La conflictividad social está en ascenso, con picos de alza como las grandes movilizaciones en defensa de la salud y la educación pública. La base de esta conflictividad es un modelo económico centrado casi con exclusividad en el monetarismo que está dejando un alto costo social.
Desde los días iníciales del gobierno Milei las resistencias a su política de ajuste y por el control de los espacios públicos, aún con oscilaciones, se hacen notar.
Movimiento por oleadas
La convocatoria a marchar por el 1° de Mayo, bajo la consigna “El trabajo es sagrado”, volvió a poner sobre el tapete el papel del trabajo en la sociedad del capital. Es que por segundo año consecutivo la CGT efectivizó una convocatoria amplia a marchar por el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, conmemorando la histórica fecha y elevando su pliego de reivindicaciones inmediatas. Dejó así la práctica de los últimos años, en que las direcciones se aislaban en actos cerrados, con poca o nula participación de los trabajadores/as, para salir a la calle y poner en valor la fuerza obrera organizada en sus sindicatos. Se coronó así un ciclo de tres huelgas generales y varias concentraciones obreras multitudinarias en las que se destaca la marcha por la defensa de la Universidad y la Eduación Pública.
Todo implica un posicionamiento y una dinámica de movilización que, si se la compara con períodos anteriores, es cualitativa y cuantitativamente diferente. Al mismo tiempo si esta dinámica, que incluye negociaciones espurias y no públicas por parte de la CGT, se la mide en relación a la ofensiva generalizada del capital sobre el movimiento obrero y sus organizaciones representativas, es inequívocamente insuficiente.
La dirigencia sindical tradicional es esencialmente negociadora pero se encuentra sin instancias de negociación porque bajo el gobierno Milei el Estado no intenta arbitrar entre las clases, sino que inclina permanentemente la cancha a favor de las patronales. Por lo que la CGT una y otra vez, muy a su pesar, está obligada a salir al ruedo. Aquí probablemente encontremos una de las razones de los picos y baches de la actual resistencia a la política antiobrera y antipopular del gobierno.
El ajuste permanente
Desde el auxilio del FMI y el apoyo de la administración Trump, la economía está en modo electoral. El objetivo central del gobierno, al menos hasta octubre, es electoralista. Consiste en mantener bajo control el tipo de cambio y la inflación, conteniendo la emisión monetaria. Pero la no emisión tiene su contrapartida en el endeudamiento creciente, no solo por la colocación de nuevos bonos y Letras sino porque parte de los intereses que generan esos instrumentos no se están pagando sino que se capitalizan. Esto es se pagan intereses sobre intereses (técnicamente anatocismo). Esto es lo que facilita el actual superávit fiscal, porque hay gastos que se patean para adelante.
Todo para empujar la tendencia descendente de la tasa de inflación, principal capital político del gobierno de cara a las próximas elecciones. El resto de las variables económicas están subordinadas a este objetico central, lo que también conlleva el ajuste permanente del gasto público, lo que hace que se vayan acumulando tensiones que en algún momento deberán resolverse.
Mientras que el FMI aceptó postergar un mes la revisión del programa, pero retrasando también el desembolso previsto de 2000 millones. Por lo que para cubrir el bache de reservas y cumplir el acuerdo con el FMI el ministro de Economía ha tomado una serie de medidas (nuevo Repro por 2000 millones de dólares, autorización para endeudarse hasta 1000 millones por mes, eliminación del “parking” al capital especulativo, 4ta serie de Bopreales, eventual compra de dólares por el Tesoro nacional y otras medidas). Y sigue la deuda.
Malestar social
No hay dudas que hay un fuerte inconformismo social que, entre otros ámbitos, se expresa en el incremento del abstencionismo electoral que se verifica en todas las elecciones ocurridas hasta ahora. Un malestar generalizado que también recorre las bases obreras y sindicales, sin embargo salvo situaciones muy concretas no pareciera haber mayor presión sobre las direcciones. Al mismo tiempo es ese estado de ánimo lo que hace que ante declaraciones de paro general o la convocatoria a movilizaciones por parte de las centrales obreras, las bases respondan con contundencia y masividad.
Es que el componente central de esas tensiones que promueve el modelo económico-financiero en curso, no es otro que la creciente conflictividad social. Son resistencias defensivas, casi moleculares, que se desenvuelven por todo el país, por caída de los salarios y jubilaciones frente a la carestía de la vida; por suspensiones, despidos y debilidad del empleo; por caída de la demanda; por el desfinanciamiento de la salud y la educación pública; por cierre de empresas que se suman a la reducción de los planes por discapacidad, al vaciamiento de ámbitos estatales…
Conflictos al por mayor
A lo largo del país se desenvuelven movilizaciones y distintas formas de protesta y resistencia. Esa disconformidad va creciendo en intensidad siendo en este momento los casos de los metalúrgicos de Tierra del Fuego y de los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan, junto con la continuidad de las lucha de los jubilados, los más destacados y visibles.
Sin agotar la lista: conflictos en Lácteos Verónica, en Molinos Río de La Plata, en la automotriz Toyota, en cervecería Quilmes, también con los yerbateros de Misiones, los productores de ovinos y los pesqueros del sur del país y un largo etc.
Versiones periodísticas dan cuenta que en la Secretaría de Trabajo hay un centenar de pedidos de Procedimientos de Crisis (mecanismo que permite abaratar los despidos y suspensiones) que en general preanuncian el posible cierre de empresas.
En síntesis numerosas luchas a los largo del país pero que están desvertebradas, sin articulación. Esa necesidad de centralizarlas dio una muestra en la concentración del miércoles de la semana anterior en que la tradicional convocatoria anual de Ni una Menos se adelantó un día para acompañar a los jubilados en su presencia semanal, a la que se sumaron los trabajadores /as del Hospital Garrahan y otros sectores en lucha. Este miércoles volvió a repetirse esa unidad en las luchas.
A todo esto se sumó la confirmación por la Corte Suprema de Justicia de la condena a CFK y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Lo que implica su proscripción política, un avasallamiento de los derechos democráticos de quienes se sienten representados por su candidatura y del conjunto de la población. Sentando un precedente peligroso que se suma al curso autoritario que va tomando el gobierno.
Un camino de unidad de acción se hace absolutamente necesario para que las luchas en curso, incluyendo la defensa del libre ejercicio de los derechos democráticos, den un salto cualitativo y pongan freno a la barbarie en curso.
Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI – Economistas de Izquierda.