La CGT confirmó la movilización del 30 de abril en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei
Mario Hernandez
La central obrera no anunció una medida de fuerza a nivel nacional, aunque dejó abierta la puerta a futuras acciones en medio de un clima social cada vez más tenso. Fallo de la Justicia favorece al gobierno por reforma laboral. Paro de Ate y en Santa Cruz. Conflictos en Cresta Roja, BCRA, Aires del Sur, Correo Argentino, Personal Flow. Continúa la lucha de Fate.
A 20 años de la masacre de Luis Viale y 19 del asesinato del maestro Carlos Fuentealba. Despido en el Hospital Italiano. Continúa la persecución al Sec. Gral. ATE-Córdoba. Lustramax y Shell incumplen con la reincorporación de delegados. Persecuciones en Mondelez y a los Metrodelegados.
El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, fue claro: no hay paro general confirmado para el 30 de abril. Sin embargo, advirtió que la conflictividad podría escalar en las próximas semanas.
“El clima social va a cambiar”, señaló el dirigente, en referencia al impacto económico y la pérdida del poder adquisitivo. En ese contexto, no descartó que la Central avance con medidas más duras si la situación empeora.
La movilización se realizará en la antesala al feriado del Día del Trabajador y tendrá como eje el rechazo a la reforma laboral y a los cambios impulsados en el sistema aduanero.
Aunque la CGT no convocó a un paro general, sí habrá sectores que llevarán adelante medidas de fuerza. La ATE anunció un paro que afectará áreas clave como el Servicio Meteorológico Nacional.
El reclamo está centrado en despidos y reincorporaciones, y podría tener impacto directo en la actividad aérea, debido a la falta de pronósticos y alertas meteorológicas.
Además, en la provincia de Santa Cruz se lleva adelante un paro general de 72 horas (28, 29 y 30 de abril) en el marco de conflictos paritarios.
Uno de los puntos más conflictivos es el avance de la reforma laboral, cuestionada por sectores gremiales tras un fallo judicial que habilitó su aplicación. Desde la CGT calificaron esa decisión como “aberrante” y analizan nuevas acciones legales.
También hubo críticas a medidas impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger, especialmente en áreas sensibles como el sistema aduanero.
A la fecha, la reforma laboral está vigente en todos sus artículos, pero se encuentra inmersa en una trama de presentaciones judiciales que no garantiza su continuidad y que atenta contra la pretensión del Gobierno nacional de que se convierta en una herramienta para mejorar las condiciones de empleo (sic).
La movilización del 30 de abril funcionará como termómetro del conflicto social. Aunque no habrá un paro general ese día, el escenario sigue abierto y con posibilidad de escalar.
Primer plenario nacional del Frente de Sindicatos Unidos
Será este viernes 1° de mayo, a partir de las 9:00, en el predio del Camping de la UOM en Pilar, bajo la premisa de construir un “Programa de las y los trabajadores para recuperar la Patria”. Se espera la participación de más de 1600 delegados y delegadas provenientes de todo el país, representando a los distintos gremios que conforman el frente.
La jornada se organizará en comisiones de debate para abordar los siguientes ejes centrales:
-Salario Digno/SMVM Real: La exigencia de un Salario Mínimo Vital y Móvil que, según su definición legal y constitucional, garantice a las y los trabajadores alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.
-Derechos Laborales: El combate contra el deterioro de las conquistas y el avance de la precarización.
-Soberanía e Industria: La defensa irrenunciable de la industria nacional y la soberanía del país.
-Derecho a huelga y libertad sindical: La huelga y la organización sindical son herramientas para luchar por nuestros derechos.
“El 1º de mayo nos encontramos para debatir, organizar la resistencia y proyectar la salida que el pueblo trabajador necesita”, afirman los gremios que integran el Frente de Sindicatos Unidos.
El acto de cierre del plenario está previsto para las 16:00 y se podrá ver en vivo a través del canal de Youtube del FreSU https://www.youtube.com/@FrenteSindicatosUnidos
Para acreditaciones de prensa escribir a frentesindicatosunidos@gmail.com
Acto del PTS
El PTS levantará el 1º de Mayo una tribuna en Ferro para debatir su propia salida. Lo hará, además, en el marco de una gran novedad política, que es el crecimiento de Myriam Bregman.
Por estos días, una nueva encuesta lo volvió a confirmar, mostrándola otra vez como una de las dirigentes más valoradas y mejor posicionadas del país. Se trata de un estudio de Zentrix, que arrojó un 47,3 % de imagen positiva para ella, superior a Milei, Kicillof, Bullrich o Adorni, también medidos en ese trabajo.
El PTS opina que el Frente de Izquierda Unidad viene jugando en todos estos años un rol muy progresivo para colocar a la izquierda en el escenario nacional, pero que ahora se plantean nuevos desafíos que la izquierda tiene que asumir sin rutinarismo ni conservadurismo para dar un nuevo gran salto en la escena nacional a la altura de los tiempos que corren, creciendo en la influencia de masas y construyendo una verdadera alternativa de poder. “Queremos un gran acto para plantear una salida a la decadencia y a los callejones sin salida que implican las variantes capitalistas a nivel nacional e internacional”, sostienen.
Acto del FITU el 1º de Mayo
El Frente de Izquierda y los Trabajadores (Unidad) ha decidido realizar un acto en la Plaza de Mayo para conmemorar el 1º de Mayo. Contará con la participación de representantes de los partidos que lo integran, así como de organizaciones de la Unidad Piquetera que preparan movilizaciones para los próximos días exigiendo el cumplimiento de la resolución judicial que restituye los Planes Trabajar.
También estarán presentes las y los principales de referentes de las principales luchas, como las de FATE, la docencia, el Garrahan, universidades, jubilados y jubiladas, estatales, en defensa de los glaciares, de las mujeres y disidencias, entre otras.
El acto tiene como consigna “Defender la Patria y la centralidad de la clase obrera”.
La Cámara del Trabajo falló a favor del Gobierno y vuelve a estar vigente la regresiva reforma laboral
En un fallo que representa un revés, al menos temporal, para la Confederación General del Trabajo (CGT), la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este jueves otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación interpuesto por el Estado nacional contra la medida cautelar que había suspendido la vigencia de más de 80 artículos de la ley 27.802, impulsada por el gobierno nacional de ultraderecha y aprobada el 27 de febrero pasado por el Congreso de la Nación.
El 30 de marzo pasado, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 72, a cargo del Dr. Raúl Horacio Ojeda, había hecho lugar a la medida cautelar presentada por la CGT al considerar que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables si la norma entra plenamente en vigencia.
En el fallo, los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo modifican la resolución del 7 de abril que había concedido la apelación gubernamental solo “en relación y con efecto devolutivo”. Ahora los magistrados suspenden la cautelar y le devuelven la vigencia a los artículos de la ley hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Lo que implica que hasta que el tribunal de alzada se expida de manera definitiva, la Reforma Laboral vuelve a estar en vigencia en su totalidad.
Esta decisión de la Justicia fue celebrada por el propio Milei y distintos funcionarios nacionales, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “La Cámara Laboral revocó la decisión del juez Ojeda y declaró la vigencia de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional. VLLC!”, escribió Pettovello en su cuenta de X.
Su mensaje fue compartido en redes por Milei, quien agregó: “No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”.
Los artículos que vuelven a tener vigencia comprenden el corazón de la destructiva ley denominada “de Modernización Laboral”.
Entre ellos se encuentran los que regulan el régimen de indemnizaciones, la ampliación de facultades del empleador, la flexibilización de condiciones laborales y las amplias restricciones a la actividad sindical y al derecho de huelga.
También los que crean el llamado “Fondo de Asistencia Laboral” (FAL), que desfinancia a la ANSES y crea un fenomenal negocio para unos pocos actores del sector financiero.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal se quedó con la causa clave sobre la reforma laboral
La Cámara Contencioso Administrativo Federal se quedó con la causa clave sobre la reforma laboral. La Sala IV resolvió el martes un conflicto entre fueros y definió que el expediente impulsado por la CGT contra el Estado debe tramitar en el ámbito Contencioso Administrativo. También cuestionó el accionar del juzgado laboral y destacó la “trascendencia institucional” del caso.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió que será ese fuero el que deberá intervenir en la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) contra el Estado Nacional, en la que se cuestiona la validez de la reforma laboral introducida por la ley 27.802.
El fallo de la Sala IV dirimió un conflicto de competencia entre el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 y el Juzgado Nacional del Trabajo N°63, en el marco de una inhibitoria planteada por el Estado.
En una resolución con fuertes definiciones, los jueces sostuvieron que “la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal debe decidir los conflictos de competencia” cuando interviene ese fuero, conforme lo establece la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema.
El expediente principal fue iniciado por la CGT mediante una acción colectiva en la que cuestiona la constitucionalidad de la ley 27.802, al considerar que introduce “un conjunto amplio de reformas al régimen laboral y sindical” que afectan a trabajadores y organizaciones gremiales.
Para la Cámara, el análisis de la competencia debe partir de los hechos planteados en la demanda y del encuadre jurídico del caso.
Al resolver el fondo del conflicto de competencia, los jueces concluyeron que el caso debe tramitar en el ámbito contencioso administrativo federal.
Entre los argumentos centrales, señalaron que la norma cuestionada involucra aspectos federales relevantes, como facultades del Congreso y cuestiones vinculadas al funcionamiento del Estado.
En ese sentido, el fallo sostiene que “la materia en debate atañe a cuestiones que se relacionan con facultades inherentes a uno de los poderes del Estado”, lo que justifica la intervención de la justicia federal.
También subrayaron que el Estado Nacional tiene derecho a litigar en ese fuero y que no existe un tribunal laboral con competencia federal específica en la Ciudad de Buenos Aires.
Otro punto relevante del fallo es el rechazo a postergar la aplicación de la reforma laboral en materia de competencia.
Con estos fundamentos, el tribunal resolvió declarar que la causa corresponde a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, donde continuará el trámite del expediente.
La definición no implica aún un pronunciamiento sobre la validez de la reforma laboral, pero fija el escenario judicial en el que se dará una discusión de alto impacto institucional.
“Fue un error que el Plan A para derrotar la reforma laboral sea la judicialización”
“No se puede confiar en una Justicia parcial y completamente subordinada al poder político y al poder económico real”, declaró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.
La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo restituyó ayer la vigencia de la regresiva reforma laboral de Milei. Se trata de una megaley, aprobada de forma exprés en el Congreso de la Nación, que ataca y destruye derechos históricos individuales y colectivos de la clase trabajadora argentina.
El gobierno de ultraderecha la bautizó eufemísticamente “ley de Modernización Laboral”, pero hace retroceder un siglo la situación en materia laboral.
Tras la caída de la medida cautelar que suspendía provisoriamente la reforma laboral tras atender una presentación realizada por la CGT, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sentenció: “Siempre fue un error que el Plan A para derrotar la reforma laboral sea la judicialización”.
“No se puede confiar en una Justicia parcial y completamente subordinada al poder político y al poder económico real. Los trabajadores tenemos que ser artífices de nuestro propio destino. Nuestra suerte no puede quedar en manos de jueces y fiscales que tienen doble apellido y son hijos de la última dictadura militar”, agregó el referente estatal.
En esta línea, Aguiar continuó: “En la Argentina no hay justicia para los más débiles, la justicia es solo para los poderosos. La única manera que tenemos de frenar la reforma laboral es estando en la calle y con huelga general”.
“Además, no la tenemos que cumplir en los sectores de trabajo. Tenemos que desobedecer, tenemos que lograr derogarla de hecho. Mostrar toda su ineficacia”, continuó el Secretario General de ATE Nacional.
“Estamos frente a la más grande ofensiva patronal que se recuerde en democracia. La Justicia se va a poner del lado de ellos, nunca estuvo ni va a estar a favor de los trabajadores. Lo único que depende de nosotros es el control de la calle, y esa es la estrategia que tenemos que profundizar”, concluyó Aguiar.
Los jueces que tomaron la decisión de volver a poner en vigencia la Ley 27.802 fueron la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino, de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
El Gobierno le impuso una multa récord al gremio ferroviario La Fraternidad
A través de su cuenta oficial de X, el Ministerio de Capital Humano dio a conocer un extenso comunicado revelando que le impuso una multa récord al sindicato ferroviario La Fraternidad por no acatar la conciliación obligatoria en su conflicto salarial y haberse sumado al último paro general de la CGT, realizado el 19 de febrero.
El texto que posteó la cartera encabezada por Sandra Pettovello remarca que “el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que ha dispuesto la aplicación de una multa al sindicato La Fraternidad por la suma de $21.241.500.000, tras incumplir la conciliación obligatoria oportunamente dictada el 5 de febrero de 2026 —por el término de 15 días—, conforme la normativa vigente”.
“La medida se adopta luego de haberse verificado el incumplimiento a lo dispuesto en el marco del procedimiento de conciliación obligatoria, conforme lo establecido en la Ley N° 14.786, que impone a las partes la obligación de abstenerse de adoptar medidas de acción directa y retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto”, agregó la cartera de Pettovello.
El documento remarca que, “en este sentido, se constató que la entidad sindical no acató la conciliación obligatoria, afectando el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, en perjuicio del interés general”.
“La infracción imputada reviste carácter de muy grave, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente. En consecuencia, y en uso de las facultades conferidas por la legislación aplicable, la Secretaría de Trabajo dispuso la aplicación de la sanción correspondiente”, concluye.
El 4 de abril de 2007, la vida cotidiana quedó atravesada por la violencia
El maestro Carlos Fuentealba participaba de una protesta docente en la Ruta 22, a la altura de Arroyito, cuando la policía reprimió con gases y balas de goma. Un disparo de gas lacrimógeno impactó en su cabeza mientras se retiraba en un Fiat 147.
A 19 años de aquel día, la figura de Fuentealba sigue presente en las escuelas, en las marchas, en la memoria colectiva. Pero también en una historia de lucha que, como señaló la actual secretaria general de ATEN, Fany Mansilla, atravesó distintas etapas.
“Desde el primer momento en que asesinaron a Carlos llevamos adelante una campaña en distintos terrenos: judicial, político, y también ampliando el reclamo a otras organizaciones”, explicó. Esa pelea tuvo hitos clave: primero la condena al autor material, Darío Poblete, y años más tarde el avance de la causa conocida como Fuentealba II.
A 20 años de la masacre del taller textil Luis Viale
Sobrevivientes, familiares y amigos que siguen luchando por justicia organizaron un acto, a 20 años de la infame fecha del 30 de marzo de 2006.
“20 años de impunidad, 20 años de lucha, 20 años de resistencia por las víctimas del taller textil de la calle Luis Viale”, dijo Lourdes Hidalgo, trabajadora sobreviviente de la masacre.
“Hoy en día seguimos en pie con el pedido de justicia y memoria por las trabajadoras textiles y sus hijos que perdieron la vida cociendo la sopa. Como también hoy en día se ve, es muy claro, notorio, la persecución hacia nosotras por ser trabajadoras migrantes. Y la discriminación y el fascismo va creciendo por ser mujeres trabajadoras de los pueblos originarios, por ser quechuas aymaras. Unidos debemos seguir luchando, basta de discriminación, basta de muertes laborales”, reclamó Lourdes, y agregó: “A nosotros nos pusieron fronteras, pero para la explotación laboral no existen fronteras”.
La masacre del 30 de marzo de 2006
Ese día, seis personas migrantes murieron atrapadas en el incendio que arrasó el taller textil clandestino ubicado en Luis Viale 1269, en el barrio de Caballito.
Eran cuatro niñes, un adolescente y una mujer embarazada.
Sus nombres: Harry Rodríguez, de 3 años; Elías Carbajal, de 10; Wilfredo Quispe Mendoza, de 15; Juana Vilca, de 25, embarazada; Luis Quispe, de 4; y Rodrigo Carbajal, de 4. Todos de origen boliviano.
No era el primer incendio que ocurría en ese lugar, pero la desidia patronal, junto a las condiciones de precariedad y explotación impuestas en el lugar, habilitaron la repetición del siniestro.
En junio de 2016, después de una década, el Tribunal Oral Criminal Nº 5 condenó a los encargados del taller, Luis Sillerico y Juan Manuel Correa, a trece años de prisión por reducción a la servidumbre, y ordenó a la justicia volver a investigar a los dueños de las marcas para las que el taller producía en forma exclusiva.
Sin embargo, en mayo de 2019 los dueños de las marcas y del inmueble, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, fueron absueltos por el juez Alberto Baños, entonces a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Nro 27.
Se trata del mismo Alberto Baños que años más tarde, en diciembre de 2023, asumió como funcionario del gobierno de Javier Milei para ejecutar el ataque, vaciamiento y destrucción de las políticas de Derechos Humanos y los Sitios de Memoria bajo la órbita de otro negacionista, su amigo Mariano Cúneo Libarona. Ambos se encuentran ahora fuera del gobierno, Baños desde diciembre de 2025 y el ex ministro, desde el pasado 4 de marzo.
Como juez, Baños dictó el sobreseimiento de los empresarios por considerar que “no se pudo probar que conocieran la situación de reducción a la servidumbre en el lugar”.
Tan sólo eran los propietarios del lugar y se beneficiaban económicamente de su explotación. Nada más.
Peor aún, en el 2022, la justicia les restituyó el edificio a los dueños que habían sido sobreseídos, y desde entonces el lugar está en venta, sin ningún tipo de reconocimiento oficial de lo ocurrido allí.
Las y los sobrevivientes junto con organizaciones sociales han sostenido el reclamo para que el inmueble sea expropiado y convertido en un Espacio de memoria. En este proceso se formó la Comisión Luis Viale, que considera que la masacre no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de un sistema que permite y favorece la explotación laboral. Por eso consideran que transformar el lugar en un sitio de memoria no solo significará un reconocimiento a las víctimas, sino también una advertencia sobre la persistencia de estas condiciones en la actualidad.
Intento de sabotaje de parte de la patronal de Fate
Los trabajadores de Fate en lucha denunciaron un intento de sabotaje por parte de la patronal de Javier Madanes Quintanilla. Ocurrió este miércoles, con el ingreso de un escribano a la planta que busca apagar máquinas y cortar la energía. Fue escoltado por efectivos de la Policía Bonaerense que no tenían identificación.
Frente a esta situación, los trabajadores respondieron de manera organizada, impidiendo el avance de estas maniobras y comenzando a restablecer la energía dentro de la fábrica. Con esta acción, ratifican su decisión de poner la planta en funcionamiento y defender cada uno de los puestos de trabajo.
Desde el interior de Fate denuncian el lockout ilegal de la patronal y remarcan que la necesidad de una salida es urgente. En ese sentido, exigen la aprobación inmediata del proyecto de ocupación temporaria presentado por el sindicato, señalando que los tiempos legislativos no pueden seguir estando por detrás de las necesidades de las familias trabajadoras.
A su vez, reclaman el retiro inmediato de la policía de la planta y cuestionan el rol del Estado. Exigen tanto al gobierno nacional como al gobierno de la Provincia de Buenos Aires que dejen de “tirarse la pelota” y definan de qué lado están: si con los trabajadores o con los empresarios.
El comunicado también llama a redoblar la solidaridad de la sociedad con la lucha de los trabajadores de Fate, y exige al gremio la convocatoria urgente a una asamblea general para resolver democráticamente los pasos a seguir.
La determinación es clara y se expresa en una consigna que recorre la planta y sintetiza el conflicto: Fate no se cierra.
Los trabajadores denuncian esto planteando que un fallo judicial les da la razón y la patronal está actuando en la total ilegalidad. Que, además, rompió el acuerdo firmado en mayo del año pasado y homologado por la Secretaria de Trabajo, el cual estipulaba que no podía despedir hasta el 30 de junio del 2026. Esto es lo que confirma que la empresa está llevando adelante un lock-out y despidos ilegales. Por esta razón, hay un embargo sobre Fate por $3.000 millones para el pago de salarios caídos.
Caravana obrera unifica luchas para enfrentar despidos, suspensiones y ajuste
La Mesa de Coordinación Obrera de Zona Norte convocó a trabajadores, organizaciones sociales, estudiantiles y a la comunidad en general a participar de una jornada de lucha unificada frente a los ataques que distintos sectores vienen sufriendo en la región.
El martes 21 se realizó una caravana obrera que partió a las 18:30 desde FATE y recorrió distintos puntos de conflicto —Georgalos, Frigorífico Rioplatense y Lustramax— y culminó con un acto a las 21:00 en la puerta de Mondelez.
La iniciativa se inscribe en un contexto de creciente ofensiva patronal que se expresa en múltiples conflictos laborales en la zona norte. En FATE, se denuncia un lock out patronal y más de 900 despidos. En Mondelez, se registran procesos de flexibilización laboral y persecución a trabajadores. En Georgalos, se llevan adelante despidos y suspensiones con reducción salarial al 80%, mientras que en Lustramax se denuncia el incumplimiento del fallo de reinstalación del delegado Leandro Gómez.
A su vez, en el Frigorífico Rioplatense se advierte un avance de la flexibilización laboral que le costó la vida a un operario meses atrás. En organismos como el INTI y la CNEA, se señalan amenazas de recortes y despidos. En paralelo, docentes y auxiliares realizaron un paro el mismo martes por reclamos por salario, presupuesto y condiciones dignas para la educación pública.
De acuerdo con diversas coberturas periodísticas, estos conflictos forman parte de un escenario más amplio de ajuste que impacta sobre los derechos laborales, los salarios y las condiciones de trabajo.
La jornada tuvo como objetivo visibilizar los reclamos, fortalecer la coordinación entre los sectores en lucha y avanzar en una respuesta común frente a los despidos, las suspensiones, la precarización y las persecuciones.
Cresta Roja: salarios adeudados, aportes retenidos y más de 1500 familias en riesgo
La crisis en la planta avícola de El Jagüel suma tensión y expone un escenario cada vez más crítico para cientos de trabajadores y sus familias. Con salarios impagos, denuncias por retención de aportes y un creciente malestar, la planta permanece paralizada y el conflicto amenaza con trasladarse a las calles en los próximos días. Otra vez se movilizan los trabajadores de Cresta Roja.
Actualmente, la planta cuenta con una dotación de aproximadamente 700 trabajadores, pero el impacto de la situación se extiende mucho más allá: se estima que más de 1.500 familias de la zona de Monte Grande, Ezeiza y alrededores dependen directa o indirectamente de esta fuente de trabajo.
Según denuncian delegados y trabajadores, la empresa mantiene un atraso en el pago de la última quincena y el salario correspondiente al mes de marzo. A esto se suma la falta de pago de bonos de productividad y premios que, en algunos casos, alcanzan entre $150.000 y $200.000 por operario, montos que resultan clave para sostener economías familiares ya golpeadas por la inflación.
Sin embargo, uno de los puntos más graves del conflicto apunta a las cargas sociales. Los trabajadores advierten que, pese a que los descuentos aparecen en sus recibos de sueldo, esos aportes no estarían siendo transferidos a la ANSES ni a las obras sociales. Esta situación deja a las familias sin cobertura médica en medio de un contexto de alta vulnerabilidad, profundizando la angustia y la incertidumbre.
“El ajuste lo estamos pagando nosotros”, señalan desde el lugar, donde crece la bronca frente a lo que consideran un vaciamiento y una política empresarial que los empuja al límite. En ese marco, no descartan medidas de fuerza más contundentes si no hay respuestas inmediatas.
Paro de 24 horas en el BCRA
El gremio convocó a un paro de 24 horas para el lunes 27 de abril, con impacto directo en la operatoria vinculada al manejo de efectivo.
La protesta alcanzará a los 21 tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que puso en alerta la logística de distribución de dinero en todo el país.
Durante la jornada, no hubo actividad en los sectores encargados del almacenamiento y traslado de efectivo. Esto implica que tareas clave como la reposición de dinero en cajeros automáticos y el abastecimiento a entidades financieras podrían verse interrumpidas.
Como consecuencia, no se descartaron faltantes de efectivo, especialmente en zonas donde la reposición depende de estos circuitos logísticos. También podrían registrarse demoras en sucursales que requieran provisión de dinero.
Desde la Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, señalaron que la medida responde a la falta de avances en las negociaciones con las autoridades.
El conflicto se centra en la decisión de avanzar con el cierre de 12 tesoros regionales del BCRA, una iniciativa que, según el gremio, podría afectar puestos de trabajo y condiciones laborales.
Además, denunciaron presiones sobre trabajadores y advirtieron que, de no haber respuestas, podrían profundizar el plan de acción con nuevas medidas.
Aunque el paro no implicó el cierre total de sucursales, sí afectó un eslabón clave del sistema, la circulación física del dinero.
Por eso, el efecto pudo sentirse tanto en cajeros automáticos como en la disponibilidad de efectivo en bancos, comercios y otras operaciones que dependen del flujo habitual de billetes.
El escenario abre un nuevo frente de incertidumbre en el sistema financiero, mientras continúa la tensión entre el gremio y las autoridades monetarias.
Arietto y Lustramax y Shell en la ilegalidad
El conflicto en la empresa de limpieza Lustramax suma nuevas aristas de ilegalidad patronal. No solo mantiene su negativa a cumplir las sucesivas resoluciones judiciales que ordenan el ingreso del delegado Leandro Gómez, sino que además adeuda parte de los salarios de marzo, no abona la obra social ni los aportes de la seguridad social, despidió a un referente gremial y profundiza la persecución contra quienes se organizan.
Frente a esta situación, los trabajadores lanzaron una campaña de visibilización con pegatinas en los alrededores de la fábrica, recorridas por universidades del Conurbano y acciones conjuntas con otros sectores en lucha, como los obreros de Fate y Mondelez.
La denuncia ante el Ministerio de Trabajo
El pasado 13 de abril, el delegado Leandro Gómez presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense en la que detalla el sostenido incumplimiento patronal. En el escrito, Gómez advierte que la empresa le impide “arbitraria e ilegalmente el ingreso en mis días y horario habitual de trabajo”, pese a contar con tres resoluciones del Tribunal de Trabajo N° 7 de Pilar que ordenan su reincorporación inmediata y reconocen su derecho a ejercer la actividad sindical.
La denuncia también señala graves irregularidades en el pago de salarios: Lustramax abonó “parcialmente los haberes de marzo de 2026”, omitiendo el pago de premios por productividad (12,5%), compra interna (10%), puntualidad (5%), presentismo (5% más otro 8% por convenio) y el bono de fin de año de 840.000 pesos.
Además, el delegado denuncia “hostigamiento con persecución de carácter sindical” y el despido arbitrario de Néstor Damián Alcaraz, referente de la organización interna, ocurrido el 10 de abril. “Pese a la negativa de mi ingreso por parte de Lustramax, no ha impedido que recepcione los reclamos de mis compañeros de trabajo”, afirma Gómez en la presentación.
También señala que la empresa no se encuentra pagando la obra social ni los aportes a la seguridad social. La patronal suma así nuevos incumplimientos a una larga lista: ya tiene una multa de 100.000 pesos por día por desacatar la orden de reingreso del delegado.
En paralelo, los trabajadores de Lustramax vienen desplegando una intensa campaña de visibilización. Pegatinas y afiches aparecieron en los alrededores de la fábrica de Tortuguitas, denunciando la persecución sindical y exigiendo el ingreso del delegado.
A su vez, participaron de la caravana obrera que el 21 de abril recorrrió la Zona Norte, uniendo a trabajadores de Fate (en lucha contra el lockout patronal), Mondelez (que enfrenta suspensiones y persecución), Georgalos y el Frigorífico Rioplatense. La caravana partió desde la planta de Fate y culminó con un acto en Mondelez.
Además, los trabajadores llevaron el conflicto a las aulas: realizaron recorridas por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata. Allí, estudiantes y Centros de estudiantes se solidarizaron con la causa, aportaron al fondo de lucha y se comprometieron a seguir difundiendo la situación. La respuesta en los claustros fue contundente: en cada universidad, decenas de jóvenes se acercaron a escuchar el relato en primera persona y colaboraron económicamente.
La situación de Lustramax no es un caso aislado. En las últimas semanas, la justicia laboral elevó la presión sobre la cúpula de una multinacional: el Juzgado Nacional del Trabajo N° 40 intimó penalmente al CEO de Shell-Raízen, Andrés Cavallari, para que reincorpore de inmediato al brigadista Gustavo Michel, despedido por su activismo gremial y ambiental. La petrolera lleva un año incumpliendo fallos judiciales y ahora su máxima autoridad enfrenta una denuncia por desobediencia.
El paralelismo es evidente. Mientras al CEO de una de las empresas más poderosas del mundo lo intiman penalmente, el dueño de Lustramax sigue creyéndose impune y limitándose a pagar multas. Pero la historia parece tener un solo desenlace: la organización de los trabajadores y la solidaridad que vienen construyendo terminarán por quebrar la soberbia patronal.
Los trabajadores de Lustramax anunciaron que profundizarán las medidas de visibilización y no descartan nuevas presentaciones judiciales, esta vez solicitando la elevación de la multa y el inicio de acciones penales contra los responsables de la empresa por desobediencia.
“No vamos a bajar los brazos. La Justicia ya falló tres veces a nuestro favor. Ahora lo que falta es que la empresa cumpla, y eso solo se logra con organización, con presencia en la calle y con el apoyo de los trabajadores y los estudiantes”, afirmó Gómez
Persecución en el Hospital Italiano
La patronal del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires echó sin causa a César Latorre, quien fue delegado general de la Comisión Interna de dicho nosocomio hasta el año 2024. Aprovechando que ya no tiene fueros, y ante la proximidad de nuevas elecciones de delegados, la empresa avanzó contra un referente histórico de los trabajadores del hospital.
El jueves 23 se realizó en el Hospital Italiano porteño un acto impulsado por la Comisión Interna, exigiendo a la Dirección del Hospital la reincorporación de César Latorre y denunciando la persecución gremial.
“Me quieren despedir sin causa ni motivo alguno, después de más de 20 años de trabajo”, denunció Latorre. “Es evidente que buscan dar un mensaje a todo el personal: que agachemos la cabeza y no reclamemos. Están envalentonados por la Reforma Laboral y quieren avanzar contra las conquistas que hicimos durante años, cuando el Italiano fue un ejemplo en todo el gremio de la Sanidad. No lo vamos a permitir: exigimos mi reincorporación inmediata y vamos a impulsar medidas de lucha”, planteó.
Tal como lo señaló él mismo, el despido de Latorre se da en el marco de la ofensiva generalizada del gobierno nacional y los grupos económicos contra la clase trabajadora argentina, que tuvo un punto de inflexión con la reciente aprobación de la regresiva reforma laboral.
“Quieren imponer el terror para eliminar uno a uno todos los derechos, para ello es necesaria la destrucción de la organización de base de los laburantes”, señalaron.
Y agregaron: “en las Clínicas y Laboratorios ya ha comenzado la campaña por la reincorporación de César a su puesto de trabajo, es una pelea que excede al Gremio de La Sanidad, atañe al conjunto de la Clase trabajadora la defensa de quienes dan un paso al frente en lucha por los derechos colectivos”.
Trabajadores de Aires del Sur cumplen dos meses de ocupación y llevan su reclamo al Congreso
Los obreros de la fábrica de aires acondicionadas paralizada por sus dueños llevan además 4 meses sin cobrar. Reclaman el pago de esa deuda y la puesta en funcionamiento de nuevo de la planta.
El miércoles 22 se reunieron con legisladores provinciales para dar apoyo al Proyecto de ley que impulsa el fueguino Raúl Von der Thusen, que propone declarar a Aires del Sur de utilidad pública y ponerla a producir nuevamente.
En conferencia de prensa, el secretario General de Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande, Oscar Martínez, explicó al respecto: “Vamos a ser partícipes junto con los compañeros de Aires del Sur para poder aportar desde nuestra visión y desde nuestro legítimo reclamo, a la búsqueda de alternativas que puedan atender a la continuidad productiva, al mantenimiento de los puestos de trabajo y también a los meses de impagos que llevamos hasta ahora”.
Además, detalló que “a esta altura son 140 familias que desde hace 3 meses no perciben sus ingresos y que obviamente genera una absoluta situación de angustia y desesperación”.
Por otra parte, el jueves 23 la situación de los trabajadores de Aires del Sur llegó a las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, según confirmó la diputada nacional de Unión por la Patria Tierra del Fuego, Andrea Freites, que acompañó a los trabajadores en la conferencia de prensa: “El objetivo es visibilizar la situación que se vive hoy de la destrucción de la industria nacional. Ponerlo en agenda y de esta manera no sólo acompañar el bloque de Unión por la Patria, sino quienes integran la Comisión de Economía”.
Despedidos de Personal Flow
El sábado 25, se realizó la primera reunión por la reincorporación de los despedidos de Personal Flow, Marisa Fervenza, Nicolás Lorea, Gustavo Virtos y Silvia Pacheco, todos bajo convenio de Foetra Sindicato de las Telecomunicaciones. La sede de Ademys, el sindicato docente de CABA, fue el lugar de encuentro, que contó con la presencia de decenas de trabajadoras y trabajadores de Personal Flow (Grupo Clarín) y de Telefónica-Movistar y delegadas y delegados del AMBA.
Las y los despedidos comenzaron contando su situación y las propuestas de resoluciones para llevar adelante, en la pelea por su reincorporación.
Luego, fueron tomando la palabra trabajadores de distintas oficinas, solidarizándose y poniéndose a disposición de la lucha por los puestos de trabajo y comentando también la situación en los distintos lugares de trabajo. Denunciaron la ofensiva que mantienen las empresas, con informes y suspensiones arbitrarias, que llegan a despidos, vaciamientos y cierres de sectores, junto con los miles de retiros “voluntarios” que consideran despidos encubiertos, decenas de despidos en el interior y la práctica antisindical del Grupo Clarín.
A propuesta de las y los despedidos, se discutió y se votaron las siguientes resoluciones. En primer lugar, impulsar un gran fondo de lucha, que les pueda permitir seguir en la pelea. Segundo, llevar adelante una campaña con afiches, pasacalles y volantes por la reincorporación inmediata. En tercer lugar, realizar una acción el 6 de mayo, en las puertas de la Oficina Comercial de Personal Flow de Corrientes 566. Convocar a un gran festival en solidaridad con los despedidos, para el día 6 de junio. Impulsar un petitorio para que firmen organizaciones sociales y de DDHH, personalidades, Diputados y legisladores. Y por último, pusieron fecha para la próxima reunión de solidaridad, abierta a sectores en lucha, para el 30 de mayo.
Hay paro en cinco líneas de colectivos en reclamo por el pago de salarios
Choferes de varias líneas de colectivos mantienen un paro y una protesta en la cabecera de la línea 707, en José León Suárez, en reclamo por el pago adeudado de salarios, viáticos y aumentos. La medida afecta a las Líneas 707, 407, 437, 700 y 333, que recorren zonas clave del norte del Conurbano bonaerense como Martínez, Escobar, San Isidro y Vicente López, todas pertenecientes a la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM).
El conflicto, según denuncian los trabajadores, no es nuevo. “Hace dos años venimos renegando con los sueldos. Nos pagan en cuotas”, contó Marcelo, uno de los choferes, quien además describió la situación crítica que atraviesan muchos compañeros: “Tenemos que estar haciendo changas. Hay compañeros que son grandes y tienen que venir caminando o en bici a su trabajo porque no tienen para ponerle nafta al auto”.
El reclamo principal apunta a deudas concretas: dos meses de viáticos impagos y un aumento no remunerativo acordado con la UTA que no fue abonado. “Hace 15 meses nos pagan en cuotas. Nos dicen que aguantemos, que lo van a sacar, y no está”, explicó Juan, con 27 años en la empresa. “Lo único que queremos es salir a laburar”, agregó.
La situación impacta de lleno en el servicio. La Línea 707, considerada “la línea madre”, recorre gran parte de San Isidro. “En este momento San Isidro está incomunicado, de Boulogne a San Isidro”, advirtió el mismo chofer.
Mientras tanto, la vida cotidiana de los trabajadores se vuelve cada vez más difícil. “Uno tiene que pagar el colegio, tengo dos chicos. Mi familia me ayuda y salgo a hacer changas”, relató Marcelo. Bruno sumó: “La mayoría salimos a hacer Rappi o PedidosYa. Salimos de acá y tenemos que salir a hacer otro trabajo. Uno se empieza a atrasar con las cuentas”.
En abril de 2026, según el convenio de Personal de Conducción de Corta y Media Distancia, un trabajador inicial cobra en mano $1.243.948. Además, el Convenio establece que deberán cobrar $456.000 ($19.000 por 24 días de trabajo) al mes en calidad de viáticos. Pero, como denuncian los choferes de MOGSM, por lo general se cobra de manera fragmentada y no se respeta el pago de los viáticos. “¿Cómo hacés para vivir con un salario en cuotas? Ganamos mucho menos”, cuestionó Ariel.
Otros choferes apuntaron también a la falta de mantenimiento en las unidades. “Los empresarios se embolsaron la plata que tenían que usar para otras cosas, y ahora también estamos con coches que no se arreglaron”, denunció David.
La precarización alcanza incluso las condiciones laborales. “La mayoría sin campera, sin camisa, sin jabón en el baño. Por dos monedas”, expresó Gabriel, quien además contó que desde hace más de un año tiene un segundo trabajo como repartidor. “Tengo bronca porque no sabés cómo llegás mañana. Pensé que me iba a jubilar de otra forma”.
Desde el lugar de la protesta, Miguel sintetizó el clima general: “Estamos desbordados, necesitamos una respuesta. Tenemos un montón de familias que no tienen para comer”. También hizo un llamado a los usuarios: “Entendemos la molestia porque las líneas no pasan, pero los invitamos a que vengan y nos apoyen”.
El conflicto, según coinciden los trabajadores, queda atrapado entre acusaciones cruzadas. “La empresa se tira contra el Gobierno, el Gobierno dice que no tiene nada que ver, y así estamos hace dos años cobrando sueldos en cuotas”, resumieron. A este panorama se suma una crisis estructural del servicio que golpea con especial dureza al Conurbano bonaerense. La oferta de colectivos en los recorridos de la Provincia de Buenos Aires e interjurisdiccionales sufrió una caída del 40%, una cifra drásticamente superior a la reducción del 5% registrada en la Ciudad de Buenos Aires. Con una flota operativa que cuenta con 2.359 unidades menos que en 2019, las empresas utilizan la reducción de frecuencias y el atraso en los sueldos como mecanismos de presión hacia el Gobierno para exigir mayores subsidios, manteniendo la opacidad sobre sus balances y el destino de los fondos públicos que reciben.
Mientras tanto, el paro continúa y miles de usuarios de la zona norte siguen afectados por la falta de servicio, en un contexto donde los choferes reclaman el derecho básico de cobrar sus salarios en tiempo y forma.
Ola de despidos en el Correo Argentino
En las últimas horas, el Correo Argentino avanzó con 350 despidos distribuidos en sucursales de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Misiones, La Plata y otras regiones del país. La medida, señalada por trabajadores y trabajadoras como un ataque directo al plantel, se produce en medio del plan de lucha impulsado por la federación gremial FOECYT, que reclama la reapertura de paritarias y denuncia un deterioro salarial sostenido.
El recorte no aparece como un hecho aislado. Se da mientras los trabajadores reclaman salarios que permitan cubrir el costo de vida —con sueldos que, según denuncian, no alcanzan para llegar a fin de mes— y mientras la empresa exhibe balances positivos. En Córdoba, sólo en Río Cuarto, 15 empleados fueron despedidos en un día; en la capital provincial, la cifra supera los 50 cesanteados, afectando a plantas donde muchos trabajadores acumulan décadas de servicio. A nivel nacional, FOECYT sostiene que la empresa pretende despedir a 900 empleados.
La empresa intentó justificar parte de las cesantías bajo supuestas “injurias laborales”, señalando a trabajadores que participaron de asambleas y medidas informativas en el marco de los reclamos. Desde la federación sindical rechazaron esos argumentos y afirman que las protestas no afectaron el funcionamiento del servicio postal. Agregaron que hoy un cartero, un auxiliar con 12 años de antigüedad, cobra 750.000 pesos. Y por reclamar eso, despiden a cientos de compañeros.
La situación salarial del sector es crítica. Trabajadores con 20 años de antigüedad apenas alcanzan los 700.000 pesos, y en los últimos dos años recibieron aumentos que, según denuncian, fueron insuficientes para compensar la inflación. “No se puede vivir con un sueldo así”, repiten en las plantas, donde la incertidumbre crece día a día. Desde FOECYT advierten que la emisión de telegramas podría continuar, especialmente en La Rioja, donde ya hubo tres despidos entre los 94 empleados de la provincia.
La respuesta de los trabajadores fue inmediata: reforzar un plan de lucha que ya estaba definido desde la semana pasada, con un cronograma de medidas que incluye movilizaciones en distintas ciudades y un paro nacional de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. El malestar apunta tanto al directorio del Correo como a las otras federaciones gremiales (AATRAC, FOECOP y FEJEPROC), que hasta ahora no repudiaron los despidos y son cuestionadas por limitar la pelea a acciones aisladas y presentaciones judiciales sin continuidad.
Diversas agrupaciones sindicales y políticas sostienen que sólo con organización desde las bases, coordinación entre estatales y privados y un plan de lucha sostenido se podrá enfrentar el ajuste y defender el derecho al trabajo y a un salario digno. Para los trabajadores, la urgencia es inmediata: frenar los despidos y evitar que cientos de familias queden sin sustento.
Frimetal, la empresa que ensambla la marca Electrolux en Rosario, cesará la producción de heladeras en mayo
La decisión profundiza un proceso de achicamiento que se inició a comienzos de 2026 y que convierte a una de las plantas industriales más emblemáticas del cordón fabril santafesino en un centro de operaciones mínimas orientado mayormente a la importación de productos terminados.
Esta medida se suma a la discontinuación de la fabricación de cocinas, que tuvo lugar en enero pasado. Tras estos cambios, el establecimiento se limitará únicamente a la producción de freezers y lavarropas.
El efecto sobre el empleo es significativo. De los 750 trabajadores iniciales restan unos 250 empleados, y tras la implementación de la medida, solo 150 mantendrán su puesto, dedicados exclusivamente a las funciones que permanezcan activas.
La nueva etapa, que se ejecutará en mayo, consiste en el cese total de la línea de ensamblaje de heladeras y afecta de manera directa a 100 operarios.
Este recorte no es el primero del año. En marzo, Electrolux había puesto en marcha un plan de retiros voluntarios para 100 trabajadores, al que adhirieron más de 130 operarios antes del cierre del proceso, según informó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
La disminución en las ventas de electrodomésticos en los últimos meses presionó a fabricantes locales a reajustar su producción y reducir costos para ganar eficiencia.
Según datos de la Cámara de Fabricantes de Electrodomésticos, las ventas de artículos para el hogar registraron una caída constante desde el inicio del año, con una disminución en la demanda de heladeras y cocinas que oscila entre el 30% y el 40% en comparación con el mismo período del año anterior.
Esta baja en el consumo se atribuye a la pérdida de poder adquisitivo y a la modificación de las condiciones de financiación para la compra de bienes durables. A eso se suma un incremento en el ingreso de productos terminados del exterior, tras la simplificación de los trámites de importación y la eliminación de las licencias no automáticas.
La situación de Frimetal no es un caso aislado. Mabe implementó despidos y clausuró una de sus plantas, mientras que Whirlpool cerró definitivamente su planta de lavarropas en Pilar, inaugurada hace apenas tres años. A ese cuadro se suma Peabody: la firma Goldmund S.A., responsable de esa marca, solicitó la apertura de un concurso preventivo para reorganizar su deuda y poder continuar operando.
Diputados rechazan persecuciones en Mondelez
Un amplio arco de diputadas y diputados nacionales rechaza las persecuciones por parte de la patronal de la alimenticia Mondelez a trabajadores y trabajadoras de esa empresa. En un Proyecto de Resolución que lleva las firmas de varios legisladores nacionales se plantea la “preocupación ante la persecución antisindical, discriminatoria y sistemática que viene realizando la empresa Mondelez contra representantes gremiales del Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación (STIA) y trabajadoras”.
Se indica, además, que “estos ataques, justificados en hechos falsos, incluyen: apercibimientos contra los congresales recientemente electos Stella Cabral, Diego Metzler y Julio Tévez y suspensiones, de más de 25 días, contra los trabajadores Juan Centurión, Liria del Carmen Pereira y Daniel Presa por expresar su opinión”. En ese marco, se plantea “exigir el respeto irrestricto a la libertad sindical y los derechos constitucionales de trabajadores y congresales. Al mismo tiempo, exigir también el cese inmediato de toda conducta discriminatoria”.
El texto lleva las firmas de Myriam Bregman (Frente de Izquierda); Máximo Kirchner (Unión por la Patria); Sergio Palazzo (Unión por la Patria); Hugo Yasky (Unión por la Patria); Paula Penacca (Unión por la Patria); Nicolás del Caño (Frente de Izquierda); Agustín Rossi (Unión por la Patria); Mónica Frade (Coalición Cívica – Interbloque Unidos); Romina Del Plá (Frente de Izquierda); Juan Marino (Unión por la Patria); Moira Lanesan Sancho (Unión por la Patria); Esteban Paulón (Pcias. Unidas) y Néstor Pitrola (Frente de Izquierda).
Causa penal que equipara al sindicato de los trabajadores del subte con una asociación ilícita
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) se declaró en estado de alerta ante el avance de una causa judicial que, según denunciaron, busca encuadrar como “asociación ilícita” las medidas de fuerza realizadas por trabajadores del subte. El gremio apuntó contra el Gobierno de la Ciudad, la fiscal Celsa Ramírez y la empresa concesionaria Emova por impulsar el proceso.
Desde el sindicato sostuvieron que las acciones cuestionadas fueron votadas colectivamente y se encuadran dentro de los derechos constitucionales y de la legislación vigente en materia sindical. En ese sentido, afirmaron que se trata de “una pretensión descabellada de igualar las acciones sindicales en defensa de las condiciones de trabajo con el accionar de una banda de delincuentes”.
Claudio Dellecarbonara, integrante del secretariado ejecutivo de la AGTSyP, aseguró que la causa presenta irregularidades y cuestionó el rol de la empresa concesionaria. “La causa está llena de imprecisiones y procedimientos incorrectos”, señaló, y agregó que “Emova es, a la vez, denunciante, aporta pruebas y además notifica de la causa a los denunciados”. Por ese motivo, informó que solicitaron la nulidad de las notificaciones y la recusación de la fiscal interviniente.
A través de un comunicado de prensa, Dellecarbonara también vinculó la causa con un contexto más amplio de denuncias sobre el funcionamiento del servicio. En ese sentido, señalaron problemas de mantenimiento, falta de inversión y material rodante envejecido, así como demoras y deficiencias en la infraestructura. A esto sumaron advertencias sobre condiciones de seguridad y la presencia de asbesto en la red, un reclamo histórico del sector. Según Dellecarbonara, el sindicato es perseguido también porque “somos los que señalamos los negociados y denunciamos la crisis sanitaria y la falta de condiciones de seguridad en el transporte”. Todas estas denuncias son completamente comprobables con tan solo mirar las redes sociales, donde miles de pasajeros suben videos del pésimo estado de un transporte con tarifas carísimas.
En el comunicado, Claudio cuestionó además a la fiscal Celsa Ramírez, a quien acusó de actuar con afinidad hacia el oficialismo porteño, y recordó antecedentes de actuaciones judiciales contra trabajadores del subte en conflictos anteriores. En ese marco, señalaron que continuarán con presentaciones judiciales para demostrar que la causa “no tiene ningún asidero legal”.
La AGTSyP se encuentra en “Estado de alerta” y afirmó Dellecarbonara, “Solo la más amplia unidad con los sectores en lucha, como los trabajadores de FATE, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los trabajadores del transporte y todas las organizaciones sindicales y políticas que estén dispuestas a enfrentar las persecuciones y la criminalización de la protesta nos permitirá frenar estos ataques que buscan disciplinarnos para que pasen más fácilmente y sin resistencia los planes de miseria y ajuste contra los trabajadores”.
Este ataque a la organización sindical es el correlato judicial de la reforma laboral y el ataque a los derechos de los trabajadores que se intenta desde el Gobierno Nacional y donde Jorge Macri en la Ciudad es su principal imitador.
El nuevo salario básico de los farmacéuticos llegará a $3,5 millones en junio
Las paritarias en la Argentina atraviesan un escenario de fuerte tensión y contrastes, con acuerdos salariales que avanzan en algunos sectores, como en el caso de los farmacéuticos que cerraron aumentos escalonados que superarán los $3,6 millones, mientras crecen los reclamos por reaperturas en otros, reflejando una pérdida del poder adquisitivo, políticas salariales restrictivas y conflictos gremiales que impactan tanto en el sector privado como en la Administración Pública.
El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) cerró una paritaria inédita con las Cámaras del sector que fija uno de los salarios básicos más altos del país para la actividad.
El acuerdo fue alcanzado con la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Cámara de la Actividad Bioquímica (CAFYB), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMYSRA), y abarca los meses de abril, mayo y junio de 2026.
Según lo pactado, el salario básico para abril se ubicó en $3.444.000, en mayo ascenderá a $3.549.000 y en junio alcanzará los $3.624.000, a lo que se suman adicionales por Competencias, Gestión y Permanencia que implican un incremento del 30%.
El aumento impacta exclusivamente en los trabajadores afiliados comprendidos en los convenios colectivos 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22, e incluye a farmacéuticos y bioquímicos directores de farmacias, droguerías y laboratorios.
Se trata de un acuerdo destacado dentro de un sector considerado históricamente como uno de los más complejos para negociar paritarias, tanto por su estructura como por su peso económico dentro de la actividad.
En paralelo, la situación en la Administración Pública muestra un escenario opuesto, con crecientes reclamos por la reapertura de paritarias y la convocatoria a medidas de fuerza.
A nivel general, el frente paritario muestra un panorama heterogéneo. Según el analista Federico Pastrana, el Gobierno busca reinstalar una pauta salarial del 2% mensual, priorizando la desaceleración de la inflación, aunque con impacto negativo en los ingresos reales.
Por último, en ese sentido, advirtió que incluso en acuerdos recientes, como el de Comercio, se consolidan niveles bajos de poder adquisitivo y se proyectan nuevas caídas hacia adelante, lo que anticipa un escenario de creciente conflictividad en las negociaciones salariales.
Lumilagro importa termos por $8.178 y los vende a $44.000
Por Laura Muñiz
Un relevamiento del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas muestra cómo las grandes empresas como Essen, Peugeot, Adidas, Mondelez abandonan la producción local para importar. Mientras despiden trabajadores y cierran plantas, sostienen ganancias extraordinarias vendiendo productos con sobreprecios.
“¿Ustedes que opinan? ¿Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100.000 de más para conseguir un termo de calidad? Nos reconvertimos para volver a crecer igual que en los 70 cuando dejamos de soplar las botellas a pulmón y nos automatizamos,” fue el mensaje de Lumilagro en la cuenta oficial de la red social X. Después tuvo que borrar el tuit por las respuestas negativas que recibió.
La tradicional marca de termos despidió a 170 empleados en los últimos años de su planta industrial para focalizar la mayor parte de su operación en la importación desde China.
Lumilagro se jacta de vender termos más baratos por poder importarlos, pero omite que el costo unitario de importar un termo es de $8.178 y los vende a $44.000. La empresa exportó 10.000 termos a EE UU en 2025 a un precio FOB promedio de U$S 11 cuando en Argentina el termo más económico sale U$S 31 ($44.000). Un negocio redondo para la empresa.
Este dato lo revela un reciente informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), elaborado por Gustavo García Zanotti y Martín Schorr. El informe muestra que las grandes empresas del país comenzaron un repliegue industrial: en la actualidad prefieren importar productos terminados de China o Brasil antes que fabricarlos en sus plantas locales.
El documento, titulado “Las grandes empresas ante la apertura importadora del gobierno de Milei”, alerta que este proceso no es un “efecto colateral” no deseado, sino una estrategia deliberada de reconversión de negocios que prioriza grandes márgenes de rentabilidad a corto plazo por sobre la preservación del empleo y la capacidad productiva nacional.
El dato más llamativo que revela el IPyPP es la enorme brecha entre lo que le cuesta a una empresa traer un producto del exterior y el precio al que lo vende al consumidor local. Gracias a la apreciación cambiaria y la eliminación de aranceles, el costo de importación cayó, pero ese beneficio no llega al bolsillo del trabajador.
Los ejemplos que analiza el informe son contundentes:
Essen: la empresa importa cacerolas de China con un costo unitario (incluyendo fletes e impuestos) de unos $50.000. Sin embargo, en sus canales de venta se ofrecen a $384.000 (sin contar impuestos nacionales). Despidió 30 trabajadores.
Adidas: importa zapatillas casuales por $26.790 y las vende a $100.000. En Chile el mismo modelo cuesta 44 dólares frente a los U$S 70 que sale en Argentina ($100.000). La empresa cerró la planta en Argentina y despidió 360 trabajadores.
Newsan: el costo unitario de importar un celular Motorola G23/G24 es de $ 136.770 y lo venden en el mercado local a $260.000. El documento recuera que Milei visitó la planta y cuatro meses después hubo 45 despidos y 70 suspensiones.
Mondelez: suspendió 2.300 trabajadores a fines de 2025 y los bienes finales pasaron del 16% (2023) al 25% (2025) de sus importaciones. El costo unitario de importar la galletita Club Social es de $521 y lo vende a $2.164.
Esta “fiebre importadora” tiene como consecuencia el cierre de plantas, despidos y suspensiones. El informe detalla cómo firmas emblemáticas desmantelaron sus líneas de producción para transformarse en simples distribuidoras de mercadería extranjera.
En el sector de electrodomésticos, Whirlpool cerró su planta en Pilar (inaugurada en 2022), dejando a 300 trabajadores en la calle. Mientras tanto, sus importaciones de lavarropas terminados se duplicaron entre 2023 y 2025. Un camino parecido sigue Pilisar (ex SIAM), cuyas compras de insumos para producir localmente desaparecieron, siendo reemplazadas por la importación masiva de unidades terminadas.
Lo mismo ocurre en el sector electrónico. Newsan, en Tierra del Fuego, pasó de importar partes para ensamblar celulares a traer equipos terminados (como los modelos Motorola G23/24). Esto vino de la mano de despidos y suspensiones a principios de 2026.
Para los autores del informe, esta dinámica de importar para comercializar con márgenes elevados tiene un límite. “Dado su carácter predominantemente orientado al mercado interno, la profundización de la desindustrialización tiende a afectar negativamente su desempeño en el mediano y largo plazo, a través de la reducción del empleo y de los ingresos de la población en general y, en consecuencia, de la demanda agregada doméstica”, advierte el documento.
Ante esta situación crítica es más urgente discutir y tomar en nuestras manos una salida independiente. Se necesitan medidas como la prohibición de los despidos y suspensiones, la defensa del salario, hay que reabrir las paritarias para imponer un salario que cubra la canasta familiar de $2.274.094 y que se actualice automáticamente al ritmo de la inflación. Ante los llantos patronales de pérdidas hay que exigir que se hagan públicos los balances y patrimonios de los grupos empresarios.
Es necesario que en cada gremio y empresa en conflicto se hagan asambleas donde los trabajadores puedan decidir cómo responder a los ataques. Los dirigentes sindicales son cómplices del saqueo en curso, hay que poner toda la confianza en la fuerza y los métodos históricos de la clase trabajadora. Una salida de conjunto que tire abajo el plan del Fondo, derrotando a Milei y todos los planes patronales.
Fuentes: Indymedia Trabajadoras/es, Perfil, ANRed, La Izquierda Diario, Agencia Farco, Karne de Máquina, Periodismo de Izquierda, Agrupación Bordó de Sanidad, Ámbito