“Las consultas que nos llegan de mujeres que están atravesando situaciones de violencia y demás están totalmente atravesadas por la cuestión de la vivienda y, sobre todo por la vivienda en alquiler, que es hoy la principal forma de acceso de las mujeres trabajadoras a la vivienda”, explicó Lucía Cavallero, integrante de Ni Una Menos.
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Las mujeres que alquilan son las que más sufren los abusos de las inmobiliarias y propietarios y la incertidumbre generada por la reforma de la ley de alquileres que se debate en el Congreso, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.
“Desde la pandemia estamos trabajando el tema porque las consultas que nos llegan de mujeres que están atravesando situaciones de violencia y demás están totalmente atravesadas por la cuestión de la vivienda y, sobre todo por la vivienda en alquiler, que es hoy la principal forma de acceso de las mujeres trabajadoras a la vivienda”, explicó Lucía Cavallero, integrante de Ni Una Menos, en declaraciones a Radio Estación Sur y reproducidas por el Informativo FARCO.
La socióloga e investigadora comentó que mientras se debate en las comisiones del Senado el proyecto para reformar la ley de alquileres vigente, miles de personas sufren la incertidumbre y abuso de las inmobiliarias y propietarios que buscan cerrar los contratos de locación por fuera de la norma. Entre las consultas que reciben la organización, que trabaja junto a otras agrupaciones de inquilinos de todo el país, “el 80% son de mujeres”.
“Quien quiere salir de una situación de violencia de género se encuentra con el problema del alquiler como uno de los temas principales, ya sea porque no puede alquilar otra casa por lo que le piden. Pero también quien quiere sostener un hogar monomarental teniendo a cargo niños y niñas, sostenerlo está siendo imposible”, agregó.
Por otro lado, Cavallero señaló que no es necesario “pensar una política específica” para mujeres que alquilan, si no “que se den más derechos para los inquilinos e inquilinas” cumpliendo la ley vigente. En esa línea indicó que la normativa actual “habla de que el Estado tiene que promover el alquiler social y que tiene que poner entre poblaciones prioritarias a las víctimas de violencia por situaciones de género”, entre otros puntos que el Estado no controló desde la sanción.
De igual manera, pidió que el Estado regule el mercado de alquileres de inmuebles haciendo respetar el plazo de los contratos, poniendo impuestos a las viviendas vacías o regulando el alquiler temporal mediante plataformas. “En esa mejora general quienes se van a ver beneficiadas son las mujeres”. Y concluyó: “Es medio ficticio pensar que se puede hacer una política específica si el mercado está desregulado”.