DOSSIER JUBILADOS
Reprimieron nuevamente la movilización de jubilados
Por Mario Hernandez.
Una niña, una anciana y un fotógrafo de la Agencia Noticias Argentinas fueron gaseados el miércoles 26 como consecuencia de la represión de las fuerzas federales por parte de efectivos de Prefectura Naval Argentina (PNA) durante una nueva marcha de jubilados y organizaciones políticas al Congreso.
Sobre la nena, se desconoce si participaba junto a algún mayor de la movilización o pasaba justo por el lugar, debido a que muy cerca hay una escuela primaria.
En cuanto al fotógrafo agredido, se trata de Damián Dopacio de la Agencia Noticias Argentinas, quien fue reprimido con gas pimienta junto a una jubilada cuando los manifestantes circulaban por la vereda, respetando el protocolo antipiquetes.
“Estábamos caminando por la vereda cuando de repente un prefecto nos tiró gas pimienta de cerca. Algo incomprensible. Una locura absoluta”, indicó Dopacio, quien fue auxiliado por un reportero gráfico que buscó al personal de primeros auxilios de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que se encontraba en el lugar.
El hecho se produjo en medio de una serie de incidentes y forcejeos que se registraron el miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde la Policía aplicó el protocolo antipiquetes para garantizar la circulación de tránsito.
Como consecuencia de la represión, varios manifestantes y jubilados resultaron heridos por la aplicación de gas pimienta por parte de efectivos de Prefectura Naval.
Asimismo, un efectivo de la Policía Federal golpeó a un fotógrafo con su motocicleta.
Un falso informe policial sobre la represión a la jubilada Beatriz Blanco
Por Irina Hauser
A pesar de que los videos muestran claramente cómo le tiraron gases y la golpearon, el parte del comisario Romualdo Coronel relata que simplemente una señora “se encontraba tirada en el suelo” con un corte en la cabeza.
Cuando Beatriz Blanco se desplomó después de recibir un golpe en la cabeza de parte de un agente de la Policía Federal en la movilización de los jubilados del 12 de marzo, a otro efectivo de esa fuerza que estaba en el lugar no le quedó otra opción que pedir una ambulancia y labrar un acta de lo ocurrido para reportar a la fiscalía de flagrancia de la Ciudad de Buenos Aires. El uniformado, sin embargo, hizo un informe donde se ahorró la mayor cantidad de detalles posible, pese a que las reglas procesales le exigen individualizar a los culpables, impedir que el hecho genere otras consecuencias y juntar pruebas, incluso testigos. “En el día de la fecha, en la intersección de la Avenida Rivadavia y Entre Ríos siendo las 16.55 horas aproximadamente, se encontraba tirada en el suelo una señora de 87 años de edad, de nombre Beatriz Blanco la cual poseía corte en el cuero cabelludo, es así que se solicitó la ambulancia del SAME…”, dice el escueto sumario que entregó para abrir una causa penal.
La denuncia que, por otro carril, presentó la propia Blanco, es contundente. Describe que aquel miércoles a las 16.10 estaba cerca de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia, del lado del edificio del Congreso, cuando fue “rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA). “Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA recibí –relata– un golpe en la cabeza, con un elemento que creo que se denomina tonfa, lo que provoca mi caída al piso. Fui derivada al Hospital Argerich, donde se me diagnosticó traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conciencia (tengo para mí que en realidad sí perdí el conocimiento y por un tiempo prolongado), herida cortante en la región occipital (que mereció sutura) con irritación ocular ‘secundaria a gas pimienta‘”.
Que el ataque provino de efectivos de la PFA es algo que quedó registrado en filmaciones periodísticas y que incluso asumió como un hecho en función de esa evidencia la fiscalía porteña Especializada en Violencia Institucional e Integridad Policial (FEVIIP). La omisión de identificar y mencionar a los autores de la agresión en el acta policial fue señalada en una resolución en la que la jueza porteña Karina Andrade se declaró incompetente en la causa sobre las lesiones sufridas por Blanco. Por estar involucrados agentes federales mandó el caso a Comodoro Py, donde ya había otra causa iniciada por la Procuraduría de Violencia Institucional que actúa a nivel federal, que aludía tanto a la agresión a Blanco como al disparo recibido por el fotógrafo Pablo Grillo, quien sigue en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía. A este expediente se sumaron organismos de derechos humanos, la propia Blanco –representada por los abogados Adrián Albor y Daniel Llermanos– y la familia de Grillo.
Por la reconstrucción que logró hacer el colectivo Mapa de la Policía, se sabe que al joven le disparó un gendarme, que sería el cabo primero Guerrero. El material fílmico, analizado por peritos fue entregado por la familia de Grillo a la jueza Servini quien, sin embargo, sostuvo que ella no era competente en el expediente después de que paseara por el fuero ordinario y pasara por el juzgado de Ariel Lijo, quien le devolvió todo a la magistrada. A juzgar por el texto de la jueza Andrade, se desprende que por lo ocurrido a Blanco no sólo deberían quedar en la mira los policías agresores, quienes dieron las órdenes y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –como pidió la jubilada herida– sino quien labró un acta incompleta y todos los policías que estaban junto a él. En las imágenes se advierte que son varios.
La pelea de competencia llegó este martes a la Cámara Federal y será resuelta por su presidente, Mariano Llorens. Podría demorar hasta el viernes o pasar a la otra semana. Servini, entretanto, decidió ordenar las medidas de prueba más urgentes destinadas obtener cámaras de la zona, que se podrían perder con el tiempo.
Datos elocuentes
Quizá parezca un enredo, pero lo que aquí ocurrió es que había causas que tramitaban por Grillo y por Blanco en los tribunales porteños –ya que los hechos ocurrieron en la Ciudad y también intervenía la policía porteña– y otras en los tribunales federales. La del fotoperiodista fue girada con rapidez a Comodoro Py. La de Blanco quedó demorada por una discusión sobre qué juzgado de la Ciudad debía actuar. Por eso recién llegó el viernes al edificio de Retiro, donde por sorteo le tocó a Lijo, que subroga el juzgado 12.
Antes de declarar su incompetencia, Andrade analizó el material disponible y ahí fue que encontró lo que la Policía Federal le había mandado (y eludido) al auxiliar fiscal.
- El comisario Romualdo Coronel fue quien confeccionó el parte que decía que había simplemente una mujer tirada en el piso con un corte en la cabeza en Rivadavia y Entre Ríos y que su nombre es Beatriz Blanco. El horario consignado era 16.55. Avisó a la fiscalía de flagrancia casi dos horas después: a las 18.39. La fiscalía le indicó a la Policía de la Ciudad que continuara con las actuaciones para investigar el delito de “lesiones”. Debían ir al lugar, pero esto no ocurrió.
- La declaración como testigo de Leonardo Tomás Núñez, Jefe de Servicio de la Comisaría de Intervenciones Judiciales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, aportó un dato tragicómico: la orden de servicio 659/2025 para el despliegue en las inmediaciones del Congreso estaba identificada con el nombre “porque hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados” (sic). Núñez describió que se encontraba en la zona la Unidad Judicial Móvil de la Comisaría de Intervenciones Judiciales y que había gran cantidad de manifestantes de organizaciones sociales, jubilados, integrantes de asociaciones gremiales e hinchas de diversos clubes de fútbol argentino, con actitud pacífica y cantando frases alusivas a la protesta.
Al referirse a Blanco, relató que entre las 16 y 16.30 lo llamaron para que se acercara ya que “una señora de nombre Beatriz Blanco de 87 años de edad (su abogado indica que Beatriz tiene 81 años, no 87) se encontraba tendida en el suelo con un corte en el cuero cabelludo”. Habían mandado la ambulancia del Hospital Churruca-Visca (el hospital de la policía) y la llevaron al Argerich con diagnóstico “corte en cuero cabelludo, sin pérdida de conocimiento, y sin riesgo de vida”. El subinspector Núñez declaró que intentó “mediante frecuencia en reiteradas ocasiones” que acudiera la policía porteña pero “no se hicieron presentes”.
Deberes policiales
La resolución de Andrade, remarca que “del sumario policial incorporado a la causa (…) si bien surge la lesión que tenía la Sra. Blanco, no se desprende información alguna que permita establecer la autoría o existencia de un presunto delito. En efecto, no se deja asentada la causa de la lesión, tampoco si fue producto de un accidente o de una acción provocada por un tercero, menos aún si pudo haber sido consecuencia del accionar de un individuo que participaba en la movilización o de personal policial”. Desde la Coordinación del Ministerio Público Fiscal ponderaron el material audiovisual público y que vinculaba a agentes de la Federal con las lesiones a la mujer. Comenzó a intervenir Violencia Institucional y su titular, Lorena San Marco, evaluó que era “prueba contundente respecto de la presunta autoría del hecho” y la causa debía pasar al fuero federal, por estar implicados agentes federales.
La jueza Andrade sugirió que la investigación en Comodoro Py debería tener en cuenta “las obligaciones que las fuerzas de seguridad federal tienen al momento de actuar en un procedimiento en flagrancia” según las normas procesales: primero denunciar los hechos delictivos, impedir que “sean llevados a consecuencias ulteriores”, “individualizar a los culpables”, “reunir las pruebas para dar base a la acusación”. Cuando la intervención sea en la vía pública las actas deben contener “en lo posible”: “la identificación del/la imputado/a; la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación; los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las diligencias practicadas y toda otra prueba del hecho”. Como está a la vista, casi nada de esto se cumplió pese a la elocuencia de las imágenes que circulaban por todos lados.
Las actas en cuestión deben ser remitidas a la fiscalía, de inmediato, en especial si hay personas aprehendidas. La policía y fuerzas de seguridad deben cuidar “que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique” y “cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias”.
A trece días de la represión, como está a la vista, en tribunales hay más preguntas que respuestas, o incluso más interrogantes que medidas de prueba e investigación.
Venció la moratoria previsional
La Ley 27.705 permitía que quienes no contaban con 30 años de aportes tuvieran la oportunidad de jubilarse igual cobrando el haber mínimo. Sin embargo, el alcance de la norma llegaba hasta el 23 de marzo. El Gobierno no propuso una prórroga y la oposición no consiguió impulsarla en el Congreso. Se calcula que ahora 9 de cada 10 mujeres no tendrán los aportes suficientes para jubilarse, igual que 7 de cada 10 hombres.
Actualmente, el sistema previsional argentino está compuesto por 7,2 millones de jubilaciones y pensiones. De ese total, el 59,5% (4,3 millones) fue obtenida a través de una moratoria.
A partir de la semana que viene, las personas que no lleguen a los años de aportes sólo tendrán la opción de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que otorga el 80% de una jubilación mínima.
Además, la PUAM implica que las mujeres deban cumplir 65 años para jubilarse, y no 60 como en la moratoria. También pierden el derecho a recibir una pensión por viudez, y es incompatible con otros ingresos laborales, así que los y las beneficiarias deberán optar entre cobrarla o trabajar.
Según un informe de Seguridad Social el 69% de las mujeres que cumplen 60 años en 2025 no cuenta con los 30 años de aporte. Tampoco el 50% de los hombres que cumplen 65 años. Se trata de unas 243.000 personas; una cifra que podría duplicarse si se suma a quienes ya tienen la edad jubilatoria, pero no los aportes necesarios por lo que tenían previsto acogerse a la moratoria.
Qué opciones quedan para jubilarse sin 30 años de aportes
Por Natalí Risso
Con el final del plan de pago previsional que regía, miles de personas que alcanzan la edad jubilatoria se enfrentan a alternativas menos equitativas. PUAM, PEA, aportes en cuotas y una nueva prestación proporcional en análisis.
A partir de esta semana, las mujeres que cumplan 60 y los hombres que cumplan 65 años y no tengan los 30 años de aportes requeridos para acceder a una jubilación, deberán utilizar alguna de las alternativas vigentes que ofrece la Anses al régimen de moratoria que venció el 23 de marzo y el Gobierno decidió no renovar. El Gobierno analiza reemplazar la moratoria por una PUAM con proporcional por aportes.
Como ninguna es tan eficiente como la moratoria —el instrumento que permitió incorporar a la Argentina a la lista de países con mayor cobertura del mundo al extender los beneficios previsionales del 66% al 95% de los adultos mayores desde el 2004— el gobierno de Javier Milei analiza crear una prestación proporcional por vejez, que sume a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) un proporcional por años aportados.
PUAM
La primera alternativa y más conocida para los adultos mayores será aplicar al cobro de la PUAM, que representa un 80% del haber mínimo —$223.297 en marzo sin contar el bono de $70.000.
Esta herramienta, creada en 2016 por la Ley 27.260, cosecha varias críticas. En primer lugar, es un monto menor que la ya irrisoria jubilación mínima. Segundo, no es contributiva con lo cual una persona con 29 años de aportes tendrá el mismo beneficio que quien no hizo ninguna contribución al sistema previsional. Tercero, no es universal, sino que exige límites socioeconómicos y patrimoniales para su acceso. Cuarto, al ser una opción que recién se habilita a los 65 años, retrasa cinco años la edad de retiro de las mujeres. Finalmente, y a diferencia del derecho jubilatorio, no da derecho a pensión. Es decir que cuando la persona muere, su viuda o viudo no sigue cobrando.
Compra de aportes previsionales para trabajadores activos
La ley 27.705 que sancionó la última moratoria previsional con vencimiento en marzo, incorporó un capítulo novedoso respecto a las anteriores, que permite a hombres y mujeres que estén a 10 años o menos de la edad de jubilarse y anticipen que no llegarán a contar con los 30 años de aportes necesarios para acceder al derecho previsional, saldar la deuda en cuotas y llegar al momento de la jubilación con los aportes correspondientes. A diferencia de la moratoria, no tiene vencimiento.
Los hombres entre 55 y 64 años y mujeres entre 50 y 59 años que anticipen que no llegarán a cubrir los 30 años de aportes podrán comprar “unidades” o meses previos a abril de 2012 —si eran mayores de edad, no tenían un trabajo formal y residían en el país durante esos meses comprados. El valor de cada unidad se actualiza por inflación. En marzo fue de $27.262,36 —un año cuesta $327.148.
Moratoria para cancelar deudas por meses previos a octubre 1993
Aún sigue vigente la primera moratoria previsional que se hizo en la Argentina en 1995, que permitía comprar deudas de autónomos o monotributistas por meses previos a octubre de 1993. La moratoria es distinta a la que conocimos los años posteriores (ni siquiera tuvo un gran efecto al momento de aplicación en los 90): no sirven para cancelar deuda de aportes en relación de dependencia que no fueron realizados. Solo se pueden pagar años en los que el o la trabajadora estaba inscripta en AFIP y adeuda pagos.
Prestación por edad avanzada (PEA)
Vigente desde 1995, la PEA permite el acceso a una jubilación mínima para personas de 70 años o más que tengan, al menos, 10 años de aportes registrados. Entre los requisitos, la Anses exige que 5 de esos años deben haber sido trabajados durante los últimos 8 años anteriores al cese de la actividad laboral. Al igual que la PUAM, no es compatible con otra jubilación o pensión.
Una de sus principales críticas tiene que ver con el retraso de cinco y diez años de la edad jubilatoria para hombres y mujeres.
Pensión No Contributiva por Vejez
Para personas de 70 años o más sin cobertura previsional o no contributiva. El monto equivale al 70% de una jubilación mínima y también se actualiza por movilidad.
El nuevo PAMI de Milei: purga interna, copamiento libertario y ajuste sobre los jubilados
Por Pedro Lacour
Bajo el mando político de Santiago Caputo, el organismo fue reestructurado en silencio: despidos masivos, recortes en medicamentos y nuevos funcionarios sin trayectoria técnica, pero con afinidad ideológica. El caso de la platense Antonella Racunti.
En el edificio de Corrientes 655 ya no queda rastro del equilibrio precario que había sostenido Juntos por el Cambio. Ni técnicos con terminales en la UCR, ni armados híbridos con el peronismo moderado. En el PAMI manda ahora la lógica libertaria del gobierno de Javier Milei: una combinación de recorte presupuestario, copamiento territorial y ocupación ideológica. Bajo la presidencia formal de Esteban Leguizamo, pero con el pulso político del asesor todoterreno Santiago Caputo, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados entró en una fase de reorganización silenciosa pero profunda. Sin grandes anuncios ni fotos, pero con una lista cada vez más visible de despidos, reestructuraciones internas y nuevas figuras con línea directa a la Casa Rosada. La motosierra de Lugones en Salud: desde privatización de hospitales hasta menos maestros integradores
La transformación institucional fue profunda. En los últimos meses, las cuatro gerencias sociales del organismo se redujeron a una sola, subdividida ahora en seis subgerencias. Se desplazó a figuras como Sergio Barrionuevo —ligado al operador peronista porteño Juan Manuel Olmos— y otros cuadros vinculados a Graciela Ocaña o Carlos Rojo. Algunos conservaron cargos intermedios, incluso sin reducción salarial, pero con menor peso político. La nueva arquitectura comenzó a responder a una Unidad Técnica Operativa subordinada al número 2 de Leguizamo, Carlos Zamparolo, quien proviene de la obra social de los empleados de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA).
Entre las designaciones más llamativas estuvo la de María Antonella Racunti, libertaria de La Plata y militante activa de la organización Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA), que tras la reestructuración asumió como la única gerenta del PAMI, al frente del Área de Participación e Inclusión Social. En redes sociales, Racunti se muestra alineada con el sector más duro del oficialismo. Comparte asiduamente publicaciones de Lucas “Sagaz” Luna —referente libertario de Tres de Febrero, con llegada a la mesa chica de Caputo— y de Las Fuerzas del Cielo, una agrupación con voceros como El Gordo Dan.
La militancia digital forma parte de su estilo, aunque no sin controversias. En octubre pasado, Racunti compartió —y luego borró— un mensaje en tono de burla sobre la última dictadura militar. “La última vez que se hicieron los picantes terminaron buscando hijos y nietos por 40 años. Sigan así”, decía el posteo original de la cuenta @oficinagtar, replicado por ella con una risa. El mensaje generó rechazo incluso dentro del propio PAMI, pero no tuvo consecuencias formales. En los pasillos de Corrientes 655, el episodio se interpretó como otro reflejo de la libertad de acción que manejan algunos cuadros del armado libertario.
Es que Racunti responde al ala platense que se referencia directamente en Caputo. El 1° de marzo fue vista en los balcones del Congreso junto a otros miembros de ese núcleo, como Isidro Bonicatto, referente universitario de ULLA, o Yamil Salerno, flamante jefe del área de Derecho y Ciudadanía. Psicólogo de formación, con apenas dos cursos relacionados al derecho —uno sobre niñez—, su designación fue otro caso en el que la cercanía política se impuso a la formación técnica. Racunti y Salerno hoy trabajan codo a codo, pero sin contacto alguno con los empleados. “Racunti se encierra en su oficina y Salerno, que por su cargo debería estar con el resto de los trabajadores, se queda con ella”, deslizó una fuente a el DiarioAR.
Otra figura visible del nuevo esquema es Lucas Catalín Malin, actual jefe de Gabinete del PAMI. Su nombre no figuraba en las estructuras anteriores, pero hoy es uno de los hombres fuertes del organismo previsional, al que aterrizó con una hoja de ruta clara: consolidar la línea Caputo y reordenar el tablero interno. Antes de ocupar su nuevo cargo, se desempeñó al frente de la Gerencia de Comunicación Institucional. Oriundo de San Nicolás, Malin tiene una trayectoria como consultor en comunicación política y ocupó roles técnicos en la ciudad de Buenos Aires, como coordinador del Observatorio del Ente de Turismo porteño.
Motosierra sin fin
En enero, el ajuste interno se volvió explícito en el PAMI: 230 despidos sin previo aviso, concentrados esta vez en el nivel central. A diferencia de 2024, cuando las cesantías afectaron mayormente a las agencias del interior del país, ahora la reconfiguración se discutió en una mesa paralela instalada en el Ministerio de Salud. La intervención la cartera conducida por Mario Lugones en un ente autárquico llamó la atención. “Nos pareció raro que se tratara ahí, pero políticamente la línea es clara”, dicen desde adentro. En ese esquema aparece también el nombre del ministro, Rodrigo Lugones, íntimo amigo de Santiago Caputo y operador de peso, aunque sin funciones visibles en la gestión diaria.
En paralelo a esa dinámica, con Milei, el PAMI también perdió su tradicional autonomía respecto de las paritarias estatales: desde esta gestión, los aumentos salariales se rigen por lo que acuerden los gremios ATE y UPCN. Para los trabajadores del Instituto, esto implicó una caída en su poder adquisitivo, antes diferenciado del resto del Estado.
Pero el recorte no se limita al personal. En diciembre, el PAMI eliminó la cobertura total de medicamentos para más de 1,7 millones de afiliados. La medida se sumó al ajuste del vademécum realizado en agosto, que dejó afuera antibióticos, corticoides, antipsicóticos y tratamientos esenciales. Hoy, el listado completo de medicamentos cubiertos no es público. Además, quienes cobren más de un haber mínimo, posean un auto de menos de diez años o dos propiedades, perdieron el acceso al subsidio del 100%. Según cálculos internos realizados en ese entonces, eso representa un recorte promedio de 74.500 pesos mensuales por persona.
A eso se suma otra mala noticia: que el próximo 31 de marzo vencen los convenios con la industria farmacéutica, que se renuevan cada año. Según pudo saber el DiarioAR, aún no hay definiciones claras sobre su continuidad. Tampoco sobre el futuro del programa Pro-Bienestar, de entrega de alimentos, reconvertido en una transferencia monetaria impersonal, sin vínculo con los centros de jubilados, muchos de los cuales ya dejaron de recibir asistencia.
Esa motosierra vino acompañada de una reforma previsional de facto. Es que la fórmula de movilidad jubilatoria fue reemplazada por un ajuste por inflación, lo que impide recuperar el poder adquisitivo perdido. Los haberes se estabilizan en el piso. Además, el bono de 70.000 pesos para jubilados con la mínima quedó congelado desde marzo de 2024 y no hay previsión de aumento. Si se hubiese actualizado con el mismo criterio que los haberes, hoy debería rondar los 135.000.
El final de la moratoria previsional, que vence en abril, añade otro ítem crítico. Si no se renueva, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad jubilatoria sin 30 años de aportes solo podrán acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que paga el 80% del haber mínimo, no es heredable y eleva la edad jubilatoria efectiva de las mujeres de 60 a 65 años. En el primer semestre de 2023, siempre según datos oficiales, el 1,6% de los mayores de 65 años eran indigentes. Un año después, esa cifra trepó al 4%. La pobreza en ese grupo etario pasó del 13,2% al 29,7%.
En la calle, ese deterioro encontró una forma de respuesta. Desde el año pasado, todos los miércoles se concentran jubilados autoconvocados frente al Congreso. Protestan por la pérdida del poder adquisitivo, la falta de cobertura médica y la quita del bono. El 12 de marzo pasado tuvo lugar la jornada más álgida: carteles, cacerolas y bastones terminaron envueltos en los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad, que desplegaron un operativo que terminó con el fotógrafo Pablo Grillo gravemente herido.
“Nuestra lucha no está emparentada con las traiciones de la CGT”, señaló a el DiarioAR una jubilada autoconvocada que este miércoles volverá a salir a la calle. “Si nos apoyan y vienen a marchar con nosotros, bienvenidos, porque la CGT es la dirección de la clase obrera. Pero sabemos que su historia está plagada de traiciones y de renuncias. De hecho, todo lo que pudo hacer el Gobierno fue por las traiciones de la CGT”, insistió, en referencia a la postura pasiva de la central obrera, que el próximo 10 de abril realizará su tercer paro de la era Milei.
Mientras tanto, el nuevo PAMI avanza sin hacer demasiado ruido público. Cambian los nombres, se reordenan las áreas, se recortan prestaciones y se achica la planta. Los jubilados, mientras tanto, sienten el impacto en sus bolsillos y en la atención. Y muchos trabajadores caminan los pasillos sin saber cuánto tiempo más van a conservar su lugar. La transformación no es solo administrativa: también es política. Y no parece tener marcha atrás.
Le piden a Milei que mida bien la inflación
Por Leandro Renou
Reclaman que actualice la metodología del IPC porque la actual medición les quita los jubilados 45.000 pesos por mes.
La situación de las falencias en la medición de inflación en el Gobierno de Javier Milei no sólo se ha instalado internacionalmente, sino que ya hay dirigentes que plantean que el no cambio de metodología del IPC termina impactando, además, en otras mediciones de ingresos. A raíz de esto, el diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto de Resolución en el que insta al Gobierno a aplicar la nueva fórmula de precios, porque consideran que, al no hacerlo, les pega directo a los ingresos de los jubilados.
En el proyecto, que es acompañado por la diputada Mónica Fein, asegura que “$522.741 es el monto que el gobierno de Javier Milei les robó a las jubilaciones mínimas durante 2024 por no actualizar IPC que ya tiene listo hace más de un año”. Y agregó Paulón que “eso es más de medio millón de pesos. Unos $45.000 por mes. Es urgente que el aumento previsional responda a necesidades actuales”.
El documento afirma que la actual metodología del IPC incluye productos que ya no son parte del consumo habitual de las familias. Entre los ejemplos mencionados por Paulón se encuentran los televisores de tubo, las líneas telefónicas fijas, los DVD y los casetes. “Absolutamente fuera de la realidad”, afirmó el diputado, quien agregó: “Hoy se consumen plataformas como Disney+, Netflix. Además, los servicios representan un 17% en los gastos de cada persona y en el IPC real solo un 2%”, expresó.
En este contexto, el diputado puso datos que prueban por qué hay que actualizar y qué distritos ya lo han hecho. Vale decir que Nación es el único que no ha corregido, aún con recomendaciones y validaciones del nuevo IPC de parte del Fondo Monetario Internacional. Paulón indicó que algunas provincias ya han avanzado en la actualización del IPC. Citó que “en Santa Fe o Buenos Aires, el IPC ya está actualizado y las cifras son más acordes a la realidad. Pero a nivel nacional no hay decisión política de ejecutarlo porque esto hoy implica que la inflación anual sea un 16% mayor”.
Se viene insistiendo hace más de un año que los números del IPC no son representativos del costo de vida de las familias. En paralelo, también se relató que la decisión de no actualizarlo es de la Casa Rosada, que quiere evitar cualquier ruido que represente un impacto mayor sobre los precios. El asunto es que la situación ya es muy tensa porque el propio titular del INDEC, Marco Lavagna, asegura que es conveniente cambiarlo ya.
Es que el IPC actual toma una canasta del año 2004, cuando otros distritos, como la Capital Federal y los mencionados por Paulón, ya miden con una canasta del año 2018, mucho más representativa de los costos fijos y variables de las familias argentinas. El asunto es que, según mediciones privadas, el cambio de metodología habría dejado a Milei con 16 puntos más de inflación en 2024 y un resultado abierto para este 2025, año de elecciones.
Aumento en abril: apenas 2,4 % y con bono congelado
La administración nacional determinó el porcentaje de la suba en relación a los datos de la inflación de febrero, en su creencia de que el número oficial avanza en paralelo a la realidad de la economía doméstica.
De esta manera, el reajuste hará que el haber mínimo ascenderá de 279.121 a 285.820 pesos, que sumado al bono tendrá un techo de 355.820 pesos. Quienes cobren sumas mayores a esa cifra y estén en esa misma categoría tendrán un bono proporcional hasta alcanzarla. O sea que aquel jubilado que reciba 300.000 pesos por mes, recibirá como bono sólo $ 55.820.
Por otra parte, las jubilaciones máximas pasarán de 1.878.224 a 1.923.302. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ratificó que estos beneficiarios no tendrán bono.
La información fue oficializada mediante la Resolución 179/2025, firmada por el titular de la Anses, Fernando Bearzi, y publicada en el Boletín Oficial también estableció las bases imponibles mínima y máxima en 96.264,34 y 3.128.545,73, respectivamente, a partir del período devengado abril de 2025.
Paralelamente se determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) aplicable a partir del próximo mes será de 130.749,89.
En tanto, el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de 228.656,50 pesos que, con el bono de $ 70.000, ascenderá a $ 298.656.
Con el mencionado bono, que continúa sin ser actualizado, las jubilaciones mínimas subirán en abril apenas 1,91 % respecto de marzo, es decir por debajo de la inflación oficial de ese mes. Y los 355.820 que los jubilados cobrarán el mes próximo seguirán debajo de la línea de indigencia, calculada en 434.620 pesos.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia se otorgaron dos bonos de 55.000 pesos en los primeros dos meses del 2024 y desde marzo del año pasado en adelante pasó a ser de 70.000.
El bono previsional será otorgado a los siguientes beneficiarios:
- Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, de regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y de las prestaciones del régimen establecido por el Decreto Nº 160/05; .
- Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias.
- Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la Anses.
La ayuda previsional fue confirmada por el Ejecutivo mediante el Decreto 231/2025, donde se aludió al Índice de Movilidad Jubilatoria aplicado desde marzo de 2021, por la ley 27.609, exponiendo los efectos adversos de la inflación en los haberes jubilatorios abonados bajo la mencionada fórmula.
Al respecto, el texto oficial señaló que “la Ley N° 27.609 implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero de 2024 y hasta marzo de 2025, inclusive”.
Por otro lado, precisó que “para percibir el presente Bono Extraordinario Previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación” y especificó que el bono “tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.
Asimismo, dispuso que “en el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del Bono Extraordinario Previsional que se otorga” por ese mismo decreto.
Jubilazo Federal
La Multisectorial en Defensa de la Seguridad Social entregó las firmas recolectadas en todo el país a diputadxs en el Congreso Nacional el jueves 27 de marzo, a las 18:00. El pedido abarca: Aumento de emergencia, Devolución de medicamentos gratis de PAMI y Moratoria Previsional.
Repudio a la designación de Fernando Bearzi en el Anses
Cuando el director del Anses, Mariano de los Heros, blanqueó la intención del gobierno de modificar la edad jubilatoria, el presidente Javier Milei lo eyectó de su cargo de inmediato. En su lugar, designó a Fernando Bearzi. Una decisión que provocó el rechazo del gremio que aglutina a la mayoría de los trabajadores del Anses, el Secasfpi que conduce Carlos Ortega que, a través de un comunicado, recordó que la administración libertaria continúa con “la persecución y los despidos” de los trabajadores del área. Incluso advirtió que la llegada del nuevo funcionario “confirma lo que venimos denunciando: un gobierno sin rumbo, sin diálogo y sin sensibilidad hacia los jubilados y trabajadores”.
Según Ortega, desde la llegada de la administración libertaria la Anses sufrió el despido de 1.300 trabajadores y el cierre de 64 oficinas en todo el país con las consecuencias negativas que acarrea esta decisión para con los usuarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social. “No solo deja sin trabajo a cientos de familias, sino que también afecta la atención a los beneficiarios”, afirmó Ortega y advirtió que al organismo lo continúan desmantelando.
En el gremio destacan que nada bueno ocurrirá con la llegada de Bearzi, un hombre que responde al ministro de Economía, Luis Caputo y que lo había designado frente al apetecido Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que justamente administra los dineros previsionales del Anses. Para Ortega la llegada de Bearzi no tiene otro objetivo que profundizar las prácticas financieras del gobierno y dejar de lado los derechos de los jubilados. En ese sentido, pronosticó que “el ajuste será profundizado”. También lamentó que finalice la moratoria jubilatoria porque “miles no podrán jubilarse”.
Fuentes: Resumen Latinoamericano, Diario AR, Página 12