La Comisión por la Memoria (CPM) manifiesta nuevamente su más enérgico repudio a la represión que viene sufriendo el pueblo jujeño y a la criminalización de la protesta social.
Los hechos de represión que no cesan desde hace semanas derivó en las últimas horas en el ingreso de efectivos de la policía provincial a la Universidad Nacional de Jujuy, un hecho gravísimo que vulnera el principio de autonomía universitaria. Esta intromisión se produjo durante la sesión del Consejo Superior de la universidad, justamente cuando la comunidad educativa debatía el alcance regresivo de la reforma constitucional impulsada por el gobierno provincial, y se decidía la presentación como querellante en la justicia para investigar los últimos hechos de represión y criminalización de la protesta. Las fuerzas policiales provinciales ingresaron sin autorización judicial o de las autoridades de la casa de estudios.
Este hecho violenta el principio de autonomía universitaria que goza de garantía constitucional al establecerse en el articulo 75 inciso 19 de la Constitución nacional que corresponde al Congreso Nacional “sancionar leyes de organización y de base de la educación… y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”. También es contrario a lo previsto en la Ley de Educación Superior N° 24.521, que en su artículo 31 establece que: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.
Por otro lado, el gobernador Gerardo Morales acusó a funcionarios y trabajadores de la sede de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en Tilcara de cometer delitos y apoyar a los manifestantes amenazándolos: «Sabemos quiénes son, tenemos la identificación…Todos esos están cometiendo delitos, todos esos van a tener condena, todos esos van a tener problemas».
La gravedad de estos dichos radica no sólo en las amenazas directas a trabajadores que reclaman por sus derechos, lo que constituye un delito que debería investigarse, sino también en que se arroga facultades judiciales al atribuir responsabilidad judicial y afirmar que tendrán condena cuando ni siquiera han sido imputados de delito alguno.
Al mismo tiempo, la justicia provincial ordenaba la detención de 22 personas por su participación en las jornadas de protesta, entre ellos docentes y sindicalistas que se manifestaron en Humahuaca contra la reforma constitucional, y que fueron acusados de los delitos de sedición y privación ilegítima de la libertad. Y en las últimas horas se conoció también la orden de detención que pesa sobre 5 abogados jujeños, defensores de las comunidades indígenas, a quienes se acusa del delito de sedición que consideraron configurado por estar presentes en los cortes de rutas cumpliendo con su misión de garantes del respeto a la ley y el estado de derecho.
No es la primera vez que la policía de Jujuy ingresa sin orden judicial ni autorización de sus autoridades a la Universidad Nacional de Jujuy. Un hecho similar había ocurrido en 2017 cuando la policía irrumpió en la Facultad de Ciencias Agrarias y detuvo a dos jóvenes. En aquel momento el propio gobernador Morales repudió el hecho: “Nunca desde que militaba en Franja Morada ingresó la policía provincial en la Universidad. Una vergüenza que pase en mi gobierno”, pidió disculpas “a los compañeros detenidos”, aseguró que dispuso “la separación de los responsables” y afirmó que llegará “al fondo del tema” (Diario La Nación, 15 de abril de 2017). Frente a este nuevo hecho, pidió también que se sancione a los efectivos de la policía jujeña por un hecho que calificó de “inadmisible y condenable” y que representa un “abuso de poder”.
El gobernador es el máximo responsable político de la policía provincial. Un hecho tan grave puede ocurrir una vez y ser atribuido a algunos agentes, pero si pasa de nuevo cabe preguntarse por qué sus palabras no tienen correlato con las políticas públicas que efectivamente se implementan en la provincia que gobierna.
Antes de la sanción exprés de la reforma constitucional, la CPM ya había advertido que la propuesta del Ejecutivo provincial cercenaba el derecho a la protesta modelando la Carta Magna al servicio de las políticas regresivas en materia de derechos, quitando los instrumentos elementales del pueblo en el ejercicio de su soberanía. Y se señalaba que esta reforma se inscribía en una serie de iniciativas y decisiones de legislaturas y gobiernos provinciales que son altamente regresivas en materia de derechos humanos y que avanzan en limitar justamente el derecho a la protesta, como lo que ocurre en la provincia de Chubut donde el poder judicial funciona como un instrumento del poder ejecutivo para la detención, juzgamiento y condena de manifestantes sociales, utilizando para esto diversos medios ilegales como la realización de inteligencia ilegal sobre los manifestantes.
Los continuos hechos de represión al pueblo jujeño en estas últimas semanas, la persecución y detención de ciudadanos que ejercen el legítimo derecho a la protesta, garantizado por la Constitución Nacional y los pactos y tratados internacionales, representan un preocupante avasallamiento de los derechos y garantías constitucionales, y peor aún generan un enorme prejuicio a la vida democrática del país.
A poco de cumplir 40 años de democracia ininterrumpida llamamos una vez más a los partidos políticos, gobiernos y funcionarios a honrar ese consenso construido durante todos estos años: la democracia es la plena vigencia de los derechos humanos. Si esto no se cumple, la democracia puede convertirse en una ficción autoritaria que termine consigo misma.