Un DNU excluyó a los jerárquicos que pretendían mantenerse en sus puestos bajo la amenaza de cobrarla.
El Gobierno aclaró que la doble indemnización que regirá hasta mitad de año no podrá aplicarse a trabajadores del sector público nacional, luego de que jerárquicos de empresas estatales advirtieran que no planeaban dejar sus cargos sin cobrar ese beneficio. La explicación, plasmada en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), forma parte de un plan de la administración de Alberto Fernández orientado a delimitar con la mayor claridad posible la condición de político de un cargo en el Estado. La decisión encendió las alarmas en algunos sectores gremiales del Estado por la eventualidad de que pudiese ser utilizada para facilitar despidos indiscriminados.
El decreto 156, firmado por el mandatario y “en acuerdo general de ministros”, dejó asentado que el pago de una indemnización agravada, que el propio Ejecutivo había establecido por una norma similar basada en el capítulo ocupacional de la ley de Emergencia, no alcanzará a los empleados del “sector público nacional” que incluye “la administración nacional centralizada y descentralizada; las distintas formas empresariales y societarias en las que el Estado tiene participación total, mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones, incluidos entes públicos no estatales en los que el Estado tiene el control decisional, tales como el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”, como quedó expuesto en los considerandos.
La propia normativa estableció sus límites al explicitar que surgió basada en que “ha tomado estado público la situación que se ha suscitado en el ámbito de distintos organismos y entidades del Sector Público Nacional, en los que altos directivos con responsabilidades jerárquicas pretenden encontrarse abarcados por las previsiones de la norma” que habilitó la doble indemnización. En la Jefatura de Gabinete explicaron que el decreto no fue ideado para cargos jerárquicos en ministerios u organismos de la administración pública nacional sino, sobre todo, para empresas, sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria donde el personal superior estuviese alcanzado por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y no la que rige en el empleo público.
De hecho, en la semana de su asunción, Alberto Fernández había firmado el decreto 36/2019 que le puso un freno a otro de Mauricio Macri, el 788/19, que pretendía brindarles estabilidad a los cargos directivos de su administración. Los funcionarios de Gabinete le confirmaron a este diario que para prevenir futuros intentos como el de Cambiemos de sostener en sus cargos a sus cuadros políticos y establecer parámetros claros para distinguirlos de los técnicos, se avanzará en una delimitación formal de los alcances de unos y otros.
Sólo en la administración pública nacional (ministerios y organismos descentralizados) hay más de 4 mil cargos considerables “políticos” en tanto que existe un número, por ahora indeterminado aunque quizás superior, en las empresas y sociedades ligadas al Estado como YPF, Aerolíneas Argentinas, Arsat, entre otras, con salarios que llegan a oscilar de los 100 mil a los 500 mil pesos. A ese tipo de cargos apuntó el DNU publicado ayer en el Boletín Oficial que los privó del derecho de reclamar por la doble indemnización.
El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, admitió que la norma “evidentemente está destinada a los funcionarios macristas que no dejaron sus puestos cuando cambió el Gobierno”, lo que tildó de “actitud deshonesta, repudiable y, en algunos casos, ilegal”, aunque advirtió que “esta medida de carácter general puede afectar también a trabajadores que eventualmente sean despedidos de empresas estatales”. Desde el gremio de estatales mayoritario, UPCN, su titular, Andrés Rodríguez, avisó que “analizará” los alcances del decreto.