Un 22 de abril de 1985 comenzaba el juicio a las juntas militares. Un hecho esperado, para el cual nos veníamos preparando hacía meses, juntando información, estudiando cómo debía ser nuestro testimonio y coordinado con la fiscalía de Strassera el orden en el que convenía que declararan nuestros compañeros para dar fuerza y repercusión a las audiencias.
Fue así que nuestra compañera Adriana Calvo declaró entre las primeras. Su testimonio conmocionó la audiencia y todavía hoy resuena en nosotros aquel compromiso con los compañeros que declaró y respetó hasta el último día de su vida: si sobrevivía el genocidio, no iba a dejar de denunciar a los represores. Al testimonio de Adriana siguió el de nuestro compañero Guillermo Lorusso y el de muchos otros compañeros.
Con convicción, pero también con temor porque éramos concientes que los servicios de inteligencia estaban intactos, que los represores estaban en las audiencias vociferando desde los palcos, como el célebre genocida de la ESMA Enrique Peyon, alias Giba, cuya foto agitando desde las gradas recorrió el mundo entero.
En esas condiciones testimoniamos, nombrando a los represores del campo, a los compañeros que habíamos dejado con vida y que nunca volvieron, los partos en cautiverio, el robo de bebés, describiendo el lugar, las torturas, las humillaciones sufridas los asesinatos y exigiendo justicia.
Lo hicimos por nosotros, para cumplir con los compañeros con los que compartimos cautiverio y para reivindicar los ideales que la dictadura quiso destruir pero no pudo.
Lo hicimos porque también porque comprendíamos que una parte importante de nuestro pueblo se enfrentaba por primera vez cara a cara con esa verdad y sabíamos que iba a ayudar a fortalecer un movimiento de derechos humanos que nunca perdió protagonismo.
Pronto tuvimos que enfrentar los problemas y limitaciones del juicio: el peligro de la prescripción del delito de de privación ilegal de la libertad cuya pena era de seis años y evitar que nuestro testimonio fuera utilizado para validar esa prescripción a los secuestros de los compañeros vistos , o asesinados. Porque recordemos que todos estos crímenes fueron juzgados con el código penal existente en ese momento, que era el que había estado vigente durante la dictadura. Ya en ese entonces denunciamos este hecho públicamente y en el video «Rasga Memoria».
Fue doloroso, conmocionante, salíamos de la sala con las piernas que nos temblaban, pero satisfechos porque era la deuda que teníamos con aquellos desaparecidos y asesinados con los que habíamos compartido el horror, tan reciente en ese entonces.
Como Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos tomamos la decisión política de participar en ese juicio, maniatado desde antes de empezar, porque entendimos que era la forma de construir memoria en nuestro pueblo y luchar contra las políticas de olvido alimentadas por los genocidas que seguían agazapados en el estado.
Los genocidas consiguieron que no se reprodujera en los grandes medios ninguno de los hechos atroces denunciados en las audiencias y los jueces se alinearon bajo la doctrina de los dos demonios ya planteada en el Nunca Más.
Por eso si bien valoramos, entonces y hoy, que por primera vez se juzgaba a los genocidas, denunciamos entonces y reafirmamos hoy que aquel juicio tenía vicios que no permitieron dar el gran salto contra la impunidad que gran parte de nuestro pueblo quería y necesitaba y, en cambio, fue seguido por las infames leyes de impunidad: Punto final y Obediencia Debida.
Hoy a 35 años de aquel comienzo seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
30000 COMPAÑEROS/AS DETENIDOS/AS DESAPARECIDOS/AS PRESENTES
