Boletín de empresas recuperadas y movimientos sociales.

Por Mario Hernandez

El viernes 3 se desarrolló el Plenario Piquetero Nacional convocado por las organizaciones de la Unidad Piquetera. Allí, trabajadores desocupados y organizaciones deliberaron sobre cómo enfrentar el ajuste en marcha, un programa de reivindicaciones inmediatas y las próximas medidas a tomar.

Después de un acto de apertura donde hablaron representantes de las provincias, se pasó a deliberar en comisiones, para finalmente dar a conocer, en un acto final, las conclusiones. Se votó un plan de lucha que en los próximos meses incluirá acciones en más de 135 ciudades de toda la Argentina. Del 13 al 15 de marzo desarrollarán acciones de lucha en todo el país, el 5 de abril cortarán rutas nacionales y provinciales, puentes carreteros, accesos y egresos a Capital Federal para el día 5 de abril, y si no hay respuestas satisfactorias un nuevo acampe del 18 al 20 de abril. También resolvieron impulsar una campaña de asambleas y plenarios para organizar una gran marcha federal convocando a todos los sectores en lucha en una gran movilización popular que parta “desde los cuatro puntos cardinales desde el lunes 15 de mayo, confluyendo en la Plaza de Mayo el 17”.

Además, se votó acompañar la movilización independiente del 8 de marzo, en el Día internacional de las mujeres trabajadoras, denunciando el ajuste y los femicidios, y marchar con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia el 24 de marzo contra la represión y la criminalización de las luchas.

“Parece que están de moda los discursos de derecha”

Gabriela de la Rosa, integrante de la Mesa Nacional del Polo Obrero, cuestionó a la ministra de Desarrollo Social y reclamó por la falta de envío de alimentos a los comedores sociales.

En pleno acampe sobre la Avenida 9 de Julio en reclamo por la baja de planes Potenciar Trabajo y la falta de envío de alimentos a los comedores sociales, la dirigente de la Mesa Nacional del Polo Obrero, Gabriela de la Rosa, cruzó con fuerza a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien el miércoles 15 de febrero ratificó la baja de 100.000 beneficiarios de planes sociales por no completar los formularios de inscripción virtuales.

Las críticas además llegan luego de que la funcionaria asegurara que su cartera “no es el ministerio de los piqueteros”. De la Rosa apuntó contra la ministra y advirtió que “parece que sus declaraciones le vienen bien, porque están de moda los discursos derechistas”.

“Además, no está de moda atender el reclamo de miles de personas. Nos estamos movilizando en todo el país reclamando contra las bajas arbitrarias de planes sociales”, denunció.

Y agregó: “También por el alimento a los comedores populares que no llegaron en febrero y parece que tampoco van a llegar. Porque los avisos son de que recién en mayo se van a estar entregando los alimentos correspondientes”.

Críticas a la validación de los planes

Desarrollo Social hizo este año un proceso de validación online para determinar la compatibilidad de los planes sociales entregados. Por este proceso decidió dar de baja más de 100.000 beneficiarios de este programa que entrega una suma de dinero equivalente a la mitad del Salario Mínimo.

Esta dinámica también fue muy cuestionada por los movimientos sociales: “Hay mucha gente de carne y hueso que no pudo validar su identidad, que trabajó todo el mes, que viene desarrollando tareas y que por alguna confusión no pudo validar su identidad”.

“Nosotros ayudamos a muchísimos compañeros. Otros tantos se quedaron a afuera. Mucha gente quedó afuera de la posibilidad de hacer esta encuesta que nunca había sido 100 % virtual”, finalizó.

Los bajos salarios conspiran contra el objetivo del Gobierno de transformar planes sociales en empleo formal

Por Emiliano Russo

 La administración nacional está en una disyuntiva: impulsa la obra pública y celebra la continua baja de la desocupación, pero le cuesta transformar los planes sociales en trabajo social por los bajos sueldos.

Tras una nueva jornada en la que se hizo sentir la protesta piquetera sobre los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo de más de 140.000 planes Potenciar Trabajo caídos a causa de una auditoría oficial, el Gobierno se encuentra en una suerte de encerrona: por un lado empuja la obra pública y festeja los bajos números de desocupación, pero también encuentra dificultades para avanzar en la formalización de los beneficiarios y trabajadores precarios por los bajos salarios existentes en el mercado laboral.

Falta de mano de obra

Un funcionario de estrecho vínculo con Alberto Fernández graficaba en las últimas horas este panorama: por un lado, celebró los bajos números de desempleo y la febril actividad económica que se registra en varios distritos del interior. Citando una conversación con el intendente de Coronel Pringles (Lisandro Matzkin), aseguró que en esa ciudad del centro-oeste bonaerense no se consigue mano de obra para acompañar el ritmo de la obra pública.

El problema, aunque no se mencionó en esa charla, hay que buscarlo en los bajos salarios. Desde hace 7 años, con la excepción de 2017, el salario real viene cayendo, pero la inflación del 95% registrada en 2023 no hizo más que agudizar el fenómeno.

En el ministerio de Trabajo, por un lado, han celebrado que se superaran los 13 millones de trabajadores registrados. Pero un informe interno subraya que sólo la mitad de ese universo logró el año pasado empatar o superar a la inflación: el resto cayó frente a la avanzada de los precios. El panorama entre los informales es sensiblemente peor.

Los sueldos cada vez alcanzan menos

Según informó Luis Campos, del Observatorio de la Deuda Social de la CTA Autónoma, del último muestreo del SIPA (el sistema integrado de trabajadores en blanco) se desprende que los ingresos de la mitad de los asalariados registrados del sector privado fueron inferiores a $129.288 de bolsillo por mes. En el mismo mes la canasta básica total para un hogar de 4 personas fue de $145.948.

Ahí radica la dificultad del Gobierno en formalizar a este universo de trabajadores precarios: los bajos salarios no son incentivo y por eso muchos continúan en la denominada economía popular.

En este contexto, el diputado Juan Carlos Alderete, advirtió que hubo una «redistribución de la pobreza» por lo que no se ha logrado cumplir con el mandato de la campaña electoral 2019. En este sentido, denunció que «hubo una brutal transferencia de ingresos hacia los que más tienen. Hoy no alcanza con tener trabajo para dejar de ser pobre. Se puede tener un trabajo formal y ser pobre. De los informales ni hablemos».

La guerra de los decretos: Pérsico vs. Massa y una disputa por la caja que deja el ajuste

 La última contienda tuvo lugar en Desarrollo Social a partir de la decisión de la ministra Victoria Tolosa Paz de recortar de unos 100.000 programas Potenciar Trabajo, que le representan al gobierno un “ahorro” de más de $3.000 millones. Hasta ahí la medida no generó grandes revuelos dentro del Frente de Todos, más allá de algunos enojos y quejas.

El conflicto explotó alrededor de esos más de $3.000 millones mensuales que el gobierno obtuvo directamente del bolsillo a las familias más pobres que habitan estas tierras. Hasta hace unas semanas, el debate dentro de la cartera social parecía claro y definido. Con esas partidas, y amparados en el decreto 728/2022, se avanzaría para reforzar varias secretarías encargadas de dotar de maquinaria e insumos a las cooperativas y emprendimientos productivos constituidos a partir de los Potenciar Trabajo. La norma en cuestión había sido una de las primeras medidas de la ministra, aunque el texto parecía redactado a la medida del Movimiento Evita, organización comandada por Emilio Pérsico, uno de los funcionarios centrales de la estructura ministerial y con mayor peso dentro de los movimientos sociales peronistas.

Todo parecía encaminado en el sentido buscado por los “piqueteros oficialistas” hasta que apareció lo que hoy pareciera ser el ordenador mayor de la política argentina: el Fondo Monetario Internacional (FMI).  Mientras algunos proyectaban reforzar sus estructuras de cooperativas y productivos, el ministro de Economía, Sergio Massa, avanzaba en sentido contrario y se disponía a cumplir con uno de los requerimientos que el organismo internacional le exigió a principios de año y que apuntaba a una reducción importante del padrón de planes sociales[1]. El último 6 de febrero, publicó a través del boletín oficial la resolución 63/2023 que obliga a cada ministerio a pedir permiso a Economía para reasignar aquellas partidas que no se ejecuten o provengan de los ajustes en curso[2].

[1] “Potenciar Trabajo, con bajas: los próximos recortes de planes sociales previstos con el FMI”, el Cronista Comercial, edición del 16 de enero de 2023.

[2] “Los ministros tendrán que pedirle permiso a Massa para hacer cambios en sus presupuestos”, La Nación del 6 de febrero de 2023.

La UTEP contra Tolosa Paz por el plan “Volvé a estudiar”

Por Laura Vales

Los movimientos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) cargaron contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y le pidieron que “deje de hacer anuncios vacíos de contenido para lanzarse como candidata”. La crítica tiene que ver con el lanzamiento del plan “Volvé a estudiar”, que presentó la funcionaria. Con este plan, los titulares del Potenciar podrán elegir como única contraprestación la terminalidad de la escuela primaria o secundaria. Para la UTEP, se trata de una «respuesta marketinera que nada tiene que ver con las necesidades» del sector. “Necesitamos que se vuelva a la esencia del programa, fortalecer a la economía popular y sus unidades productivas, garantizar compras estatales como es el caso de los guardapolvos a los polos textiles”, remarcó la organización, donde interpretan que, disfrazándolo de interés por la educación, el gobierno apunta a invertir menos en herramientas, insumos y acompañamiento para los trabajadores de la economía popular.

La discusión es sobre la política social, pero en 2023 ninguna medida referida a los planes puede escapar a la campaña. Menos que menos si tiene como protagonista a Tolosa Paz: de alta exposición mediática y siempre cercana al Presidente, en estos días circularon versiones sobre que la ministra se presentaría como precandidata a gobernadora. Esta versión tuvo el vuelo necesario para que un medio se la planteara al gobernador Axel Kicillof. «No lo había visto», contestó él sobre la publicación que habló de la candidatura de Tolosa Paz, «pero aprovechó para decir que obviamente el que quiera tener una PASO, que quiera competir, que lo haga». Se dijo también que Kicillof, que se descuenta se presentará por la reelección, no ve mal la posibilidad de salir fortalecido en una eventual interna bonaerense en el Frente de Todos. Pero en el equipo de Tolosa Paz desmintieron su candidatura. «Está enfocada en el plano de la gestión», aclararon.

Las críticas  

Aunque el anuncio del plan «Volvé a estudiar» cayó mal en toda la Utep, la más frontal en expresar los cuestionamientos fue Dina Sánchez, referenta del Frente Popular Darío Santillán y parte del espacio político de Juan Grabois.

“Para empezar, la propuesta educativa en el Potenciar ya la impulsó la ministra macrista Carolina Stanley”, publicó la referenta en las redes sociales. Aludió así a un hecho que tal vez no todos tengan presente: tras asumir, el gobierno de Mauricio Macri desarmó todas las cooperativas y emprendimientos productivos que habían sido creados durante el kirchnerismo con el apoyo del ministerio de Desarrollo Social. Eran cooperativas que tuvieron una escala mucho menor que la del Potenciar -ya que había menos planes que hoy-, pero en las que se buscó, desde el Estado, apoyar la creación de trabajo de tipo autogestivo, en los sectores más empobrecidos. Fue la época en la que el Estado comenzó, por ejemplo, a comprarle guardapolvos a los polos textiles.

El criterio del macrismo, en cambio, fue que todos los titulares de planes sociales debían ir a estudiar, sostenido en el incuestionable argumento de que el estudio amplía las posibilidades de acceder a un empleo.

Pero, ¿es tan simple? Aquella medida fue impuesta sin ningún tipo de planificación y en los barrios populares todavía cuentan cómo faltaban vacantes (de hecho, muchos movimientos terminaron resolviendo el problema con la creación de bachilleratos populares). Por supuesto, se desintegraron la mayoría de los emprendimientos que la venían peleando, porque el Estado se desentendió de acompañar y sostener a las cooperativas. El eje de la política social se redujo a pedir el certificado de escolaridad y depositar mensualmente el plan.

Es en base a esos hechos de la historia reciente que Sánchez planteó a la ministra Tolosa Paz “que no venda humo” y “reconozca el trabajo de la economía popular”.

La UTEP publicó a su vez un comunicado. Subrayó el concepto de que el Potenciar es un salario social complementario creado para mejorar los ingresos de personas que están trabajando en la economía popular: cartoneros, costureros de los polos textiles, trabajadores de obras de mejoramiento barrial, feriantes, vendedores ambulantes, comunicadores de medios populares tienen con el Potenciar un ingreso que complementa lo obtenido en sus actividades. Están, además, las trabajadoras sociocomunitarias -cocineras y trabajadoras de espacios de cuidados- que son mayoría dentro del programa, porque la demanda en los comedores populares continúa siendo muy alta. 

Se pregunte a la organización que se pregunte, el reclamo es que el ministerio adeuda las herramientas e insumos prometidos para sostener las actividades productivas, o que entrega con demora y dificultades los alimentos para comedores y merenderos. Es decir, en los movimientos esperaban medidas dirigidas al fortalecimiento de estos aspectos del programa. Según señaló recientemente el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, hoy sólo el 5 % de los fondos del Potenciar son destinados a herramientas e insumos.

La UTEP denunció por otra parte que el gobierno nacional está ajustando el programa Potenciar, “siguiendo los lineamientos del FMI”. Los movimientos inscriben en ese recorrido tanto a la decisión de no otorgar nuevos planes, tomada por el antecesor de Tolosa Paz, Juan Zabaleta, como a la baja de 100.000 titulares durante la gestión de la actual ministra.

En que consiste el plan Volvé a estudiar

El plan está dirigido a más de 700.000 titulares del Potenciar Trabajo -un número alto, más de la mitad de los beneficiarios del padrón- que al validar sus datos manifestaron que no terminaron la educación obligatoria, pero tienen interés en hacerlo.

Son 132.043 personas que no completaron el nivel primario y 645.477 que no terminaron la secundaria. El 60% de esa población son mujeres. Más de la mitad tienen entre 18 y 39 años, con hijos a cargo.

El ministerio de Desarrollo Social va a convocar a cada una de estas personas mediante un whatsapp en el que podrán ver la oferta educativa disponible en todo el país e inscribirse en la escuela que más les convenga. Si eligen estudiar, su única contraprestación será esa. Cada mes deberán notificar en su unidad de gestión que continúan sus estudios, y trimestralmente deberán enviar el certificado de alumno regular que les da su escuela. Si en algún momento interrumpen su trayectoria educativa, podrán reincorporarse a la tarea socioproductiva o sociocomunitaria que realizaban anteriormente.

Cocineras de comedores sociales exigen al Estado derechos laborales

Las cocineras que manejan los comedores sociales y otros ámbitos de ayuda en los barrios populares de Argentina, donde la pobreza infantil es más aguda, exigen al Estado que les reconozca sus derechos laborales y que visibilice la existencia de más comedores sociales de los que tienen contabilizados.

“Vamos a ir por un proyecto de ley para el reconocimiento de las cocineras. Ya lo escribimos. Lo vamos a ingresar en marzo en el Congreso”, ha declarado María Claudia Albornoz, una de las referentes de la organización social La Poderosa, en una presentación conjunta con Unicef.

“El reconocimiento salarial y el reconocimiento como trabajadoras es fundamental por parte del Estado”, ha afirmado Albornoz, quien también ha reclamado que a las cocineras de los comedores sociales se les reconozca la jubilación, vacaciones y un seguro por accidente de trabajo.

En Argentina, un 66 % de las niñas y los niños sufre de carencias monetarias o de derechos, según el informe de pobreza multidimensional que ha presentado Unicef, con datos del primer semestre de 2022.

El informe también señala que la aceleración de la inflación a casi el 99 % no ha favorecido reducir esta  pobreza “persistentemente” alta.

Trabajo comunitario no remunerado

Unicef ha llegado a esta conclusión al determinar que el 51,5 % de los menores en Argentina vive en la pobreza monetaria. Y que el 42,5 % de las niñas y los niños sufre la pobreza no monetaria, es decir, la privación de al menos uno de los derechos básicos.

Entre estos derechos se encuentran la educación, la protección social, la vivienda adecuada, el saneamiento básico, el acceso al agua segura o tener un hábitat seguro. Unicef también ha compartido que más de 1 millón de niños se salta una comida diaria.

Es por todo ello que través de comedores sociales, lugares de apoyo escolar y de cuidado, el trabajo comunitario busca dar respuesta y una mejor vida al barrio -brindando un plato de comida, un espacio seguro donde aprender o jugar-. Pero este trabajo comunitario no es reconocido ni remunerado.

Reclamo de derechos laborales

La Poderosa estima que hay cerca de 10 millones de personas comiendo en los comedores populares en Argentina.

Y si bien los comedores sociales reciben alimentos y las mujeres que los atienden cobran los llamados planes sociales (ayuda estatal), el Gobierno de Alberto Fernández los está recortando.

Cobrar un plan social equivale a recibir un ingreso mensual, que representa la mitad de un salario mínimo en Argentina, en un contexto de 98,8 % de inflación a enero pasado.

En este contexto, “las redes se sostienen sobre los hombros de las mujeres”, ha aseverado la oficial de Políticas Públicas de Unicef, Carolina Aulicino.

La Poderosa -que reúne a 1.700 trabajadores, 80 % de ellos mujeres- exige así derechos laborales y que el Estado visibilice que existen más comedores sociales que los 5.687 que tiene contabilizados, y que permita registrar más trabajadores que los cinco por comedor que admite actualmente.

Aulicino ha resaltado que cuando la pobreza se remonta a generaciones, las carencias no solo tienen efectos materiales sino también emocionales.

Exigen indulto para Milagro Sala 

Organizaciones que forman parte del Bloque Social por el Trabajo de Argentina se congregaron el jueves 4 de marzo en Buenos Aires, para exigir el indulto para la lideresa social Milagro Sala, quien cumple una condena de 13 años de cárcel por supuesta asociación ilícita y defraudación al Estado.

La protesta empezó frente a la Casa Rosada, sede del poder Ejecutivo, y se trasladó hacia la Plaza de Mayo.

Alejandro Garfagnini, referente de la organización Tupac Amaru afirmó que, a pesar de estar todos los documentos presentados por la defensa para que Sala sea indultada (incluyendo lo referente a su mal estado de salud), esto no ha ocurrido, lo que pone en evidencia que existen otros intereses comerciales y económicos que entorpecen su liberación.

Paco Olveira, del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, expresó por su parte que es hora de que el presidente Alberto Fernández firme el indulto, pues existen todos los argumentos jurídicos de que es constitucional hacerlo.

El pasado mes de diciembre, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 13 años de cárcel para Milagro Sala por supuesta asociación ilícita y defraudación al Estado en lo referente a la causa Pibes Villeros.

El juicio original llevado a cabo en tribunales de Jujuy estuvo plagado de irregularidades como que solo seis de los más de 80 testigos pudieron dar su versión y Sala fue excluida de la audiencia oral por más de 60 días.

La lideresa fue detenida en 2016 cuando las autoridades alegaron que había incitado a la violencia, pues encabezó una protesta en Jujuy contra los cambios impuestos en el programa de cooperativas realizado por el gobernador Gerardo Morales.

El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas relanza proyecto de ley

Hacia fines de los 90, tras una década de políticas neoliberales que intentaron desguazar al Estado y dinamitaron el ya endeble aparato productivo industrial nacional, frente a los sucesivos quiebres de empresas y la retirada de los patrones, trabajadores y trabajadoras encontraron y construyeron una respuesta que hoy es patrimonio de la clase obrera en nuestro país: ocupar, resistir y producir. Así la autogestión obrera, con muchísimas dificultades, comenzó a reemplazar a la tan mentada iniciativa empresaria.

Uno de los actores principales de esta historia es el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) que está cumpliendo 25 años de organización, resistencia y propuesta, y que ha llegado a ocupar un lugar en el Ministerio de Desarrollo de la Nación con la creación de la Dirección de Empresas Recuperadas a cargo de Eduardo “el Vasco” Murúa. El movimiento ha vuelto a presentar en 2022 un proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que propone dar un marco jurídico y ofrecer soluciones a miles de trabajadores que se ven en la situación, no buscada, de ponerse al frente de una empresa para preservar su fuente de trabajo.

Bruno Di Mauro es referente del MNER y trabajador y presidente del laboratorio recuperado Farmacoop, cooperativa que reemplazó a la fallida y varias veces vaciada Roux Ocefa.

Bruno, para arrancar y ejemplificar ¿podés contarnos la experiencia de Farmacoop, desde la retirada patronal y el vaciamiento de la empresa a hoy?

-La recuperación de Farmacop arranca con un conflicto en 2016. Hay un paulatino cierre de las líneas de producción. Eran dos plantas productivas, terrenos, diferentes locales en el interior. Hacia 2017 hay un lockout patronal, y ese lockout nosotros lo convertimos en una ocupación, la primera que hacemos en la planta productiva de Villa Luro (en Medina 138, Ciudad de Buenos Aires). Ya entonces hacemos la propuesta al juzgado comercial donde se tramitaba el concurso de acreedores de darle continuidad a la empresa como cooperativa, en todo caso, en una gestión mixta con un interventor judicial.

A partir de ahí, el paquete accionario del laboratorio se vende dos veces antes de llegar a la quiebra. En ese interín es cuando comienzan los despidos masivos de quienes trabajábamos allí, llegando a septiembre del 2018 ya sin trabajadores en las plantas y con gran parte de la maquinaria robada por la propia patronal. A fines de 2018 se concreta la quiebra del laboratorio.

Mientras tanto los trabajadores y trabajadoras desde fines del 2016 nos pusimos en contacto con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas porque por las señales que veíamos de parte de la empresa era cantado que la situación iba a derivar en una quiebra. Los compañeros y compañeras del MNER con lo que nos asesoramos nos ratifican esa presunción.

Cuando te acercas a otras experiencias te das cuenta de que el modus operandi en general es similar. En todos los casos hay dos o tres formas de vaciar una empresa y llevarlas a su extinción. Muchas veces es una quiebra que está preparada y es fraudulenta. El método de lucha en realidad es bastante sencillo y es algo que se mantiene a pesar de los cambios de época, que es ocupar, resistir y producir.

¿Cuáles son los síntomas a los que un trabajador tiene que estar atento para detectar cuando una patronal está vaciando la empresa?

-En general, arrancan con desdoblamientos de los pagos de salarios o atraso en los pagos del aguinaldo. Muchas veces hay merma de la producción, pero en otros casos lo que hacen es apurar la producción para llevarse lo más posible antes de retirarse.

Una de las cosas que hay que estar atentos cuando se detecta alguna de estas señales, ni hablar si la empresa ya está en concurso de acreedores, es ver los aportes a la seguridad social, ir a ver a la ANSES si la patronal está realizando los aportes de Obra Social y de jubilaciones, porque ahí es donde se produce una de las grandes estafas, no solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino al Estado. El Estado Nacional a partir de diferentes organismos, suele ser un gran acreedor en todas las quiebras.

Después hay que tratar de no negar la realidad, los trabajadores nos damos cuenta cuando la empresa está cambiando, cuando algo está pasando y tendemos a creerle a la patronal o al gerente que tengamos enfrente cuando nos dice que es un problema temporal, que ya va a pasar, que no pasa nada. Eso hace que se estiren los tiempos en los que reaccionemos y ese tiempo perdido en general es clave. Si no, después llegamos un día y la persiana está cerrada o se robaron maquinaria indispensable para seguir funcionando. Hay que despertarse y tratar de reaccionar rápido.

¿Cómo asesorarías a un grupo de compañeras y compañeros que quieren avanzar hacia la recuperación de su empresa y la formación de una cooperativa?

-Primero, le diría que se acerque al MNER o a conocer otras experiencias y que no le tenga miedo a organizarse para hacerlo. Es mucho más sencillo cuando el proceso de recuperación lo hacés a través de una organización y con un respaldo. Muchas veces no es suficiente con los trabajadores y trabajadores organizados de la planta o la empresa porque vas a necesitar asesoramiento jurídico, vas a necesitar respaldo para presentarte en el juzgado. Aparte, vas a necesitar leer el conflicto y hay cosas que uno en el día a día no las podés ver.

Después les diría que la parte más importante y más difícil no es la ocupación de la fábrica, que a veces es el primer paso y el que más miedo nos da; decir nos quedamos a dormir, nos quedamos tomando la fábrica y pensamos que va a venir la policía a matarnos de un día para el otro. Lo más difícil es el “resistir”. Y resistir no es solamente resistir los palos de la policía o resistir un desalojo. Resistir es saber que la reactivación puede tardar días o semanas, como en algunos casos, o meses y años como nos pasa en otros. Resistir es eso, resistir en casa y que la familia nos acompañe; resistir los días y meses de angustia dentro de la fábrica sin saber lo que va a pasar. Hay que prepararse para eso y por eso es importante estar acompañados para resistir económicamente y moralmente.

El movimiento cumple 25 años y están presentando nuevamente en el Congreso una ley de Recuperación de Unidades Productivas, ¿querés contarnos un poco el núcleo de esta ley?

-Esta es una ley que se viene presentando hace casi 20 años, con variaciones, desde que empieza el proceso de recuperación. El movimiento plantea que hace falta una normativa para dar un marco legal a uno de los problemas más transversales a todos los procesos de recuperación que es la seguridad jurídica.

La ley lo que plantea es muy sencillo: que ante los casos de quiebra de una empresa o de abandono de la patronal –las diferentes formas que adquiere el vaciamiento de una empresa– si los trabajadores y trabajadoras pretenden darle continuidad a la explotación de la empresa, el Congreso debe expropiarla. Esa empresa debe quedar en manos del Estado, nunca en manos de la cooperativa. Para que el costo de reactivar la empresa no caiga en el pueblo lo que se plantea es la compensación de los créditos. En general, el Estado Nacional, a partir de los organismos de seguridad social y de la banca pública, es el acreedor principal en las quiebras y, por otro lado, los trabajadores. Entonces entre los créditos de los trabajadores y los créditos que tenga el Estado nacional, en general se puede compensar y el Estado puede hacerse del bien directamente y dárselo en comodato a la cooperativa de trabajadores y trabajadoras por tiempo indeterminado, o mientras perdure el objeto social de la Cooperativa que es básicamente el trabajo.

En el proyecto planteamos un mecanismo para que no haya un costo adicional de parte del Estado para hacerse del bien y buscamos esta figura de propiedad, que no es la propiedad social porque la Constitución no lo contempla como sí lo hacía la de 1949, pero esta cuestión mixta, que la propiedad quede en el Estado pero que sea una cooperativa de trabajadores y trabajadoras los que se hagan cargo del espacio.

Hay cuellos de botella para todas las recuperadas, el capital, los insumos… ¿Esto también está previsto en la ley?

-La ley plantea también un fondo de capitalización que es necesario, sobre todo, en los primeros meses de vida de las cooperativas para poder tener una inyección de capital inicial, en el caso de que no contar con la posibilidad de que algún cliente nos adelante materia prima. También para la renovación tecnológica; muchas veces nos hacemos cargo de fábricas que tienen un atraso tecnológico de decenas de años y es importante que las empresas que recuperemos puedan ser competitivas para poder perdurar en el tiempo.

Me imagino que el crédito es uno de los puntos fundamentales que a las recuperadas les cuesta muchísimo.

-Tenemos un problema financiero en las empresas que es la inviabilidad de acceder a crédito por la imposibilidad de presentar garantías; al no ser dueños de la propiedad es muy difícil acceder al crédito del tamaño que necesitamos. Muchas veces somos empresas grandes, con una magnitud que sin tener la propiedad como garantía es muy difícil obtener un crédito. Incluso los bancos cooperativos tienen el limitante porque es una normativa del Banco Central, entonces tenemos una imposibilidad de acceso al crédito por la banca privada y pública. A la vez, los créditos que ofrece el Estado a partir del sistema no bancario son minúsculos. Nosotros planteamos que no queremos solamente subsidios, somos un sector de la economía popular que estamos en condiciones de devolver lo que se nos presta, pero no tenemos acceso al crédito. Sobre eso estamos trabajando.

¿Cómo está el trámite parlamentario de la ley? ¿Qué apoyos tienen?

–Tenemos alrededor de 30 firmas de diputados y diputadas, sobre todo del Frente de Todos, pero también hablamos con otros bloques que acompañarían la ley si llegara al recinto. Hoy el proyecto está en cuatro comisiones, venimos hablando con los representantes de cada una de las comisiones para que se haga una intercomisión y que se pueda sacar dictamen en conjunto para que llegue al recinto. El proyecto lo presentó Leo Grosso acompañado de María Rosa Martínez y Daniel Arroyo. También tuvimos el acompañamiento de Germán Martínez, el presidente del bloque. Somos optimistas, no nos queda otra y creemos que es un proyecto que, si nos dan la oportunidad de explicarlo, no hace agua por ningún lado y va a ser acompañado por la gran mayoría de la Cámara de Diputados y eventualmente de la de Senadores. En estos días, estamos lanzando una campaña pública desde el movimiento para visibilizar el proyecto y para juntar adhesiones.

Entrevista: Nahuel Croza

Feriado de Carnaval récord: mutuales y cooperativas de turismo tuvieron ocupación del 100%

El primer fin de semana largo del año batió todos los récords. Es que durante el feriado de Carnaval viajaron casi tres millones de turistas por la Argentina, lo que significa un 6,4 % más que el año pasado, quienes gastaron un total de $106.704 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

Las cifras, difundidas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), coinciden con lo que vivieron las mutuales y cooperativas de turismo, un rubro que crece en participación en el país. «Lo nuestro es atípico, continuamos llenos, más de 1.100 personas», afirmó el presidente de Residencias Cooperativas de Turismo (RCT), Juan Torres. Se trata del titular de una de las asociaciones turísticas más importantes de la costa atlántica, ubicada en Chapadmalal.

«Si bien nosotros tenemos más de 6.000 socios en el país, han venido no socios. Tuvimos comparsas, murgas, fiestas de disfraces, actividades que la gente disfrutó mucho», explicó el presidente de RCT, que también indicó que la reactivación turística se debe también a que «los días fueron ayudando, más allá de unos días fríos».

Por otra parte, y desde Cuyo, Alfredo Cruz, de la cooperativa Laguna Brava de La Rioja, evaluó: «Fue positivo el fin de semana largo, hubo un gran movimiento donde todas las cooperativas y agencias de viajes trabajaron bien. Nosotros ocupamos el 60 % de los traslados a Laguna Brava o Volcancito. Y la ocupación hotelera estuvo en un 90 %. A nivel provincial el destino turístico más elegido fue el Parque Nacional Talampaya».

En otro punto del país, más precisamente en los Esteros del Iberá en San Miguel (Corrientes), desde la cooperativa Yasi Bera informaron que durante el fin de semana largo «con los carnavales y comparsas, hubo un 100% de ocupación hotelera». Así lo afirmó Wilda Ramírez, miembro de la asociación de trabajadores que se dedican al turismo rural y comunitario.

El fin de semana de carnaval récord se da en la previa de lo que va a ser la nueva reunión de la Mesa de Turismo Cooperativo, Mutual y Comunitario, que va a sesionar el 28 de febrero en Buenos Aires. La misma cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo y contará con la presencia de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), la Federación de Cooperativas “Entidades Solidarias para la Ayuda Mutua” (FEDESAM), y las Federaciones de Tucumán, Salta, Mendoza (FEMUM), Santa Fe y San Juan.

Por primera vez, una cooperativa de cuidados se suma al sistema público de salud 

Tras un convenio con la Secretaría de Salud Pública de Rosario, la Cooperativa de cuidados “La Fuerza del Oeste” se convirtió en la primera cooperativa de este tipo en sumarse al sistema público de salud. Las tareas se desarrollan en el Hospital Víctor J. Vilela, de la citada ciudad santafesina.

La secretaria de la cooperativa, María de los Ángeles Carranza, detalló: “Si bien nosotros en la cooperativa brindamos servicios de cuidado a niños, adolescentes y adultos mayores, tratando de abarcar todas las etapas de la vida, en este caso puntual la Secretaría de Salud de Rosario nos convoca para realizar tareas de cuidado en niños y adolescentes con padecimientos de salud mental”.

“Estas tareas están sujetas al tratamiento delineado por el equipo de salud que trata los diferentes pacientes. Actualmente, somos siete trabajadores y todos llevamos a cabo de diferentes tareas tanto de cuidado como administrativa, tratamos de ir rotando”, explicó la secretaria de la Fuerza del Oeste, y agregó: “Estamos con muchas ganas de sumar nuevos asociados para poder crecer como cooperativa”.

En la sala donde trabajan hay niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones críticas. Frente a esta oportunidad laboral inédita para una cooperativa del sector, María de los Ángeles Carranza aseguró: “Para nosotros la celebración del convenio sienta precedente para que el Estado construya políticas públicas junto a los trabajadores de la Economía popular. La participación de las cooperativas es importante en las tareas de cuidado, ya que pone en valor la tarea del cuidador y la cuidadora como una alternativa al trabajo informal”.

“Creo que también resignifica el conocimiento popular de los barrios, de las mujeres que cuidan familiares; estas tareas de cuidado generalmente están asignadas a la mujer exclusivamente y no se obtiene una remuneración”, agregó la secretaria de la cooperativa.

En este mismo sentido, expresó: “La cooperativa viene a poner un marco de formalidad y darle esa visibilidad a este trabajo que muchas veces no está ni bien remunerado, ni está arreglado. A muchas mujeres las convocan para hacer una tarea de cuidado y terminan haciendo tareas de limpieza, que no forman parte de la tarea propia del cuidador. Entonces, creo que por eso también es importante la participación de las cooperativas”.

Wos se calzó la gorra de los obreros de Zanón

El viernes 17 de febrero el reconocido artista Wos se pronunció en favor de las gestiones obreras. Fue al encontrarse con Raúl Godoy, uno de los referentes de la cooperativa Fasinpat , ex Zanón, y no dudó en fotografiarse con la visera que es un símbolo de una de las experiencias más importantes de trabajo sin patrones en la Argentina desde hace más de dos décadas.

La vida después del Bauen

«Con compañeros que ya nos conocemos hace años estamos interviniendo en distintos proyectos», comienza diciendo el vicepresidente de la cooperativa Bauen y presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), Federico Tonarelli. Habla de la vida de los trabajadores después del cierre del Hotel Bauen: «Algunos compañeros se salieron del movimiento cooperativo y están trabajando de seguridad, en hotelería o están jubilados, otros iniciaron proyectos personales. La dispersión del grupo fue medio inevitable; sobre todo, por no haber podido resolver rápidamente lo del nuevo edificio».

Sin embargo, hubo un grupo que siguió con el horizonte puesto en el asociativismo y la economía solidaria. «En ese marco, surgieron las tres nuevas cooperativas», adelanta Tonarelli. Todas tienen a ex trabajadores y trabajadoras del Bauen, que junto con compañeros de otras experiencias idearon nuevos proyectos y hoy se esfuerzan por consolidarlos.

Dos son cooperativas gastronómicas, en sintonía con el boom de la época: Los Carpinchos, que va a administrar el bar del Centro Cultural Haroldo Conti (en la ex ESMA, Av. del Libertador 8151); y Sweet Canela, que trabaja en el Centro Cultural de la Cooperación (CCC, en Av. Corrientes 1543). La tercera experiencia es una agencia de turismo llamada Cooperativa Rutas Argentinas y que funcionará en Av. Cabildo al 1700.

«Sweet es el proyecto que más recorrido tuvo en este tiempo y la más pura de los ex Bauen, aunque son poquitos por ahora, son cinco compañeros, porque el bar de la CCC da para pocos todavía», explicó el presidente de FACTA y adelantó: «Cooperativa Los Carpinchos somos compañeros de la cooperativa Bar La Cacerola y yo que vengo del Hotel. Su apertura sería después del Carnaval, y es una lotería aún saber cómo nos irá».

Por último, la cooperativa Rutas Argentinas está integrada por siete trabajadores ex Bauen junto con compañeros de la Cooperativa Escuela Mundo Nuevo y la de lácteos La Ciudad (Séptimo Varón). «Si bien aún el proyecto está en sus inicios, ya tiene matrícula y CUIT y está tramitando el legajo de agencia de turismo en el Ministerio», explicó Tonarelli. De concluir con esos trámites, podrán incursionar en el mundo de los pasajes y paquetes de viajes.

La reapertura del Hotel Bauen, ese sueño que no se apaga

Para el Mundial de 1978, la firma Bauen S.A. consiguió un crédito blando por parte del gobierno de facto para construir el hotel y albergar a turistas. El titular de la compañía era Marcelo Iurcovich, quien tenía fluidos contactos con la Armada Argentina.

En los 90, Iurcovich le vendió el hotel a una empresa chilena, pero ellos solo pagaron una parte y después fueron a la quiebra. Corría el año 2001 cuando los trabajadores del Hotel Bauen vieron cómo la crisis económica, política y social desatada por el neoliberalismo de los presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa terminaba con sus puestos de trabajo. En esos días de tensión y angustia, nació la cooperativa, que gestionó el edificio por más de 17 años y tenía cerca de 1.000 personas por día, entre huéspedes, comensales y asistentes de actividades culturales y sociales.

Tras el cierre en octubre del 2020, el sueño sigue siendo volver a abrir el hotel y recuperar los puestos de trabajo. Para ello hicieron presentaciones ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y solicitaron un edificio ubicado en Rivadavia 4615. Pero este 10 de febrero se conoció que el mismo fue cedido al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos «Madres de Plaza de Mayo».

«A estas tres cooperativas que hablamos, se le sumaría la cuarta, que es la cooperativa del hotel Bauen. Dependemos para poder avanzar de las negociaciones que, con la AABE, estamos motorizando para conseguir un edificio estatal en comodato (cesión gratuita del espacio). Pero hasta ahora no pasa nada. Si conseguimos un edificio habría un rápido reagrupamiento de los compañeros, de eso no tenemos dudas», cerró Tonarelli.

Primer Congreso Nacional por la Tierra, la producción y nuestra casa común

 Organizado por la Federación Nacional Campesina, se llevará adelante el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de marzo, frente al Congreso de la Nación y en el Centro Recreativo de Ezeiza. “El congreso estará teñido por la difícil situación de crisis que estamos pasando, agudizada por las sequías, incendios, granizos y heladas que ponen al borde de la desaparición a miles de campesinos y campesinas”, expresaron desde la Federación.

El viernes 10, de 9:00 a 14:00, se desarrollará la Feria Federal de la Agricultura Familiar, la Pesca Artesanal y de las Economías Regionales. En ese marco, a las 12:00 habrá conferencia de prensa y acto de apertura.

En tanto, el fin de semana las actividades se trasladarán al Centro Recreativo Nacional (CERENA) de Ezeiza, donde se realizarán talleres y debates. El domingo, a las 12:00, será el momento de la lectura de conclusiones y el acto de cierre.

“En la actualidad, sólo el 1% de los terratenientes poseen más del 40% de la tierra. A su vez, 4.500 pools de siembra concentran más del 75% de la producción y 5 empresas extranjeras aglutinan casi la totalidad de las exportaciones provenientes del sector rural. Son los sectores que han ganado y lo siguen haciendo. La siguen levantando en pala. Esta situación tiene consecuencias en materia económica, política, social y de carácter ambiental, no solamente para los campesinos, sino que golpea a todos los trabajadores/as, la industria nacional y demás sectores populares. Con este Congreso, buscamos generar un espacio de discusión e intercambio, que potencie la unidad y la lucha por las emergencias campesinas y populares y la pelea por políticas y medidas que garanticen el acceso a la tierra para quien quiera trabajarla”, afirman desde la Federación en la convocatoria a este primer congreso.

“De ningún partido político tuvimos una respuesta concreta para el acceso a la tierra”

Zulma Molloja es integrante de la Unión de Trabajadores/as de la Tierra y produce en el cordón hortícola de La Plata. Reivindica el rol de las mujeres del campo, valora la convocatoria al diálogo de Sergio Massa, pero también exige medidas concretas para el sector. “Al Frente de Todos se lo acompañó pero debería trabajar más en lo que exigimos”, afirma.

Zulma Molloja productora agroecológica de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT). Es migrante y trabaja en el cordón hortícola de La Plata. Es promotora de género y celebra con entusiasmo que hoy «las mujeres ya no nos callamos más». A partir de su propia experiencia explica cómo la falta de compromiso político con la Ley de Acceso a la Tierra afecta la vida cotidiana de miles de trabajadoras y trabajadores rurales. «En mi caso me tuve que ir de tres quintas y tuve que dejar todo, hasta los árboles de durazno que planté, sacar a mis hijos de la escuela y empezar de cero en otro lado», relata.

La UTT nuclea a 22.000 familias productoras de alimentos, organizadas por grupos de base en 20 provincias. Se dedican a la producción de frutas y verduras, a la crianza de animales y a la producción de granos y lácteos. Su proyecto político apunta a la soberanía alimentaria, a la tenencia de la tierra para pequeñas y pequeños productores y al comercio justo. Desde ese marco propositivo integran la Mesa Agroalimentaria Argentina y, a lo largo de los años, a través de acciones en el espacio público contribuyeron a visibilizar la agenda del campo que, afirman, produce el 60 % de lo que consumimos en el mercado interno.

En un año electoral, Molloja analiza el reciente encuentro con Sergio Massa —cuyos anuncios posteriores respondieron principalmente a demandas de la Mesa de Enlace—, evalúa los tres años de gobierno de Alberto Fernández y enfatiza la necesidad de que se apruebe el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, que impulsan desde 2016.

—¿Qué evaluación hace del gobierno del Frente de Todos en materia de políticas agropecuarias? 

—En estos tres años lo que conseguimos como pequeños productores fueron las colonias. Hicimos acuerdos con intendentes: por ejemplo en Castelli pudimos establecer una colonia agroecológica para nueve familias. También en Gualeguaychú y en Cañuelas. Se hicieron acuerdos sobre terrenos abandonados para construir viviendas para las familias productoras y que puedan trabajar allí. No son muchos municipios hasta el momento, pero de a poco van saliendo. Más allá de esto, no hubo respuestas en relación a la Ley de Acceso a la Tierra. No es algo que decimos solo ahora sino que lo venimos peleando desde 2016. Lo que queremos son créditos blandos para tener un pedazo de tierra e implementar la agroecología.

—¿Cuál es el balance de la reciente reunión con Sergio Massa?

—Estuvo bien que el ministro de Economía se quiera reunir con el campo, con el pequeño productor. Pensé que no iba a suceder porque no nos habían tomado en cuenta. Esperemos que esta vez nos den respuestas y que no sean dichos nada más, porque siempre nos prometen cosas, pero nunca suceden. Massa nos convocó para ser parte de una mesa de trabajo y avanzar con políticas públicas. En el camino se irá viendo, le damos tiempo al tiempo pero seguiremos en la lucha mostrando que somos el verdadero campo que alimenta.

—¿Cuál es su opinión sobre las medidas que anunció el ministro de Economía tras el encuentro?

—Me parece bien el apoyo al pequeño productor. Ojalá que se nos visibilice, como dice Massa. Creo que se va a poder trabajar, es necesario que se avance y que el pueblo pueda contar con una alimentación sana, segura y soberana a precios accesibles. En cuanto a nosotros como productores, muchas veces sufrimos temporales o situaciones de ese tipo y no tenemos respuestas. Es lamentable que recién ahora se den cuenta y decidan recibirnos. Me sorprende que Massa esté de acuerdo con nosotros. Si quiere trabajar en conjunto con los pequeños productores, debe priorizar el alimento y el campo. Esperemos que ocurra eso.

—Usted mencionaba la Ley de Acceso a la Tierra. ¿Por qué considera que no avanza este proyecto de ley?

—Sinceramente no lo entendemos. Es un proyecto de ley que, de sancionarse, establece créditos blandos para comprar un pedazo de tierra para trabajar, porque nosotros alquilamos con un contrato de arrendamiento de dos a tres años que a veces se cumple y otras no. Los productores vivimos en lugares donde no hay caminos, donde no hay transporte y donde muchas veces nuestros hijos no pueden ir a la escuela. Nuestras casas son casillas de madera con cuatro palos, que se llevan los temporales o se queman en incendios y te quedás solo con lo que tenés puesto. Es triste para nosotros vivir en esas condiciones siendo que somos el campo que cultiva la lechuga, el tomate, el morrón que se sirven en las mesas de los argentinos. Pero la gente no ve eso, ve “el gran campo” y a ese campo sí se ayuda, pero no al pequeño productor. Esperemos que el proyecto salga porque los dueños de las tierras y las inmobiliarias hacen lo que quieren. Los campos que antes se dedicaban a la producción hoy se están vendiendo para loteos. Nos capacitamos en agroecología, a veces nos visitan los técnicos del INTA para ver si realmente estamos produciendo de forma agroecológica. Nosotros siempre estamos haciendo cursos y enseñando a otros compañeros, pero necesitamos la tierra para trabajar.

—¿Qué otras situaciones les genera, como productores, la falta de tenencia de la tierra?

—Nos aumentan cada seis meses el alquiler. Sobre eso no hay control, como tampoco lo hay sobre los agroquímicos que envenenan la tierra. Desde la UTT peleamos por la agroecología: hay compañeros que quieren transicionar a la agroecología pero no pueden porque tienen que pagar el alquiler del 1 al 10 de cada mes. Entonces echan un químico para que el cultivo crezca rápido y con eso pueden pagar. Porque si no, te dicen “sacá tus cuatro palos y te vas”. Es muy difícil hacer agroecología en tierras que no son propias y a algunos compañeros no les queda otra que seguir envenenando la tierra porque hay que pagar el alquiler para que no te echen con tus hijos. En mi caso me tuve que ir de tres quintas y tuve que dejar todo, hasta los árboles de durazno que planté, sacar a mis hijos de la escuela y empezar de cero en otro lado. Mis hijos me decían “mamá, ¿otra vez nos tenemos que ir?”. Esa es nuestra realidad: no respetan los contratos, nos echan, nos desarman las casas y los invernaderos. Ahí no hay nadie que nos acompañe. Y como productores somos muy importantes.

—¿En qué sentido?

—Me di cuenta en la pandemia, donde como pequeños productores seguimos trabajando para llevar el alimento a la mesa de todos. Nos solidarizamos con los comedores barriales, donde se estaba comiendo fideos con puré de tomates y nada más. Empezamos a llevar camiones de verduras y a donarlas. Hubo un desabastecimiento total y la gente venía a comprarnos. La vacuna para nosotros no estaba e incluso murieron muchos compañeros por el Covid, porque no éramos considerados esenciales. Pero si no hubiéramos producido en ese tiempo, hubiera faltado la cebolla, la zanahoria, la papa. Somos más de 16.000 compañeros en 20 provincias y no solamente producimos hortalizas, sino también frutas, carne, miel y leche. El campo que alimenta no fue visibilizado en todos estos años, no hubiera sido visibilizado si nosotros no salíamos a la calle con los verdurazos, con los tractorazos. Fue una lucha de muchos años.

—¿Cree que, en este año electoral, queda margen político para impulsar medidas para la agenda campesino-indígena?

—Hay que ver. Nosotros ya no sabemos si creer o no. Mauricio Macri nunca hizo nada por el pequeño productor pero con este Gobierno tampoco hay avances en relación a la tierra. De ningún partido político tuvimos una respuesta concreta para el acceso a la tierra. Al Frente de Todos se lo acompañó pero debería trabajar más en cuanto a lo que exigimos, porque los compañeros se cansan. Dicen que todos los políticos son iguales. Y como organización tenemos que golpear las puertas para que nos vean, porque la UTT no se hizo de un día para el otro, fueron años de verdurazos, acampes, tractorazos. De esa forma nos visibilizamos y en ese camino hay que seguir. Así como Massa nos tomó en cuenta, también lo tiene que hacer el presidente Alberto Fernández, que se sacó una foto con nosotros que decía “Yo apoyo la Ley de Acceso a la Tierra” y luego no pasó nada. No queremos que nos regalen nada, trabajamos de sol a sol, bajo la lluvia, con nuestras familias y queremos pagar, pero en lugar de un alquiler, queremos pagar un crédito por la tierra.

—Me decía que hubo un apoyo de la UTT al Frente de Todos pero que no tuvieron las respuestas esperadas. ¿Hay alguna autocrítica en ese sentido?

—Sí, porque si no golpeamos la mesa no nos escuchan. Quizás estén pensando ahora en empezar a trabajar estos temas.

—Una de las últimas medidas del Gobierno fue la creación del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ¿Cuál es la agenda urgente de trabajo para este organismo? 

—Lo principal es la Ley de Acceso a la Tierra, el impulso de la agroecología y de la soberanía alimentaria.

—¿Qué le dirías a la ciudadanía que aún no cree necesarias las políticas de acceso a la tierra y de soberanía alimentaria? 

—Que tienen que ver lo que comen: la leche, la carne, los huevos, ese tomate, ese morrón, esa lechuga, esa acelga. A eso lo producimos nosotros, el verdadero campo que alimenta. Y es triste que no lo valoren, porque nosotros no somos los grandes terratenientes que plantan soja y maíz transgénico, que envenenan las tierras, que no aportan nada, que lo que producen lo exportan. Con ellos el Gobierno se sienta y con el campo que alimenta no. De eso la gente se tiene que dar cuenta, de que el verdadero campo somos nosotros. También hay que saber más sobre lo que estamos comiendo: de dónde viene esa verdura, cómo fue producida. Ahí la alternativa es la agroecología.

—¿Cómo lo hacen?

—Producimos de forma agroecológica. Nosotros curamos las plantas de forma natural, recuperando los saberes ancestrales de nuestros abuelos porque, aclaramos, la agroecología no es nueva. Y también siempre recordamos que fueron las grandes empresas multinacionales las que vinieron a imponerse, envenenando la tierra y sacándonos la poca plata que teníamos. Y eso pasa también en nuestros cuerpos con las empresas farmacéuticas que producen medicamentos, cuando nuestros abuelos se curaban con yuyos naturales. Ahora cada vez vemos más Coca Cola y más Mc Donalds y no sé adónde llegaremos. Por más que no se tenga una gran extensión de tierra, en un patio o en un balcón se puede empezar a pensar otro modelo de producción de alimentos.

—De los candidatos que asoman para Presidente, ¿a quién apoyaría? 

—En la UTT cada compañero toma su decisión. Si vuelve Cristina, estaríamos todos contentos. Muchos compañeros migramos desde Bolivia y nos identificamos con Evo Morales porque es importante que un indígena-campesino haya llegado a la Presidencia.  Para mí, Cristina es una luchadora como Evo.

FUENTE: Agencia Tierra Viva

¿Cómo gestionar nuestra salud mental de forma colectiva?

Por Prensa FOL

Frente al agravamiento de las condiciones de vida y el aumento de los casos de depresión y ansiedad el FOL busca fortalecer la construcción colectiva de la salud mental.

Contrario a lo que se cree, los padecimientos mentales no son un problema poco frecuente. Estudios de la OMS/OPS dan cuenta de que los trastornos mentales están dentro de las cinco primeras causas de enfermedad en América.  Las problemáticas más frecuentes son los trastornos de ansiedad, del estado de ánimo y los problemas por consumo de sustancias. Además, en Argentina, 1 de cada 3 personas presenta un problema de salud mental a partir de los 20 años.

La pandemia de coronavirus aumentó los casos de depresión y ansiedad. La pérdida de seres queridxs, la preocupación por el bienestar de familiares y amigxs, el aumento de tareas de cuidado y la incertidumbre por el futuro son temas que comenzaron a instalarse en la población y por lo general las personas tienden a aislarse cada vez más.

Por su parte, mientras las organizaciones sociales buscan transformar las condiciones de vida hacia una vida digna, también se enfrentan a esta problemática. Además, se suman las consecuencias de las desigualdades históricas de arrastre. “Durante la pandemia no tuvimos descanso y vivimos situaciones muy duras en los barrios cotidianamente: aumentan los afanos, el consumo problemático, la violencia, la mal nutrición, la imposibilidad de acceder a derechos básicos como vivienda y salud. Problemas que acompañamos a diario y nos angustian, porque cada vez es más difícil el acceso a los mecanismos públicos y redes de ayuda ante estas situaciones. Todo esto hace que nuestra mochila de tensiones sea progresivamente más grande y enfrentemos conflictos cada vez más recurrentes en las asambleas y espacios comunitarios”, evalúan desde las comisiones de Salud del FOL.

La salud mental en muchas ocasiones es un tema tabú. La persona que sufre padecimientos mentales encuentra dificultades para “encajar” en la sociedad donde hay que cumplir con los mandatos sociales y ser productivo en términos del capitalismo. Trabajar, criar y descansar para volver a trabajar se vuelve un ciclo enfermante en medio de la poli-crisis medioambiental, económica, política y social que estamos atravesando. Argentina viene hace varios años en caída salarial y crecimiento disparado de la inflación que vuelve cada vez más difícil poder llegar a cubrir las necesidades básicas y precariza la vida en varios aspectos.

En ese sentido, Poli, compañera de la regional del FOL Mendoza afirma que “La forma en que nos organizamos en el FOL posibilita gestionar cuestiones de nuestra salud mental de manera colectiva”. Explica que, aunque les une la desventaja del hecho de tener un trabajo en condiciones precarias, la organización permite poner los problemas individuales en palabras y trabajarlos en colectivo.

“Las personas dicen explícitamente estoy remal, pero quiero venir porque acá me río, me desconecto de los problemas de mi casa, o dicen a mis compañeras le pasan las mismas cosas que a mí, entonces se trata de construir lazos de compañerismo, encontrar en las otras personas alguien en quien se puede confiar y llorar”, cuenta Poli sobre cómo funcionan los espacios orgánicos del Frente de Organizaciones en Lucha.

La preocupación sobre cómo trabajar la salud mental como un eje en la organización surgió a partir de la participación y formación en un taller sobre salud integral. A partir de ese proceso de formación lxs compañerxs de Mendoza identificaron a la salud mental entendiendo que no está aislada de la salud en general del cuerpo. Pero hay algo específico de la salud mental para atender que es “aprender de qué manera acompañarnos como parte del FOL, dar en nuestras asambleas el debate para priorizar la salud mental, y reconocer que la forma en que nos organizamos, militamos y somos parte de nuestras asambleas y de todos los espacios orgánicos también son formas de favorecer nuestra salud mental”, dice Poli.

Sobre las dificultades que tienen a la hora de construir salud mental en el colectivo, observa: “Que los trabajos sean precarios resulta, en alguna manera, una dificultad a la hora de pensar en la posibilidad de tomar un tiempo necesario para encargarse de la salud y eso tiene aparejadas un montón consecuencias en la salud integral”

Por eso reflexiona: “En el fondo creo que con las crisis estamos en una disputa del tiempo, el trabajo reproductivo, el trabajo militante, y estamos siendo tironeados y tironeadas de modo tal que pararse para encargarse de la salud es casi un privilegio y algo que queda reservado a las personas que tienen un trabajo formal y pueden acceder a una licencia con goce de sueldo”

En este punto, Poli explica que, si bien en su asamblea han contemplado la licencia por salud mental, el estigma y prejuicio que pesa sobre este tema llega hasta el punto de que se traduzca en no animarse a plantear que la persona está angustiada y en un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Además, agrega que entre las compañeras “la mayoría de las conversaciones es lo mucho que preocupa la crisis de los cuidados, sentir que detenerse para ocuparse de la salud propia implica no poder cuidar a los demás, que es sobre todo lo que la mayoría de las compañeras hacen en su vida cotidiana”.

En este contexto, la Ley nacional de salud mental aún no se está pudiendo aplicar; hay dificultades para acceder a la atención en salud pública. “Todo el tiempo hay compañeras preguntando quién me puede recomendar una terapeuta a sabiendas que es prácticamente imposible conseguir un turno en el público”. La Ley establecía que para el 2020 los neuropsiquiátricos debían cerrarse y abrirse otros espacios de salud o reconvertirse en hospitales generales, pero no sucede porque la inversión presupuestaria no se realiza.

Poli destaca las formaciones y capacitaciones que realizan en consumos problemáticos con las profesionales del Sedronar. “Si bien hay déficit presupuestario, cabe destacar que quienes ponen el cuerpo en las instituciones vienen de formaciones piolas, pero se encuentran con la barrera de no tener los recursos”.

Por eso, desde el FOL destacan que frente a la emergencia en salud mental es necesario: “Construir colectivamente que el FOL es ese espacio que nos agrada habitar y compartir dentro de un mundo que se vuelve cada día más hostil y que ser parte del movimiento nos carga de fuerzas para dar batalla para vencer las injusticias de este sistema. Como nos enseñó la pandemia, la organización, la solidaridad y el apoyo mutuo es la salida, porque nos hace más fuertes”.

Organizaciones exigen la derogación inmediata del decreto antiprotestas 91-23

Este lunes 13 de febrero, en la plazoleta IV Siglos, más de 30 organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos de Salta realizaron una conferencia de prensa contra el decreto N°91/23 del gobierno de Gustavo Sáenz, que dispone un «Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas» ante «los reiterados y continuos cortes de rutas ocasionados por manifestaciones públicas», y lanzaron un plan de lucha hasta que la medida sea derogada, que comenzó el martes 14 de febrero, con una movilización al Grand Bourg, y en el interior, las fuerzas se movilizaron a las Gobernaciones de sus departamentos. «El objetivo del decreto claramente consiste en derrotar toda resistencia de la población para hacer pasar el ajuste fondomonetarista», remarcan.

El decreto N°91/23 del gobierno de Gustavo Sáenz, publicado el jueves 2 de febrero en el Boletín Oficial de la provincia, dispone un «Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas» ante «los reiterados y continuos cortes de rutas ocasionados por manifestaciones públicas».

A partir de la medida, las fuerzas de seguridad provinciales pueden actuar ante una protesta que bloquee rutas nacionales sin la autorización de un juzgado nacional ni la intervención de fuerzas federales.

En este marco, más de 30 organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos salteñas convocaron a una conferencia de prensa el 13 de febrero en la plazoleta IV Siglos en la que anunciarán un plan de lucha que comenzó el martes 14 de febrero, con una movilización al Grand Bourg, y en el interior, las fuerzas se movilizaron a las Gobernaciones de sus departamentos.

La medida de lucha se mantendrá hasta que sea derogada la medida, la cual consideran que «habilita la represión de las manifestaciones y luchas de la población en el marco de un plan de ajuste que viene llevando adelante el gobierno».

En la misma línea, las organizaciones remarcan: «el objetivo claramente consiste en derrotar toda resistencia de la población para hacer pasar el ajuste fondomonetarista», afirmó un representante de las organizaciones. En tanto, uno de los convocantes de la conferencia de prensa concluyó: «exigimos la derogación inmediata del Decreto 91-23 y votamos un plan de lucha hasta que caiga».

El decreto se da en el marco de un aumento de la conflictividad social, principalmente en el norte de la provincia, donde la población reclama ante la falta de agua y las abultadas facturas de energía eléctrica que deben pagar mientras soportan altas temperaturas. En ese sentido, las organizaciones señalan que el decreto se da para frenar «la resistencia de parte del pueblo trabajador, de ocupados y desocupados, como la lucha salarial de los autoconvocados de la salud, municipales, vendedores ambulantes, organizaciones piqueteras, activistas que defienden el medio ambiente contra el extractivismo sojero y minero, vecinos que reclaman por la falta de agua y en contra de los tarifazos (como el acampe de Orán frente a las oficinas de Edesa)».

En tanto, días antes, el Sindicato de Prensa de Salta (SiPrenSal) alertó que el decreto determina que «los periodistas no deberán obstaculizar los operativos de la fuerza de seguridad, ni podrán interferir en el desarrollo de los hechos», dado que, además de «dar legalidad a las acciones que criminalizan las protestas, puede causar una censura al trabajo de comunicación».

 

Boletín de empresas recuperadas y movimientos sociales actualizado al 10.3.2023

Fuentes: Telesur, Resumen Latinoamericano, Canal Abierto, Ansol, Prensa FOL, La Izquierda Diario, Anred, Red Eco Alternativo