Lo afirma Oscar Guillén, abogado de la médica residente que fue judicializada en Salta por brindar acceso a una interrupción legal del embarazo (ILE) solicitada por una persona adulta, en el marco de la ley 27.610. Hace pocos días el fiscal penal de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, desestimó la primera imputación contra Ruiz por el delito de “aborto”. Sin embargo, sigue en pie una segunda imputación, por el delito de “aborto sin consentimiento informado”.
En agosto de 2021, Miranda Ruiz, médica clínica residente de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, practicó una ILE a una joven de 21 años, con 22 semanas de gestación. Sin embargo, la tía de la solicitante la denunció días más tarde acusándola de haberla forzado a abortar ya que, según declaró, su sobrina se había arrepentido.
A pesar de que en la historia clínica quedó asentado el consentimiento informado, rubricado por la joven y la médica, con el respaldo del equipo interdisciplinario y de la dirección del Hospital, Ruiz quedó procesada e incluso estuvo detenida.
En diálogo con Red Eco, el abogado de Miranda, Oscar Guillén, asegura que la causa posee “vicios congénitos, graves” lo que la hacen nula, conformando lo que él califica como una persecución: “En un primer momento el fiscal la imputa (a Ruiz) por haber provocado el aborto, pero no dice cómo, ni cuándo. Ese tratamiento había sido indicado por seis profesionales médicos que intervinieron y firmaron la historia médica al lado de Miranda Ruiz, pero aparece ella como única imputada. (…). En un segundo momento se le imputa no haber permitido el retiro o que se concrete un presunto arrepentimiento de la solicitante de la práctica. Pero tampoco se dice cómo pudo la doctora Ruiz llevar a cabo esa conducta, por qué medios, si la amenazó con un arma, le prometió retribuciones o alguna prestación, no se dice cómo ni cuándo con lo cual resulta imposible articular una defensa de ambas hipótesis imputativas porque no hay descripciones, o son conductas que se describen vagamente y no están situadas en tiempo y espacio”, explica Guillén.
Es por estos motivos que la defensa presentó un “incidente de nulidad”, que el fiscal respondió indicando que solo queda vigente la segunda acusación.
“Diciéndolo así, elípticamente lo que está expresando en realidad – advierte el abogado – es que retira la acusación por la primera imputación, por lo que las medidas coercitivas que hoy están vigentes y que tiene que cumplir Miranda Ruiz, como presentarse ante el tribunal, no poder viajar, etcétera, que nacieron al amparo de esa primera imputación, debieran ser revocadas. Ya lo pedimos y todavía no nos fue concedido”.
Quien mantiene estas medidas coercitivas es el juez de Garantías N°2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta. Para Guillén, este magistrado ya no está actuando como “juez de garantía de los derechos de las personas, sino que garantiza la persecución abusiva del fiscal” porque es el propio Astigueta el que dice, además, que puede haber falsedad en la historia clínica: “Sería una tercera imputación, y se insinúa además una cuarta, convirtiendo al proceso penal en un banco de prueba, un laboratorio de experimentos, donde el Estado acusa, retira, vuelve a acusar, no sabemos si va a retirar o no, pero este comportamiento de prueba y error que están haciendo tanto el fiscal como el juez de garantías son alcanzados y fulminados con la sanción de nulidad del Código Procesal Penal de la provincia de Salta y por muchos instrumentos internacionales que marcan que no puede existir doble persecución y simultánea por el mismo hecho. Esto ya lo que habíamos marcado en un principio y nos había sido negado, y ahora es el propio fiscal el que renuncia a parte de esa persecución, a la parte que fue más gravosa, a los derechos y a los intereses de Miranda Ruiz porque al amparo de esa primera acusación fue sacada del hospital por la policía de Salta y detenida, justamente con una acusación que ahora el fiscal retira”.
En relación al accionar del fiscal Vega, Guillén afirma que sólo quiere producir la prueba de cargo: “Llegó al punto de pedirnos las preguntas que le íbamos a hacer a un testigo para llamarlo a declarar. Cuando nosotros proponemos testigos nos exigen que antes de convocarlos pongamos a disposición las preguntas que vamos a hacer, una práctica absolutamente irregular, propia de regímenes dictatoriales, totalitarios, y esto está sucediendo hoy en Salta, y cualquier persona, incluso cualquier abogado, se va a sorprender porque no es el modo en que debe tramitarse un proceso judicial en plena democracia”.
“Acá aparece esto que se ha escuchado en torno a este asunto que es que ‘ustedes tienen la ley, nosotros tenemos la justicia’, dicho por parte de personas que pertenecen a sectores reaccionarios y conservadores, porque en la práctica la existencia de este proceso (contra Ruiz) ha significado una intensa amenaza e intimidación para aquellos profesionales que garanticen los derechos que da la ley, y en esto yo creo que han tenido una enorme éxito quienes han actuado en contra de Miranda Ruiz porque se ha acuñado la idea de que todavía pueden perseguir y meter presos a los médicos por practicar interrupciones voluntarias del embarazo que hoy son admitidas en el país”.
Para Guillen es evidente que el proceso penal contra Miranda Ruiz excede lo meramente procesal o penal: “Como sociedad hemos asistido a profundos debates en torno a la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, y el Congreso Nacional, los representantes del pueblo de la Nación han sancionado la ley 27.610 que hoy está vigente, y que tiene que ser aplicada por los médicos y no puede ser usada para castigar y para punir a los profesionales que la cumplen, como en el caso del Hospital de Tartagal y de la doctora Ruiz”.
En cuanto a cómo continúa la causa, la defensa de Miranda Ruiz ya presentó una apelación a la denegatoria de la nulidad que deberá ser resuelta por la Sala I del Tribunal de Impugnación.