Tras ese acuerdo, el resto de los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional emitieron un duro comunicado. En Rosario, Franco Bartolacci advirtió que ahora, por la decisión del propio Gobierno, el piso del reclamo es más alto: “270% o nada”, como a la UBA.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió levantar la emergencia presupuestaria luego de alcanzar un acuerdo con el gobierno de Javier Milei por los gastos de funcionamiento y fondos para los hospitales que gestiona, lo que desató un fuerte malestar del resto de las casas de estudio por la discriminación. La marcha por el desfinanciamiento de la educación superior y el sistema de ciencia y técnica del pasado 23 de abril fue contundente, pero el Ejecutivo prefirió acordar sólo con la universidad más grande que, además, está en la jurisdicción más relevante en términos de ruido político. Incluso, se deslizaron sospechas de un toma y daca por los votos en el Senado para la ley Bases.
El Gobierno, contrariando la muletilla “no hay plata” y las acusaciones de mal uso de fondos y hasta corrupción, aceptó finalmente incrementar en un 270% la partida para gastos de funcionamiento y cerca de un 300% para los hospitales de la UBA. En un comunicado, el Consejo Superior de la UBA afirmó que esto permite una previsibilidad, pero alertó sobre la situación salarial, que aún no está resuelta y corre por fuera de los ítems aumentados. También reclamó por la inversión en ciencia y las obras que están paradas. Pero, además, otras 60 universidades de todo el país continúan con el reclamo que llevó a la marcha universitaria y que no fue respondido.
Desde el comienzo de las negociaciones con las universidades y, con más profundidad tras la sorpresa de la masividad de la marcha (más visible en la ciudad de Buenos Aires, pero replicada en todo el país), el Gobierno transitó una estrategia que buscó dividir el reclamo de las universidades, priorizando a la UBA. Más atención para el rector Ricardo Gelpi, a quien la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, recibió un día antes que al resto de sus homólogos. Con ellos, no hubo avances. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, mantuvo incluso tres reuniones más con la UBA.
Frente al trato diferencial, y luego del anuncio demás fondos para la UBA, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, que integran todos los rectores) emitió un duro comunicado.
“Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”, señala el texto.
Y ataca la estrategia oficial: “Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El CIN no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios”, advirtieron.
Destacaron además que con el aumento a la UBA queda demostrado que “hay plata”, como sostienen todos los rectores y el conjunto de la comunidad universitaria. Y que también debe haberla para la recomposición de los salarios de docentes y no docentes.
Desde la UNR: el propio Gobierno elevó el piso del reclamo
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, calificó como un “despropósito” la asignación unilateral para la UBA. “Estamos a la espera de que se tome la misma resolución que se aplicó a la Universidad de Buenos Aires”, afirmó sobre la necesidad de una respuesta igualitaria para satisfacer las demandas de todas las universidades del país. Como otros de sus pares, dejó abierta la posibilidad de acciones institucionales, políticas y judiciales en caso de no recibir una respuesta satisfactoria.
Es más: Bartolacci afirmó que, por la jugada aislada del Ejecutivo nacional, ahora el piso del reclamo es más alto. “Estamos discutiendo, por decisión del propio gobierno, en un piso más alto. Hasta ayer hablábamos de un porcentaje en mayo. Ahora es 270% o nada. Ni un punto menos, ya que reconocen el déficit existente” en relación a la UBA, afirmó el rector.
Salarios, en veremos y aumento del conflicto en puerta
En materia salarial, no hubo acuerdo con el Frente Sindical de las Universidades: la propuesta del Gobierno, ante una inflación acumulada superior al 70%, fue de 16% en febrero, 12% para marzo y 8% para abril. En total, un 36%.
Excepto ahora la UBA, las universidades vienen funcionando con el presupuesto prorrogado de 2023, que se calculó en octubre de 2022 y se votó a fines de ese año.
El CIN ya avisó que habrá más conflicto. “Estamos en plena discusión viendo si nos dan lo mismo a todos. Si no, habrá problemas”, señaló antes de una reunión de urgencia del CIN Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del organismo.