La situación de los presos Mapuche en huelga de hambre se ha vuelto crítica ante la indiferencia del gobierno, en especial, del titular de la cartera de Justicia, Hernán Larraín, quien en sus manos tiene las facultades para destrabar la situación ya que gran parte de las demandas se refieren a medidas reglamentarias del sistema penitenciario dependiendo de la voluntad política y administrativa.
Fotografía: Ministro Hernán Larraín y Gendarmería recibiendo donaciones de mascarillas de la empresa holding del grupo Matte, CMPC
La situación ha sido catalogada de desidia, considerando los 13.321 reclusos que salieron de prisión entre el 18 de marzo y el 31 de mayo, en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, lo que equivale a un tercio de las personas actualmente privadas de libertad en Chile, de cuyo total de internos liberados, casi 8.000 estaban condenados y más de 5.000 tenían calidad de imputados, cuyos motivos, entre otros, han sido cambios de medidas cautelares, libertades condicionales y la aplicación del indulto conmutativa, según informó públicamente a principios de junio del presente, La fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello.
Otro hecho gravísimo, es el abandono a los presos Mapuche mientras el gobierno ha establecido diversas diligencias y esfuerzos para liberar a criminales que han cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar y que se encuentran recluido en Punta Peuco y Colina donde se albergan a exmilitares y agentes del Estado.
Asimismo, agentes estatales asesinos de personas Mapuche en estos últimos años en democracia, como es el caso de los responsables de la muerte de Camilo Catrillanca y la del ex oficial Marco Treurer que mató a Alex Lemun, han sido liberados, tal cual ha ocurrido con quienes desde unidades de inteligencia de Carabineros han cometido montajes policiales para inculpar a personas Mapuche, como fue el caso “Huracán”, como es Álex Guillermo Smith Leay, a quien se le decretó el arresto domiciliario el 22 de junio.
Presos Mapuche en huelga de hambre
El día 04 de mayo del presente año, en el Centro Penitenciario de Angol, iniciaron una huelga de hambre: Sergio Levinao Levinao, Víctor Llanquileo Pilquimán, Juan Calbucoy Montanares, Juan Queipul Millanao, Freddy Marileo Marileo, Danilo Nahuelpi Millanao y Reinaldo Penchulef Sepúlveda; y en el Centro Penitenciario de Temuco, el machi (autoridad tradicional) Celestino Córdova Tránsito, sumándose el interno Antu Llanca el 18 de mayo.
El werken (vocero) de los prisioneros Mapuche de la cárcel de Angol, Rodrigo Curipan, viene señalando a diversos medios informativos, que es urgente y necesario crear una mesa de alto nivel y resolutiva en la que participe el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, dado el poder que este tiene para aplicar el Convenio 169 y destrabar esta huelga de hambre.
Las principales demandas planteadas por los huelguistas, dicen relación con el cambio de medidas cautelares y el cumplimiento de sus condenas en sus comunidades en virtud de los artículos 8, 9 y 10 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
Cabe señalar que la situación de los presos en huelga de hambre se ha vuelto crítica, incluyendo algunos con imposibilidad de levantarse para los controles médicos por encontrarse debilitados y en mal estado, como ocurre en el caso de Víctor Llanquileo Pilquil en la cárcel de Angol, según informe de Gendarmería, Ord. N.º 09.01.01/1732 / 20, del 28 de junio, existiendo otros casos que han debido ser ingresados de urgencia a centros hospitalarios con severas descompensaciones.
Facultades del gobierno que son negadas a los presos Mapuche
Independiente de las facultades que existen para cambios de medidas cautelares, libertades condicionales y la aplicación del indulto conmutativo en el marco de la pandemia y que se establece por Ley para un Régimen de Excepción por el Impacto del Covid-19 en Chile, existen además una serie de facultades propias del sistema carcelario que se ha venido negando a los prisioneros Mapuche.
Otra situación conflictiva, en el marco de la huelga de hambre, son las reiteradas negativas de Gendarmería, dependiente del Ministro Larrain, en contra del ejercicio del derecho a las actividades culturales y espirituales de los presos Mapuche, como también, el acceso a salud intercultural, derecho establecido en el artículo 7 de la Ley N° 20.854, considerando el crítico estado de salud que enfrentan varios de ellos,
En algunos casos, se ha establecido una reiterada negativa de traslados a Centros de Estudios y Trabajo, como también, la falta de autorización a permiso de salidas establecidos en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, son situaciones que, a pesar de cumplir con los todos los requisitos establecidos en la legislación vigente, están siendo rechazados sin justificación alguna.
Las normas internacionales de Derechos Humanos sobre Pueblos Indígenas, incluido el Convenio 169 de la OIT, hacen referencia al vínculo estrecho de las personas indígenas con la tierra, territorios, naturaleza, sus familiares y comunidades y su forma de relacionarse con el entorno, la que es absolutamente distinta al de la sociedad dominante.
La Intendencia de la Araucanía, encabezada por el ex dirigente de camioneros y empresario transportista, Víctor Manoli, ha sido parte de querellas contra comuneros que se encuentran recluidos en cárceles de Angol y Temuco, quien teniendo las facultades de apoyar los cambios de medidas cautelares, como forma de destrabar la huelga de hambre y contribuir a la integridad, continúa negando toda facilitación.
Otro aspecto que tampoco se ha facilitado oportunamente, es el derecho a instancias de educación y capacitación, derecho humano universalmente consagrado y que rige a los centros penitenciarios, ya sea para terminar estudios inconclusos o bien, acceder a instancias de educación superior.
Criminalización a causas Mapuche
Luego de la condena internacional contra el Estado chileno, por el uso y abuso de la Ley N° 18.314. la que determina conductas terroristas y fija su penalidad, en contra de causas y personas Mapuche, con sistemáticas violaciones al principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, el aparato represor y judicial estatal comenzó a alternar la persecución bajo “delitos comunes”, sin embargo aplicándose penas altísimas, abusivas y desproporcionadas.
Varios son los casos que presentan altas condenas, entre ellos, Víctor Llanquileo Pilquimán, condenado a 21 años de cárcel bajo las acusaciones de robo, porte de arma y porte de municiones. También, dentro de los prisioneros hay jóvenes que han sido objeto reiterado de persecuciones y represión desde su niñez. Danilo Nahuelpi Millanao de 18 años y Antu Llanca Quidel, con 20 años y desde que era un niño ha vivido, junto a numerosos otros niños y jóvenes y en reiteradas ocasiones la violencia represiva del estado. Antu con 11 ños fue herido a bala en una de sus manos. A sufrido en reiteradas ocasiones detenciones arbitrarias y con 17 años fue uno de los objetivos del montaje de la unidad de inteligencia de carabineros que se denominó “Operación Huracán”.
La situación de los presos políticos mapuche en huelga de hambre se ha vuelto crítica, razón por la cuál familiares y comunidades vienen haciendo un ferviente llamado a los organismos de derechos humanos y sectores democráticos, para atender con urgencia esta situación y exigir que el gobierno chileno termine con su actual actitud discriminatoria y se atienda las demandas de la huelga.
Equipo Comunicaciones Mapuche