La Cámara de Diputados retomará este martes a las 14 la sesión más larga de su historia para continuar con el debate en particular de la Ley Ómnibus. Los puntos que el gobierno desea aprobar con mayor énfasis tienen que ver con manotear cash y anular el Congreso: las facultades delegadas y declaración de emergencia para legislar por decreto, las privatizaciones para rematar el patrimonio público y hacer “caja” de dólares rápido. Mismas intenciones de subasta para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados. Asimismo, combinando ambos objetivos, busca tomar deuda externa sin control del Congreso. Otros puntos particularmente destructivos tienen que ver con la demolición de la legislación ambiental y las garantías constitucionales para la protesta social y sindical.
En medio de una sucesión de escándalos, con acusaciones públicas de coimas planteadas en primer lugar por el titular del Ejecutivo y un dictamen fantasma y en permanente mutación, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación retomará este martes a las 14 la sesión especial para continuar con el debate en particular de la Ley Ómnibus, aprobada en general el viernes pasado, donde persisten las diferencias entre el oficialismo y la oposición colaboracionista -bautizada “dialoguista” por los medios hegemónicos- sobre puntos como facultades delegadas, deuda externa, Fondo de Garantía de Sustentabilidad y privatizaciones de empresas públicas.
En las últimas horas, desde la Cámara varios legisladores anticiparon que si bien este martes comenzará el tratamiento del proyecto, el trámite “va a ser largo” y “puede extenderse tranquilamente al miércoles y al jueves también”, ya que se tratará de un extenso debate que demandaría otras tres jornadas de discusión, como las que se necesitaron para sancionar -sin que casi nadie lo conociera- el dictamen en general.
El pasado viernes fue aprobado por la Cámara de Diputados en general, por 144 a 109 votos, el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre LLA, la UCR, PRO, Hacemos e Innovación Federal, pero el oficialismo decidió pasar a un inédito cuarto intermedio de cuatro días hasta este martes para poder seguir rosqueando y negociando las discrepancias sobre varios puntos, abonando nuevas denuncias de sobornos y lobby.
A diferencia del dictamen fantasma, ahora sí será necesario mostrar las cartas y discutir el contenido real de la destructiva mega-ley.
Puntos sin acuerdo
El oficialismo llega a la sesión de este martes en Diputados sin un acuerdo cerrado con el opo-dialoguismo en torno a la delegación de facultades, la privatización de empresas públicas y la reestructuración de la deuda. La discusión por la coparticipación del impuesto PAIS directamente quedó clausurada por el Ejecutivo nacional, que ya le hizo saber a los legisladores que no está dispuesto a acceder al pedido de los gobernadores.
Los artículos claves se reescribirán en el propio recinto, a menos que las negociaciones vayan en una dirección diferente a la de este fin de semana. Ni el radicalismo, ni Hacemos Coalición Federal lograron las respuestas esperadas, reseñó la analista política Gabriela Vulcano. Por ahora, ambos bloques se dedicaron a analizar puertas adentro cómo votarán cada uno de los puntos que generan rispideces internas.
Con algunas salvedades, casi todos coinciden en que no acompañarán el capítulo sobre seguridad, en especial el artículo referido a la “legítima defensa”. Tampoco acuerdan con el tenor de las penas para quienes cortan calles. En cuanto al apartado de cultura, aseguran que no están los votos para que La Libertad Avanza lo apruebe.
El bloque de la UCR, que conduce Rodrigo De Loredo, y el de Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, se reunieron este lunes cada uno por su lado y se concentraron en los artículos sobre la reestructuración de la deuda. Las conversaciones que mantuvieron la semana pasada para analizar esa cuestión con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, no llegaron a buen puerto.
“Los pocos avances que conseguimos para modificar las condiciones para la reestructuración de la deuda no duraron ni veinticuatro horas”, le dijo a Vulcano uno de los diputados que está al frente de las negociaciones.
Facultades delegadas
Respecto a la declaración de emergencia, los bloques de la oposición referenciada como “dialoguista” están de acuerdo en votar a favor la declaración de emergencia que quedó limitada a seis materias -administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética- y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura.
En cambio, una decena de diputados no quieren votar artículos sobre facultades delegadas referidos a las facultades administrativas que permite disolver o suprimir organismos públicos, con excepción de las Universidades Nacionales, e intervenir todos los entes o empresas públicas y los que están vinculados a los fondos fiduciarios provinciales.
Los legisladores que no quieren votar facultades delegadas son cuatro de Córdoba, los 6 de la Coalición Cívica, con lo cual sumados a los 109 que rechazaron la ley Bases y están dispuestos a votar en contra de todos los artículos, el oficialismo tiene los votos muy justos para imponer su postura, reconocieron fuentes parlamentarias.
Privatizaciones
El remate del patrimonio público para entregárselo a un puñado de empresarios, en una repetición farsesca y anacrónica de los 90s, es otro punto indefendible pero donde una buena cantidad de legisladores parecen haber recibido una buena cantidad de razones para acompañar; quizás en mochilas o valijas o tal vez directamente a sus cuentas bancarias.
Aunque las últimas versiones de los artículos sobre la privatización de empresas públicas siguen generando debate entre los radicales y los integrantes de Hacemos Coalición Federal, hay más puntos de acuerdo que en otros temas con la bancada oficialista que preside Oscar Zago.
Atrás quedó el reclamo para que se traten por separado cada una de las compañías “sujetas a privatizar”. Tampoco insisten ya con que el proceso de venta sea revalidado en el recinto de ambas cámaras. El pedido es mucho más modesto, que se refuerce y amplíe la Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones y se sume a la Auditoría General de la Nación (AGN).
De los listados de empresas que quedaron en pie, el único que podría ser rechazado por la oposición es el que incluye al Banco Nación, ARSAT y Nucleoeléctrica Argentina. En la UCR, la mayoría adelantó que votará en contra.
“No sabemos cómo quedará el capítulo de privatizaciones. Lo cambiaron muchas veces y no terminan de tomar en cuenta lo que les pedimos. A esta altura, no se si no entienden o no les interesa lo que les señalamos”, le apuntó a Vulcano un legislador opositor, cercano al oficialismo.
Entre idas y vueltas sobre versiones y re-versiones, el listado que habría quedado firme incluiría 27 empresas a privatizar entre las cuales se contarían Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, Yacimientos Carboníferos Fiscal, y los medios públicos (Télam y RTA), entre otras.