En el marco de las jornadas “Las memorias locales en la disputa por la democracia”, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó el Registro de la violencia genocida en la Provincia (REVIGE), conformado por fuentes, judiciales, institucionales, archivísticas y de la sociedad civil que permitirá ver la dimensión de la práctica genocida y fortalecerá, al mismo tiempo, los procesos de construcción de memorias locales mediante la emergencia de nuevas historias, muchas veces invisibilizadas en los registros institucionales. La sistematización de esta información ya producida y validada es un aporte a la verdad, tarea que los organismos de derechos humanos y otras organizaciones comenzaron a realizar ya en los años de dictadura.
“La presentación de este registro y en este momento es muy importante porque da herramientas confiables, con datos consolidados, para discutir en la esfera pública con esos sectores, vinculados a la derecha que buscan deslegitimar los avances en los procesos de verdad y justicia por delitos de lesa humanidad. Sistematizar y poner esa información para el acceso público es un gran aporte para contrarrestar esos discursos de impunidad”, destaco Ludmila Da Silva Catela, durante su exposición en las jornadas “Las memorias locales en la disputa por la democracia”.
En ese marco, con la presencia de más de 140 educadores, activistas de derechos humanos y funcionarios judiciales, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó el Registro de violencia genocida en la provincia de Buenos Aires; se trata de un registro abierto que se conformará de información extraída de diversas fuentes: los registros de la CONADEP, los expedientes judiciales de juicios de lesa humanidad y juicios por la verdad, los distintos fondos de las fuerzas represivas que gestiona la CPM, la documentación e información relevada en investigaciones locales, entre otros.
“Se trata de un registro nominal de hechos represivos que nos permite ver la dimensión de las prácticas genocidas y el despliegue de la violencia en los territorios. Hay mucha información que está producida y validada, más allá de la verdad jurídica, que consolida datos y construye verdad”, señaló la directora general de la CPM Sandra Raggio. Entre esas fuentes, destacó los trabajos de Jóvenes y Memoria como fuente de información y emergencia de nuevos relatos. “Sabemos que para muchas víctimas lo que les pasó no está inscripto en ningún lugar, y esa invisibilización afecta la propia subjetividad y produce dolor. Este Registro no clasifica víctimas sino hechos, lo que permitirá visibilizar la magnitud de la violencia genocida en sus múltiples dimensiones.”, agregó Raggio.
“El registro releva los hechos represivos que sucedieron en la provincia de Buenos Aires desde 1974, con el decreto de Estado de sitio, hasta 1983. E identifica como casos, hechos y prácticas represivas todos aquellos delitos de lesa humanidad que fueron incorporados por el Estatuto de Roma, desde la desaparición forzada hasta el desplazamiento forzoso tanto externo (exilio) como interno, conocido aquí como ‘insilio’”, explicaron en la presentación del registro la directora del programa Justicia por delitos de lesa humanidad Claudia Bellingeri, la directora de Gestión y preservación de archivos Julieta Sahade y la directora de Investigación y sitios Samanta Salvatori.
“Surge de la necesidad de registrar lo que pasó y de unir las distintas fuentes producidas tanto por el Estado como por las familias, los organismos de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. Ese registro es una tarea que iniciaron las familias de las víctimas durante los años de dictadura, que el Estado empieza a sistematizar por primera vez con la CONADEP y que siguió de distintos actores durante estos 40 años de democracia”, agregaron.
Durante la presentación se marcaron algunos datos que surgen de los primeros trabajos sobre el registro; una de las fuentes es la Justicia, ya se relevaron 93 sentencias de juicios por delitos de lesa humanidad, donde se registraron hechos represivos, represores y víctimas. Otra de las fuentes está constituida por las producciones de Jóvenes y Memoria, desde 2002 hubieron 1.137 investigaciones sobre desaparecidos.
Otra importante fuente de información es el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que la CPM tiene bajo su custodia desde 2001; en todos estos años, se recibieron más de 15.000 consultas de información personal sobre el espionaje realizado por la fuerza policial. Durante la presentación, también se exhibió el legajo 2703 de la Mesa Ds (delincuentes subversivos) en donde se contabilizan 9.000 personas detenidas bajo disposición del Poder Ejecutivo Nacional y más de 1.300 solicitudes de captura.
El fondo documental de legajos e historias clínicas de personas detenidas durante la dictadura en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense y el del Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval zona mar argentino norte forman parte también de las fuentes que se integran.
Asimismo, la CPM repuso la experiencia del organismo con la creación en 2010 -junto al GESPyDH del Instituto Gino Germani de la UBA y la Procuración Penitenciaria de Nación- del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o malos tratos (RNCT). “Fue un registro que surgió del monitoreo y de las entrevistas con las víctimas, el testimonio de las víctimas nos permitió conceptualizar de manera amplia la tortura y comprender la marca que esas prácticas violatorias de los derechos humanos producían en sus subjetividades. Conceptualizar esos 11 tipos de tortura, centrada en el padecimiento de las víctimas, fue una apuesta política de la Comisión. En esa experiencia se inscribe la que hoy estamos presentando”, remarcó el secretario ejecutivo e integrante de la CPM, Roberto Cipriano García. «Asistimos a políticas regresivas en la Argentina, en cuanto a la conceptualización y registro de la tortura y este desafío de registrar lo ocurrido en la dictadura se enlaza con lo que ocurre en el presente y que se intenta ocultar», agregó.
“Como ocurre con este nuevo registro que se presenta, cuando empezamos el RNCT teníamos claro la necesidad de registrar no sólo la víctima sino también el alcance de las violencias que padecen. Si registramos sólo la víctima no estaríamos sabiendo qué está pasando en las cárceles, porque el padecimiento de las víctimas está marcado por la cantidad y combinación de los hechos de tortura”, comentó el director del programa de Producción y Análisis de la información, Ariel Lede.
Después de la presentación, se generó un espacio de intercambio con el público que asistió al acto, entre quienes estuvieron además de educadores y activista de los derechos humanos, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal de La Plata, Ana Cotter, el investigador Héctor Barbero, y la abogada querellante en juicios de lesa humanidad Guadalupe Godoy.
En ese diálogo, se compartieron algunas observaciones sobre los límites de la fuente judicial con respecto a otras archivos documentales, las implicancias para su registro que tiene la definición de genocidio y los marcos temporales que se utilicen, y también se compartió el desafío de aunar esfuerzos para recuperar esa información producida en los territorios sobre las víctimas y prácticas represivas.
“Es un motivo de celebración este registro porque abrirá la posibilidad de escucha en una escala local que nunca se hizo y permitirá, a partir de la escucha de la Comisión, la emergencia de memorias subterráneas, aquellas memorias que no fueron consideradas por las sentencias o las políticas de memoria institucionalizada. En ese sentido, estoy segura que este registro no sólo es preparatorio sino que dará mayor densidad a los procesos sociales y fortalecerá las memorias locales”, cerró Ludmila Da Silva Catela.