La CTA de los Trabajadores (CTA-T), conducida por Hugo Yasky, reclamó una suma fija de 75 mil pesos y señaló que “quien denuncia a la casta es financiado por lo peor de la casta dominante, grupos de empresarios como el de Eurnekian y los fondos buitres”.
Ante el “hartazgo” y el “malestar” ante la “situación difícil en la vida cotidiana de las mayorías” expresada en el voto a candidatos de ultraderecha el pasado domingo, la CTA-T reclamó medidas urgentes para recuperar el ingreso de los sectores populares.
En este sentido, la central sindical planteó que “ya no se puede seguir aceptando los condicionamientos del FMI ni las conductas antisociales de los especuladores”.
“La CTA considera crucial que el Gobierno implemente un aumento uniforme mediante una suma fija que no puede ser inferior a $75.000 para todos los asalariados del país, sin excepciones”, plantearon en un comunicado firmado por el Secretario General, Hugo Yasky, y el de Comunicación, Enrique Rositto.
Asimismo, “debe disponerse un nuevo aumento destinado a compensar la disminución en los ingresos de los jubilados y pensionados. Igualmente vemos la urgencia de adelantar los aumentos pautados por el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que también tendría efecto inmediato en los programas sociales, y discutir en forma inmediata los valores para el último trimestre del año.”
Compartimos el comunicado completo:
Hay que reaccionar a tiempo
El resultado de las elecciones primarias del 13 de agosto nos obliga a asumir al mismo tiempo dos tareas urgentes. Por un lado, entender que una parte importante del voto de nuestro pueblo expresa un hartazgo y un malestar ante una situación difícil en la vida cotidiana de las mayorías.
Somos conscientes de que la promesa de vivir mejor a partir de recuperar los ingresos de los asalariados registrados y no registrados que habían sido destruidos por el gobierno de Macri, no pudo cumplirse en los cuatro años de gestión del Frente de Todos. Hubo crecimiento de la economía y generación de empleo, pero no hubo distribución efectiva de la riqueza. No pudimos recuperar el brutal retraso salarial que dejaron los cuatro años del gobierno de ricos para ricos. Entendemos que esta realidad ha sido aprovechada por quienes presentan de manera ilusoria como nuevas las mismas recetas económicas que ya fracasaron cuando fueron aplicadas por Domingo Cavallo o José Martínez de Hoz.
Aunque entendemos el hartazgo y la bronca de los que fueron con su voto hacia Javier Milei no podemos dejar de señalar que este personaje que busca capitalizar ese descontento con cantos de sirena de soluciones mágicas se declara admirador de Mauricio Macri y de Carlos Menem. Tampoco podemos dejar de tener en cuenta el hecho de que quien denuncia a la casta es financiado por lo peor de la casta dominante, grupos de empresarios como el de Eurnekian y los fondos buitres.
Por otro lado, frente a este escenario, como parte del movimiento sindical, nos cabe la responsabilidad de ir a buscar el voto de los que el último domingo se quedaron en su casa y de aquellos que siendo parte del campo popular pusieron en la urna la boleta del que los va a llevar a un callejón sin salida. Hay que ir a hablar con nuestra gente siendo receptivos a las críticas pero también diciendo la verdad de lo que implica pegarse un tiro en el pie dentro del cuarto oscuro. También sabemos que si no hay medidas por parte del gobierno que den señales claras de la voluntad de recomponer el poder adquisitivo de los sectores populares no habrá manera de revertir la decisión que tomaron los que no fueron a votar o los que optaron por darle su voto a la oposición.
No hay tiempo que perder en la implementación de medidas que sirvan para recuperar el ingreso de los sectores populares particularmente afectado por los incrementos de precios que genera la devaluación y la conducta especulativa de los formadores de precios que amplían sus ganancias a costa del bolsillo de las familias argentinas.
Los incrementos en los precios han permitido al sector empresarial aumentar significativamente sus márgenes de ganancia. Las estadísticas confirman que los responsables de la fijación de precios han obtenido una rentabilidad que supera en más del 30% la tasa de inflación. En contraste, los salarios de los trabajadores en la mayoría de los gremios, en nuestras negociaciones paritarias, han quedado por debajo o, en algunos casos, igualados a la tasa de inflación, perpetuando una situación de desventaja que es dramática en el caso de los informales que ni siquiera tienen paritarias.
Ya no se puede seguir aceptando los condicionamientos del FMI ni las conductas antisociales de los especuladores. La CTA considera crucial que el Gobierno implemente un aumento uniforme mediante una suma fija que no puede ser inferior a $75.000 para todos los asalariados del país, sin excepciones. Para esto es imperativo asegurar que este incremento sea recibido tanto por el sector público a nivel nacional, provincial y municipal, como por el sector privado.
Asimismo, debe disponerse un nuevo aumento destinado a compensar la disminución en los ingresos de los jubilados y pensionados. Igualmente vemos la urgencia de adelantar los aumentos pautados por el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que también tendría efecto inmediato en los programas sociales, y discutir en forma inmediata los valores para el último trimestre del año.
Es hora de que el gobierno tome medidas exhaustivas para reducir el margen de abusos por parte de los grupos empresariales que en estos últimos días aumentaron desmedidamente los precios para que los retrotraigan. Hay que terminar con esta práctica de hacer que el hilo se corte siempre por lo más delgado, trasladando el costo de la crisis a los jubilados, a los trabajadores, a aquellos empleados en trabajos informales e incluso a los desempleados.
Tenemos la convicción de que todavía estamos a tiempo de lograr que en la elección de octubre podamos encaminarnos hacia un resultado que le permita a nuestro pueblo mirar el futuro recuperando la esperanza de una vida mejor.