Con el fin del ciclo lectivo, entre el 11 y el 23 de diciembre, deberán retomar sus tareas los progenitores que declararon estar a cuidado de alumnos.
La flexibilización de las restricciones de circulación dispuesta por el Gobierno nacional implicará en un mes la vuelta a sus lugares de trabajo de uno de los primeros sectores exceptuados de concurrir a sus puestos: las personas con menores a cargo en edad escolar. Fue una de las dispensas establecidas en la normativa relacionada con la primera etapa de la cuarentena, que según los funcionarios concluirá junto con el fin del ciclo lectivo, previsto entre el 11 y el 18 de diciembre en todo el país con excepción de Neuquén, donde se producirá el 23.
En el Ministerio de Trabajo, que centralizó la normativa relacionada con las relaciones laborales y el pago de salarios desde que arrancó la pandemia, confirmaron que junto con la finalización formal de las clases dejará de regir el artículo 3 de la resolución 207 de esa cartera, según el cual en el período de dictado de clases “se considerará justificada la ausencia del progenitor, progenitora o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente”.
La norma, todavía vigente, señala que “la persona alcanzada por esta dispensa deberá notificar tal circunstancia a su empleador o empleadora, justificando la necesidad y detallando los datos indispensables para que pueda ejercerse el adecuado control” y agrega que podrá acogerse a la excepción de concurrir a su trabajo “sólo un progenitor o persona responsable por hogar”. La nueva etapa de distanciamiento social (DISPO) ordenada por Alberto Fernández permitirá, según los funcionarios, que los adultos a cargo de menores escolarizados podrán eventualmente llevar a sus hijos al cuidado de otras personas y de ese modo retomar sus tareas habituales.
La dispensa causó, como varias medidas en lo que va de la pandemia, controversia entre empleadores y gremios. Es que mientras las personas exceptuadas de concurrir a sus labores por ser mayores de 60 años, mujeres embarazadas o contar con riesgo de salud gozaron desde el principio de la cuarentena de la garantía de la percepción de sus salarios de manera íntegra, los que declararon estar a cargo de menores en edad escolar nunca obtuvieron una normativa aclaratoria respecto de su ingresos.
De hecho el Gobierno llegó a difundir una resolución conjunta de los ministerios de Trabajo y de Mujeres, Diversidad y Géneros, que aclaraba que los dispensados debían cobrar sus sueldos sin descuento alguno pero a último momento hubo marcha atrás por presión empresaria. Incluso aquella resolución abortada ampliaba el universo de las dispensas a las personas que tuviesen a cuidado un discapacitado o un adulto mayor, y hasta proponía estandarizar el reparto de la carga de esas tareas entre hombres y mujeres por igual. La medida nunca se plasmó pese a las promesas de ambas carteras por corregir sus aparentes inconsistencias.
La caída de la dispensa va en la misma línea de la reconversión a no remunerativo de los sueldos de las personas exceptuadas de trabajar desde el arranque de la cuarentena por edad, embarazo o salud. Como publicó Ámbito.com, esa modificación del estatus salarial representa para los empleadores con personal en esas condiciones un ahorro cercano al 25 por ciento por cada uno.
En cambio, otras medidas causaron malestar en el sector privado como la extensión de las vigencias de la prohibición de los despidos, hasta fin de enero (vencía a fin de este mes) y probablemente de la doble indemnización hasta mediados de 2021, tal como anticipó de forma exclusiva Ámbito la semana pasada. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó durante el fin de semana ese temperamento, y lo mismo le había transmitido a la CGT el viernes. Entre hoy y mañana está prevista la publicación del decreto que estirará por 60 días más el impedimento para producir cesantías o suspensiones unilaterales.