Hace un mes, el gobierno nacional otorgó un bono de $5.000 a las fuerzas de seguridad federales, lo que, como señalamos en el Reporte nº 7, “pone de manifiesto el carácter central de premiar la respuesta represiva por sobre los criterios de contención económica y humanitaria de la población en riesgo”, disponiendo de semejante partida presupuestaria con destino al aparato represivo, que ya tiene toda la contención y respaldo económico que no tiene casi la mitad del pueblo trabajador, sumergido en la angustia de no poder generar ingresos durante el aislamiento, y que está dependiendo de la solidaridad popular para subsistir.
Ahora es la provincia de Córdoba la que incentivará con un monto igual a la policía provincial, a la fuerza policial antinarcotráfico y a su servicio penitenciario. La inclusión del servicio penitenciario es una aceptación tácita de que, como venimos denunciando, los gobiernos no sólo ignoran los reclamos de las personas privadas de libertad para descomprimir las abarrotadas unidades carcelarias, sino que están incrementando aún más la sobrepoblación con la cantidad de nuevas detenciones en el marco de la pandemia. Sólo en Córdoba, los medios informan un total de 17.415 personas que siguen detenidas por aplicación del DNU 297/2020, muchas de las cuales ya han sido trasladadas de comisarías a unidades penitenciarias.
Además de la necesaria asistencia que requieren las grandes mayorías precarizadas y sumergidas en la más imperiosa necesidad, ese dinero es el que se retacea a lxs trabajadorxs de la salud, que vienen reclamando más insumos sanitarios y salarios dignos, y son quienes, a diferencia de las fuerzas de seguridad, están en la primera línea de lucha contra la expansión del Covid-19.
Un buen ejemplo del rol que vienen cumpliendo las fuerzas de seguridad en el marco de esta situación de excepción es el operativo masivo con más de 30 móviles de la policía bonaerense, el COT y autos de civil que se realizó ayer en el barrio Las Tunas, Tigre, pcia. de Buenos Aires. Durante horas, se dedicaron a interceptar, identificar y cachear a lxs vecinxs que realizaban salidas autorizadas, como lo denunció el Frente Territorial Raíces en un comunicado de prensa.
Del mismo modo, desde Neuquén llega una grave denuncia del Partido Obrero de Chos Malal. Dos militantes de esa agrupación, Federico y Tamara, fueron detenidxs el martes 28 a la noche, cuando regresaban, al igual que muchxs vecinxs, de dar su apoyo a la caravana de los mineros de Andacollo que recorría distintas localidades visibilizando sus reclamos. Lxs compañerxs permanecieron detenidxs hasta el día siguiente.
También en la región patagónica, organizaciones antirrepresivas están difundiendo su rechazo a la decisión de instalar en El Hoyo, Chubut, un “comando logístico” de las fuerzas armadas que será el centro de operaciones que abarcará también a Lago Puelo, Epuyén y El Maitén. El intendente de El Hoyo, Pol Huisman, recibió al comandante de la IX Brigada Mecanizada, coronel Néstor Leonard, con el que recorrió la zona donde se acantonará el Batallón de Ingenieros Mecanizado 9 “Zapadores del Chubut”, con asiento habitual en Río Mayo. Se trata de 100 efectivos que intervendrán ante los requerimientos de la autoridad política provincial y municipal, bajo la normativa de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior en caso de emergencia como la actual. CORREPI sumó su firma al pronunciamiento, que remarca que, en la provincia, las labores comunitarias y de salud pública se encuentran en peligro por la falta de presupuesto, para sueldos de profesionales e insumos para la salud, y exige no sean quienes nos han reprimido quienes tengan el control en la emergencia, que es sanitaria y no de seguridad.
Sin salir de la región, en Río Negro, el miércoles una patota al mando de dos empresarios atacó a la comunidad mapuche Buenuleo, que el 10 de septiembre de 2019 inició el proceso de recuperación del territorio que la familia ancestralmente habitó, “comprado” de manera fraudulenta por el empresario Emilio Freiderich, en Cerro Ventana, unos 8 kilómetros al sur de Bariloche. El grupo de choque, ingresó al territorio recuperado sin que la custodia policial dispuesta en el perímetro, a partir de una medida de no innovar dictada judicialmente, lo impidiera. Los matones persiguieron y golpearon mujeres, niñxs, jóvenes y adultxs, e hirieron con armas blancas a Ramiro Buenuleo. Marina Schifrin, abogada de la familia, denunció que desde la fiscalia de Bariloche le comunicaron que no intervendrían “por la cuarentena” y se limitaron a organizar una mediación por videoconferencia para mañana viernes, mientras el juzgado de garantías no dio trámite al recurso de habeas corpus que presentó en defensa de los derechos de la comunidad.
Así como ayer denunciábamos el fusilamiento de un pibe en el barrio porteño de Flores por una mujer policía, el domingo 26 un efectivo de la policía de Córdoba asesinó a Franco Sosa, 23 años, con un tiro en la nuca. Vecinxs del barrio Ciudad Evita de la capital cordobesa se movilizaron a la comisaría de la zona, y rechazaron la versión oficial del “enfrentamiento”. La misma justicia que todavía no tomó medidas contra el policía que tiró por la nuca, en cambio, inició una causa penal contra quienes se manifestaban reclamando por Franco.
Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta impulsa una Ley de Emergencia que lo facultará para redirigir partidas presupuestarias discrecionalmente, a la vez que habilitará el congelamiento y pago en cuotas de los salarios de lxs empleadxs públicxs de la Ciudad. Varios gremios y sindicatos del sector han hecho público su frontal rechazo, y se están convocando a manifestar contra el proyecto el jueves 7 de mayo, día previsto para su tratamiento en la Legislatura.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida para la clase trabajadora es la organización popular.
Fuente: http://www.correpi.org/2020/reporte-no-33-de-aplicacion-del-dnu-297-2020/