Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) advirtieron que si tiene éxito la reforma del Código Procesal Penal que impulsan Horacio Rodríguez Larreta y la bancada de la alianza Cambiemos en la Legislatura porteña se consagrarán “una serie de normas violatorias de las garantías constitucionales” que legalizarán “un verdadero estado de excepción” en la Ciudad.
Compartimos el comunicado de CORREPI:
No a la reforma del Código Procesal Penal de la Ciudad
El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la bancada de Cambiemos buscan aprobar en la Legislatura su proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Ciudad, que entre otras cuestiones contempla como medidas probatorias válidas e incuestionables una serie de normas violatorias de las garantías constitucionales y consagratorias (ahora en el texto de la ley) de un verdadero estado de excepción.
Todo el andamiaje represivo se presenta, siempre, como una combinación entre lo legal y lo ilegal.
El Poder Judicial, en tanto pieza fundamental del Estado y accesorio del poder en general, que se pretende independiente y autónomo y disociado de la clase dominante a la que responde, es un legitimador de ese mecanismo, y el maquillaje que lo presenta como un “ejecutor” de lo primero, soslaya sin embargo la predominancia de lo segundo.
Hasta hoy, plantar pruebas, armar causas, invadir la intimidad de los ciudadanos, entre otras muchas conductas que se piensan contrarias a la ley, eran habituales, comunes, y en infinidad de casos blanqueadas por la propia intervención del aparato judicial. No son prácticas impuestas desde la llegada al gobierno de Cambiemos, sino que es la propia naturaleza del sistema en el que vivimos y soportamos desde hace mucho tiempo. Pero ahora, en sintonía con la concepción de Cambiemos y su vocación antidemocrática, esas prácticas devienen en definitivamente “legales”.
Mediante esta reforma, Cambiemos consagra como norma escrita el espionaje de la ciudadanía.
Las escuchas telefónicas sin límite temporal para recogerlas ni para desecharlas (por 30 días renovables por otros 15 sin especificar si es prórroga única), por caso, dan una pauta de la magnitud de la trampa que se instala.
Su utilización indiscriminada (cualquier delito es suficiente excusa), habilita al poder judicial a perseguir a terceros que, aun ajenos a la causa madre, quedarían involucrados en otras a partir de la información extraída.
La DAJUDECO (dirección a cargo de la Corte Suprema) será la encargada de hacer lo mismo que hoy de manera “ilegal” hace la AFI (ex SIDE).
Las vigilancias a distancia con sistemas de seguimiento son otro elemento determinante del necesario repudio. Se trata del ingreso remoto a los diferentes dispositivos (celulares, computadores, etc.) propios de los más sofisticados despliegues del espionaje cibernético.
En paralelo, se propone extender de 24 a 48 horas la aprehensión de un imputado, plazo en el que proliferan las facultades discrecionales del juez sin participación de la defensa, con sólo un acta de carácter reservado, de dudosa comprobación legal.
Informantes, infiltrados, agentes encubiertos, agente revelador, todo el andamiaje de la llamada “inteligencia” complementa este inaceptable despliegue represivo que, con la excusa de combatir al delito y actualizar los dispositivos legales, en verdad resultará de fácil aplicación para desbaratar el ejercicio de derechos políticos y genera un auténtico derecho penal del enemigo.
Sostenemos que el derecho sigue a los hechos. A medida que el conflicto social se va agigantando, que la ciudad en la que confluyen las protestas más multitudinarias y con efecto multiplicador por lo que es la Argentina entregada al FMI, el gobierno de Cambiemos cierra su círculo de sometimiento y degradación con este proyecto que implica la flexibilización –cuando no la suspensión- del derecho, amparando la excepcionalidad y dejando de lado las garantías que -aun insuficientes- sin embargo resultan indispensables para una sociedad conflictiva (como pocas en el mundo) por su matriz resistente.
No ha de perderse de vista que esta superposición de lo legal y lo ilegal es funcional al proceso de concentración de riquezas y centralización de su comando, que profundizó Cambiemos. Porque no es casual que se intente promulgar esta reforma cuando más se agudizan las tensiones sociales por efecto de la devastación económica que sufren los trabajadores y el pueblo.
La represión, como forma violenta que asume el estado, se complementa con estas disposiciones revestidas con apariencia de legalidad.
Las noticias refieren que mañana se tratará en la Legislatura este proyecto de reforma. Si pasa, el gobierno del tándem Macri-Larreta habrá demostrado cómo se construye un estado policíaco: sospecha, control, delación, espionaje.
Es imperativo movilizarnos para que esta reforma no prospere.
NO A LA REFORMA DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE LA CIUDAD