de unos pocos.

Es en las escuelas donde se concentra el conjunto de las penurias sociales. Las consecuencias de las políticas que dejan a las familias en la calle, el hambre, la desocupación en las familias o la desaparición de una joven, etc. Para la crisis educativa no alcanza con un reclamo parcial.

Sabemos que en esta pelea no sólo tenemos que enfrentar la política del gobierno nacional y de los gobernadores provinciales, sino también de los que se preparan para gobernar y aplicar con más crudeza el plan acordado con el FMI.

Hay que desarrollar y ampliar la unidad de la docencia con el resto de los trabajadores, para pelear juntos. Hay que unir lo que la burocracia sindical divide en realidades tan disímiles como Buenos Aires, Salta, Chubut o Mendoza. Tenemos que prepararnos para derrotar esta nueva ofensiva del gobierno nacional y la oposición patronal, que pretenden imponer ajuste y saqueo, como ya lo vemos en muchos puntos del continente.

Por eso, desde nuestras agrupaciones y desde las seccionales opositoras a las conducciones burocráticas de nuestros sindicatos de las que somos parte, peleamos en las escuelas para unir nuestras demandas a la comunidad educativa, a otros trabajadores y desde abajo imponer la lucha por una salida a la crisis en favor de las mayorías populares.

Empecemos por organizar asambleas en todas las escuelas, junto a la comunidad. Nuestra perspectiva es la construcción de un congreso educativo democrático, donde los verdaderos interesados en defender la escuela pública podamos discutir un verdadero plan, en base al aumento del presupuesto en forma inmediata y la pelea por la nacionalización del sistema educativo.

Un congreso construido desde abajo, que pueda no sólo llegar a una visión común sobre esta realidad, sino debatir y votar las medidas necesarias para luchar por transformarla a favor de las mayorías.

Foto: ANRed.

El Grupo de Filosofía de la Biología anunció que se queda en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA 

El jueves 22 de diciembre, el Grupo de Filosofía de la Biología, que funciona en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, se anotició de que no podían seguir realizando su trabajo que hace más de 20 años desarrollan en el segundo piso del pabellón 2 de la Ciudad Universitaria de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Fue en una reunión con las autoridades de la institución en donde las mismas no argumentaron motivos concretos, más que el espacio físico debía ser cedido y ante esto no propusieron lugar alternativo y  sugirieron al Grupo redireccionarse a otra institución.

El Grupo  está integrado por investigadores e investigadoras de Conicet, de las carreras de Biología, Filosofía, Historia, Antropología, en total  25 personas, con presencia en Córboba, Areco, Bariloche y Puerto Madryn. Su núcleo, 20 personas, están en Buenos Aires. Hace alrededor de dos décadas que trabajan problemáticas vinculadas a lo sociombiental, poniendo como eje lo ético y lo político de las intervenciones científicas en lo público.  Es un espacio interdisciplinario y de compromiso con las comunidades y la naturaleza. Para el Grupo estar en la Universidad no sólo es importante por el espacio físico de trabajo sino que significa además estar cerca donde se produce la ciencia que se pone en discusión.

Luego de la noticia, numerosas asambleas comunitarias, socioambientales y activistas expresaron su repudio a lo sucedido y apoyo al grupo.  Más de 5.000 firmas acompañaron un documento en donde se pedía a las autoridades la no expulsión y una solución institucional estable.

Luego de una reunión con autoridades, el GdFB anunció finalmente que gracias a todo el apoyo lograron que la institución siga garantizando el espacio físico, mientras se trate en paralelo la regularización del equipo en la Facultad.

El Grupo hace varios años que reclama regularizar su situación. Son muchos profesionales que entraron a carrera de Conicet por la Facultad de Filosofía pero que la misma nunca les dio espacio de trabajo como así lo hizo la Facultad de Exactas, pero manteniendo la irregularidad.

Finalmente, el equipo ratificó que seguirán ejerciendo su trabajo, activismo y ciencia pública como hace ya 20 años: “Ratificamos nuestro compromiso con la búsqueda del bienestar de las comunidades y la naturaleza, a la vez que reiteramos los agradecimientos, en particular a las diversas comunidades, movimientos y organizaciones que nos han acompañado. Confiamos plenamente en que la articulación entre éstas y las universidades es clave para el futuro de la ciencia y de la sociedad.”

Dependencia académica y económica en investigaciones del Conicet

Por Varios autores

Fuente: Agencia TierraViva

Una publicación académica confirma que la ciencia médica local está subordinada a la agenda de las empresas internacionales y de los países del Norte. Imponen una política que reduce la salud y la enfermedad a genes, moléculas y fármacos, y se dejan de lado los aspectos socioambientales. «Es imprescindible que se discuta ciencia para qué y para quién», proponen.

El campo de las Ciencias Biomédicas (toda investigación básica y aplicada en salud) constituye un caso clásico de límites difusos entre la investigación académica y la investigación que busca maximizar ganancias en el mercado, por lo que representa un sistema ideal para analizar la influencia del interés corporativo en las agendas científicas. Nuestro reciente trabajo da cuenta de cómo las investigaciones del Conicet están alineadas con las agendas marcadas por las grandes corporaciones y por los países del norte global.

Se trata de un tema de interés público porque las asociaciones entre la industria y las instituciones públicas de investigación pueden sesgar y orientar las agendas públicas hacia los intereses privados. Es conocido que las grandes empresas farmacéuticas suelen patrocinar y establecer acuerdos con instituciones de investigación de países centrales. En la actualidad, este grupo de países dominantes (Estados Unidos, China, Reino Unido y Japón, entre otros) que se caracterizan por altos niveles de industrialización, urbanización y producción científica.

Los vínculos directos entre las corporaciones privadas y las instituciones de investigación están tan concentrados en esos países que las instituciones reconocidas del resto del mundo (consideradas periféricas), rara vez llaman la atención directa de las corporaciones. Dado que las empresas locales no suelen demandar investigación novedosa, que los contactos directos entre las instituciones de investigación locales y los líderes mundiales son escasos y que, si se producen, tienden a concentrarse en un pequeño grupo de equipos de investigación internacionalizados, podría concluirse precipitadamente que el sesgo de la agenda de investigación local hacia los intereses privados es insignificante.

Sin embargo, los contactos directos entre actores son una pero no la única forma en que las grandes empresas privadas pueden influir en las agendas públicas. De hecho, la influencia de las grandes empresas farmacéuticas moldea la agenda de investigación dominante en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud (CBMS), sin necesidad de contactos directos.

En la investigación «¿Sobre los hombros de quién se apoya la investigación en salud? Determinación de los actores y contenidos clave de la agenda de investigación biomédica imperante» realizamos un análisis de más de 95.000 artículos científicos publicados entre 1999 y 2018 en las revistas de mayor impacto dentro de las CBMS. Allí se demostró que la agenda de investigación predominante en ese campo es el resultado del entrelazamiento de las agendas de las principales instituciones académicas y las grandes farmacéuticas. Los temas de investigación predominantes a nivel internacional se inclinan más hacia los enfoques y metodologías de la biología molecular y la investigación relacionada con el cáncer. Además, prioriza las investigaciones sobre el descubrimiento y desarrollo de fármacos frente a la investigación sobre los factores ambientales y sociales que afectan a la aparición o progresión de la enfermedad.

La teoría de la dependencia académica sugiere que la investigación científica de los países de ingresos bajos y medios adopta la agenda predominante, y que los investigadores de esos países ocupan posiciones subordinadas en la división global del trabajo científico.

Del mismo modo, el sociólogo Edgardo Lander denominó «colonialidad del conocimiento» al complejo marco social y epistemológico que determina los modos de producción de la ciencia y la tecnología, incluyendo qué países centrales (en particular, qué instituciones de esos países) concentran el poder.

Sin embargo, otros autores y autoras —como María Fernanda Beigel, Jorge Gallardo y Fabiana Bekerman en su trabajo «Expansión institucional y desarrollo científico en la periferia: la heterogeneidad estructural del campo académico argentino«— ofrecen otros matices de la interacción entre las agendas de investigación internacionales y locales. Sostienen que la noción de dependencia académica está vinculada a una perspectiva simplificadora de la relación entre las agendas científicas internacionales y locales, ya que pasa por alto las complejas asimetrías que se dan en un campo entrelazado por diferentes circuitos de reconocimiento (local, regional e internacional). Particularmente, se ha señalado que los campos de investigación en las periferias son internamente heterogéneos. Ponen de manifiesto las limitaciones de considerar a los países como importadores pasivos de conocimiento. Desde ese punto de vista, Beigel concluye que la autonomía y la heteronomía científicas pueden coexistir en determinadas situaciones históricas.

El caso de las investigaciones en el Conicet

El Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) es una institución de investigación líder en América Latina, aunque también puede definirse como una institución «semiperiférica» porque no forma parte de las organizaciones líderes que determinan la agenda de investigación dominante en CBMS, pero aun así contribuye al campo con investigación de punta.

En nuestro último trabajo, titulado «Dependencia académica: la influencia de la agenda internacional de investigación biomédica imperante en el Conicet argentino«, nos propusimos examinar tres cuestiones: si la agenda de investigación en CBMS del Conicet privilegia el estudio de las mismas enfermedades que la agenda de investigación predominante, si favorece o descuida los mismos enfoques y metodologías, y —tercero— si la agenda de investigación del Conicet es internamente homogénea.

El objetivo fue explorar cuantitativamente si la agenda de investigación internacional predominante, establecida por las grandes empresas farmacéuticas y las principales instituciones académicas, influye indirectamente en la investigación académica de los países no centrales.

Nuestros resultados muestran que la agenda de investigación en Ciencias Biomédicas y de la Salud del Conicet, al igual que la agenda internacional de investigación CBMS dominante, privilegia las metodologías y enfoques de la biología molecular y descuida la investigación sobre los determinantes socioambientales de la enfermedad. Estos hallazgos se aplican a ambos períodos analizados (1999-2008 y 2009-2018), independientemente del aumento de casi tres veces en el número de artículos publicados sobre Ciencias Biomédicas y Salud en el segundo período analizado.

La gran mayoría de les investigadores del Conicet no publican en las revistas internacionales de mayor factor de impacto a partir de las cuales reconstruimos la agenda de investigación en CBMS dominante. Por lo tanto, el alineamiento entre la agenda predominante y la agencia científica nacional no se explica meramente por una conexión directa sino probablemente por la influencia indirecta que estas instituciones de elite y las revistas internacionales ejercen, más allá de los vínculos directos con las instituciones no centrales. Estos hallazgos son consistentes con la teoría de la dependencia académica y con el concepto de colonialidad del conocimiento.

Los resultados también muestran que la agenda de investigación en CBMS del Conicet es internamente heterogénea, introduciendo algunas diferencias específicas en relación con la agenda de investigación en CBMS predominante. Los términos asociados a categorías que incluyen «patógenos» y «enfermedades endémicas» están entre cinco y diez veces más representados que en la agenda internacional. Sin embargo, la biología molecular es el enfoque privilegiado en esta área, demostrando un abordaje que reduce la salud y la enfermedad a genes, moléculas y fármacos, en consonancia con nuestros resultados previos que reflejan que los determinantes socioambientales de la salud humana, así como otros enfoques metodológicos, quedan relegados.

Curiosamente, mientras que la agenda en Ciencias Biomédicas y de Salud del Conicet muestra sólo una presencia marginal de términos vinculados a la investigación médica a nivel clínico o humano, los términos asociados a otros niveles o modelos de organización (como animales, plantas, microbios o sistemas moleculares y celulares) están sobrerrepresentados en comparación con la agenda internacional de investigación.

Por ejemplo, los términos vinculados a la biología molecular y celular son aún más frecuentes en la agenda de investigación del Conicet que en la internacional (en la que ya están fuertemente enriquecidos). Lo mismo ocurre con los términos relacionados con modelos animales. Esto se explica por una división global del trabajo donde la investigación médica trasnacional, que es sofisticada y costosa, se realiza en países centrales. Allí, la cooperación entre las principales instituciones académicas y sanitarias es sólida y dinámica. Por el contrario, en las instituciones del resto del mundo quedan relegadas en su mayoría a proveedores de resultados experimentales básicos, que luego son explotados por las instituciones académicas líderes de los países centrales, así como por las grandes corporaciones farmacéuticas.

Estas diferencias, lejos de apuntar a una autonomía local, son consistentes con las teorías de colonialidad del conocimiento y la dependencia académica en relación con un modelo de extractivismo del conocimiento. A este último lo definimos como un proceso por el cual la ciencia y la tecnología producidas por instituciones públicas en las periferias (o semiperiferias) son monetizadas en los países centrales, generalmente por empresas que monopolizan el acceso al conocimiento.

Extractivismo de recursos y de conocimientos

Una forma de medir el extractivismo de conocimientos es la identificación de formas de transferencia ciega. Es decir, la cita de publicaciones científicas en patentes en las que los/las autores de las primeras no figuran entre los/las copropietarios de las mismas y a menudo ni siquiera son conscientes de su existencia.

Un ejemplo concreto de esta forma de extractivismo del conocimiento se puede observar en los artículos relacionados con Covid19. A pesar de que las grandes empresas farmacéuticas se han beneficiado enormemente de la pandemia, se ha demostrado recientemente que los artículos con autores provenientes de corporaciones privadas sólo representaron el dos por ciento de las publicaciones mundiales sobre el tema.

Retomando los resultados de nuestra última investigación, otra diferencia importante entre la agenda de investigación internacional predominante y la del Conicet es que en esta última aparecen términos asociados a la investigación vegetal, la agrobiotecnología y la industria alimentaria. Esto es consistente con el rol protagónico de la Argentina como productor de bienes derivados de la agrobiotecnología, a través de la consolidación de su agroindustria durante la década de 1990.

Del mismo modo, la sobre representación de términos asociados a categorías de microbiología aplicada e industria alimentaria en la agenda de investigación del Conicet es consistente con el rol de Argentina en la división internacional del trabajo como productor y exportador de commodities.

Nuestros resultados son coherentes con las teorías que sostienen la existencia de un modelo global donde las empresas de los países centrales capturan no sólo conocimiento sino también “recursos” naturales del resto del mundo, causando importantes daños ambientales y conflictos sociales.

Ciencia para qué y para quién

La agenda de investigación del Conicet en materia de Ciencias Biomédicas y de la Salud se alinea, en buena medida, con la agenda de investigación predominante a nivel internacional. Esta similitud, sin embargo, presenta importantes salvedades. La presencia de ciertos temas de investigación distintivos (agrobiotecnología, microbiología aplicada e industria alimentaria) que se encuentran en la agenda de investigación del Conicet puede explicarse por el lugar (dependiente) que ocupa Argentina en la división internacional del trabajo. En este sentido, la agenda de investigación del Conicet parece ser el resultado de una combinación de elementos que reflejan un grado de dependencia académica y económica.

Con respecto a esto último, los temas de investigación distintivos del Conicet podrían responder a la acción de empresas privadas y grupos de investigación que construyen una posición de poder local o regional que les permite disputar financiamiento y prestigio. Este ha sido el caso de las empresas de agrobiotecnología y alimentos. Estas empresas fomentaron un discurso sobre la necesidad de la innovación basada en la ciencia y la tecnología, del que se hizo eco parte de la comunidad científica, dando lugar a colaboraciones entre estas empresas y diversos organismos públicos de investigación.

Por ejemplo, Bioceres (la empresa de agrobiotecnología más grande de Argentina), el Conicet y la Universidad Nacional del Litoral han desarrollado un fuerte vínculo de investigación y desarrollo a largo plazo, que llevó a la co-titularidad de patentes internacionales para dos semillas genéticamente modificadas con la tecnología HB4. Otro ejemplo es el Instituto Nacional de Agrobiotecnología de Rosario (Indear), un emprendimiento de investigación conjunto entre Bioceres, la farmacéutica Biosidus y el Conicet.

Este contexto fortalece la integración de la ciencia y la agricultura más allá de las colaboraciones directas mediante la creación de marcos institucionales, normativos y de financiación en Argentina.

Los resultados de nuestro estudio mapean la red invisible de relaciones de poder que subyace a la agenda internacional de investigación de las Ciencias Biomédicas y de la Salud. Esa agenda influye indirectamente en las agendas de investigación del resto del mundo. Una contribución clave de nuestra más reciente publicación es arrojar luz sobre el modo en que las agendas de investigación internacionales predominantes subordinan la investigación pública de un país semiperiférico.

Esto es coherente con la aparición de lo que denominamos un discurso dominante científico. Este concepto puede definirse como un eje de referencia que asigna valor a los signos en una comunidad discursiva (en este caso, la comunidad de investigación en Ciencias Biomédicas y de la Salud), condicionando por tanto la circulación de cada producción (por ejemplo, artículos científicos) y la posición que ocupan determinados ítems en la agenda (temas y métodos de investigación).

La existencia de ese discurso dominante implica un papel disciplinador durante la producción científica, alineando así las agendas de investigación locales con la agenda internacional predominante. En consecuencia, regula la prevalencia (o marginación) de determinadas líneas de investigación. Si existen razones económicas para privilegiar determinados temas, enfoques, metodologías y subcampos dentro de un campo, es de esperar que se privilegien no sólo en términos de producción científica, sino también en lo que respecta a la financiación pública y, en particular, privada.

En el estudio de caso del Conicet coexisten la heteronomía y un cierto grado de autonomía académica. Sin embargo, el otro hallazgo crucial es que esta aparente autonomía parece ser mayormente la expresión de otra forma de dependencia, la dependencia económica argentina, que vincula la producción de conocimiento a una matriz productiva basada en la exportación de commodities.

En definitiva, no alcanza solo con invertir más en ciencia, sino que es imprescindible que se discuta el contenido de nuestra ciencia, ciencia para qué y para quién. De lo contrario, esa mayor inversión termina reproduciendo más cantidad de ciencia para el mercado, una ciencia orientada al servicio de ciertas empresas como las farmacéuticas, el agronegocio, la megaminería o algún otro negocio extractivista, pero que no necesariamente responde a una agenda preocupada por los determinantes sociales o ambientales de la salud y de la enfermedad.

Firman este artículo Mercedes García Carrillo, Federico Testoni, Marc-André Gagnon, Cecilia Rikap y Matías Blaustein.

 

 

Fuentes: La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Anred, Red Eco Alternativo, Clarín.

 

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