El ciclo de los commodities suele desatar tensiones sociales y políticas. Es el caso de la suspensión de las exportaciones de maíz, una confrontación menor que puso de relieve, una vez más, el peso de la renta agraria.
Desde agosto pasado se registra una sostenida tendencia al alza de la cotización de los commodities. Está centrada en la soja pero alcanza al conjunto de los productos primarios que se negocian en los mercados mundiales.
Estos precios son resultado de la combinación de varios factores: la rápida recuperación de la economía china que junto con la India están empujando la demanda. Bajos stocks de soja a nivel mundial, especialmente en EEUU que no tiene ya saldos exportables. Recortes en las estimaciones de producción en América del Sur (Argentina y Brasil) por efectos climáticos. Debilidad del dólar y su contrapartida bajas tasas de interés lo que hace que los fondos especulativos se vuelquen a los mercados de commodities. Así la soja alcanzó los 523 dólares la tonelada, el maíz los 200 y el trigo 248, mientras que el petróleo cotizó a 58 dólares el barril.
Bienes salario.
El envión que tomó el precio del maíz en diciembre pasado hizo que la Secretaría de Comercio alertara al Ministerio de Agricultura que esos precios estaban impactando en la estructura de costos de la industria procesadora (avícola, porcina, aceitera y feedlotera) que tienen a este grano como insumo básico y trasladaban automáticamente ese aumento a precios.
Se volvía a plantear así el ya viejo problema del capitalismo argentino resultante de la exportación de bienes salarios. Cuanto más se exporta de determinados productos, más suben los precios en el mercado interno que impactan en el costo de vida. Es lo que hace necesario algún mecanismo técnico que garantice el abastecimiento interno y desacople los precios internacionales de los locales. Esto es así desde hace décadas pero se agravó desde la última dictadura militar por la deuda externa y la necesidad adicional de dólares.
La escalada.
Una resolución ministerial canceló las exportaciones de maíz por 60 días, la respuesta de los productores fue un paro de comercialización de 72 horas.
El paro resultó más simbólico que otra cosa, mientras que la medida gubernamental devino cuasi abstracta. Los compradores se retiraron del mercado, los productores no se vieron demasiado afectados y los que tenían stock disponible estaban suficientemente cubiertos financieramente como para esperar que se cumplieran los 60 días.
El gobierno abrió entonces una instancia de negociación con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que expresa los intereses de las 57 cámaras del sector y donde las multinacionales exportadoras pisan fuerte. Se partía de la idea de que el 90 por ciento del maíz disponible ya estaba liquidado por lo que no estaba garantizado el consumo interno. Sin embargo en esa negociación un documento presentado por la CAA demostró sorpresivamente que había unos 10 millones de toneladas de la cosecha vieja, que por razones no explicadas no estaban debidamente computadas (¿tal vez para exportarlas en negro?), que garantizaban el abastecimiento interno hasta la cosecha nueva y que incluso quedaba un saldo exportable.
El ministerio levantó la prohibición de exportar y puso un cupo de 30.000 toneladas diarias para vender localmente. Los productores rechazaron el cupo y se negaron a levantar la medida de fuerza. El gobierno retrocedió y finalmente acordaron con la Mesa Intersectorial del Maíz, que funciona al interior de la CAA, garantizar un millón de toneladas mensuales. En paralelo se iniciaron discusiones con la cadena maicera para analizar propuestas alternativas destinadas a lograr el desacople de los precios internos de los internacionales y diversos instrumentos para garantizar que el “mercado interno tenga stock y precio”. También utilizar un fondo de garantía (FOGAR) para que los productores cobraran en tiempo y forma. Finalmente el paro se levantó 10 horas antes del plazo fijado. Veremos cómo se resuelve la implementación y el seguimiento.
El saldo.
Luego de 13 días el resultado ha sido un empate. El gobierno logró que aparecieran 10 millones de toneladas no contempladas hasta ese momento y estableció ciertas condiciones técnicas para garantizar el abastecimiento interno y mejorar las condiciones financieras de los productores. Una suerte de Comité de Seguimiento controlará que los acuerdos se pongan efectivamente en práctica.
Por su parte los productores celebraron esa medida defensiva como un triunfo, por lo que entienden ha sido un retroceso del gobierno y consideran “cumplido su objetivo”, que no es otro que evitar todo tipo de regulaciones y avances del Estado sobre las actividades privadas. En este mismo sentido el Foro de Convergencia Empresarial -las 80 entidades empresarias más importante del país- y la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, se sumaron a los postulados de la Mesa de Enlace llamando la atención sobre “el rumbo estatizador que lleva adelante el gobierno”.
La potencia oculta.
Este nuevo conflicto rememoró aquella disputa por la distribución de la renta en 2008, con las consecuencias sociales y políticas ya conocidas. No es más que la superficie de un fenómeno mucho más profundo. La evidencia de que esa potencia oculta que es la renta de la tierra (dijera Marx) había regresado para ocupar el lugar del que fuera desplazada 70 años atrás.
Aquel regreso ya no tendrá vuelta atrás. Es resultado de que el gran capital, sobre todo financiero, ingresó a la actividad forzando “la industrialización agraria”. Junto con las innovaciones tecnológicas en la siembra, riego, cosecha y almacenaje se impusieron criterios de eficiencia, productividad, rentabilidad y competencia propios de las grandes empresas. Hoy nuestro país es unos de los grandes exportadores de cereales y oleaginosas -detrás de EEUU y Brasil- constituyendo el mayor núcleo productivo del mundo.
No pareciera que con simples medidas regulatorias, con tender puentes de relaciones o abrir canales de diálogo buscando administrar las relaciones, se les pueda hacer entrar en razones.
Eduardo Lucita es Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).