A instancias del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario se dio inicio, el jueves 14 de marzo, al juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la jurisdicción del Área Militar 132 de la que resultaron víctimas 59 personas del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Previsto inicialmente para el 22 de febrero, su reprogramación se debió a un pedido realizado por organismos de derechos humanos para que las jornadas del debate se llevaran adelante en las localidades bonaerenses donde ocurrieron los hechos: Pergamino, San Nicolás y Baradero. Tras varias visitas a los lugares ofrecidos que no colmaron sus expectativas técnicas, el TOF resolvió comenzar el juicio en la sede judicial de Rosario dejando para más adelante la posibilidad de trasladar la audiencia a aquellas localidades.
El TOF 2 de Rosario –integrado por los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario- dio inicio, el jueves 14, a un cuarto tramo del juicio conocido como Saint Amant en el que se ventilarán los delitos cometidos contra 59 víctimas del noroeste bonaerense durante la etapa del terrorismo de estado.
Los imputados son 11: Antonio Federico Bossie, Guillermo Aníbal Piccione y Bernardo Luis Landa, pertenecientes al Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás; el exintegrante del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás Omar Andrada; los excabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal Hubo Bellet, Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla; y los exoficiales de la delegación San Nicolás de la Dirección General de Inteligencia de la Policía bonaerense (DIPPBA), Enabel Otilio Cappa, Miguel Ángel Amarillo, Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi.
Cabe destacar que la CPM, a través de su programa Litigio Estratégico, es querellante en esta causa ya que se investiga la participación en crímenes de lesa humanidad de los cuatro ex agentes de la DIPPBA, cuyo archivo gestiona y preserva el organismo desde el 2001.
En ese sentido, obra en la causa documentación del archivo de la DIPPBA que pone en evidencia el doble accionar de los agentes de la delegación de San Nicolás tanto en la inteligencia sobre las víctimas como en la posterior participación en los grupos de tareas que las secuestraron.
“Este es un juicio muy esperado por decenas de víctimas de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Estaba previsto que las jornadas se llevaran a cabo en ciudades como San Nicolás, Pergamino y Baradero, pero lamentablemente se dio inicio aquí en Rosario. Seguiremos insistiendo junto a los organismos y las víctimas para que el juicio se realice en esas localidades, que son los sitios donde los crímenes ocurrieron”, afirmó tras la jornada de apertura el secretario y miembro de la CPM, Roberto Cipriano García.
Por su parte, la directora general del organismo, Sandra Raggio, resaltó la trascendencia de este juicio porque “desde hace muchos años venimos bregando por el juzgamiento de las acciones de inteligencia como parte de los crímenes de lesa humanidad. Aquí se incorporan los delitos cometidos por los efectivos de la delegación San Nicolás de la DIPPBA”. “Como se ha leído hoy en la audiencia, la cantidad de documentación que hemos aportado desde el archivo de la DIPPBA ha sido fundamental. Como CPM somos querellantes en esta causa y somos quienes iniciamos una denuncia penal contra los miembros de la DIPPBA que operaron en la zona norte de la provincia utilizando como base operativa la Comisaría 1° de Pergamino, la cual es hoy un sitio de memoria”, agregó.
En esta primera jornada se dio lectura al requerimiento fiscal de elevación a juicio –en este debate el MPF estará representado por los fiscales Adolfo Villate y Juan Patricio Murray- y se informó sobre la situación de algunos de los imputados.
Carlos Alberto Tuero, que estuvo a cargo de la Comisaría 1° de Pergamino, murió el día anterior al comienzo del juicio; Bossié no fue nombrado porque aún se encuentra pendiente la realización de una pericia médica para determinar si se encuentra en condiciones de asistir a la audiencia; y Biglieri había notificado al tribunal respecto a la falta de recursos técnicos para asistir a la jornada de apertura.