El representante del gobierno de La Libertad Avanza dijo que la pobreza está bajando, pero no pudo contestar por políticas sociales concretas para niñas, niños y adolescentes. Tampoco contestó sobre la entrega de insumos médicos para garantizar la salud sexual y reproductiva, y rechazó la existencia de la violencia de género. En la última audiencia atacó a las organizaciones de derechos humanos y las acusó de buscar venganza.
Este 14 de noviembre el Estado argentino fue convocado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder sobre la vigencia de los derechos humanos en el país. El rol estatal en las audiencias fue agresivo y no estuvo a la altura de lo que se espera de un Estado. La poca preparación con que se dispusieron a representar al gobierno llevó a que contestaran las consultas de los comisionados y la comisionada de forma fragmentaria y, en general, incompleta.
Efectos del ajuste en los sectores más empobrecidos
En la primera audiencia sobre las políticas de ajuste y sus consecuencias para el sostenimiento de la vida digna de los sectores populares, el gobierno no pudo defender su política social, laboral y de vivienda en relación a los estándares de derechos humanos. Sólo habló el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños. No participó el funcionario responsable de las decisiones que afectaron el acceso a los derechos humanos de cientos de miles de personas, como el del Ministerio de Capital Humano o la Subsecretaría de Integración Socio Urbana.
El gobierno tampoco pudo contestar, por ejemplo, qué está haciendo para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y evitar regresiones en general en la política social. Ante la falta de respuestas, se comprometió a responder por escrito más adelante. Cuando articuló alguna respuesta, fue impreciso y no pudo contestar los planteos que recibió desde las organizaciones de la sociedad civil y desde la Comisión.
Los comisionados fueron claros en que el Estado tiene que rendir cuentas respecto de sí mismo y que, de acuerdo a los estándares de derechos humanos, no se puede retroceder en la garantía de los derechos.
Violencia de género y derechos sexuales y reproductivos
Al igual que en la audiencia anterior, Baños dijo que no iba a responder las preguntas, que lo haría luego por escrito. Leyó un informe para justificar el ajuste económico y la pauperización de la institucionalidad contra la violencia de género, basado en que “si la economía mejora también mejorará la vida de las mujeres”.
El representante del Estado negó la existencia de la violencia de género, el mismo día que en la ONU la Argentina se convertía en el único país en votar contra una resolución a favor de erradicar la violencia contra las mujeres. Ante la CIDH habló de “violencia en todas sus formas”. Al punto que, luego de escuchar al Estado argentino, el comisionado José Luis Caballero comenzó su intervención con una aclaración: “lo que no se nombra no existe”. En el mismo sentido habló la comisionada Roberta Clarke: “todo el trabajo que venimos haciendo hace 40 años es para visibilizar la violencia de género. Es el tipo de violencia más perpetrada, por eso no hay que dudar en nombrarla y explicar la desigualdad que enfrentan las mujeres”. Le dijo a Baños que “tiene que reforzar todos estos conceptos para que esta violencia no sea naturalizada. Les pido como funcionarios de gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar la violencia de género”.
El Estado reconoció la degradación institucional y el recorte de áreas, pero lo justificó en términos de una supuesta eficiencia, sin registrar la desprotección en la que se encuentran las mujeres y diversidades. Un ejemplo es el programa Acompañar, destinado a las víctimas de violencia de género, que tuvo una caída del 98% y que dejó de cubrir la demanda de mujeres en el máximo nivel de riesgo. Se trata de miles de mujeres cuyas vidas están en riesgo mientras el Estado las deja libradas a su suerte.
A contramano de nuestras leyes y la protección incremental de la vida, Baños dijo que la Argentina protege la vida desde la concepción. Y que desde la ley de interrupción voluntaria del embarazo, 27.610, hubo “245 mil abortos de niños”. Aunque el Plan ENIA redujo el embarazo adolescente en un 50%, para el gobierno actual “fue un fracaso”. No dijo nada sobre la falta de entrega de medicamentos para acceder a la salud sexual y reproductiva.
Memoria, verdad y justicia
En la última de las audiencias del día, los representantes del Estado fueron sinceros sobre la visión que tiene el poder ejecutivo sobre el periodo dictatorial: el representante del Ministerio de Defensa justificó haber desarmado el equipo de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas afirmando que se trataba de un grupo de “vengadores” y que el espíritu de esta gestión es garantizar la “memoria completa”. En el camino, mostró desconocer los estándares más elementales sobre el tratamiento de archivos relacionados con crímenes de lesa humanidad.
Mientras las y los integrantes de la CIDH usaron minutos de sus exposiciones en reconocer la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo para buscar a las y los desaparecidos, el secretario de Derechos Humanos no hizo más que expresar su desprecio y fastidio por tener que rendir cuentas. Ante las reiteradas agresiones de los representantes del Estado, Claudia Poblete, de Abuelas de Plaza de Mayo, se disculpó ante la Comisión por hacer una alusión personal y dijo “Escuchar que se nos acusa a los organismos de derechos humanos de buscar venganza nos retrotrae a los tiempos en que yo estuve apropiada. Es el discurso de los perpetradores, es el discurso con que me criaron a mí para evitar que pudiera buscar mi propia identidad”.
Como en las dos audiencias anteriores, el Estado pretendió justificar los cambios en las políticas de memoria, verdad y justicia en la crisis económica del país. Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, remarcó que “el gobierno exhibe una euforia militarista. Considera que las fuerzas armadas han sido humilladas como efecto del proceso de memoria, verdad y justicia, exalta su actuación durante el terrorismo de Estado, promueve su participación en materia de seguridad interior, aumenta de forma significativa el presupuesto de Defensa, Seguridad e Inteligencia, mientras restringe el financiamiento de numerosas políticas públicas”.