Campañas de demonización, más de 120 allanamientos a comedores populares, procesamientos de líderes territoriales y miles de denuncias anónimas que se deshacen antes de llegar a Tribunales. Causa por causa, la “cruzada” del Gobierno y sus aliados del Poder Judicial contra los movimientos piqueteros.
Por Sofía Rojas. Edición: Mariana S. Gigli.
Desde su asunción, Javier Milei estableció como objetivo “terminar con los gerentes de la pobreza”, y bajo esa premisa trabajan los ministerios de Capital Humano y Seguridad. La línea 134 y la investigación por comedores “truchos”, caballitos de la batalla judicial.
“Belliboni es un delincuente”; “tal vez esté nervioso porque queremos limpiar los intermediarios”; “se les acabó la joda”; “el que corta no cobra”, son algunas de las frases que evidencian la obsesión del gobierno de Javier Milei contra las organizaciones sociales que, ante la ausencia del Estado, trabajan –con todas sus limitaciones- para asistir a los sectores más vulnerables de la población.
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Si bien la administración libertaria resolvió aumentar las partidas sociales para compensar las medidas del “mayor ajuste de la historia” -en palabras del presidente- se dedicó a librar una cruzada contra “los intermediarios”, es decir las organizaciones que asisten a los barrios, a las que apodaron “gerentes de la pobreza”. Bajo esa premisa construyeron en torno a la figura de Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, un enemigo de Estado y actuaron en consecuencia: judicializaron irregularidades, condicionaron al Poder Judicial y avanzaron con su procesamiento. En su nombre, avanzan contra todos los que dedican su tiempo a organizar la asistencia social.
El mandatario dispuso de todas las herramientas que tuvo a mano para neutralizar el rol de los “piqueteros” que se encargaban de administrar planes sociales, coordinar comedores y merenderos y mediar entre el Estado y los barrios.
Desde el 10 de diciembre, se monitoreó cada movilización existente y cercó poco a poco a los referentes con especial énfasis en los que representan a la izquierda. Según el propio Belliboni, el origen de la demonización data de la movilización que convocaron el 20 de diciembre del 2023, la primera bajo la administración libertaria, en el aniversario de la crisis social desatada el 20 y 21 de diciembre del 2001.
Días después del anuncio del Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público, mejor conocido como “Protocolo Antipiquete” impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la cartera lanzó la línea 134, encargada de recopilar denuncias anónimas contra referentes sindicales y sociales que hayan amenazado, extorsionado y obligado a personas a asistir a las marchas.
Para “desplazar a los intermediarios”, el Ministerio de Seguridad y el de Capital Humano se valieron de los detalles recogidos en las denuncias y avanzaron en una cruzada conjunta contra las organizaciones en el plano judicial.
GERENTES DE LA POBREZA, AFUERA
Hacían marchas diciendo que la gente pobre se moría de hambre mientras ellos se enriquecían. Tenían empresas, lavaban dinero de la gente pobre.
Ahora, gracias a las denuncias de la Línea 134 y trabajando en equipo junto a la Ministra Pettovello,… https://t.co/YFvHXT8TDo— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 29, 2024
Fuentes de Seguridad revelaron a Perycia que desde el 18 de diciembre se judicializaron más de 6.614 llamados contra las organizaciones sociales, mientras que el equipo legal de Capital Humano presentó 20 denuncias contra varios sectores y por múltiples motivos.
A través de la presentación judicial de su equipo de abogados, compuesto por Laura Sánchez y Fernando Soto, quien fuera defensor de Luis Chocobar, Bullrich acusa de “extorsión y coacción” a los principales referentes. Sandra Pettovello alega mayormente “fraude a la Administración Pública” y critica la presunta inexistencia de la mitad de los comedores a los que asistía el gobierno de Alberto Fernández.
Este medio pudo acceder al desgrabado de algunos de los llamados, que son de acotada extensión y un limitado detalle. (Se puede adjuntar algunas).
Detalles de la causa por supuesta extorsión
El 22 de diciembre, luego de la primera gran marcha convocada por sectores opositores, el gobierno libertario envió la señal de lo que sería su incansable política contra los movimientos sociales. En plena protesta, la Policía de la Ciudad desplegó un mega operativo mientras el presidente se mostraba junto a su ministra de Seguridad al control del desenlace de la movilización desde el Comando Unificado Urbano, organismo que nuclea a todas las fuerzas y que realiza “tareas destinadas a la prevención y el control del orden urbano para el tejido de los territorios federales”.
Hasta el último relevamiento de principios de junio, la línea 134 registró un total de 16.256 llamados que aportaron 9895 datos, según lo notificado desde la cartera. Las denuncias a las que pudo acceder este medio registran el informe de llamados anónimos que describe brevemente la situación.
“Quien llama refiere que trabaja en la empresa XXX. Manifiesta que los empleados se presentaron a las 7 AM, y cuando abrieron a las 8, se presentó personalmente del gremio Camioneros y les dijeron que no iban a salir repartos de la empresa. Aporta que luego, los representantes del gremio, les dijeron a los empleados que se debería retirar. Expresa que él y sus compañeros se tuvieron que ir porque la situación era amenazante”, señala una de las denuncias calificada como del tipo “mantenimiento del orden público”.
En paralelo, el Poder Ejecutivo se dedicó a avanzar judicialmente contras las organizaciones sociales, presentando como prueba varios de los 16.256 llamados registrados e intentando demostrar “extorsión y defraudación” en el manejo de planes sociales. Según comprobó este medio, de los más de 16 mil llamados presentados a la Justicia tan solo 45 personas ratificaron la denuncia: siete son de Capital Federal, y de ese total, tres fueron contra el Polo Obrero.
“Sé que son de una asamblea de Bajo Flores, de una de La Carbonilla, pero no sé los nombres, creo que no están», contó Belliboni a Perycia sobre los denunciantes, aunque varios de los autores fueron identificados por deducción.
Según los defensores del dirigente, se visibilizaron múltiples detalles de la causa, incluso cuando estuvo secreto de sumario, a través de los medios de comunicación. “La causa está hecha para la prensa. Hay mucha prueba específicamente armada para el impacto de los medios. Hubo muchos legajos reservados e incluso actuación de la Policía que nos enteramos después, por la tapa de los diarios”, contó Juan García, titular del Partido Obrero y uno encargados de llevar la defensa de sus referentes junto a otras abogadas.
De las pruebas aportadas se desprenden varias causas: una que investiga el juez Sebastián Casanello, por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales y administración fraudulenta contra el Estado, y una segunda por extorsión, amenazas y defraudación agravadas que recayó en el juzgado a cargo de Ariel Lijo, candidato del Gobierno para integrar la Corte Suprema.
El 19 de abril, el fiscal Gerardo Pollicita ordenó realizar 28 allanamientos a dirigentes y locales de las distintas organizaciones sociales, pero el juez Casanello entendió que era prematuro disponerlos. Algunos días después, la Cámara Federal Porteña, compuesta por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, todos designados por el expresidente Mauricio Macri, hizo lugar al pedido del fiscal.
En los operativos que se realizaron de la madrugada se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y dinero en efectivo que aportaron a la investigación abierta.
El lunes 29 de julio, Casanello ordenó el procesamiento de Eduardo Belliboni y la imputación de otros 15 militantes, y Pollicita pidió que el exsecretario de Economía Social, Emilio Pérsico, sea llamado a declaración indagatoria por sospechas de haber actuado “en forma coordinada”.
“Se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción en el por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde —al menos— marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023, a través de la cual funcionarios de la Secretaría de Economía Social —encabezada por Emilio Pérsico— que eran los responsables de la asignación y control de los fondos estatales destinados a la ayuda social actuaron en forma coordinada con las autoridades de la organización ‘Polo Obrero’ —dirigida por Eduardo Belliboni—, con el propósito de perjudicar los intereses confiados, desviaron los fines de las políticas sociales en beneficio de las autoridades del ‘Polo Obrero’ que se apropiaron de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional, todo ello en perjuicio de la administración pública”, remarcó en su escrito el fiscal en busca de penas más duras.
Cinco días después, apeló el procesamiento para que el líder del Polo Obrero no solo sea investigado por la defraudación al Estado sino por aprietes y “extorsiones” contra beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. Según expuso, la organización recibió un total de $361.087.500 de los que al menos $219.955.153,73 “no habían sido devueltos ni rendidos al Estado Nacional, es decir, que las autoridades del Polo Obrero recibieron ese dinero, pero ni siquiera informaron en qué lo gastaron ni tampoco lo restituyeron”.
Tras rechazar la posibilidad de que el Ministerio de Seguridad se presente como querellante en la causa, el juez aceptó que lo hiciera Capital Humano, y con eso busca esclarecer si los delitos fueron cometidos de manera aislada o si responden a un plan organizado del que participaban los referentes de cada organización.
A la causa se sumó otra investigación, abierta luego de que se detectaran 167 facturas “truchas” emitidas por una imprenta ligada al Polo Obrero y por una “empresa fantasma”. El juez Casanello aseguró haber detectado contratos irregulares con la firma Costex SA y la imprenta Rumbos, esta última con vínculos con Partido Obrero. La AFIP acusó a la primera de emitir facturas truchas.
“Con Rumbos había un funcionamiento tipo cuenta corriente. Se iba transfiriendo y se recibían las compras y después se facturaba, por eso hay cuatro o cinco facturas en un día que corresponden a un período. Ellos lo toman como una prueba de defraudación, y siempre que una empresa tiene cuenta corriente funciona así”, argumentaron desde el Polo Obrero.
Por esto el juez ordenó la inhibición de bienes de Belliboni, que se presentó a indagatoria junto a 23 personas acusadas por “administración fraudulenta, coacción y extorsión” a beneficiarios de planes sociales. “No me ocupo de las compras. Pero para explicarlo, hay un registro de la AFIP donde nos autorizan a comprar a determinadas empresas. Si la empresa era sospechada tendrían que haber avisado. Trabajen bien. ¿Yo qué culpa tengo?, porque lo que esa empresa me vendió lo tengo. La factura donde dice que era legal, también la tengo, y AFIP nunca planteó que era ilegal”, contó el dirigente del Polo Obrero.
Y aunque en mayor medida se investiga a dirigentes del Polo Obrero, también de Barrios de Pie y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) -que funcionaban como intermediarios del Potenciar Trabajo– de “abuso de poder y un posible desvío de fondos”, según figura en el expediente.
“El número de personas que denuncia es insignificante como para justificar que haya una organización piramidal con ramificaciones de una punta a la otra del país. Solo hay tres personas que dicen cosas, que después tendrán que probar en la justicia”, contrarrestó Belliboni a las acusaciones en su contra.
En la misma línea Charly Fernández, referente del FOL y de la Coordinadora por el Cambio Social, aclaró en diálogo con Perycia: “Hay una parte de los expedientes que no me dejaron ver, pero en la que me permitieron se me escucha plantear que estamos movilizando menos. O sea, eso es parte del argumento probatorio que plantea el fiscal: digo que estamos movilizando menos porque habían sacado la certificación del Potencial Trabajo, algo totalmente descontextualizado del protocolo antipiquete, de la represión, de la gente que pierde los ojos, de los altoparlantes, de la modificación que hicieron incluso en el programa”.
Los comedores “fantasma”
A raíz de una investigación periodística, la subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, presentó a mediados de mayo una nueva denuncia penal por “incumplimiento a los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública” tras alegar que “casi el 50% de los comedores a los que asistía el Gobierno anterior eran inexistentes”.
Las irregularidades denunciadas corresponden al Plan Nacional Argentina contra el Hambre, creado el 8 de enero de 2020, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, y fueron detectadas por una auditoría realizada al Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACO) que arrojó “falta de control de la gestión anterior sobre la mercadería”.
“Después de investigaciones, se pudo relevar solo el 52.3% de los comedores, mientras que el restante 47.7% no pudo ser verificado debido a varias razones, como cierres, datos incorrectos de preinscripción o direcciones inexistentes”, plantearon desde Capital Humano. Lo llamativo es que la denuncia de Pettovello también recayó en el juzgado de Lijo.
Frente a las acusaciones, Charly Fernández explicó que el RENACO no es más que un organismo de recopilación que se encarga de llevar adelante un registro de la inscripción de los comedores, “lo que no quiere decir que estén abiertos” a la fecha dado que muchos funcionaron sólo durante la pandemia.
“Las causas no tienen ni pie ni cabeza. Lo que está claro es lo que vimos después: salió la denuncia sobre la comida que no entregan. Es algo que tampoco empieza con este Gobierno, o sea, el año pasado se entregó comida solamente 5 veces en el año”, continuó respecto a la causa abierta contra el Ministerio de Capital Humano por el almacenamiento de cinco toneladas de alimentos en dos depósitos del país.
Si bien tanto el referente del FOL como el del Polo coinciden en que al interior de las organizaciones “puede haber problemas generados por las propias realidades de los territorios, de las necesidades que tienen los compañeros”, ambos descartan la posibilidad de que haya mecanismos extorsivos ni se negocie con los haberes de los beneficiarios.
“Pasamos de ser los héroes de la pandemia a ser una mafia que andaba robándole a la gente”, describió Fernández, intentando sintetizar la construcción del relato de la administración libertaria. Calificó de “mecanismo perverso” las acusaciones de extorsión en su contra, y aclaró que la coordinación de las asistencias sociales les traía a las organizaciones “más problemas que soluciones”.
La respuesta de las organizaciones
El referente del Polo Obrero y sus militantes aseguraron que los aportes a la organización son voluntarios, y por eso los defensores solicitaron ampliar la declaración antes de que venza el período para resolver la situación procesal de los acusados. Tras el procesamiento, la defensoría de Belliboni a cargo de las abogadas Liliana Alaniz y Claudia Ferraron presentaron un escrito ante el juez Casanello para ampliar la indagatoria, que fue denegado. El referente del Polo Obrero apuesta a justificar sus rendiciones contables en el marco de la acusación de las facturas falsas para justiciar gastos. A pesar de los reclamos, el juez no dio lugar a la solicitud.
El referente del Partido Obrero, Juan García, afirmó que Belliboni aspira a demostrar que la empresa Costex estaba habilitada y certificar además a través de un escribano público el inventario de compra del Polo Obrero (computadoras, entre otras cosas) para constatar lo adquirido. También apuestan a constatar las capacitaciones y concursos que se daban a las personas beneficiarias de los planes sociales. “El acusado tendría que poder hablar en cualquier momento del proceso y se lo niegan, lo cual es una violación del derecho a la defensa. El único fundamento que se acepta es la dilación en el proceso, pero en este caso, llevamos un tiempo récord: desde los allanamientos hasta el procesamiento pasaron dos meses”, argumentó.
La Justicia tampoco hizo lugar al pedido para postergar las indagatorias con el objetivo de poder acceder a las pruebas y estudiar la totalidad de la causa.
“El juez priorizó dictar un procesamiento en el marco de una causa mediática, promovida por el gobierno de turno, omitiendo resguardar el derecho de defensa. Es inadmisible un procesamiento en los términos en los que actuó el instructor, máxime cuando esta defensa realizó diversas peticiones a fin de salvar los vicios en los que incurrió, que fueron sistemáticamente denegados sin garantizar otros mecanismos”, plantearon las abogadas a través de un recurso de apelación.
También detallaron que tras la asunción de la defensa, que data del 13 de mayo de 2024, la causa estaba bajo secreto de sumario, por lo que recién dos días después se le permitió el acceso al expediente y «solo por unas horas, ya que nuevamente se decretó el secreto de sumario, sin que la parte pudiera siquiera descargar las actuaciones incorporadas”. Para las abogadas, «no se permitió ejercer una real y efectiva defensa, que parece que para el juez solo está cubierto con el hecho de acompañar a un imputado al acto de la indagatoria”. Y señalan que hubo una vulneración del principio de igualdad de armas: “Mientras el Estado contó con cinco meses o quien sabe más para recolectar prueba de cargo, la defensa, con sólo doce días para tomar conocimiento de la totalidad de las actuaciones que no fueron siquiera íntegramente digitalizas, recolectar prueba de descargo y exponer su teoría del caso”.
Agregan que el procesamiento se dictó con “prueba pendiente y central para dilucidar esta instancia, y la prueba informativa solicitada al Ministerio de Capital Humano que, incluso siendo querellante, aún no cumplió”.
Por otra parte, respecto a las acusaciones de solicitar con un porcentaje del total del plan, desde el Polo Obrero aclararon que no se trataba de un aporte obligatorio, sino más bien el pedido a discreción del 2% para financiar a la organización, que se sustenta con el aporte de sus miembros. “Nunca a nadie se le dio de baja por no aportar y eso se puede constatar, pero la Justicia no se molestó en hacerlo”, sostuvo García.
En paralelo, los allanamientos continuaron en varios locales y sedes de los movimientos sociales cuyos procedimientos despertaron la preocupación en las organizaciones sociales.
Desde el Bachillerato Popular Graciela Acosta, que integra la coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha bajo la dirección del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), denunciaron que en el marco de un allanamiento las fuerzas de seguridad intentaron incautar mobiliario en un procedimiento totalmente irregular. “No existe causa judicial alguna, ni denuncias, simplemente es parte del ataque desmedido y arbitrario que sufrimos las organizaciones sociales y políticas realizado por el gobierno nacional, con la ayuda de las estructuras judiciales que incumplen derechos de nuestra Constitución Nacional, varios tratados, pactos internacionales y derechos mínimos y universales de organización social, política y cultural”, cuestionaron.
Y agregaron que “este atropello fue además perpetrado simultáneamente contra otras organizaciones sociales, demostrando que es un plan integral contra todo movimiento de la ciudadanía que se organiza por sus derechos”. Belliboni relató situaciones similares en los locales del Polo Obrero: «De un lugar se llevaron plata de una herencia que tenía una compañera. Ella contaba con el papel que constataba que se trataba de una herencia, pero ellos querían hacer un escándalo con que hay una piquetera que tiene 55 mil dólares, cuando en realidad había cobrado una herencia”.
“Eso es una responsabilidad directa del fiscal (Pollicita) porque la Policía, actuando correctamente, le preguntó al fiscal si se llevaba ese dinero porque estaba la comprobación de dónde venía. No era plata en negro, aparte lo podían haber registrado y no llevárselo. Pero no, él lo necesitaba porque quería hacer de eso una denuncia pública, una denuncia a los medios. Eso es delito en la Argentina. Sin embargo, le llevaron la plata y rápidamente le comunicaron a los medios que habían secuestrado 55 mil dólares a una piquetera”, explicó.
En el FOL la experiencia fue similar. Según detalló Fernández, allanaron su casa de madrugada en un procedimiento que generó tensión entre las fuerzas de seguridad y su familia, luego de que patearan su puerta e intentaran ingresar de forma violenta. También contó que en uno de los allanamientos que realizaron en la Villa 21 – 24, en el hogar de una madre soltera, las fuerzas de seguridad dijeron que se trataba de una investigación por posesión de sustancias ilícitas, en un nuevo refuerzo del estigma social de los barrios carenciados, y creando una atmósfera adversa para la propietaria entre los vecinos.
“En nuestro caso, allanan a ocho personas y nuestro local de la cooperativa. Tenemos un emprendimiento productivo y un restaurante que se llama Sabor Latino (en Moreno y San Luis), en el que trabajan, sobre todo, compañeras de la comunidad migrante de las distintas villas de la ciudad, haciendo comidas típicas latinoamericanas. Arriba funciona la oficina, por lo que se llevaron la recaudación de las compañeras que laburan ahí, que estaban trabajando el fin de semana y que guardaban el dinero en la oficina para evitar llevarlo a su casa, porque muchas de ellas son de las villas. Por suerte pudimos hacer un acta separándolo, porque era plata de ellas”, denunció el dirigente del FOL.
Sumó que “nos incautaron una de las cuentas de la cooperativa y también quedaron secuestrados los sueldos de las que trabajan haciendo limpieza y control de plagas en la localidad de La Plata. Cuando pedimos que nos liberen la plata porque era el sueldo de la gente, el fiscal Pollicita planteó que le parecía muy poco monto para ser sueldos. Eso es lo que cobra la gente; claro, lo que cobran 100 personas en La Plata es lo que él se gasta en una cena», planteó.
Organizarse, el peor de los males
Detrás de las denuncias, los violentos operativos policiales, la irregularidad en los allanamientos e incluso las detenciones arbitrarias ordenadas por el Ministerio de Seguridad, se evidencia la condena del oficialismo a la organización de los sectores que reclaman sus derechos y que hacen frente a las políticas de ajuste libertarias.
Así lo piensan varios de los militantes que dedican sus días a mejorar la realidad de los barrios, y el propio Belliboni, quien asegura que la administración libertaria se dedica a “perseguir” cualquier atisbo de organización sea social, sindical y de trabajadores. Incluso cree que parte de esa estrategia se materializa en las “amenazas” de Patricia Bullrich para hacer pagar la cuenta de los gastos de los operativos de seguridad a los sectores que reclaman derechos en la calle.
«El Gobierno nos ha tomado como un chivo expiatorio para golpear a un movimiento que viene luchando contra las políticas de ajuste. No consideramos que tenga un carácter excepcional”, puntualizó Belliboni y agregó: “Claramente las organizaciones del movimiento obrero son perseguidas por los gobiernos ajustadores, por este y por todos los que han sido ajustadores”.
Cada detalle que se suma al entramado de denuncias que impulsa la administración de Javier Milei es mediáticamente usada para engrosar “el monstruo”, término que utilizan los abogados para referenciar a la megacausa contra sus defendidos. Entre las filas del FOL también observan esa búsqueda de castigo contra quienes se organizan: “Lo que plantean como mecanismos perversos o coercitivos tiene que ver con cuestiones cotidianas de la organización social y comunitaria. Nadie de es obligado, nada es a la fuerza”, aseguró Charly Fernández.
Con Patricia Bullrich al frente como ministra estrella, condecorada con la etiqueta de “halcón”, el Gobierno avanza con dureza contra cualquier atisbo de organización. “Hay una gran presión política y mediática para que Belliboni vaya preso”, remarcó García, quien además afirma que el objetivo de fondo es desarticular al movimiento obrero con una batalla política y legal todavía “con pronóstico abierto”.
Lo cierto es que los tiempos judiciales parecen ordenarse cuando de organizaciones sociales se trata, y las irregularidades que abundan no suelen importar cuando el Poder Ejecutivo presiona para aleccionar a los articuladores de la asistencia social, que con errores y aciertos suplieron el trabajo que le correspondía al Estado y en el que nunca logró hacer pie. Hasta ahora, las organizaciones denuncian que ya se registraron 120 allanamientos a comedores populares.
Fuente: https://perycia.com/2024/08/denuncias-organizaciones-sociales-lawfare/