“Megadespidos” en EE UU
Mario Hernandez
El mercado laboral estadounidense ha entrado en una nueva fase caracterizada por los despidos masivos, señala The Wall Street Journal
Gigantes corporativos como Snap, Block, Oracle y Amazon son algunas de las empresas que han llevado adelante en los últimos meses “megadespidos”, eliminando miles de puestos de trabajo de un solo golpe, en un intento por maximizar los beneficios financieros inmediatos y simplificar sus estructuras operativas.
A diferencia del pasado, cuando los despidos masivos eran interpretados por el mercado como una señal de mala gestión o crisis profunda, la narrativa actual ha dado un giro radical. Hoy en día, las empresas que anuncian recortes a gran escala suelen ser recompensadas con un incremento en el valor de sus acciones y elogios por parte de los inversores, “quienes ven en estas medidas una muestra de audacia y compromiso con la rentabilidad”, aseguran.
El consenso actual entre los altos ejecutivos estadounidenses es que las organizaciones pueden prescindir de entre el 30% y el 50% de su personal sin afectar materialmente su rendimiento operativo. Aunque la IA se menciona frecuentemente como un factor, los ejecutivos señalan que los recortes actuales responden sobre todo a la necesidad de financiar los altos costos de esta tecnología, pero también a “corregir” el exceso de contratación posterior a la pandemia.
El impacto de esta tendencia es especialmente severo entre los empleados sin trayectoria y jóvenes graduados, alerta la publicación. Datos recientes revelan que la seguridad laboral que antes garantizaba un título universitario prácticamente ha desaparecido en EE UU. Por primera vez en años, la tasa de desempleo entre los trabajadores con educación superior menores de 34 años ha superado a la de aquellos con títulos técnicos, evidenciando una crisis de colocación en los sectores más calificados en el mercado laboral del país norteamericano.
Expertos del sector tecnológico predicen que la situación podría intensificarse hacia finales de 2026. Con el avance de herramientas de codificación basadas en IA, como Claude Code y Codex, la necesidad de contratar personal nuevo se está viendo eclipsada por la eficiencia de las licencias de software, aseguran.
Aunque el epicentro de los megadespidos se sitúa en Silicon Valley, el fenómeno comienza a extenderse a sectores como la logística y el almacenamiento a lo largo del país. Economistas advierten que esta ola de inestabilidad laboral podría convertirse en un punto de conflicto político ante la proximidad de procesos electorales. Mientras la contratación se estanca en la mayor parte de la economía, el temor al despido masivo se consolida como la nueva realidad para la fuerza laboral en EE UU, concluye la nota.
Meta despedirá a 8.000 empleados
Meta avanza con un nuevo ajuste en su estructura laboral en medio de su apuesta estratégica por la inteligencia artificial. La compañía planea despedir a unos 8.000 empleados, equivalente a cerca del 10% de su plantilla global, y además eliminar alrededor de 6.000 puestos que aún no estaban cubiertos, de acuerdo a una fuente cercana al caso.
La decisión fue comunicada internamente y responde a la necesidad de “gestionar la empresa de forma más eficiente y compensar las inversiones”, según un mensaje de la directora de Recursos Humanos, Janelle Gale. La tecnológica atraviesa una etapa de fuerte transformación, con foco en el desarrollo de inteligencia artificial y en la optimización de costos.
A fines de diciembre, Meta contaba con 78.865 empleados, según sus presentaciones ante la SEC. El recorte marca un nuevo capítulo en la reconfiguración de la compañía, que ya había llevado adelante despidos masivos en los últimos años: en 2022 eliminó 11.000 puestos de trabajo y en marzo de 2023 sumó otros 10.000 recortes. Sin embargo, entre finales de 2023 y 2025 la plantilla volvió a expandirse en más de 11.000 empleados.
Aunque la empresa no vinculó oficialmente los despidos con la inteligencia artificial, el CEO Mark Zuckerberg ya había anticipado el cambio de paradigma. “Los proyectos que antes requerían grandes equipos ahora los completa una sola persona altamente cualificada”, afirmó a comienzos de año. En esa línea, sostuvo que la compañía está priorizando las contribuciones individuales y reduciendo el tamaño de los equipos.
El ajuste laboral se da en paralelo a un incremento sin precedentes en la inversión. Meta prevé destinar entre 115.000 y 135.000 millones de dólares en 2026, principalmente para fortalecer su infraestructura de inteligencia artificial, incluyendo centros de datos y capacidad de procesamiento.
Como parte de ese plan, la compañía cerró un acuerdo con AMD para la compra de millones de chips por al menos 60.000 millones de dólares, un movimiento clave para sostener el desarrollo de sus modelos y servicios basados en IA.
De este modo, Meta profundiza su giro hacia un modelo más automatizado y eficiente, en el que la inteligencia artificial no solo impulsa nuevos productos, sino que también redefine la organización interna y el volumen de su fuerza laboral.
Meta instalará un nuevo software de seguimiento en los ordenadores de sus empleados en Estados Unidos con el objetivo de recopilar datos que serán utilizados para entrenar sus modelos de inteligencia artificial (IA). La herramienta permitirá registrar movimientos del ratón, clics, pulsaciones de teclas y capturas de pantalla mientras los trabajadores realizan sus tareas diarias.
Según memorandos internos, esta iniciativa forma parte de un plan más amplio de la compañía para desarrollar agentes de IA capaces de ejecutar tareas laborales de manera autónoma, una de las prioridades estratégicas del grupo en su actual proceso de transformación interna.
De acuerdo con la documentación interna, Meta busca que sus modelos aprendan a interactuar con sistemas informáticos imitando el uso real que hacen las personas. “Aquí es donde todos los empleados de Meta pueden ayudar a que nuestros modelos mejoren simplemente realizando su trabajo diario”, señala uno de los comunicados enviados al personal.
La iniciativa se enmarca en el impulso de la empresa por integrar inteligencia artificial en sus flujos de trabajo y reorganizar su estructura laboral en torno a esta tecnología. La compañía sostiene que este enfoque permitirá operar de manera más eficiente y acelerar el desarrollo de productos.
El golpe económico de Texas a miles de camioneros inmigrantes
Por Patricia Clarembaux
Juan Espinoza pasó casi ocho años reconstruyendo su vida en Estados Unidos. Cuando llegó a Austin, supo que había dejado en Caracas al gerente que fue por 20 años y que debía trabajar en cualquier oficio que le permitiera mantener a su familia. Ese oficio fue el de conductor de camiones. En febrero de 2020 obtuvo legalmente su licencia de conducir comercial en Texas.
Dos meses después, compró su primer camión. Con él, se dedicó a trasladar materiales a obras en construcción y así logró ahorrar el pago inicial para su casa y para comprar un carro. En 2025, su negocio propio seguía creciendo y decidió adquirir un segundo camión. En diciembre, también ganó su caso de asilo; seguían las buenas noticias: “Me sentía tranquilo y seguro (…) Yo vi un mundo de oportunidades en este negocio. Mi sueño era tener una flota de camiones”, cuenta.
Pero cuando el venezolano de 49 años fue al Departamento de Vehículos de Texas (DMV) para actualizar su estatus migratorio en la licencia de conducir, supo que su permiso de manejo había sido degradado por una nueva norma estatal. Así, sorpresivamente y sin que le llegara una notificación del Estado, se enteró hace unos meses de que ya no podía manejar sus camiones.
“Ha sido una situación muy difícil. Con todos los compromisos económicos que tengo, todo se me vino abajo”, dice este venezolano.
En consonancia con una regla emitida por el Gobierno federal —tras una serie de accidentes de tránsito en los que estaban involucrados conductores extranjeros, algunos con licencias comerciales falsificadas en México—, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) suspendió el 29 de septiembre de 2025 la emisión de licencias de conducir comerciales para no ciudadanos con estatus como refugio y asilo, así como para beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, que protege a quienes llegaron con sus padres inmigrantes cuando apenas eran menores) y otros permisos humanitarios. Solo en Texas son más de 6.400 asilados, refugiados y beneficiarios de DACA afectados, según cifras del DPS.
La regla se ha replicado en más Estados del país, bajo el argumento de mantener las carreteras y vías seguras. Documentos de una demanda nacional presentada en febrero en Washington D.C. estiman que aproximadamente 200.000 personas con permiso de permanencia en todo el país perderán sus empleos como resultado de la regla y reclaman que el Gobierno federal no ha probado con datos que los conductores a quienes les han suspendido sus licencias comerciales han estado involucrados en más accidentes de tránsito.
Cuando su licencia de conducir comercial fue degradada por su estatus como asilado, Juan Espinoza tuvo que destinar el dinero con el que pagaba la hipoteca de su casa para la contratación de un segundo chofer, una tarea más difícil tras la entrada en vigor de la regla: son menos y los disponibles pueden ser más costosos. Sus ingresos se redujeron además por la inflación, el aumento en los precios del combustible y la caída en el valor de las cargas que transporta hacia zonas en construcción. Siente que con la medida, el gobierno estatal lo dejó prácticamente desempleado pese a ser dueño de su negocio. “Apenas cubre para que los camiones salgan a trabajar”, dijo.
Para pagar la hipoteca, Espinoza y su esposa decidieron alquilar por semanas tres habitaciones de su casa a otros trabajadores, además de hacer horas como conductores de Uber y repartidores de comida por aplicaciones: “No es mucho lo que se cobra pero ayuda”.
La familia asegura que viven en una “restricción económica completa”: no gastan en distracción, ni en vacaciones o en comidas en restaurantes; solo en el mercado y en el pago de los servicios. “Nos hemos apretado el cinturón”.
La suspensión de licencias comerciales en Texas se concretó después de una orden adicional de “tolerancia cero” dada por el gobernador Greg Abbott al DPS para exigir que cualquier camionero que circulara por el Estado fuera “capaz de comunicarse en inglés”, algo que ya era requerido desde que presentaban las pruebas para obtener las licencias.
La regla afectó a conductores de camiones de materiales de construcción, como Espinoza, pero también a choferes de buses escolares que requieren licencia comercial, como la salvadoreña Rina Flores.
A esta solicitante de asilo le tomó siete meses prepararse para el examen de manejo y luego para el que le permitía transportar a pasajeros en autobuses escolares. Le tocó estudiar las normas de tránsito y practicar, pero también se propuso mejorar su inglés. Dijo que aprobar ambos exámenes en 2023 le hizo sentir “orgullo” como inmigrante y representó “un soporte digno”, una “mayor estabilidad económica” para su familia.
En su trabajo en un distrito escolar de Houston, Flores tenía un buen salario, seguro de vida, un fondo de retiro y la posibilidad de optar a préstamos, como el que usó para comprar su carro. Contó que usaba sus ingresos para construir un futuro para sus dos hijas, de 7 y 10 años, pero sobre todo para la mayor, que fue diagnosticada con autismo.
Cuando DPS degradó su licencia de conducir comercial en enero de 2026, perdió su trabajo en el distrito escolar. “Me tocó renunciar a algo por lo que luché”.
Ahora, trabajando como gerente de un edificio, gana la mitad del salario, perdió su seguro médico, no pudo volver a aportar a su fondo de retiro y ya no puede ahorrar dinero para sus hijas. “Cheque que gano, cheque que sirve para pagar ‘biles’, deudas y tarjeta de crédito”, dice.
Además de la degradación de las licencias comerciales para ciertos inmigrantes, los republicanos en Texas han empujado medidas que limitan la capacidad de los no ciudadanos, por ejemplo, para registrar o comprar un auto y optar por ayudas estatales para estudiar en universidades.
Alaín Cisneros, vocero de la organización de apoyo a inmigrantes en Houston, FIEL, asegura que están llevando a personas con documentos y permisos de trabajo “al borde económico”. Agrega que, con esas normativas, el Gobierno de Texas “está irrespetando el estado de derecho”.
Cisneros —igual que han reclamado algunos congresistas demócratas del Estado— cree que reglas como la que degradó las licencias de conducir comerciales de miles de inmigrantes debieron ser decididas en el Congreso para que se generaran guías estatales y se evaluaran los posibles efectos para la economía.
El otro daño: el psicológico
Desde diciembre, Espinoza no duerme bien. Se levanta y entra en sus cuentas de banco para pensar en cómo cubrir cada gasto cotidiano. Cuenta que uno de sus ojos y uno de sus cachetes le tiemblan de forma recurrente. Son síntomas que ya sintió en 2024, cuando el estrés le paralizó la mitad del rostro. “¿Qué es delito acá? ¿Trabajar?”, cuestiona. “Yo venía con muchas ilusiones y de repente me dieron en el ala y me fui a pique”.
El venezolano espera que esta degradación a su licencia de conducir comercial sea temporal y que un día le digan que la medida quedó sin efecto. Dice que cuando pasa por una de las comunidades que se construyeron con materiales que él trasladó, se siente contento por haber sido parte de ese desarrollo.
Rina Flores también tiene la esperanza de que revoquen la regla. Cuenta que era feliz transportando a los niños a sus colegios: “Era un trabajo muy lindo porque veía a los niños crecer y ayudaba a que los padres fueran tranquilos a sus trabajos mientras uno recogía a sus hijos y los llevaba seguros a la escuela”.
El maestro del mes
Cole Allen, un maestro de profesión, fue el autor de un ataque en la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde participaba el presidente Donald Trump. Allen, de 31 años, recibió el título de “maestro del mes” en diciembre de 2024 y era profesor en C2 Education, una empresa que ofrece asesoría de admisiones y servicios de preparación para exámenes a estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad. Su ataque fue descrito como un intento de atentar contra la Administración Trump, y fue detenido por el Servicio Secreto tras ser capturado. Allen, también es ingeniero mecánico e informático y desarrollador de videojuegos independiente.
Renuncia la secretaria de Trabajo de Trump en medio de investigaciones en su contra
La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chávez-DeRemer, renunció a su cargo convirtiéndose así en la tercera secretaria en abandonar el gabinete del presidente Donald Trump en los últimos dos meses.
El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, confirmó en una publicación en X la salida de la secretaria, que estaba siendo investigada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo por una posible conducta indebida.
Cheung aseguró que Chávez-DeRemer había realizado «una labor fenomenal» en su cargo al proteger a trabajadores estadounidenses e implementar prácticas laborales justas. Ahora se irá a trabajar en el sector privado, la misma excusa que se puso para irse el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons.
Sin embargo, la secretaria enfrentaba acusaciones sobre una supuesta conducta indebida y abuso de poder, que incluiría viajes de carácter personal realizados durante desplazamientos en avión financiados con fondos de los contribuyentes.
La investigación buscaba establecer si el jefe de gabinete de Chávez-Remer, Jihun Han, y su adjunta, Rebecca Wright, incurrieron en fraude de viajes al organizar eventos profesionales para la secretaria como excusa para viajes personales. Al menos dos altos funcionarios fueron suspendidos en medio de la pesquisa.
Además, una investigación posterior del New York Times puso al descubierto que el esposo de la secretaria, Shawn DeRemer, supuestamente tocó inapropiadamente a dos mujeres en el edificio del Departamento de Trabajo, lo que obligó a que se le impidiera el ingreso a las instalaciones federales en la capital estadounidense. Uno de los incidentes habría ocurrido en diciembre pasado y, al parecer, fue captado por las cámaras de seguridad del edificio federal.
La dimitida secretaria, en un comunicado publicado en las redes sociales abordó brevemente las acusaciones, afirmando que «han sido difundidas por agentes de alto rango del Estado profundo» a quienes acusó de trabajar para socavar la agenda de Trump.
Durante meses, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo ha estado investigando una denuncia de que Chávez-DeRemer mantenía, además, una relación sexual con un miembro de su equipo de seguridad, así como otras acusaciones de comportamiento inapropiado, como enviar a personal a comprar bebidas alcohólicas e intentar utilizar viajes de negocios como excusa para viajes personales, según una fuente del Departamento de Trabajo con conocimiento de la situación.
Por ejemplo, Chávez-DeRemer había expresado su deseo de asistir a eventos como una pelea de la UFC en Chicago, un concierto de Morgan Wallen y visitar a amigos y familiares en varios estados, y pidió al personal que diseñara viajes de trabajo que le brindaran oportunidades para asistir a esos eventos, según la fuente.
Como parte de la investigación, se entregaron al inspector general mensajes de texto de carácter personal intercambiados entre Chávez-DeRemer, sus familiares cercanos y miembros del personal del departamento, según la fuente. Entre los mensajes se incluían conversaciones entre el esposo de la republicana y al menos un joven empleado, en las que él solicitaba que se le mantuviera al tanto de su paradero.
El abogado de Chávez-DeRemer, Nick Oberheiden, declaró antes de que se anunciara su nuevo cargo: «La secretaria Lori Chávez-DeRemer se ha labrado una reputación como defensora acérrima de los trabajadores estadounidenses. Centrada en su misión y comprometida con el presidente Trump con la máxima lealtad, la secretaria Chávez-DeRemer no hará comentarios sobre acusaciones sesgadas y absurdas en su contra».
Chávez-DeRemer juró su cargo como secretaria de Trabajo en marzo de 2025, un momento en que la administración Trump, a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental, buscaba recortar la financiación federal, suprimir programas y reducir drásticamente la plantilla federal mediante el recorte de cientos de miles de puestos de trabajo.
Según datos de la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos, en febrero la plantilla del Departamento de Trabajo era casi un 25 % menor que en septiembre de 2024.
La reducción de personal en la Oficina de Estadísticas Laborales, en particular, generó preocupación entre legisladores, economistas, académicos, investigadores y otros, quienes alertaron de que la financiación y el personal existentes no eran suficientes para modernizar y consolidar los datos considerados de referencia. Además, la agencia se enfrentó a una grave crisis cuando Trump destituyó a la comisionada Erika McEntarfer tras un informe de empleo que contenía importantes revisiones.
Durante su gestión, el Departamento de Trabajo de Chávez-DeRemer anunció una amplia desregulación destinada a reescribir o derogar más de 60 regulaciones laborales que consideraba obsoletas. Entre ellas se incluían propuestas para eliminar el requisito de salario mínimo para los trabajadores de atención médica a domicilio, suprimir una norma que exigía iluminación en áreas de construcción activas y reducir las regulaciones de salud y seguridad en la industria minera.
Antes de ser secretaria de Trabajo, Chávez-DeRemer era representante a la Cámara por un distrito de Oregón, pero la republicana perdió el escaño en las elecciones de 2024.
Cheung declaró que el subsecretario de Trabajo, Keith Sonderling, asumiría el cargo de director interino de la agencia.
La salida de Chávez-DeRemer -la única hispana que hacía parte del gabinete estadounidense junto al secretario de Estado, Marco Rubio-, se da a poco más de dos semanas que el presidente Trump anunciara la salida de la fiscal general, Pam Bondi, una fiel seguidora de sus políticas a la que llamó «una gran patriota».
Un mes antes, Kristy Noem, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, había sido la primera miembro del gabinete en salir, tras poner la cara en la campaña de deportaciones masivas que dejaron dos estadounidenses muertos en las redadas en Minnesota en enero pasado.
También se ha marchado el citado responsable del ICE y se ha forzado la marcha del jefe del Estado Mayor, Randy George.
Fuentes: SPUTNIK / LA HAINE, AFP, Reuters, Resumen Latinoamericano, NBC.