La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de querellante de la causa 1777/07, participó de la audiencia en la Cámara de Apelación de Comodoro Rivadavia por recursos interpuestos por la defensa de Tarante y Ferrante, dos de los militares imputados y llamados a indagatoria por las torturas en Malvinas.
(CPM) El secretario de la CPM Roberto Cipriano García y el integrante Ernesto Alonso participaron de la audiencia de la que también formaron parte Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM-La Plata, y la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco.
En su apelación, los abogados de la defensa cuestionaron la legitimación procesal de las querellas y la prescripción de los delitos que se juzgan. Luego tuvo lugar la presentación de los querellantes rechazando en estos planteos. En la misma línea, el fiscal de la Cámara apoyó lo expuesto por las querellas.
La causa se inició en 2007, recién 11 años después la Fiscalía Federal de Río Grande requirió la detención e indagatorias de 26 militares por las torturas y malos tratos que sufrieron los soldados conscriptos por parte de sus superiores. Allí constan 105 denuncias por hechos de torturas, vejaciones y malos tratos que incluyen estaqueamientos, enterramientos y exposición al frío extremo y el hambre, entre otras prácticas, y más de 90 oficiales y suboficiales señalados como responsables.
Como parte del acompañamiento al CECIM y ante la ausencia de avances en esta causa, en 2016 la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó como querellante como una estrategia para impulsar el proceso judicial. Desde el primer momento, la CPM sostuvo que estos crímenes debían ser condenados como parte del terrorismo de Estado y era parte de las obligaciones del Estado ante los organismos internacionales.