Más concentración de los medios y menos libertad de expresión bajo el gobierno de Milei

El gobierno de Javier Milei fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) por violar la libertad de expresión, favorecer la concentración de medios de comunicación en pocas manos, y por la represión a trabajadores de prensa durante las manifestaciones ante el Congreso mientras se debatía la Ley Ómnibus.

Organizaciones que nuclean a los medios de comunicación comunitarios y autogestivos, carreras de comunicación social y periodismo, trabajadores de prensa y organizaciones de derechos humanos le pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que alerte sobre el incumplimiento de los estándares de libertad de expresión en nuestro país.

Formaron parte de esta presentación el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), AMARC Argentina, Centro de Investigaciones ICEP-UNQ, CoNTA, FARCO, FATPREN, REDCOM, la Red de Medios Digitales, Sindicato de Prensa de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En apenas dos meses, el gobierno de Javier Milei decidió suspender los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación a nivel nacional, intervenir el sistema público de medios y prometer su privatización, intervenir la autoridad de aplicación de las leyes que rigen al sector excluyendo a las minorías parlamentarias de las decisiones y reprimir sin miramientos a los trabajadores de prensa que intentan cubrir las manifestaciones contra el ajuste y el desmantelamiento del Estado.

La convicción de que el Estado no debe poner límites al sector privado está llevando al gobierno a desarmar un sistema de medios organizado en tres sectores: el privado-comercial, el gestionado por la sociedad civil sin fin de lucro y el estatal/público. Un sistema de medios que muy costosamente construimos en nuestro país luego de décadas en las que sólo los dueños de los medios privados tenían condiciones para realizar su actividad.

Además de lo que ya fue hecho, a través del DNU 70/23 y los decretos de intervención, el gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyan amenazan constantemente con clausurar valiosas políticas promotoras de derechos como el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, señalaron desde el CELS.

A este escenario, se le agrega la violencia verbal y física contra trabajadores de prensa, que no se limita a las represiones reiteradas de los últimos días sino que abarca un ataque persistente del presidente y sus funcionarios a las y los periodistas, entre otras varias prácticas que entorpecen la labor periodística.

Juan Salvador Delú, presidente de FARCO, una de las organizaciones denunciantes y que articula más de un centenar de radios en todo el territorio nacional, detalló que el gobierno de Milei en tan solo dos meses de gestión realizó distintas maniobras para favorecer la concentración mediática y reducir la libertad de expresión, como por ejemplo “suspender los límites de la cantidad de licencias que puede tener una empresa; intervino el sistema público de medios, y ahora habla de su privatización; y además intervino la autoridad de aplicación, el ENACOM, quien regula las leyes del sector”.

En diálogo con el Informativo FARCO, Delú recordó que existe un antecedente en este tipo de denuncias que llevaron al Estado nacional a dar explicaciones ante los organismos internacionales, cuando el gobierno de Mauricio Macri intervino la Autoridad Federal del Servicio de Comunicaciones Audiovisual (AFSCA) “tomando decisiones lamentables de cercenamiento de la Ley de Servicios de Comunicaciones Audiovisual, que también favorecían la concentración mediática. En ese momento el Estado argentino tuvo que dar explicaciones”.

Compartimos el documento completo de la denuncia:

20240208 Solicitud Informacion 41 Libertad De Expresion

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