La llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es, en realidad, una estrategia jurídica para blindar la concentración y extranjerización de los bienes comunes, un dispositivo legal de entrega nacional. El título mismo es un engaño: la propiedad privada ya está garantizada por la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 17. No se trata de una conquista pendiente, sino de un derecho consagrado. Lo que el proyecto busca es otra cosa: impedir que el Estado pueda recuperar lo que hoy se privatiza y abrir la puerta a que magnates y fondos internacionales se apropien de territorios estratégicos.
Imagen de la propiedad de Joseph Lewis frente al Lago Escondido, prácticamente también bajo su dominio.
Bajo el ropaje de garantizar derechos ya consagrados por la Constitución, el proyecto busca blindar privatizaciones, flexibilizar la extranjerización de la tierra y habilitar negocios especulativos sobre territorios incendiados. Si se aprueba, será fatal: ningún gobierno futuro podrá revertirla sin enfrentar costos imposibles, y la Argentina quedará hipotecada en manos extranjeras.
Lo que se pretende aquí no es reforzar ese derecho, sino impedir que el Estado pueda recuperar zonas estratégicas, acuíferos o patrimonios territoriales comunes. Al complejizar los procesos de estatización, se asegura que cualquier intento de revertir privatizaciones sea económicamente inviable. El Estado queda reducido a un espectador impotente.
EL DISFRAZ DETRAS LA PROPIEDAD
El gobierno presenta la iniciativa como un avance en “seguridad jurídica” de la propiedad. Pero esa seguridad no es para las familias que habitan barrios populares ni para los pequeños productores que sostienen economías regionales. Es una seguridad diseñada para los grandes grupos económicos. El proyecto endurece las condiciones de la expropiación, introduce la figura de lucro cesante y convierte al Estado en un actor impotente. Con estas reglas sería imposible recuperar YPF o construir infraestructura básica sin pagar cifras astronómicas a los privados.
El segundo capítulo acelera los desalojos, reduciendo márgenes de defensa para quienes ocupan inmuebles. En un país donde millones viven en condiciones precarias, la medida equivale a institucionalizar la expulsión. La propiedad se protege como mercancía, no como derecho humano. La consecuencia es clara: más familias en la calle, más territorios liberados para la especulación inmobiliaria.
El núcleo más grave es la derogación de los límites de la Ley de Tierras Rurales. La norma de 2011 fijaba un tope del 15 % a la propiedad extranjera y limitaba la extensión que podía adquirir un mismo actor. Hasta ahora, ningún extranjero podía superar esa extención ni adquirir más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.
El proyecto elimina esas restricciones. Quieren legalizar una enajenación del país: de la tierra, del agua, de los recursos. La imagen es brutal: orillas de ríos, lagos, zonas de frontera y corredores estratégicos entregados a capitales externos. Lo que otros países prohíben —como Estados Unidos, que restringe la compra de tierras en áreas sensibles— aquí se habilita en nombre de la “libertad”.
El resultado es la legalización de una enajenación masiva: Todo podrá ser comprados por corporaciones privadas y en departamentos como Lacar (Neuquén), donde la extranjerización ya supera el 50 %, la situación se volverá irreversible.
PROPIEDAD INCENDIADA
En la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la derogación de los artículos de la Ley de Manejo del Fuego completa el cuadro. Al eliminar la prohibición de cambiar el uso del suelo tras un incendio, se legitima la práctica de quemar para urbanizar o expandir la frontera agropecuaria. La propiedad privada se convierte en licencia para devastar ecosistemas enteros.
Incendiar bosques, humedales o pastizales para luego urbanizar o expandir la frontera agropecuaria ha sido una herramienta habitual y fatal utilizada por los especuladores inmobiliarios. Antes, la ley prohibía modificar el uso del suelo por 30 o 60 años tras un incendio. Ahora, esa restricción desaparece. En un país donde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego fue desfinanciado en un 69 %, la combinación de ajuste y flexibilización equivale a institucionalizar el ecocidio.
Los incendios en Chubut a princios de este año arrasaron con más de 4000 hectáreas.
Si pensamos en modo soberanía, esta ley es “peor que lo de Malvinas”. Porque no se trata solo de un enclave colonial a 14.000 kilómetros, sino de la cesión voluntaria de soberanía sobre vastas extensiones del territorio nacional. La bandera que la selección argentina desplegó con la consigna “Las Malvinas son argentinas” contrasta con un Senado que discute si entregar ríos, lagos y fronteras a corporaciones extranjeras.
Al igual que con la Ley de Glaciares, el proyecto transfiere potestades a las provincias. Lejos de ser un gesto federal, esto abre la puerta a negociaciones directas entre gobernadores y capitales extranjeros. La discusión deja de ser sobre soberanía nacional y se convierte en un reparto de cuotas de remate.
PROPIEDAD DE LA TRAICIÓN
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no defiende la propiedad de las mayorías. Defiende la gran propiedad, blindando privatizaciones y habilitando la extranjerización. Es un proyecto que convierte al Estado en espectador y al pueblo en despojado. La verdadera inviolabilidad que se juega aquí no es la de la propiedad, sino la de la soberanía.
Y los senadores que la voten (queda al libre albedrío imaginar los motivos personales que los impulsan a cometer tal aberración) serán lisa y llanamente traidores a la patria, por más que lo difracen de «necesidades de obtener recursos para sus provincias».
La propiedad del territorio nacional también se defiende en las calles, ante la falta de defensa en el lugar que debería ser constitucionalmente el apropiado: el Congreso.
Al aprobar semejante proyecto, los senadores no estarían legislando: estarían firmando un acta de entrega. Y esa traición no quedará impune en la memoria colectiva. Porque el pueblo argentino, que ha sabido resistir invasiones, dictaduras y saqueos, no olvidará a quienes lo despojaron de su tierra y de su soberanía. El desprecio popular será su condena, más fuerte que cualquier sentencia judicial: quedarán marcados como los que vendieron la patria, y la historia los recordará no como representantes de la Nación, sino como mercaderes de su ruina.
Alejandro Lamaisón