En poco tiempo, el gobierno de Javier Milei consolidó un escenario difícil para el periodismo en Argentina: cierre de medios públicos, uso discrecional de la pauta oficial, agresiones a periodistas y estigmatización desde el poder estatal. “Los obstáculos a la libertad de prensa debilitan la democracia”, denuncian desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El escenario planteado por el gobierno de ultraderecha con sus múltiples ataques a la libertad de prensa y de expresión es “el desgaste que produce a la democracia”, señalan desde el organismo: “sin circulación de noticias, de ideas, de información, de opiniones, sin participación amplia en toda la cadena de acciones involucradas en el derecho a la comunicación, el espacio público se reduce y degrada”.
Compartimos el comunicado del CELS:
La libertad de prensa bajo amenaza
El gobierno de Javier Milei tiene un clima particularmente hostil hacia el periodismo, con medidas estructurales que afectan la libertad de expresión, el acceso a la información y la pluralidad del sistema de medios. Los ataques verbales del presidente abonan a un escenario social de violencia. Desde diciembre de 2023 hubo agresiones físicas y verbales a periodistas, el gobierno silenció los medios públicos y tomó decisiones administrativas que restringen el derecho a comunicar y ser informado en condiciones de igualdad.
En marzo de 2025 se cumplió un año del cierre de la Agencia Télam, la segunda agencia periodística de habla hispana en importancia, luego de la española también pública EFE. Esto significa que prácticamente todo lo que sucede lejos de la ciudad de Buenos Aires ha dejado de ser noticia de impacto nacional. Estamos viviendo una desconexión federal en un país extenso. No tenemos más los cables informativos desde distintos puntos de la Argentina, ni las fotografías o las notas sobre política, cultura, economía o deporte. El cierre de Télam fue, además, de su archivo documental y audiovisual.
Las políticas del gobierno nacional sobre el derecho a la comunicación van desmontando la pluralidad y la diversidad de voces, y vienen reduciendo de manera drástica el derecho de la población a estar informada. Los medios privados tienden cada vez más a un modelo de negocios en el que se accede a la información mediante suscripción. El gobierno además dejó de fomentar los medios no comerciales, que suelen ser comunitarios, educativos, culturales.
Con el ajuste como lema y fin, el gobierno nacional suspendió cualquier tipo de publicidad oficial de campañas institucionales, como el acceso a la AUH. El efecto de la medida es hacia la población y hacia los medios de comunicación comerciales y no comerciales, que perdieron fuentes de ingreso. Solo las empresas que tienen otros negocios asociados pueden reemplazar esos fondos. Además, las empresas con capitales estatales como YPF o Aerolíneas multiplicaron sus gastos en publicidad sin ningún criterio de distribución y una amplia discrecionalidad para favorecer a algunas empresas. La modificación de la Ley de Acceso a la Información impide que los y las periodistas accedan a la información sobre el uso de fondos para publicidad.
El principal problema de este escenario es el desgaste que produce a la democracia: sin circulación de noticias, de ideas, de información, de opiniones, sin participación amplia en toda la cadena de acciones involucradas en el derecho a la comunicación, el espacio público se reduce y degrada.
Estigmatización y discurso violento desde el poder del Estado
En forma paralela, el presidente Milei utiliza su cuenta de X o las entrevistas que da para insultar y desacreditar a periodistas críticos o que no están alineados a su lectura sobre las estrategias del gobierno. En los últimos días acusó a los medios de montar una campaña de desinformación sobre sus políticas económicas. Afirmó que “la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas”. Luego de eso, el director de El Destape, Roberto Navarro, fue golpeado brutalmente en la vía pública. También insultó al periodista de La Nación, Joaquín Morales Solá, y dijo que “su pluma envenena a los argentinos”. El fotógrafo de Tiempo Argentino, Antonio Becerra, fue intimidado por parte de uno de los principales asesores del gobierno.
Esos ataques son solo en las últimas semanas. Y, como en el caso de Navarro, pueden no quedar en la retórica, ya que generan un ambiente propicio para la violencia física.
El informe 2025 de Reporteros sin Fronteras ubica a la Argentina en el puesto 87 del ranking mundial de libertad de prensa. El país cayó 47 lugares en dos años. La organización advirtió: “El presidente Javier Milei ha estigmatizado a los periodistas, desmantelado los medios públicos y utilizado la publicidad estatal como arma política”.
El trabajo de prensa en protestas
El protocolo antipiquetes 943/2023 convierte cualquier protesta pública en un delito. La amenaza hacia quienes protestan suelen comenzar en redes sociales por parte de funcionarias y funcionarios del gobierno. El ejercicio del periodismo en el actual contexto represivo también está en peligro. El 12 de marzo, durante una protesta por las jubilaciones, el fotorreportero Pablo Grillo, que se había acercado a la zona de la protesta para registrar con su cámara la manifestación y el operativo de seguridad, recibió un impacto de munición de gas lacrimógeno en su cabeza. Frente a él había una hilera de gendarmes, desde donde salió el disparo, que marchaban escoltados por camiones hidrantes de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal Argentina.
Las exposiciones en sede judicial de periodistas y fotógrafxs muestran el ejercicio de un trabajo cada vez más difícil. Reciben en las coberturas de movilizaciones gas pimienta, lacrimógeno, impactos de balas de goma en el cuerpo y, en algunos casos, en el rostro. Muchas veces deben abandonar la tarea. Las fuerzas de seguridad, según estás declaraciones, no distinguen entre manifestantes y cronistas. Venimos registrando decenas de periodistas heridxs en protestas.
Estos hechos se inscriben en una política represiva que abarca también la posibilidad de registrar las manifestaciones públicas. Junto a la estigmatización, los ataques, el hostigamiento a periodistas y el desmantelamiento de los medios públicos arman un escenario de deterioro democrático. Desandar este proceso es una tarea urgente y colectiva.