Se conoció un documento de YPF que revela estrategias comunicacionales para manipular y lograr la licencia social para la explotación petrolera off-shore. En el texto se recomienda a una estrategia que “rodee los objetivos” y logre “desvirtuar la cuestión de fondo y ridiculizar los reclamos” del ambientalismo. La empresa de “bandera” busca contener la movilización y el rechazo que se dieron en ciudades de la costa atlántica a partir de la habilitación de la explotación petrolera en tres zonas que se ubican frente a las costas de Mar del Plata.
A pesar de contar con el apoyo del oficialismo y la oposición cuando se habilitó la explotación de hidrocarburos off-shore en el atlántico bonaerense, a través de la resolución 436/2021, el lobby petrolero encontró resistencia en la población. Conocidas fueron las asambleas y los movilizaciones llamados “Atlanticazos“, que mostraron que no hay licencia social para dicha actividad y los riesgos que implica.
Y es que existe una fuerte conciencia de preservar el ambiente a lo largo del país. Desde que asumió, el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos), tuvo dos grandes reveses en términos de querer imponer el extractivismo. El primero fue el 2019, con una rebelión en Mendoza que se opuso a modificar la ley 7722 que abría las puertas a la megaminería. Luego, volvió a ocurrir en la provincia de Chubut, cuando una insurrección detuvo la “zonificación minera” que aunó a todo un pueblo en el “Chubutazo“.
El documento interno de YPF filtrado por @xrargentina es de carácter comunicacional y da por sentado que hay una negativa en la población a aceptar la explotación petrolera off-shore. Los términos que se utilizan se acercan al vocabulario de una operación militar contra la “subversión“, en una suerte de aislar, en este caso, a “la guerrilla ambiental” (como menciona el documento al grupo más activo, denominado “los detractores del proyecto”). En este sector, el más radicalizado, también estarían organizaciones ambientales, influencers y partidos de izquierda.
Del lado de la “aprobación del proyecto” (promotores) están las petroleras, otras empresas interesadas y los funcionarios del Gobierno dispuestos a llevar adelante si hay licencia (Círculo Rojo). Para esto, el documento propone “consolidar” a estos formadores de opinión.
Luego plantea disputar a los otros grupos sociales con diferentes niveles de posicionamiento. Para imponer sus intereses al conjunto de la sociedad, se proponen: “1. convencer mediante cápsulas aparentemente imparciales, con tono periodístico o informativo 2. desgastar a quienes se oponen y a su mensaje 3. generar un clima de miedo al ridículo entre los opositores, ‘emparentándolos con los reclamos más descabellados’ 4. reconstruir una narrativa que tenga ‘víctimas y victimarios’ 5. ‘Ocupar el espacio de los detractores con una exigencia acorde a las necesidades’ “.
En otro pasaje, el documento también señala que “para debilitar a aquellos que movilizan en contra, debemos trabajar no sólo sobre el contenido de lo que plantean sino también sobre la percepción del reclamo”, dado que consideran que muchas personas se suman a estos reclamos por “moda, sentido de pertenencia o por suponer que están siendo parte de algo más grande y positivo para la sociedad”.
Por eso, se proponen como misión “convertir esa moda en un miedo profundo de quedar en ridículo, empatándolo con los reclamos más descabellados y con las formas más incómodas”. Como ejemplo de cómo funcionaría ese racionamiento, escriben: “Detener la contaminación suena bien, pero… ¿Quiero ser de esos chicos que le tiran salsa a un cuadro? ¿Soy de la izquierda que quiere matar al capitalismo?”.
En el mismo documento admiten que el rechazo a la explotación off-shore representa a un sector social muy importante y que un debate frontal sería desfavorable para las petroleras. Esto es una importante victoria de la resistencia de las comunidades organizadas. Por eso, las empresas petroleras, conscientes de los impactos socio-ambientales, buscan manipular a la opinión pública y construir un sector del ambientalismo adaptado a sus necesidades.
El Estado, a través de YPF, se está encargando de hacer el trabajo sucio para allanar el camino de la explotación off-shore a empresas transnacionales, en lugar de avanzar en una transición energética con fuentes renovables, que tienen una verdadera aceptación social. Sólo miradas de cortoplazo, centradas en la rentabilidad privada pueden entender que la explotación fósil es una opción económica viable para un mundo en llamas.
No es la primera vez
El documento interno de YPF para manipular la opinión pública no es el primero entre las empresas que buscan doblegar la resistencia de la población para avanzar con el extractivismo. En muchas oportunidades se conoció estrategias de comunición para debilitar a la protesta social, no solo desde las empresas interesadas si no también desde funcionarios de gobierno, que buscan obtener la licencia social muchas veces con vínculos estrechos con las transnacionales.
Uno de los casos resonantes fue en el 2020, cuando se conoció un documento de Yamana Gold (hoy Minera Gold Fields), la multinacional interesada en explotar los Nevados de Aconquija en Andalgalá, Catamarca. En el texto hacía referencia a un “plan de comunicaciones” para “operar” e “influir” en el marco regulatorio y hace “viable” el proyecto Agua Rica.
No hace falta recordar que los pobladores han resistido más de una década los embates desde las multinacionales y los gobiernos en todas las escalas. Las asambleas han padecido represiones y persecusión a cientos de sus participantes. En oportunidades, militarizando los pueblos, como fue en la represión del 15 de febrero del 2010.
El texto de Yamana Gold también divide en “promotores”, “neutrales” y “detractores” a las asambleas y organizaciones sociales enfrentadas al proyecyo minero. Entre las recomendaciones, se mencionaban tácticas para acercarse a la población. A estas las llama, desde el lexico empresarial, “stakeholders”, apuntando a grupos o individuos que puedan afectar al logro de los objetivos de la empresa.
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