Colombia: denuncian al menos 120 desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, fosas comunes y centros de torturas - Indymedia Argentina Centro de Medios Independientes (( i ))

26 mayo, 202126 mayo, 2021 por ANRed

Mientras el Gobierno de Iván Duque continúa reuniéndose con el Comité Nacional del Paro (CNP), se acumulan las denuncias sobre desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, fosas comunes y centros clandestinos de torturas, en el marco de las protestas callejeras por el Paro Nacional. El Equipo Jurídico y Humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, publicaron un informe con testimonios anónimos, donde denuncian la existencia de posibles fosas comunes en el área rural de Buga y Yumbo, donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes de Cali, ejecuciones extrajudiciales, y centros clandestinos de detención y torturas (“casas de pique”). “Las dinámicas de represión se han ido sofisticando en estos casi 25 días con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y evidentemente criminal”, remarcan. En este marco, según el informe de la Universidad del Valle, desde el 28 de abril (comienzo del paro nacional y las protestas) hasta hoy se relevaron 120 personas desaparecidas. Ayer por la noche llegó a Colombia la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos de Argentina.

Mientras continúan las conversaciones entre el equipo negociador del gobierno de Iván Duque y el Comité Nacional del Paro (CNP) – donde avanzan en la elaboración de un documento que contienen algunos preacuerdos – continúa la salvaje represión y violación a los derechos humanos de las fuerzas represivas del Estado en diferentes ciudadades contra las protestas populares callejeras del Paro Nacional.

En este marco, el Equipo Jurídico y Humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz hicieron público un informe este domingo 23, donde denuncian la existencia de posibles fosas comunes en el área rural de Buga y Yumbo, donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes de Cali, y la existencia de ejecuciones extrajudiciales y centros clandestinos de detención y tortura (“casas de pique”).

#Cali Informe desde los sitios de detención a posible fosas comunes y casas de pique @PBIColombia @gimena_wola @kolko_mail @ABColombia1 @JFColombia @AmnistiaOnline @Oidhaco @CIDH @ONUHumanRights @MisionONUCol @Taula_Catalana https://t.co/AIvbUcOtJW

— Comisión de Justicia y Paz (@Justiciaypazcol) May 23, 2021

“Desde el pasado 13 de mayo de 2021 nuestras organizaciones han recibido relatos absolutamente escabrosos y delicados que hieren la conciencia de la humanidad por el comportamiento y las prácticas policiales, que reflejan la gravedad de las consecuencias que la mentalidad y las órdenes emanadas por el más alto nivel del Estado genera al definir como ‘vándalos terroristas’ a los jóvenes manifestantes víctimas y blancos directos de planes criminales”, comienza el informe de los tres organismos de derechos derechos humanos, y continúa: “desde el 14 de mayo se conocieron las primeras versiones de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo en donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños”.

Así mismo, las organizaciones relevaron la existencia de centros clandestinos de detención y tortura: “días atrás una nueva fuente compartió información más precisa de esta delicada información, indicando que el domingo 2 de mayo, el CAM fue usado como un centro de operaciones encubiertas. Algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos, horas más tarde eran sacados en camionetas polarizadas. Dos fuentes posteriores informaron de la movilidad de camiones que, al parecer, hacen parte de los medios que usa la policía para su movilidad. En algunos de estos se habrían llevado jóvenes en horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali. Allí, en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos”.

En la misma línea, agregan: “también de las personas que ha compartido su testimonio indicó que los jóvenes son detenidos, algunos de ellos habrían sido reportados como desaparecidos por sus amigos o familias, y en Guacarí, en Buga, 45 minutos de Cali, habrían sido ‘ajusticiados’. Algunos de los sobrevivientes de los ajusticiamientos fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y hoy se encuentran aterrorizados y escondidos. Hoy 23 de mayo, se conoció una versión más delicada de las operaciones de los grupos de civiles armados protegidos por policiales. Se habría instalado una Casa de Pique en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín. Algunos familiares nos han compartido con nuestra organización algunos nombres de los jóvenes que son detenidos, luego llevados a una instalación policial en Meléndez y días después se desconoce de su paradero”.

Además, consideran que estas denuncias muestran la sofisticación de un plan sistemático represivo ilegal llevado adelante por el gobierno de Iván Duque: “las dinámicas de represión se han ido sofisticando en estos casi 25 días con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y evidentemente criminal. Dada la ausencia de garantías solicitamos a los entes de investigación y de protección del Estado y en especial a la Unidad de Búsquedas de Personas dada por Desaparecidas, desarrollar su actividad con base en la información inicial pública. Dada la ausencia de imparcialidad manifiesta en desarrollo del Paro Nacional por parte de la Fiscalía General de la Nación, urge un especial para verificar las actuaciones investigativas. Ante el temor fundado que asiste a eventuales testigos de ser victimizados en su vida, integridad y libertad, se requiere la adopción de medidas técnicas propias de la investigación judicial. Temen los testigos que la policía pueda desarrollar estrategias de presión, de intimidación, de estrategias de encubrimiento con el asesinato de más jóvenes y sus familias”.

“Con base en la síntesis de estos relatos que brindan elementos razonables de planes criminales sofisticados en los que participaría la Policía Nacional y dada la forma como han operado desde el 28 de abril hasta hoy, los efectivos regulares fuerzas y las expresiones militares del General Zapateiro, dejamos Constancia Histórica Pública de la información recibida”, remarca el informe.

Y finaliza: “dado el deber de garantía y los derechos a la verdad, el Estado colombiano actúen con eficacia, más allá del lugar retórico de las ‘exhaustivas investigaciones’ y del testimonio como única base para el inicio de las investigaciones, que permitan confirmar las hipótesis a partir de estos fundamentos fácticos. Reiteramos que con base en esta Constancia Histórica pública el Estado colombiano debería iniciar una exploración técnica con expertos forenses del instituto de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con la participación de observadores de organizaciones Humanitarias nacionales e internacionales, y adoptar medidas inmediatas de investigación judicial que aseguren una proceso de investigación independiente y eficaz que desvirtúe o confirme los relatos de testigos de esta situación”, finaliza el documento de los tres organismos de derechos humanos.

En medio de esta situación de violación sistemática a los derechos humanos en Colombia, ayer por la noche llegó al país la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos de Argentina, con el objetivo de “acreditar, relevar y visibilizar la situación” que atraviesa Colombia “en el mismo territorio”, por lo que se propone recorrer el país golpeado desde fines de abril por una movilización en las calles y denuncias de represión a las protestas y abusos policiales.

La delegación está compuesta por Leonardo Pérez Esquivel (ATE); Sergio Maldonado; Alejandro Rusconi (AAJ); Marianela Navarro y Sebastián Fernández (Frente de Organizaciones en Lucha – FOL); Laura González Velasco (Somos-Barrios de Pie); Pablo Pimentel (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – APDH); Gonzalo Armúa (Patria Grande); Martín Ferrari (Frente Popular Darío Santillán); Ismael Jalil (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional – Correpi); Teri Mattson (Codepink Women for Peace); Pablo Garciarena (Xumec, Asociación para la Protección de los Derechos Humanos); José María Cano (CTA Autonóma); Pablo Bres (Servicio Paz y Justicia – Serpaj); María Paula Giménez (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico) y Milagros Rezinovsky (Movimiento Evita), entre otros.

Además, también estaba presente Juan Grabois (Patria Grande-Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano) a quien el gobierno colombiano le impidió el ingreso al país.

En un audio publicado por la misión de observadores, Grabois contó que fue “agredido con empujones y un golpe en la cara por dos funcionarios de migraciones”, y luego otros dos oficiales le informaron que se le “denegaba el ingreso” porque su “presencia era una amenaza para la seguridad del Estado”.

Luego de una serie de agresiones físicas registradas por numerosos testigos y cámaras de seguridad, el gobierno colombiano me expulsa de su territorio por considerarme un “riesgo para la Seguridad de Estado” (decreto 1727/2020). Hilo:@MisionIntCol #SOSColombia

— Juan Grabois (@JuanGrabois) May 25, 2021

En este marco, de acuerdo a los cotejos realizados por la Universidad del Valle desde abril 28 a hoy, hay, al menos, 120 personas detenidas que se encuentran desaparecidas. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación sostiene que son 290 las personas halladas, que habían sido reportadas como “no localizadas”, y que todavía buscan a otras 129.

Compartimos el listado de 120 personas desaparecidas informado por la Universidad del Valle: