Este domingo se cumplieron tres años de la última vez que se vio con vida a Facundo Astudillo Castro; 107 días después de la desaparición, sus restos fueron encontrados en una ría de la zona de Villarino Viejo. A pesar de los indicios sobre la participación de la policía bonaerense en el hecho, la causa no tiene imputados y, desde que la jueza Marrón fue apartada, se avanzó aunque con poca celeridad en algunas medidas de prueba solicitadas por la fiscalía, la querella familiar y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que interviene como querella institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Tampoco hay avances en las denuncias por mal desempeño de los primeros funcionarios judiciales federales que intervinieron en la causa: la jueza María Gabriela Marrón y el fiscal Ulpiano Martínez.
“Qué madre quiere buscar a su hijo desaparecido, llevarlo en remeras, un mural, una plaza. Me queda pelear por justicia, me queda sólo luchar”, dijo Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro luego de colocar en la plaza ubicada en el predio del ferrocarril el cartel con el nombre de su hijo.
En las instalaciones de la vieja estación funcionaba El semillero cultural de Pedro Luro, un espacio de arte al que asistía Facundo y con el cual participó de Jóvenes y Memoria, el programa de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Ahora, por ordenanza 3780, el Concejo Deliberante decidió que la plaza del predio lleve su nombre. Es una de las formas de recordar y homenajear a Facundo al cumplirse tres años de su desaparición seguida de muerte.
Mientras tanto, la causa que debe investigar qué pasó con el joven de Pedro Luro tiene pocos y lentos avances. A pesar de los indicios sobre la participación de agentes de la Policía Bonaerense en el hecho, en la justicia no hay ningún imputado.
El 30 de abril de 2020, en plena pandemia, Facundo Astudillo Castro salió desde su casa con la intención de viajar a dedo hasta Bahía Blanca, fue la última vez que lo vieron con vida; 107 días después, sus restos fueron hallados por pescadores en una zona de cangrejal del canal Cola de Ballena, en Villarino Viejo.
Por la investigación se sabe con certeza que el día de su desaparición, Astudillo Castro fue detenido por funcionarios policiales en Mayor Buratovich y Teniente Origone; testigos de la causa declararon que, en esa última localidad, vieron como el joven era interceptado por un patrullero policial. En el marco de las medidas de prueba realizadas, Cristina Castro identificó como propiedad de su hijo un souvenir de madera en un depósito de la dependencia policial de Origone. Por otra parte, también se encontró un pedazo de piedra de turmalina, similar al collar que llevaba Facundo, que por la geolocalización por AVL se sabe que el 8 de mayo -días después de la desaparición- estuvo en la zona donde se hallaron finalmente los restos óseos de Facundo, un lugar muy distante de lo que era la zona de patrullaje asignada al móvil policial.
Desde que la jueza federal María Gabriela Marrón fuera apartada de la causa, el juez Walter López da Silva ordenó algunas medidas de prueba que fueran solicitadas por el Ministerio Pública Fiscal -representado por Alberto Gentili, Horacio Azzolin y Iara Silvestre-, la querella familiar y la CPM como querellante institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
Entre esas medidas figura el informe del entrecruzamiento de llamadas y datos entre más de 60 teléfonos de funcionarios policiales vinculados a la causa, entre ellos los policías que se cruzaron en el camino a Facundo y el policía Jorge Galarza quien, cuando el joven continuaba desaparecido, se presentó de manera espontánea y declaró haberlo visto en General Cerri. Ese informe está a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico de la Investigación Penal (DATIP), pero aún no fue entregado a la justicia.
También, por pedido de las querellas y las fiscalías, se espera que en la causa se sume un estudio de mareas de la zona donde fueron hallados los restos óseos de Facundo, particularmente con información de las mareas entre el 30 de abril -día de la desaparición- y el 8 de mayo, día en el que un patrullero asignado a la Policía Local de Bahía Blanca aparece, de acuerdo a la señal de AVL, en la zona del canal Cola de Ballena.
El informe será realizado por peritos de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP; las querellas y el Ministerio Público Fiscal buscan con este informe reconstruir diversos momentos ocurridos en el estuario, y constatados en la causa, para avanzar con las imputaciones de funcionarios policiales y descartar la hipótesis del accidente instalada en la causa. Es decir que Facundo se ahogó mientras caminaba; en ese sentido, de acuerdo al testimonio de pescadores de la zona, aún con marea alta, la ría no es profunda.
Por otro lado la Policía Bonaerense, que intervino en los primeros momentos de la investigación, intentó desviar el curso de la instrucción agregando pruebas fraguadas o inventadas tendientes a desvincularse de ella.
A tres años de la desaparición seguida de muerte de Facundo, la falta de celeridad durante gran parte de la instrucción puso en peligro muchas pruebas que permitirían llegar a la verdad. En esto fue clara la responsabilidad de los primeros funcionarios judiciales de la causa, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y la jueza María Gabriela Marrón. En febrero de 2021 Ulpiano Martínez se excusó y en diciembre de ese año la Cámara de Casación apartó a la jueza por falta de imparcialidad y no investigar la desaparición forzada.
Por las graves irregularidades en su actuación, la CPM y la familia de Facundo Astudillo Castro denunciaron ante el Consejo de la Magistratura a la jueza Marrón por mal desempeño, e hicieron lo propio con el Fiscal Ulpiano Martínez. Ninguna de las dos denuncias tuvo avances significativos.