Luego de que la ONU calificara como “ilegal” el protocolo represivo del Gobierno, la Justicia investiga su inconstitucionalidad y le da 72 horas a Patricia Bullrich para presentar sus “fundamentos jurídicos”. Denuncian a la Policía Federal por vejaciones y lesiones.
El juez federal Sebastián Casanello se declaró competente en la causa en la que se pide la “inconstitucionalidad” del protocolo antiprotesta e instó a Patricia Bullrich a que presente en las próximas 72 horas un informe que detalle los «fundamentos jurídicos» de su aplicación. Además, puso en la mira el hecho de que no haya consultado a la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil ni organismos internacionales previa elaboración y aplicación.
La decisión del magistrado es en respuesta a la acción presentada el 18 de diciembre pasado por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro.
Mientras tanto, crece el rechazo nacional e internacional a lo que se interpreta como un intento por cercenar o limitar el derecho a la protesta. Entre otros, el relator especial de la ONU, Clement Voule, quien publicó en sus redes sociales: “Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza”.
#Argentina Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la #protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la #fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales.🧵 pic.twitter.com/OikovtUfAG
— UN Special Rapporteur Freedom of Association (@cvoule) December 16, 2023
Según el organismo internacional, ni el protocolo ni el capítulo de Seguridad de la ley Ómnibus son compatibles con los estándares internacionales. El pronunciamiento se conoció después de una denuncia que hicieron las centrales obreras, movimientos sociales y organismos de derechos humanos.
“Esta resolución no solo es un ataque directo a las libertades fundamentales, sino también un intento descarado de silenciar la voz del pueblo argentino en un momento crucial para el país”, plantearon en un duro comunicado la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA).
Además de “condenar categóricamente” el protocolo, ambas representaciones internacionales advirtieron sobre el “brutal ajuste fiscal que sin lugar a duda traerá consecuencias sociales devastadoras”.
Por su parte, el Comité de Acción Jurídica de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) fue más allá y calificó el anuncio de la ministra de Seguridad como un “intento de golpe de Estado”. A su vez, señaló que este “profiere de esa manera una amenaza abstracta contra la población en su conjunto, lo que en sí mismo constituye un delito”.
Por lo pronto, ya hay una denuncia penal contra la Policía Federal Argentina (PFA) por la represión contra manifestantes en las inmediaciones del Congreso, cuando la Cámara de Diputados debatía la denominada Ley Ómnibus.
La acción penal por los delitos de “vejaciones” y “lesiones graves” fue impulsada por el bloque del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT). Si bien hubo decenas de heridos –entre ellos 25 periodistas-, un abogado y asesor de esta bancada debió ser intervenido quirúrgicamente por un balazo de goma que recibió en el ojo izquierdo.