La violencia de género, la desidia, el abandono del sistema de salud penitenciario y la inacción de la justicia provocaron la muerte de Sasha Barrionuevo, de 38 años. A pesar de que sufría dolores crónicos, pérdida abrupta de 30 kilos de peso y fatiga, entre otros síntomas, los médicos de sanidad de la Alcaidía de Mar del Plata decretaron -sin revisarla ni tratarla- que se trataba de una simulación y no tomaron en serio el deterioro de su salud. Recién cuando la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, presentó un habeas corpus fue trasladada al Hospital Oscar Alende. Allí, incumpliendo con la ley de género, fue registrada con nombre masculino.
Sasha Barrionuevo falleció el pasado 20 de julio en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Oscar Alende de Mar del Plata, pero la noticia no fue comunicada al Tribunal Oral Criminal 3 departamental, que llevaba su causa, ni a su defensoría pública. Ambas agencias judiciales manifestaron haber tomado conocimiento del fallecimiento a partir de lo informado telefónicamente por la CPM casi una semana después, el 26 de julio. En efecto, ese mismo 26 de julio integrantes del equipo de la delegación atlántica de la CPM se hicieron presentes en el hospital para entrevistarse nuevamente con Sasha, cuyo caso venía siendo monitoreado y acompañado judicialmente en virtud de la sistemática y arbitraria negación del acceso a la atención sanitaria padecida en la Alcaidía 44 de Batán, donde había estado alojada. Allí se tomó conocimiento de la muerte de Sasha, ocurrida seis días antes.
El mismo día de su muerte, el TOC 3 de Mar del Plata había ordenado el cese de la prisión preventiva para Sasha. En esta decisión se ampararon desde la alcaidía penitenciaria para intentar justificar por qué no habían dado aviso del fallecimiento. Lo que expresaron fue que como había cesado la prisión preventiva el personal penitenciario se había retirado del hospital y por eso no informaron oportunamente.
Más allá de la casualidad y las paradojas, este dato constituye un elemento central de los padecimientos a los que son sometidas las personas trans en el encierro. Mientras la tasa de prisión preventiva para hombres en el encierro asciende al 54 % en 2021, para personas trans ese porcentaje se eleva por encima del 70%. (ver más información Trans y travestis encarceladas)
Sasha padecía graves problemas de salud no atendidos y, por tal motivo, tampoco diagnosticados. En un corto período de tiempo había adelgazado 30 kilos y sistemáticamente le negaban la atención médica que pedía. Entre otros padecimientos, indicaba pérdida de visión, vómitos, mareos, episodios de muy baja presión y fatiga. Incluso requería muchas veces la asistencia de sus compañeras -estaba alojada en el pabellón trans- para poder movilizarse y realizar sus tareas cotidianas.
Desde que la CPM tomó conocimiento del caso de Sasha durante una inspección de monitoreo en Mar del Plata, se solicitó al sector de sanidad de la Alcaidía 44 que se le prestara la inmediata atención médica en virtud de su grave estado de salud. Pero la respuesta obtenida de los profesionales de la salud fue que no creían que se sintiera tan mal y que permanentemente simulaba padecimientos.
La última vez que la CPM la entrevistó en su lugar de detención, y debido a la gravedad y deterioro observado en el estado de salud de Sasha, se presentó un habeas corpus solicitando su inmediata atención médica en un hospital extramuros. La orden de traslado finalmente llegó el pasado 12 de julio, tras varios días de intensos sufrimientos. Fue trasladada al HIGA local y allí permaneció internada en muy grave estado hasta el 20 de julio, cuando murió.
La CPM venía acompañando a Sasha y haciendo pedidos al tribunal a cargo desde el año 2021, cuando la entrevistó por primera vez en la UP 34 de Florencio Varela.
El caso no sólo expresa la brutalidad y la desidia penitenciaria, judicial y médica en torno a las personas detenidas por cuya integridad deben velar las distintas agencias del sistema penal, sino también la persistencia de este tipo de abandono que lleva, en muchos casos, a muertes evitables o a situaciones en las que no necesariamente se pone en riesgo la vida de las víctimas.
A la violencia de género padecida por Sasha, se suma la deshumanización de médicos que descreen del sufrimiento pese a las manifestaciones claras en el cuerpo de la víctima y la angustia que provoca saber que la salud empeora sabiendo que no será atendida. Este sufrimiento constituye torturas y malos tratos, por la afectación subjetiva de la persona. Por esta desatención su cuadro empeoró hasta la muerte.
Este caso se inscribe en un cuadro general de crisis sanitaria en todo el sistema penitenciario bonaerense que se profundiza mes a mes sin respuestas estatales tendientes a revertirlo. A comienzos de 2022, también en una dependencia penitenciaria de Batán, Mar del Plata, un grupo de mujeres alojadas en el pabellón 1 presentaron un habeas corpus -que fue acompañado por la CPM- a fin de que se garanticen los controles ginecológicos, la atención médica adecuada y la provisión de insumos, así como medicamentos a la farmacia de la unidad penal y el nombramiento de más personal profesional, entre otros puntos.
La acción fue resuelta favorablemente dos días después por parte del titular del Juzgado de Ejecución 1 de Mar del Plata, Dr Perdichizzi. No obstante, la CPM –en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y Malos Tratos de la Provincia de Buenos Aires- solicitó luego la ampliación de aquel habeas hacia el resto de las unidades que conforman el Complejo Batán (UP 15, 44 y 50), petición que fue convalidada por el mismo magistrado al corroborar nula atención médica, desidia, falta de medicamentos, acceso a tratamientos específicos.
Uno de los problemas recurrentes es que la responsabilidad de garantizar el derecho a la atención integral de la salud corresponde a la Dirección de Salud Penitenciaria dependiente del Ministerio de Justicia, pero la mediación para el acceso corresponde al Servicio Penitenciario Bonaerense. Ambos organismos se acusan mutuamente de diferentes acciones u omisiones que contribuyen al desastre sanitario existente, pero ninguno adopta medidas efectivas para lograr una atención adecuada.
Por otro lado no hay un sistema de coordinación efectivo que vincule el sistema público de salud y las unidades sanitarias dentro de las cárceles. La Dirección de Salud Penitenciaria debe pasar a la órbita del Ministerio de Salud para que las personas detenidas sean atendidas en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.