En Aristóbulo del Valle, las comunidades reclamaron al Concejo Deliberante la falta de acceso al arroyo Cuña Pirú. En Campo Grande, acusan a indígenas de tala de árboles. La falta de alimentos, agua potable y viviendas es un punto en común entre las aldeas.
UNIDOS. La comunidad Ka’ aguy Mirí Rupá espera tener respuestas de los reclamos presentados en el Consejo.
20/11/2020
En la Zona Centro de la provincia, las comunidades de pueblos originarios denunciaron conflictos y necesidades pendientes para los indígenas. Actualmente aseguran que tienen pocos recursos, entre ellos un acceso limitado al agua, alimentos y vivienda.
En comunicación con PRIMERA EDICIÓN una de las integrantes de la aldea Ka’ aguy Mirí Rupá, Isabel Rodríguez, perteneciente a la zona del Cuña Pirú, explicó que “nuestra comunidad forma parte de las 6.034 hectáreas que estuvieron en conflicto hasta hace muy poco con la Universidad de la Plata, son territorios que se encuentran relevados“.
“Tenemos un problema con un balneario que fue donado por la Universidad a la Municipalidad de Aristóbulo como pago de una deuda. Sucede que se nos está vedado el ingreso al arroyo Cuña Pirú en esa área”, detalló.
De momento, “en la comunidad nos estamos quedando sin agua, porque se nos están secando las vertientes. En época de pandemia no tenemos ni para lavar la ropa ni bañar a los niños”, añadió.
En cuanto al sector del arroyo Cuña Pirú, indicó que “la persona que tiene la concesión nos quiere cobrar para darnos el acceso y hablamos de acciones que forman parte de nuestra cultura, tal como lo es el recoger frutas en el área o estar pescando. Todo esto lo vinimos a exponer al Concejo Deliberante de Aristóbulo cuando ocupamos la banca del pueblo”.
Asimismo, Rodríguez señaló que “si bien sabíamos de la ordenanza que establece la creación del balneario, nuestra comunidad, al igual que las otras comunidades, conformamos hectáreas relevadas en esa parte del territorio. Con esto aclaramos que se trata de un espacio de uso tradicional de los pueblos originarios”.
Como alternativa, aclaró que luego de asesorarse, “existe otra ordenanza que habla de proyectos turísticos en esa área. Así que presentamos también un proyecto intercultural e interinstitucional para que no se concesione más ese lugar porque no tienen en cuenta el territorio ancestral”.
Como referente de la comunidad Ka’ aguy Mirí Rupá, Isabel Rodríguez comentó además que “la idea es que nos reciba el intendente de Aristóbulo del Valle para presentar el proyecto intercultural para poder administrar el territorio ancestral, pero hasta el momento no logramos tener una reunión”.
Tensión en Campo Grande
Entre los conflictos vigentes, en Campo Grande hubo una denuncia dirigida hacia una comunidad originaria que habría permitido la extracción de especies nativas en un área de monte.
Sobre esto, el cacique de la comunidad Ko’ eju, Néstor Morínigo, explicó a PRIMERA EDICIÓN que “hasta vinieron con la policía acompañados con una abogada. Esto no es para hacer una denuncia porque somos inocentes. Cada familia tiene sus plantaciones porque necesitamos alimentar a los chicos”.
En cuanto al lote habitado, indicó que “estamos viviendo en una propiedad que es de Carva pero nosotros realizamos un trámite para evitar cualquier tipo de desalojo. Somos más de 30 familias y estamos hace más de 10 años”.
A su vez, aclaró que “no queremos tener conflictos con nuestros paisanos, porque en un momento nos dijeron que esto pertenecía a Kaakupé cuando no es así”.
Respecto a la tala de especímenes, Morínigo dijo que “por necesidad y porque somos muchas las familias que no tienen ni comida es que tenemos chacras. Como CPO de la comunidad otorgamos permiso para que en ese lugar utilicen los postes del guayubira, que tampoco es una especie protegida. Utilizamos dos hectáreas de las maderas donde algunas fueron utilizadas para las casas mientras que otras intercambiamos por alimentos”.