En La Matanza, la policía detuvo a un hombre y una mujer, secuestró armas y un millón de pesos. Según testigos, el hombre fue visto con la policía antes de la represión que provocó la muerte del militante de la CTEP Rodolfo Orellana, mientras escapaba del violento desalojo a la toma del predio donde se asienta el yacimiento arqueológico Tres Ombúes.
04/01/2019
Como parte de una investigación que se toca con el caso del asesinato de Rodolfo Orellana –el militante de la CTEP baleado el año pasado durante la represión a una toma de tierras en Puente 13–, fueron detenidos un hombre y una mujer, a los que los vecinos habían señalado repetidamente por vender tierras del Estado. Los arrestos se realizaron tras dos allanamientos en viviendas de la zona, en las que se encontraron cerca de un millón de pesos en efectivo y dos mil dólares, once teléfonos celulares, tres computadoras, un arma de fuego y municiones. Los abogados de la querella por la muerte de Orellana quieren que se determine si uno de los detenidos es la misma persona a la que varios testigos vieron hablar con la policía durante los preparativos para la represión.
Orellana fue muerto en la madrugada del último 22 de noviembre, mientras escapaba del violento desalojo a la toma del predio donde se asienta el yacimiento arqueológico Tres Ombúes, en La Matanza. La autopsia determinó que un balazo por la espalda le atravesó de lado a lado el tórax. La munición no quedó dentro del cuerpo ni tampoco pudo ser encontrada en las recorridas posteriores por el lugar. Sí se sabe que el disparo fue a distancia. Varios testigos que ya declararon ante la Justicia coincidieron en señalar a una mujer policía rubia, que avanzó haciendo fuego contra los manifestantes. También vieron que un hombre de civil, que vincularon con la venta trucha de los terrenos, estuvo hablando con la Policía durante sus aprestos.
El día del crimen, apenas este tomó estado público, los vecinos del predio –organizados en el Colectivo 3 Ombúes– denunciaron que el intento de ocupación de las tierras estaba vinculado con la inacción del Estado en su deber de señalizar el predio baldío, en el que hay un cementerio querandí. Por eso el lugar está declarado reserva arqueológica. Los vecinos habían formulado varias denuncias contra las dos personas ahora detenidas –por la venta de los terrenos, ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y ante la Justicia, por amenazas y lesiones– que no habían tenido seguimiento.
Pablo Pérez Ledesma, abogado de la APDH Matanza y patrocinante del Colectivo de vecinos de 3 Ombúes, contó a PáginaI12 que el 11 de noviembre, once días antes del asesinato, había habido otro intento fallido de toma, que fue impedido por la policía y por vecinos que habían comprado lotes a los detenidos. Luego, la pareja “acusó de promover la toma a la comisión vecinal de 3 Ombúes e incitaron a que se los agreda y violente. Así se generó una tensión muy grande. Por eso estos vecinos, con el patrocinio de la APDH, presentaron una denuncia penal contra las dos personas señaladas, por instigación a cometer delitos. La denuncia fue llevada a la UFI 2 de Matanza el 14 de noviembre. El 21, la APDH se reunió con la fiscal general Patricia Ochoa. El 22 ocurrió el segundo intento de toma y la muerte de Orellana. En los días posteriores, en la UFI 2 se acumularon otras denuncias. Esta fiscalía, a cargo de Daniel Pagnotta, es la que intervino en los allanamientos y detenciones.
La información policial consignó que los arrestados son un hombre de 41 años, de nacionalidad boliviana, y una mujer de 45, que quedaron a disposición del fiscal Pagnotta y el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial La Matanza.
María del Rosario Fernández integra la Gremial de Abogados, que lleva la querella por el asesinato de Rodolfo Orellana, investigada en otra fiscalía. La abogada coincidió en que “varios testigos de la represión contaron que el intento de toma estuvo vinculado a que dos personas, una mujer y un hombre, habían vendido terrenos que pertenecen al Estado con la promesa de que en el lugar se iba a construir un barrio privado”.
“Sobre el intento de toma, lo que sabemos es que hubo más de un grupo: uno que se comunicaba por whatsapp, más ligado a la comunidad boliviana residente en la zona, y otro que se armó por afuera, que hizo el intento de toma en el que asesinaron a Rodolfo Orellana, en el había gente además de otros barrios”, detalló. Los testigos también denunciaron que junto a los policías que esa madrugada hicieron el desalojo vieron a una persona de civil, hablando con los efectivos. Por las descripciones podría tratarse de uno de los señalados por las ventas de los terrenos. De acuerdo con la reconstrucción de lo sucedido que fueron armando con el relato de vecinos y organizaciones sociales, el señalado por la venta trucha de los terrenos es el mismo que vieron junto a la policía antes del operativo.
Aunque militaba en la Organización Libres del Pueblo, que integra la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Rodolfo Orellana no se había sumado a la toma como integrante de un movimiento social. Sus compañeros de militancia explicaron que las organizaciones sociales no condujeron la ocupación, de la que incluso se enteraron después del operativo policial. Residente de una zona muy pobre de Villa Celina, Orellana fue al lugar como vecino, convocado por otros pares.
De la mujer detenida se sabe que reclamaba la propiedad de unas 60 hectáreas de tierras fiscales, sobre las que su padre había tenido un convenio con el Estado que le permitió habitarlas. Una vez fallecido, ella inició un juicio de usucapión para disponer de los lotes, que la Justicia rechazó en primera instancia. El Estado, a través de la AABE, la denunció para recuperar parte de los lotes, sobre los que actualmente rige una medida de no innovar destinada a que no se modifique la situación del inmueble.
Del total del predio hay una parte ya urbanizada por vecinos de la colectividad boliviana que compraron sus terrenos de buena fe y que, luego de un conflictivo proceso que incluyó desalojos parciales, se organizaron y lograron armar una mesa de diálogo con el Estado, acompañados por la APDH Matanza, para regularizar la situación dominial. Esto los llevó a un enfrentamiento con los dos vendedores. Los terrenos estaban divididos en tres sectores, A, B y C. El subsector C es el que quedaba sin edificar: había un acuerdo de no tocarlo por contener el cementerio querandí. Justamente por estar parcialmente deshabitado pero sin señalización sobre su carácter de reserva arqueológica –que debió implementar la AABE–, terminó siendo objeto de los repetidos intentos de tomas y de su violenta resolución policial, a tono con la línea encarnada desde el Ministerio de Seguridad por Patricia Bullrich.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/166116-detenidos-por-vender-tierras-del-estado