Esta semana se publicó el 12° Informe Anual correspondiente al año 2.022 del Registro Nacional de Casos de Torturas y Malos Tratos (RNCT), que elaboran conjuntamente la Comisión Provincial por la Memoria (Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires), la Procuración Penitenciaria de la Nación (Mecanismo Local de Prevención de la tortura del sistema federal) y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El Informe analiza de manera detallada, una parte de los miles de hechos relevados y denunciados por estos organismos el año pasado. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires el estudio aborda la descripción, comprensión de las formas de comunicación, trato y vínculo que el poder judicial penal establece con las personas detenidas, así como sus funciones y desempeño ante los malos tratos y las torturas en términos de producción, control, reparación, persecución y sanción de la misma.
Como resultado de un exhaustivo trabajo de campo llevado a cabo en siete unidades penales del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y en 12 unidades penales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), además de relevamientos individuales de casos de víctimas, en 2022 se registraron 956 casos de víctimas de torturas y malos tratos que padecieron un total de 3.711 hechos producidos en estas cárceles.
Respecto a la caracterización de la población, fueron relevadas 858 víctimas varones, 84 mujeres y 14 personas trans. La franja etaria más numerosa fue la que va desde los 22 a 34 años (53 por ciento de los casos) seguida con la que va desde los 35 a los 44 años (18 por ciento), es decir, una población principalmente joven.
Cabe recordar que este informe releva, desde hace 12 años, once tipos de tortura y malos tratos en unidades penitenciarias de Nación y Provincia: malas condiciones materiales de detención, aislamiento, falta o deficiente asistencia de la salud, falta o deficiente alimentación, agresiones físicas, impedimento de vinculación familiar y social, requisa personal vejatoria, traslados gravosos, robo o daño de pertenencias, amenazas y traslados constantes.
Durante 2022 las malas condiciones de detención fueron el tipo de tortura relevado con mayor frecuencia con 770 hechos descriptos. En segundo y tercer lugar se encuentran el aislamiento y la falta o deficiente asistencia a la salud, ambos con 555 hechos. En cuarto lugar, los hechos de falta o deficiente alimentación con una frecuencia de 543, y en quinto puesto las agresiones físicas con 383 hechos.
Los datos y testimonios dan cuenta del carácter multidimensional de la tortura en la confluencia e imbricación de sus distintas expresiones en la producción de los hechos concretos.
En continuidad con la propuesta del RNCT de incluir estudios temáticos y focalizados en los distintos informes anuales, en el ámbito federal se sostuvieron, durante 2022, los estudios sobre “Dispositivo de ingreso”, “Aislamiento” y en dos unidades de “mediana seguridad” -Unidad 4 de La Pampa y Unidad 12 de Viedma, Rio Negro).
Por su parte, a partir de la labor de la CPM como Mecanismo Local de Prevención de la tortura, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se analizó la actuación judicial en las cárceles, con el objetivo de avanzar en la descripción y la comprensión de las formas de comunicación, trato y vínculo que el poder judicial establece con las personas detenidas, así como sus funciones y desempeño ante los malos tratos y las torturas en términos de producción, control, reparación, persecución y sanción.
En este sentido, se examina al poder judicial como un eslabón central en la generación de las condiciones de posibilidad del despliegue de malos tratos y torturas, refrendando la captura policial y traduciéndola en encarcelamiento.
“El sistema carcelario provincial se estructura sobre medidas judiciales que aceleran y amplían el ingreso y retrasan y achican el egreso. Entre las primeras se destaca el uso generalizado de la prisión preventiva: a diciembre de 2022 sólo el 49% de las personas detenidas a cargo del SPB tenía condena firme”, explica el apartado sobre Ideología e intervención del poder judicial en las cárceles bonaerenses.
“El poder judicial emerge en los relatos de las personas detenidas como un colectivo homogéneo que funciona articuladamente entre los/as diversos/as actores/rices que la integran. Procuradores/as, defensores/as, fiscales y jueces/zas conforman una cofradía, atenta a su propia salvaguarda y reproducción”, agrega.
El informe aclara que la gran mayoría de las torturas y los malos tratos no llegan a denunciarse por temor, naturalización, dificultades en el acceso y/o descreimiento en la actuación del poder judicial. Por ello se contempla el relevamiento de todas las situaciones que las personas detenidas o allegadas estén dispuestas a informar o comunicar, con independencia de que hayan sido denunciadas formalmente.
Los hechos que se registran son aquellos que las víctimas han padecido en un período de dos meses previos a la entrevista, a fin de garantizar la actualidad de la información. Se pueden relevar situaciones producidas en distintos contactos con estos organismos (por ejemplo, en la vía pública y en comisarías) de manera de componer un registro de los diversos y continuos padecimientos que atraviesan las víctimas.
En este sentido, el relevamiento se realiza completando una ficha por cada persona que sufrió torturas y/o malos tratos, donde se incluyen datos acerca de la fuente, de la víctima y de los hechos correspondientes a la tipificación de torturas y malos tratos mencionada más arriba.
Fuente: https://www.andaragencia.org/se-confirma-la-continuidad-de-la-practica-sistematica-de-torturas/