La paulatina reactivación de la negociación colectiva contrasta con el silencio en el sector público. El retorno de un Ponce recargado enciende las alarmas. Ayala ya se pelea públicamente con sus ex socios de Cambiemos.
La reactivación de la negociación colectiva, virtualmente paralizada por la pandemia, parece ser una realidad. Tras el acuerdo al que llegó la UOM, cuestionado por el monto (6 mil pesos), la modalidad (suma fija no remunerativa) y las concesiones (no se pagó ninguna compensación por los 4 meses que estuvo vencida la paritaria), la buena noticia es que empiezan a dinamizarse las charlas salariales. Según la cifras que relevó el Ministerio de Trabajo en las últimas horas y que le hicieron llegar a este cronista, ya hay más de 1 millón de trabajadores que fueron alcanzados por los entendimientos para recomponer los haberes. Es bueno, pero no tan bueno, podríamos decir adaptando la máxima televisiva de Guido Kaczka. Es que el aislamiento social preventivo y obligatorio recayó en la temporada alta de paritarias y a esta altura del año tendríamos que tener, por lo menos, tres o cuatro veces más trabajadores con sus haberes adaptados a la realidad 2020.
Ese dinamismo que se quiere mostrar desde la cartera laboral en el sector privado contrasta con lo que ocurre en el ámbito público. En un clima de hermetismo comenzaron a emerger señales que indican que podrían congelarse definitivamente las paritarias del sector hasta 2021. La versión se la dejó trascender el directorio del CONICET a los investigadores del organismo en una reunión a puertas cerradas, y también le fue comunicada, extraoficialmente, a la cúpula de la CTA Autónoma. “A nosotros nos lo dijo Moroni en la cara hace tres semanas”, contó uno de los principales dirigentes ceteístas. Se refiere a la posibilidad de que no haya aumento de salarios por el agujero fiscal que implicaron el pago del IFE para los no registrados y los desocupados y el pago del Salario Complementario para los registrados del sector privado. La disyuntiva: aumento a estatales o IFE y ATP, es incómoda e irreal. No se trata de encajar un rompecabezas de dos piezas. Adicionalmente, desde lo político tampoco sería una buena señal a los privados a los que estás sentando a conversar.
Los empleados estatales ya vieron pospuesta la revisión de febrero y postergada, sin fecha cierta, la negociación de junio. Además masticaron el pago fraccionado del medio aguinaldo. “Pudo haberlo dado a entender, pero no nos dijo que iban a congelar los salarios”, remarcó otro de los dirigentes de la conducción, con una mirada más benévola de lo que ocurrió en ese cónclave con Moroni. Además adelantó que están gestando una protesta que reúna a los gremios del sector público de la central para los primeros días de septiembre: ATE, Fesprosa y Conadu Histórica. “Nosotros vamos a insistir”, sostuvo.
La situación, a diferencia del sector privado, no está en la órbita de Trabajo sino en Jefatura de Gabinete. Los encargados de llevar el tema son Ana Castellani y Santiago Cafiero que hasta el momento lograron buena sintonía y recepción con sus interlocutores. Pero claro, sin billetera no hay modales que valgan. Un congelamiento salarial hasta 2021 podría terminar de dinamitar la relación que tejieron los principales gremios de la actividad con el oficialismo. De hecho hasta ATE hizo un acercamiento a la gestión después de una década de distancia con los sucesivos gobiernos. Integró a Claudio Lozano y fue impulsor del Manifiesto Nacional por la Soberanía, el Trabajo y la Producción, espacio político sindical que está haciendo anclaje en el ala izquierda del Frente de Todos y que maneja fluidos vínculos con La Campora.
El eterno retorno de Etin
Revitalizado por el paraguas de un gobierno peronista y después de haber sido eje de presiones varias durante los 4 años de gestión de Cambiemos, el reinicio de las paritarias lo tienen a Hector “Etin” Ponce como uno de los actores más impredecibles. El líder de los trabajadores de la industria lechera sorprendió a empresarios y funcionarios por pegar un faltazo (sin aviso) a la última audiencia convocada en la cartera laboral el miércoles pasado. Ese destrato encendió las alarmas de lo que pueda ocurrir con un sector particularmente sensible desde lo material, pero también desde lo simbólico.
La reunión había sido precedida por una huelga que había derivado en miles de litros de leche derramados. A pesar de que el gremio se había propuesto para industrializar la materia prima de esas 24 horas a cambio de donarla, los empresarios prefirieron volcarla en una señal de guerra total. La imagen de leche derramada, impropia de un país con 6 de cada 10 pibes en la pobreza, multiplicó las presiones para ambos lados. “Yo lo entiendo, todos pensábamos que este era el año para empezar a recuperar un poco en materia laboral todo lo que fuimos perdiendo, pero nos agarró esto (la pandemia) y las empresas tienen el precio de la leche congelado hace 6 meses”, explicó una fuente cercana a la negociación.
Para este lunes citaron un nuevo cara a cara y hay confianza de que podría zanjarse el asunto. Lo salarial está virtualmente acordado y la diferencia reside exclusivamente en el monto y el destino del bono que las empresas deberían depositar para robustecer la obra social sindical. Habrá apelación a la racionalidad, pero también se cocina un plan b de emergencia. Casualmente, o no tanto, el viernes en Trabajo se terminó de conformar la Comisión de Garantías, es el espacio que regula el ejercicio del derecho a huelga en los servicios esenciales o, en su caso, califica excepcionalmente como tal una huelga que, por sus características, pueda afectar el interés general.
Ex socios
El evento más curioso de la semana ocurrió en la Comisión de Agrucultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí habían citado al líder de los peones rurales, Ramón Ayala, también a cargo del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), ente encargado de la fiscalización de la situación laboral en los campos, para que explique los números de informalidad laboral y relate las condiciones laborales. Y en su exposición se cruzó con Pablo Torello, el diputado del PRO con quien compartió espacio político hasta la derrota de Juntos por el Cambio en 2019. Con buena onda, pero no tanto.
Torello le pidió a Ayala que rectifique una información que circuló en los medios sobre los porcentajes de empleo no registrado en la actividad con datos del organismo. “En un tema tan delicado deberíamos tener más información por parte del Renatre”, le espetó Torello.
Ahí Ayala levantó el guante: “Hay un 65% de trabajadores en negro en el país”, le recordó basado en un informe de la CAME y puso énfasis en que la fuente era una cámara empresaria. Y el heredero político de Gerónimo Venegas, en pleno proceso de despegue de Cambiemos del que formó parte con su partido FE, aprovechó la situación para picantearlo: “Pablo ustedes le tendrían que recomendar a sus pares que blanqueen a todos sus trabajadores, entonces no estamos discutiendo estas cuestiones acá nosotros”.
Luego de la risa por la “ocurrencia”, Torello sostuvo que el Renatre, espacio que también integra como empleador, debe aportar datos segmentados. “Ramón, lo que nosotros necesitamos es la información por rubros. Yo entiendo que hay muchos, no quiero hacer nombres, pero sería bueno saber cuáles son las actividades que tienen esa altísima informalidad para poder atacarla”, le respondió el diputado. Y aclaró “no quiero hacer una pelea de esto”.