A instancias del TOF 3 de San Martín, el miércoles 13 comenzaron a juzgarse los hechos ocurridos entre el 11 y el 12 de abril de 1975, cuando siete militantes de Montoneros se trasladaban en dos autos y un camión con cereal por la zona de Ruta Nacional 9 y Ruta Provincial 4 de Campana. Tras ser reducidos con una balacera por parte de una numerosa comisión policial, dos de los militantes lograron huir pero otros cinco terminaron siendo fusilados en el lugar. El primer testimonio en el juicio fue el de Juan Manuel Aolita, referente de la APDH en la zona norte bonaerense y uno de los autores de un minucioso informe sobre la represión y desapariciones forzadas entre 1974 y el 24 de marzo de 1976. Para esta causa la CPM presentó valiosa documentación de la DIPPBA.
Semanas antes de la Masacre de Río Luján había ocurrido el Villazo, un amplio operativo represivo que comenzó en la ciudad de Villa Constitución, Santa Fe, y en otras ciudades del norte bonaerense del que resultaron detenidos ilegalmente centenares de trabajadores fabriles con la complicidad de las patronales.
Por el fuerte reclamo de sindicatos, legisladores y organizaciones civiles casi la mitad de las personas detenidas fueron rápidamente liberadas pero el hecho se constituyó en un preanuncio de las acciones represivas que se desarrollarían antes del golpe del 24 de marzo de 1976.
Ese escenario se consolidó con la articulación y coordinación de las distintas agencias de inteligencia que operaban en la región sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, de las cuales la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) ejerció un rol central.
Respecto a lo que terminaría conociéndose como la Masacre de Río Luján, fue la DIPPBA la que obtuvo la información sobre la “expropiación” de un camión que llevaría a cabo un grupo de Montoneros en la zona de Campana. Y en base a esa información se ejecutó el brutal operativo sobre la Ruta Provincial 4 en el que cinco personas fueron fusiladas a corta distancia y a pesar de que las víctimas gritaban su rendición con las manos en alto.
Las circunstancias y las responsabilidades penales de esos fusilamientos y el posterior encubrimiento es lo que comenzó a juzgarse el miércoles 13 de septiembre a instancias del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, integrado por los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Nada Flores Vega y Matías Mancini.
A esta instancia llegan solo dos de los once imputados que tuvo la causa desde el comienzo: uno es el ex oficial subinspector de la Unidad Regional Tigre de la Policía Bonaerense, Hermes Acuña, por el delito de homicidio doblemente agravado con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas con respecto a las cinco víctimas fusiladas.
El otro es el ex oficial principal de la comisaría de Campana, Samuel Bunge Diamante, procesado por encubrimiento “por dejar de comunicar a la autoridad las noticias que tuviere acerca de la comisión de algún delito cuando estuviere obligado a hacerlo por su profesión o empleo”, en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público.
En cuanto a las víctimas, se tratarán los casos de Carlos Fernando Lagrutta, Carlos Pablo Molinas Benuzzi, Carlos Alberto Tuda, Luis Arnaldo Oscar Bocco y Guillermo Adelio Rodríguez, fusilados por la numerosa comisión policial –integrada por personal de distintas comisarías de la región- a pesar de que gritaban su rendición con las manos en alto desde el piso.
Ninguno de los imputados accedió a hacer uso del derecho de defensa personal en juicio, por lo que ya en la jornada de este miércoles 13, la de apertura del juicio, se produjo la primera declaración testimonial a cargo de Juan Manuel Aolita, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Zárate, que realizó una minuciosa descripción sobre las características y alcance de la represión en la zona norte de la provincia entre 1974 y el 24 de marzo de 1976.
“Como organización de derechos humanos, hicimos público el documento que ya hace unos años presentamos ante el Juzgado Federal de Campana y que pretende dar un rango de sistematicidad a los casos de víctimas de terrorismo de estado y represión antes del 24 de marzo de 1976 en el partido de Zárate. Es una zona de gran actividad productiva y fabril desde hace más de un siglo y con una gran tradición de actividad gremial, política y sectorial desde el movimiento obrero”, comenzó el testigo de concepto.
“En los dos años previos al golpe hubo una simultaneidad en el accionar de fuerzas de seguridad y militares, por lo que consideramos importante reconstruir esa coordinación. Nuestro informe fue incorporado y valorado por el Juzgado Federal de Campana que instruyó esta causa”, agregó.