La Pampa prohíbe circulación de mosquitos de aplicación y la existencia de depósitos de agrotóxicos en todos sus pueblos y ciudades, el Superior Tribunal de Justicia entrerriano prohíbe fumigar a menos 1000 metros de las escuelas rurales y el gobierno cordobés retrocede en su depredatoria autovía de montaña respetando las sierras y sus bosques.
Todo el retroceso popular y la agresión general a lo que encarna los derechos sociales, políticos, económicos y ecológicos del pueblo argentino que se viene registrando durante este año, pero más expresamente desde que el gobierno de Macri cierra un acuerdo con el FMI en este segundo semestre, conformaba un escenario de pérdidas en todos esos campos. Nada nos hacía suponer que en el frente de las luchas ambientales pudiéramos conquistar algún triunfo que desafiara la avanzada neoliberal. Solamente la moral rebelde de los compañeros que, aun en este escenario tan desfavorable, desplegaban sus esfuerzos en el convencimiento de que no hay peor derrota que la de una lucha que no se da, sobre todo cuando hablamos de defender derechos de todos a la vida y al ambiente sano amenazado por el agronegocio y el negocio inmobiliario vinculado a este.
En la Pampa
El 13 de noviembre se dictó en la Provincia de La Pampa una resolución del gobierno provincial (Sub Secretarias de Ambiente y de Asuntos Agrarios) que prohíbe el ingreso de máquinas y equipos de fumigación con agrotóxicos en los 80 pueblos y localidades (todos) que tiene la provincia, y también prohibió el almacenamiento de bidones y/o recipientes de agrotóxicos en sitios no autorizados en zonas urbanas. Estas medidas son parte de las ordenanzas municipales que se vienen dictando en los municipios donde el movimiento de vecinos fumigados logra poner los límites que puede al agronegocio para tratar que paren de fumigarnos, municipios que dicho sea de paso ya son 400 en todo el país, pero hasta ahora no habíamos logrado que ninguna provincia dictara una norma en este sentido.
Esta prohibición es muy importante por dos razones fundamentales, por un lado, porque los pueblos son los centros operativos de las fumigaciones en toda la zona agrícola que los rodea y dentro de los pueblos se multiplican depósitos de miles de bidones de agrotóxicos y desde allí van y vienen los mosquitos de aplicación generando una enorme contaminación con glifosato, 2.4D, atrazina y clorpirifós en el ambiente interior del pueblo, lo que ocasiona que la carga de exposición a agrotóxicos en los habitantes de esos pueblos de 60 a 100 kilos por persona por año, mientras que en todo el país la carga de exposición de los argentinos es de 10 kilos de agrovenenos por persona por año, situación que hemos demostrado en nuestros estudios que fueron publicados por revistas científicas internacionales. Por otro lado, es importante en este momento que el estado pampeano reconozca el carácter tóxico del actual modelo de agricultura y determine que los mosquitos de fumigar y sus depósitos de agrotóxicos deben estar fuera de los pueblos porque amenazan la salud ambiental colectiva, es algo que el agronegocio, Monsanto-Bayer y el gobierno nacional tratan de ocultar y se niegan aceptar desde hace 20 años, mientras intentan imponer una legislación de supuestas buenas prácticas agrícolas que subordine a todos esos municipios díscolos que priorizan la salud de sus habitantes.
Esta conquista de los pueblos pampeanos solo fue posible por el incesante accionar de grupos de vecinos de los pueblos afectados y del Colectivo Sanitario Andrés Carrasco de La Pampa, que supo agrupar a pobladores, médicos, gremios locales, encabezados por el sindicato de los agentes de salud de La Pampa en esta lucha, que continúa, sin lugar a dudas.
En Entre Ríos
Lejos de la Pampa, en Entre Ríos, una Cámara de la justicia provincial dio curso a un amparo ambiental colectivo del Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y prohibió terminantemente fumigaciones alrededor de 1000 metros de las escuelas rurales de la provincia. Un enorme triunfo de los compañeros entrerrianos y sus maestros que juntos a sus alumnos en más de mil escuelas son textualmente fumigadas por el agronegocio local. Este fallo fue apelado por el Consejo Provincial de Educación y el Fiscal de Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, pero finalmente este alto tribunal confirmó la sentencia protegiendo los derechos a la salud y a la vida de miles de niños del interior entrerriano. Desde 2012 un valiente grupo de maestras entrerrianas no deja de denunciar como el modelo de agricultura tóxica atropella los derechos de niñas y niños entrerrianos. Desde hace un año grupos de afectados se reúnen todos los martes frente a la Legislatura provincial a denunciar las arbitrariedades del agronegocio y exigir medidas de protección que pongan un límite a la codicia ilimitada de la Sociedad Rural y la Federación Agraria Argentina que ahora amenazan a toda la sociedad reclamando “que les dejen fumigar las escuelas y sus perímetros sin ninguna limitación”.
En este caso el gobierno provincial se alineó con los intereses de lobby sojero pero la Justicia provincial, interpelada públicamente, no pudo negar que socialmente se debe proteger intereses superiores y no los de una facción de empresarios codiciosos que no dudan en tirar sus agrotóxicos sobre escuelas repletas de niños y maestros. Otra característica de este conflicto es el carácter agresivo de la corporación sojera que desnuda como los principios del neoliberalismo y la mercantilización de la vida ha generado un nivel de alienación en estos sujetos que no pueden aceptar que no se debe fumigar las escuelas y están dispuestos a ir hasta las últimas “consecuencias” si es necesario, según lo que expresan en sus asambleas y proclamas.
En Córdoba
También en octubre, pero en Córdoba, el gobierno provincial frenó la obra de autovía de montaña que implicaba desmontes y destrucción en zonas frágiles de las sierras, reconociendo que el rechazo generalizado a la obra y las masivas movilizaciones de lo que se conoció como el Punillazo, determinaba la necesidad de una nueva traza orientada hacia los lugares que reclamaba la Coordinadora de Organizaciones de Punilla. Otra vez la movilización popular puso un límite a políticas de depredación ambiental que buscaban habilitar sectores de las laderas serranas a millonarios negocios inmobiliarios en épocas de crisis hídricas y climáticas, además de pasar por encima e intentar remover un yacimiento de uranio. Otra vez la alianza de sectores poblacionales y grupos académicos honestos desenmascararon el carácter devastador de estas obras faraónicas. Otra vez la conciencia ambiental y la ocupación del espacio público pudo frenar una campaña mediática de millones de pesos en publicidad y compra de complicidades para un emprendimiento que agravaba seriamente la fragilidad ecológica que sufre la provincia de Córdoba.
Tres triunfos verdes, tres luchas ecológicas logran imponer sus reclamos deteniendo el avance de prácticas productivas de los grupos hegemónicos en el poder. Triunfos que demuestran que el pueblo sigue activo y va al frente por sus derechos, a pesar de que por arriba, el gobierno nacional, en estos momentos habilite la discusión de una ley de semillas para ampliar el negocio de las corporaciones de los alimentos en Argentina, por abajo, por los costados, por todos lados seguimos resistiendo y avanzando cuando podemos, dando la discusión y la pelea cultural buscando erigir nuevos paradigmas con valores diferentes a los del productivismo, la mercantilización, y la veneración del capital, reconstruyendo valores colectivos de solidaridad y derechos humanos que nos permitan construir un mundo mejor.
Medardo Ávila Vázquez integra la Red Universitaria de Ambiente y Salud y Médicos de Pueblos Fumigados.
Fuente: http://www.anred.org/?p=107200