Trabajadores y trabajadoras del Inafci, junto al gremio ATE y organizaciones rurales, se movilizaron el martes 26 en rechazo a los despidos masivos y al cierre del Instituto. La baja de contratos incluiría a técnicos con más de dos décadas de trabajo precarizado en el Estado. El sector campesino e indígena es el principal productor de alimentos y un freno al extractivismo.
Por Nahuel Lag
A una semana del anuncio del Gobierno sobre el despido de los 900 trabajadores del Instituto Nacional de Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), técnicos y delegados de todos los puntos del país se concentraron frente al histórico edificio de la Secretaría de Agricultura (ahora llamado “Bioeconomía”) para exigir la continuidad de los puestos de trabajo, de la políticas pública para el sector y la producción de alimentos para el pueblo. La convocatoria fue impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), estuvo acompañada por las organizaciones campesinas que representan a parte de los 200 mil Núcleos de Agricultura Familiar (NAF) y que trabajan junto a los técnicos del Instituto para mejorar la producción de alimentos y la comercialización.
“No es un ataque solamente al Inafci, a los trabajadores de la agricultura familiar, ni a los productores del sector; que son los otros grandes perjudicados. Sino que se enmarca en una política general de ataque al conjunto de los trabajadores por parte de este Gobierno”, sostiene Luciano González, delegado de ATE en el Inafci La Pampa, allí donde se formulan, diseñan y siguen proyectos de gestión de recursos y articulación para alrededor de 5.000 NAF —integrados por una persona o grupo de personas que viven en una misma vivienda y realizan juntas tareas rurales— de producción hortícola, caprina y avícola en toda la provincia.
La manifestación de ATE-Agricultura, y acompañada por organizaciones rurales de la rama agraria de la UTEP y de la Mesa Agroalimentaria Argentina, confluyó en el histórico edificio de Paseo Colón y luego movilizó a las puertas del Ministerio de Economía, que comanda Luis Caputo (actualmente responsable de la continuidad del Inafci). Luego de 100 días de gobierno de Javier Milei y dos decretos, el Instituto pasó de la Jefatura de Gabinete —órbita bajo la cual se lo creó por decreto en 2022— al Ministerio de Capital Humano y recaer, finalmente, en la cartera de Economía.
En sus tres meses de gestión, el Gobierno no nombró a nadie para dirigir el Instituto ni mantuvo ningún diálogo con sus trabajadores ni con las organizaciones campesinas. Y solo se pronunció la semana pasada para anunciar los despidos. “Aún no nos han notificado formalmente los despidos, es la metodología que lleva adelante el Gobierno: anunciar cierres y despidos y generar angustia en todos los trabajadores y trabajadoras”, denuncia González. Ante la gravedad de la situación, la jornada de paro y movilización de ATE finalizó frente al Ministerio de Economía, en Plaza de Mayo, con gritos que exigían un paro nacional a la CGT para preservar los puestos de trabajo. En paralelo, los trabajadores a cargo de la dirección que maneja los fondos internacionales para el sector —Disprose— también denunció la amenaza de los recortes en su planta.
¿La casta eran los trabajadores rurales y estatales?
El presidente Javier Milei respondió por la tarde, en su participación en el Foro Económico Internacional de las Américas, estar “orgulloso” del ajuste que lleva adelante y prometió 70 mil nuevos despidos en la administración pública nacional, a partir de abril. Fuentes oficiales aclararon luego que se tratará de un 20 por ciento de esa cifra, que engloba todos los contratos en revisión.
Este miércoles es el último día hábil del mes y los 900 trabajadores del Inafci están precarizados como contratados. Al no estar en planta permanente, el primer día hábil de abril podrían enterarse de la no renovación contractual de sus puestos de trabajo.
Muchos de ellos cuentan con más de 25 años de antigüedad, cuando se creó el Programa Social Agropecuario (1993). Luego pasó a llamarse Secretaría de Agricultura Familiar y en el último gobierno se transformó en Instituto. Los salarios promedio están por debajo de la canasta básica.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa de la semana pasada, anticipó que el área sería reducida a una dirección con solo 64 personas. “El trabajo que hacemos 900 trabajadores es con fondos que escasean, por lo que ponemos nuestros recursos y vehículos. Si se quiere reducir a 64 personas es clara la voluntad de anular la política pública para el sector de la agricultura familiar”, apuntó Eliana Negrete, ingeniera agrónoma y delegada del Inafci en Buenos Aires.
En territorio bonaerense, los técnicos del Inafci asisten a las familias productoras. En particular en los dos cordones hortícolas más grandes del país: La Plata y Mar del Plata, de donde salen las verduras que abastecen a la mayor parte de la población. Allí trabajan en asistencia técnica y organizativa para hacer más eficiente la producción y la comercialización, generar canales de comercio justo y abordar problemáticas como el acceso a la tierra y el uso de insumos.
“Si avanza esta política no vamos a producir nuestros propios alimentos como lo venimos haciendo, sino que, como se anunció, vamos a importar alimentos”, advierte Negrete y denuncia que “el plan es desabastecer y pisotear la agricultura familiar y beneficiar a los concentradores, a los monopolios. En definitiva, el discurso de ajustar a la casta es al revés: está ajustando a los trabajadores rurales y a los estatales”.
¿Cuál es la dimensión del sector de la agricultura familiar al que asiste el Instituto y que Milei busca borrar, “orgulloso”, de un plumazo? Según el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, existen 70.033 núcleos de agricultura familiar en el NEA; 56.503 en NOA; 42.083 en la región Centro; 27.962 en Cuyo y 12.587 en Patagonia. Entre las provincias, Misiones (27.057), Buenos Aires (21.997) y Santiago del Estero (20.356) son las de mayor volumen en el sector.
“Este Gobierno invisibiliza nuestra tarea, nos tilde de ‘no trabajadores’ o de militantes, por eso la difusión es importante para que el pueblo sepa cuál es nuestra tarea. Ante los anuncios de Milei, que viene aterrorizándonos con sus discurso y en los bolsillos, no nos queda otra que defender los puestos de trabajo, porque nosotros no vivimos de otra persona, no vivimos de la política ni somos la casta, vivimos de nuestro trabajo”, reivindica Negrete.
Un golpe a los trabajadores, un favor a las empresas extractivas
El gobierno de Alberto Fernández anunció, en 2022, la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar —que demoró un año más en hacerse efectivo— y prometió un fondo de 100 millones del Banco Mundial para llevar adelante los proyectos de la agricultura familiar. Muchos de esos fondos no se concretaron y están paralizados, como señaló a Tierra Viva el ex director de Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar y Campesina, José Luis Castillo, pero además ahora corre riesgo de funcionamiento el organismo que ponía en ejecución esas partidas. En ese sentido, los trabajadores de la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Disprose) también denunciaron el ajuste en su planta, a cargo de manejar 1.700 millones de dólares de fondos internacionales para ejecutar programas de desarrollo agropecuario.
“Estábamos trabajando en una situación muy lamentable. La ley nunca tuvo asignada una partida presupuestaria específica, siempre dependimos de que aparezca un recurso sujeto a decisiones políticas o de organismos financieros internacionales. Son necesarios los recursos asignados por presupuesto para poder garantizar los derechos que formalmente establece la Ley de Agricultura Familiar”, apunta González.
Entre las líneas de trabajo que se estaban desarrollando en muchos de los territorios, además de la asistencia técnica histórica, eran las políticas denominadas Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo, y de Abastecimiento Local, que apuntaban a la consolidación de Unidades Productivas Asociativas de la Agricultura Familiar. También estaba el financiamiento para la creación de mercados de abastecimiento, en el que el Estado reconocía “la potencialidad de la agricultura familiar, campesina e indígena como la principal generadora de alimentos y abastecimiento local teniendo dos estrategias primordiales”. Otro eje activo era el Proyecto de Emergencia Crítica Directa.
A pesar de las demoras y deficiencias de origen en la consolidación de la política para la agricultura familiar —la ley fue sancionada en 2014 sin el artículo que la aseguraba una asignación específica en el presupuesto nacional—, la reacción de rechazo por la decisión del gobierno de Milei fue unánime. “Hasta la Federación Agraria salió a marcar que es un error el cierre de la agricultura familiar”, sentenció el delegado de Ate-Inafci en La Pampa.
“Esto no es solo reducir personal del Estado, sino cerrar uno de los pocos organismos que trabaja con un sector que es una barrera para el extractivismo, para el desarrollo del agronegocio, el desmonte y la megaminería. La agricultura familiar representa también una barrera para que el agua no sea un negocio, porque son los productores campesinos e indígenas los que habitan estos territorios, donde han puesto el ojo las grandes multinacionales y empresas extractivistas que buscan sacar a quienes habitan para explotar sus riquezas”, advierte González sobre la política de fondo del gobierno de Milei.
Negrete coincide en la mirada: “Donde se retira la agricultura familiar, avanza el agronegocio, la soja transgénica, la contaminación, la megaminería. Esos territorios dejan de producir alimentos y son ocupados por poderosos, entre ellos también el sector inmobiliario”.
En ese sentido, la ingeniera agrónoma analiza que la política pública para el sector, desde la creación del Programa Social Agropecuaria durante el menemismo, ha sido para contener a los sectores de pequeños productores que son expulsados por el agronegocio, pero siempre faltó profundizar en políticas que permitan la autoproducción de semillas, la diversificación de los cultivos y el freno al avance de los transgénicos.
De cumplirse la promesa de Milei de borrar el Inafci, Negre advierte que “las consecuencias serán, probablemente, que muchos productores al estar menos cubiertos, con menos derechos, vayan dejando la tierra y buscan otras actividades para vivir. Así se va a seguir despoblando el campo y engrosando los cordones urbanos. ¿Dónde van a ir a buscar trabajo si su forma de vida se ve vulnerada?”.