Esta tarde, cuando Wall Street cante default, ningún financista va a tirarse por la ventana de un rascacielos como en las películas de los años 30. No solo porque el Covid-19 vació los pisos altos de la City porteña y de Manhattan sino ante todo por la sorpresa que dio Blackrock, el mayor fondo de inversión del mundo. Su decisión de aceptar una quita mayor a la que admitía apenas tres semanas atrás puso por primera vez al Gobierno a un paso de cerrar la renegociación de la deuda sin ceder en lo central: la rebaja de intereses.
Aunque evitan mostrarse las cartas y advierten que todo puede colapsar de un momento a otro, tanto los acreedores como los negociadores oficiales apuestan a un arreglo dentro de pocos días. Si finalmente ocurre, Martín Guzmán habrá alcanzado la meta que se propuso cuando asumió como ministro. Alberto Fernández, en cambio, recién se va a poder sentar a practicar con alguna certeza el deporte que promete signar toda su gestión: el tironeo de la frazada corta. Todo un desafío social y político para su Argentina Unida pero Ajustada, que ya debió digerir el virtual congelamiento de las jubilaciones y que también exhibe una paciencia zen ante las rebajas salariales y la suspensión sine die de las paritarias.
La puja distributiva que viene, coronavirus mediante, promete desarrollarse como nunca antes dentro del Estado. Es el resultado lógico de una situación nueva, que cuantificó el sociólogo Daniel Schteingart: el 89% de población vive en hogares donde al menos un miembro percibe algún dinero público. Ya no son solo los empleados públicos, los jubilados y pensionados y los beneficiarios de programas de asistencia social. Ahora se les sumaron quienes cobran el Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), quienes recibieron el crédito a tasa cero para autónomos y quienes cobraron la mitad de sus sueldos gracias al plan de Asistencia al Trabajo y la Producción ( ATP), como los empleados de Polka, de la Organización Techint y hasta de la Sociedad Rural.
El problema, una vez más, es quién paga todo eso. Y es en ese punto donde los nervios se crisparán apenas terminada la discusión con los bonistas, impuesto a las grandes fortunas mediante. El establishment promete combatir ese proyecto con uñas y dientes y aprovechó una idea que sugirió por Twitter la diputada Fernanda Vallejos para advertirlo. La propuesta, para nada excéntrica (que el Estado mantenga a flote a empresas en crisis a cambio de una participación accionaria, como está a punto de hacer Angela Merkel con Lufthansa o como hizo Giuseppe Conte con Alitalia), fue presentada por sus portavoces casi como un revival de aquel alardeo caribeño de Hugo Chávez al grito de “exprópiese”.
Cruda realidad
El Fondo Monetario volvió a sorprender, igual que cuando reclamó un “recorte sustancial” a los acreedores, al publicar anteayer un paper donde sugiere a los gobiernos de sus países miembros “considerar incrementar las alícuotas más altas del impuesto a las ganancias o las del impuesto a la riqueza o al patrimonio, quizás mediante un ‘recargo solidario’”. Máximo Kirchner y Carlos Heller podrían celebrar la coincidencia: su proyecto, tal como se informó en esta columna el viernes pasado, denomina exactamente así al nuevo tributo.
Lo más sorprendente del informe del FMI, sin embargo, es lo que recomienda para los combustibles. Dice que “los bajos precios del crudo actualmente permiten elevar los impuestos sobre el combustible sin que suban los precios al consumidor”. Es decir, la solución alternativa al “barril criollo” que estableció el Gobierno esta semana. En vez de un precio sostén, un impuesto. En vez de un subsidio de todos los consumidores de nafta y gasoil a las petroleras para que no echen operarios, una tasa que eventualmente podría mantenerlos en sus casas con el mismo salario y sin beneficiar a privados en un contexto de severa sequía de ingresos.
Entre los dueños de las cinco mayores fortunas de la Argentina, según el ranking que se tome, hay dos o tres petroleros. La cruda realidad es que se verán beneficiados por la decisión de Matías Kulfas de instrumentar el barril criollo para evitar que colapse YPF. Uno de ellos, Paolo Rocca, ya bebió de la teta del Estado este mes, cuando le aprobaron el ATP para sus empleados. Incluso pese a su prédica contra la cuarentena, como la que desplegó junto a Carlos Bacher en una reunión con directivos el martes en su sede de Catalinas. Tampoco lo privó del beneficio la treintena de despidos que produjo una subsidiaria de TenarisSiderca en Campana, de la cual Claudio Moroni dijo el martes “no estar al tanto”.
Por la baja de retenciones y el congelamiento del impuesto a los combustibles que introdujo el decreto del barril criollo, según las planillas que circulan dentro del mismo Palacio de Hacienda, el Estado dejará de recaudar unos $10.000 millones entre junio y setiembre. Un monto suficiente para incluir a un millón de beneficiarios más en el IFE, que entrega $10.000 a quienes se quedaron colgados del pincel por la cuarentena. O para extenderlo a los cónyuges de quienes ya lo cobran y que fueron rechazados por el sistema de la ANSES, a diferencia de lo que ocurre con los empleados en blanco beneficiarios del ATP, que pueden embolsar sin restricciones hasta $33.750 cada uno aun casados.
Pelo y barba
El nombre del presidente de YPF, Guillermo Nielsen, apareció por estas horas frenéticas en varias conversaciones por Whatsapp y no precisamente por el barril criollo. El jefe de uno de los tres agrupamientos de acreedores que negocia con Economía se encargó de difundir, anteayer a media mañana, un rumor: que el Gobierno pagaría el vencimiento de hoy, que Guzmán renunciaría y que los reemplazantes serían él o Emmanuel Álvarez Agis.
-Tenés mi palabra de que eso no va a pasar. Y deciles a tus socios que se jodan por ser tan ineptos de comprarles bonos al mejor equipo de los últimos 50 años con un cupón del 6%. El milagro es que hayan cobrado un cupón -le respondió el propio Álvarez Agis al banquero cuando lo consultó directamente a él si era cierto.
Más allá de la animosidad que pueda sentir hacia Guzmán el financista, sobre todo después de la sorpresa de BlackRock, el episodio volvió a exhibir una fisura en el oficialismo que obligó a Alberto Fernández a decir, en una entrevista diez días atrás, que el único negociador habilitado era el ministro de Economía. Fue un pedido del propio jefe del Palacio de Hacienda, harto de que lo puentearan vía Sergio Massa y los economistas que lo asesoran.
¿Habrá cupón PBI como hubo en 2005 con Nielsen, en caso de que haya acuerdo finalmente? Es una de las discusiones que seguirán hoy, porque en Economía lo consideran inaceptable tal como lo planteó uno de los tres agrupamientos pero no le terminan de cerrar la puerta si sirve para acercar posiciones. Tal como lo propuso ese grupo (los “tenedores de bonos del canje”), es un cupón que se sigue el PBI en dólares y no el real, para evitar el truco morenista de mentir con la inflación. El problema es que se gatillaría con las apreciaciones cambiarias como las que suele tener Argentina cada tanto. Algo que relativizaría el “corte de pelo” que propone el Gobierno, tal como lo denominan en la jerga de Wall Street.
La cuestión es si se podrán cobrar impuestos adicionales o no para atender la emergencia y la nueva normalidad, con el Estado mucho más exigido. Quien reapareció para responder negativamente a esa pregunta es el extitular de la AFIP hasta el final del gobierno de Mauricio Macri, Leonardo Cuccioli. “Hay un sector en la dirigencia argentina que cree que es gratis aumentar los impuestos a quien tiene dinero”, dijo Cuccioli. Y agregó: “Se ve como algo lógico y moral. El tema es a partir de qué base, porque llega un momento que no tiene sentido”.
Como todo, es opinable. El tema es dónde lo dijo. Fue en un seminario virtual de MBP Partners, un bufete de abogados que ofrece asesoramiento a grandes inversores para “optimizar su pago de impuestos”. Es decir, para minimizarlo. Un estudio nuevo pero innovador: tiene filial y corresponsales muy activos en Paraguay, justo el país al que decidieron mudarse -solo fiscalmente, claro- al menos dos docenas de magnates argentinos el año pasado.
En la charla de MBP Partners estuvo también Jimena de la Torre, actual asesora de Cristian Ritondo y antigua colaboradora de Cuccioli en la AFIP. Antes, al principio del macrismo, había pasado por la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado. Una incompatibilidad que podría ser anecdótica, como el default para Guzmán, pero que en tiempos de frazada corta roza lo inmoral.