Lo dijo José Manuel Ubeira, reconocible por ejercer la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad. Fue en el marco del alegato en defensa de Marcelo Valenga, uno de los policías acusados por la Masacre de Wilde, perpetrada en 1994. La figura de Juan José Ribelli sobrevuela en el juicio. El debate entra en la etapa final con veredicto previsto para mediados de diciembre.
Por Colectivo de Medios Populares*. Redacción: Carlos Rodríguez (La Retaguardia)
Con el tono y el estilo de quien brinda una conferencia sobre asuntos que no dejan lugar a controversia, el abogado José Manuel Ubeira alegó en defensa de uno de los siete policías imputados por la Masacre de Wilde. El letrado apeló al argumento de la “causa armada” —una vieja especialidad policial—, adjudicándole la supuesta maniobra a la Suprema Corte bonaerense.
De esa forma, hizo referencia al “desafortunado fallo” del 26 de noviembre de 2013, mediante el cual el alto tribunal reabrió la causa contra su defendido, el oficial Marcelo Valenga, para quien pidió la absolución. Los argumentos de Ubeira, secundado por su socio, el abogado Javier Leira, fueron tediosos y repetitivos de todo lo que vienen argumentando las defensas desde que ocurrió el hecho, el 10 de enero de 1994.
Ubeira, el mediático abogado que defiende por igual a la vicepresidenta Cristina Kirchner o al comisario Juan José Ribelli, cuando estuvo acusado por el atentado a la AMIA, se movió en el juicio como si estuviera en un programa de televisión. Solo le faltó el maquillaje. Con soberbia y verborragia, Ubeira estuvo alegando durante más de seis horas, para decir lo mismo que han dicho desde 2013, para demorar el debate por otros nueve años hasta casi completar las tres décadas de impunidad en un caso emblemático de gatillo fácil.
De entrada, Ubeira sostuvo que se llegó al juicio por el “desafortunado fallo” de la Suprema Corte bonaerense de noviembre de 2013. Dijo que esa sentencia, que reabrió la investigación del caso, había convertido al Tribunal Oral 3 de Lomas de Zamora “en una escribanía”. Luego, para tratar de alivianar el tono de su alegato, instó a los jueces para que “restablezcan el Estado de Derecho, porque ustedes no son una escribanía, son jueces que juraron por nuestra Constitución y no deben responder a la Corte Suprema de la Nación ni a la Suprema Corte” provincial. Después, tanto Ubeira como Leira, reiteraron, uno por uno, todos los planteos de las defensas en oposición a la realización de este debate, citando resoluciones de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora ya perimidas, que no se pueden introducir por lectura al juicio. Ubeira dijo que la Suprema Corte dejó sin efecto de manera arbitraria “un decisorio de cosa juzgada que beneficiaba a nuestro defendido Valenga desde hacía muchos años”.
Citó algunos de los siete pecados capitales, considerados por los juristas ingleses como las razones que llevan a cometer un delito. Lo hizo para afirmar que “no hubo pecado capital y por eso a esta causa le falta un motivo”, un móvil.
Ubeira criticó la actitud “dogmática” de los jueces de la Suprema Corte, a la vez que desarrollaba un alegato lleno de dogmas y citas complejas, en castellano y en latín, para darle un vuelo jurídico rebuscado a su prédica.
Según su relato, Valenga se levantó el 10 de enero de 1994 “como todas las mañanas, para ir a tomar servicio, sin tener idea de que iba a conocer al señor (Edgardo) Cicutín, de quien dicen que lo fusilaron, cuando aquí se demostró que no fusilaron a nadie”. En su entusiasmo por redondear conceptos, olvidó decir que Cicutín fue asesinado a balazos por la espalda.
Aseguró que su cliente nunca se enteró, desde 1999, cuando fue sobreseído, de que la causa seguía en trámite, hasta que uno de sus co-procesados le comentó lo del fallo de 2013. En el juicio se han producido varios hechos curiosos: Valenga nunca se enteró de que la causa seguía abierta; y Marcos Ariel Rodríguez, otro de los imputados, estuvo 20 años prófugo sin saber que lo estaba. “El fallo de la Corte se hizo a espaldas de mi cliente”, insistió Ubeira. En uno de sus párrafos más rotundos, para rechazar uno de los temas centrales, el de la violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado, Ubeira consideró que: “lo de la violación a los DD.HH. fue un argumento para la tele”.
Las palabras de Ubeira provocaron malestar en la parte acusadora y de manera especial en dos mujeres, Raquel Gazzanego y Patricia De Angelis, cuyos maridos, Edgardo Cicutín y Norberto Corbo, fueron víctimas de la Masacre de Wilde. A pesar de lo dicho por Ubeira en el sentido que “no hubo fusilamiento”, las constancias de la causa hablan de dos autos, el Peugeot 505, y el Dodge 1500, acribillados con un centenar de impactos de bala hasta quedar hechos “un colador”, como dijeron varios testigos. Además de Cicutín y Corbo, fueron asesinados Héctor Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza, mientras que el conductor del Dodge, Claudio Díaz, salvó su vida de milagro.
Ubeira, dirigiéndose a los jueces, afirmó: “La Fiscalía y los abogados de las querellas pretenden que ustedes se transformen en una escribanía de la Suprema Corte”. Para el abogado mediático, “los que acusaron a los policías en esta causa no probaron nada porque todo esto fue solo un hecho desafortunado”. Como si estuviera en un programa de C5N, Ubeira apeló a esas frases que los panelistas dicen para aparecer en el zócalo de la pantalla: “Este es un proceso arqueológico”, dijo sobre los casi 29 años de impunidad.
Mientras los representantes de la parte acusadora han denunciado la complicidad de sectores de la política y del Poder Judicial, Ubeira dijo que hoy su defendido “no tiene tranquilidad de ser juzgado en la Provincia de Buenos Aires”. Luego aclaró que no se refería a los jueces del Tribunal Oral 3 de Lomas de Zamora, a quienes se dio el lujo de hacerles una recomendación: “No se dejen copar la parada, porque ustedes están siendo utilizados por la decisión política de la Suprema Corte”.
Ubeira parece pretender lo mismo que ha logrado con el comisario Juan José Ribelli en la causa AMIA: el paso de acusado a querellante. Ribelli, quien se recibió de abogado cuando estuvo en la cárcel, es socio de Ubeira en el estudio jurídico.
En la causa por el encubrimiento de la AMIA, Ribelli se convirtió en querellante y dos de los testigos que declararon a su favor son, precisamente, Marcelo Valenga y Julio César Gatto, dos de los imputados por el caso Wilde. Cuando ocurrió la masacre, Ribelli era jefe operativo de la Brigada de Lanús en la que estaban los 12 efectivos que participaron en los hechos del 10 de enero de 1994. Los otros imputados que llegaron al juicio son Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Roberto Mantel, Pablo Dudek y Marcos Ariel Rodríguez.
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Necesito urgente medios para comunicarme con el Dr. Juan Ubeira urgente. Gracias saludos cordiales