Una de las noticias fuertes del día es el audio enviado por el Secretario de Seguridad de la Policía de la provincia de Chubut, Paulino Gómez, al jefe de la comisaría 1ª de Trelew, comisario Zabala:
“Zabala, por favor te pido, eh, activá en el centro ahora, tratá de meter gente en cana. El ministro me está preguntando por qué la 1ª no tiene detenidos. Si hay mucha gente, debe andar gente en infracción. Busquemos un poco. De última lo demoran en el lugar, le hacen acta en el lugar o lo llevás dos minutos a la comisaría. Sacá los Pucará, que si buscan encuentran gente que ande chimangueando [perdiendo el tiempo]”.
Audio de Paulino Gomez enviado al comisario Zabala
Pocas veces hemos podido acceder a un ejemplo tan elocuente del famoso “hacer estadística”, una constante de la intervención policial que explica, en parte, la sistemática realización de detenciones arbitrarias. Es que no le va bien, en el reparto interno de cargos, favores y privilegios, al jefe de una comisaría que se queda abajo en el conteo de operativos y arrestos.
Pero en el marco de la situación de excepción establecida a partir de la pandemia, las palabras del secretario provincial resuenan de manera mucho más brutal. A última hora de anoche, se rumoreaba que el secretario habría renunciado, sin ninguna noticia hay del “ministro” –seguramente el de Seguridad, Federico Massoni- que pregunta “por qué la 1ª no tiene detenidos”, ni se ha escuchado una palabra del gobernador Mariano Arcioni. Por cierto, tampoco del jefe de la policía provincial, que no es otro que Miguel Gómez, hermano de Paulino. A la hora de cerrar este reporte, el propio Paulino Gómes posteó un hilo de Twitter tremendamente esclarecedor: “Presenté mi denuncia pero acabo de recibir el llamado del min. Massoni ratificándome en el cargo (…) no recibimos pedidos del ministro de realizar actuaciones ilegales y tampoco las cumpliríamos (…) hemos visto conocidos delincuentes que andan con un pan viejo bajo un brazo simulando que van a comprar o con una bolsa de la farmacia tanteando autos (…) ya pedí todas las disculpas necesarias y me hago cargo de mi error por haber hablado de esa manera”. No hace falta el menor comentario.
El ministro Massoni y el secretario Gómez deben estar, en cambio, muy satisfechos con la policía de Puerto Madryn, que sólo en un día, 7 de abril, detuvo 90 personas porque salieron de sus casas a realizar actividades permitidas, pero tenía DNI con terminación par. Es que, según una resolución del mismo ministro Massoni, las personas pueden salir sólo determinados días, según la terminación de su documento, independientemente de la razón justificada o la urgencia que motive la salida.
Desde Mendoza nos llegó el relato de una mujer a la que detuvieron cuando iba, en un colectivo, a retirar dinero de un cajero para llevar alimentos a su madre. No tenía la declaración jurada, que hace días no se puede gestionar, porque el sistema está colapsado. La mujer fue trasladada a una comisaría, donde pasó las siguientes 16 horas en un calabozo mugriento, hacinada con otra docena de personas, sin agua ni abrigo ni otra posibilidad de sentarse o recostarse que hacerlo en el piso lleno de inmundicias. No hace falta aclarar que no le permitieron llamar a la madre que la esperaba angustiada, ni a un abogado.
En la tranquila localidad cordobesa de San Marcos Sierra, lxs vecinos denuncian que no pueden acceder a alimentos, combustibles y otros productos de primera necesidad, ya que los comercios del pueblo están cerrados o desabastecidos, por lo que su única posibilidad de abastecerse es ir a la ciudad más cercana, Cruz del Eje. Pero en el acceso a esa localidad, sobre la ruta 38, un control de la policía caminera de Córdoba les impide el paso aunque exhiban el permiso emitido por las autoridades de San Marcos Sierra. Seguramente no es el único lugar pequeño del país cuya población se encuentra en similar situación.
Dos denuncias, una de Santa Fe, otra de la Pampa, dan cuenta de cómo escala la grave situación de las personas privadas de su libertad en unidades penales.
Emanuel Antonio Rodas era un joven santafesino de 24 años, que estaba preso en el penal provincial de Piñero desde el 3 de septiembre del año pasado, por delitos contra la propiedad. A pesar de que la situación procesal permitía su excarcelación, le fue negada con el argumento de que podría “entorpecer la investigación”, cosa imposible para un muchacho pobre, sin recursos ni contactos. La insistencia de su defensa logró finalmente que, el 29 de marzo, el juez Nicolás Foppiani le concediera la libertad, pero sujeta al pago de una fianza de $10.000. La madre de Emanuel cobra una mísera pensión y no tiene otros familiares que a pudieran auxiliar para reunir una suma muy superior a sus ingresos mensuales. Por eso ofreció al juez pagar $4.000 en dos cuotas. El juez Foppiani no se conmovió, y Emanuel siguió preso. La noche del 3 de abril, el joven comenzó a sentirse mal y, sin respuesta, pidió asistencia médica. Cuando vomitó sangre en su celda, sus compañeros pidieron auxilio a gritos. Largo tiempo después llegó la ambulancia. Emanuel murió antes de llegar al hospital.
La intransigencia del juez Foppiani, que causó directamente la muerte de Emanuel, contrasta con el tratamiento preferencial que el mismo magistrado dio al empresario gastronómico Roberto Daniel Dutra, que fue interceptado 15 veces violando el aislamiento al volante de dos autos distintos de alta gama. Naturalmente, al empresario le otorgó la libertad, no le cobró la multa y le devolvió los dos automóviles incautados. Una vez más, la justicia prueba que siempre levanta la venda de sus ojos, y juzga de acuerdo a cuánto tiene quien ve.
En Santa Rosa, la capital pampeana, una decena de detenidos de la seccional 2ª presentaron un habeas corpus colectivo e iniciaron una huelga de hambre seca a raíz de las torturas que padecieron la noche del domingo pasado, con aplicación de picana eléctrica y apaleamientos reiterados. La comisaría está totalmente colapsada por la enorme cantidad de personas que han sido detenidas por violar el aislamiento, con una tasa de prisiones preventivas muy por encima de la media nacional, por lo que no alcanzan los calabozos y, además del hacinamiento, hay gente obligada a dormir a la intemperie, en un patio. Los torturados presentan lesiones de gravedad, como pérdida de la audición, derrames oculares y sangre en la orina.
Finalmente, el día de ayer hubo declaraciones públicas de la ministra de Seguridad Sabina Frederic, en una nota periodística y en una videoconferencia realizada con diputadxs nacionales.
En la entrevista radial, cuando fue interrogada sobre la enorme cantidad de denuncias de hechos represivos cometidos por las fuerzas, manifestó su preocupación, pero recurrió a la vieja excusa de los “hechos aislados”, insostenible ante la reiteración y uniformidad de los casos a lo largo y ancho del país, y a través de todas las fuerzas. Los que sin dudas son “aislados” son los casos en los que se aplicó algún tipo de sanción. Cuando le preguntaron expresamente por ello, sólo pudo volver a mencionar a los gendarmes de Lugano, al tiempo que intentó matizar la cosa con una suerte de teoría de los dos demonios, alegando que también le preocupan hechos de “agresión a efectivos”.
Igual que lo haría por la tarde en la videoconferencia, en la que lxs diputadxs del FIT la interrogaron sobre detalles de la anunciada reincorporación de retirados, en particular de aquellos con imputaciones penales pendientes, no dio precisión alguna al respecto. Recordemos que la resolución ministerial no excluye a todos los que están bajo proceso penal, sino que remite a la calificación elegida por los jueces, que con altísima frecuencia excluyen el dolo para favorecer la situación procesal de los funcionarios, con expectativa de penas menores.
A contramano de los anuncios permanentes de la gestión sobre los beneficios que tendrían la articulación y coordinación de las fuerzas federales, provinciales y de la Ciudad, con una conducción conjunta, la ministra eludió el tema de las denuncias sobre fuerzas no federales. Se limitó a decir que “muchas veces las responsabilidades son políticas porque las órdenes no son claras”. Se ve que no había escuchado el audio del secretario de Seguridad de Chubut, bastante clarito.
En la videoconferencia, lxs diputadxs del FIT exigieron explicaciones sobre el anunciado uso del ciberpatrullaje, es decir, la vigilancia activa sobre la actividad de las personas en redes sociales, que la ministra justificó porque “permite anticiparse a una dimensión de lo social”, y es un “indicador” del humor social. Es de una gravedad extrema que sigamos bajo el régimen de vigilancia informática que la gestión anterior, bajo la conducción de Patricia Bullrich, generalizó para la detección y persecución de disconformes y opositores.
Este escenario, de por sí muy preocupante, se profundiza ante la incertidumbre de lo que vendrá en esta tercera etapa de aislamiento, sin que haya claridad en la información oficial sobre la “flexibilización” que anuncian y causa fuertes expectativas, particularmente entre el enorme universo de personas que ya han llegado al agotamiento de sus posibilidades de subsistir materialmente.
CORREPI sigue alerta para difundir todas las denuncias. Mandanos tu testimonio, audio, foto o video.
La organización y la solidaridad popular siguen siendo nuestras herramientas para defendernos.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida es la organización colectiva y popular.
Fuente: http://www.correpi.org/2020/reporte-no-15-de-aplicacion-del-dnu-297-2020/