A tono con la agenda energética y las necesidades del Estados Unidos y la Unión Europea, el Gobierno ultraliberal de Milei acaba de lograr la aprobación en Diputados de la Ley de Bases que avanzaría en la privatización de varias empresas estatales dentro del sector energético, así como en el incentivo extractivista a las inversiones extranjeras mineras, energéticas, petroleras y agroindustriales. Si esta es la orientación de casi todos los Gobiernos en las últimas 3 décadas, ¿por qué nos cuesta hablar de Neocolonialismo en América Latina?
Por Lucía Fernández, para ANRed.
Cuando se trata de extractivismo no existe grieta ni antagonismo entre las fuerzas políticas a las que los patrones del norte les dejan gobernar el país, ni en Argentina ni en el resto de la Región Latinoamericana. Porque a pesar del cambio ultraliberal de Gobierno en Argentina, la política energética y minera quedó a manos del Gobierno anterior. El Peronismo, actor clave que realizó tanto las reformas neoliberales de los 90’s como la gran ampliación del extractivismo sojero, minero y petrolero después de la crisis del 2001, mantuvo a un funcionario clave en la Secretaría de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien además tiene un vínculo privilegiado con el Gobierno de España, aprovechador privilegiado de los recursos latinoamericanos (aunque mucho lo haga mediante sus inversiones a través de las entidades financieras). El lobby energético-minero lo celebra, pues la continuidad de las políticas se agradece por brindar previsibilidad a los inversores extranjeros y garantizar recursos para la Seguridad Energética del Norte Global.
En cuanto a Recursos Energéticos, a la semi-privatización de YPF, que financia la infraestructura con recursos estatales mientras deja que el crudo se nos escape por los oleoductos y el Gas por los gaseoductos desde Vaca Muerta y otras explotaciones directo al puerto de Bahía Blanca, ahora se van a sumar la semi-privatización de Nucleoléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Energía Argentina, dedicada a la producción y distribución de Gas y Electricidad y responsable del Gasoducto Néstor Kirchner, quedaría totalmente privatizada. Por su parte, AYSA, empresa nacional que gestiona el acceso al agua y los recursos hídricos (severamente relevantes para el Sector extractivo-minero), también quedaría totalmente en manos privadas.
En cuanto a la Minería, especialmente destructora de los ecosistemas, la salud y los modos de vida de los territorios donde penetra, queda aún más liberada de lo que estaba previamente (con retenciones tributarias del solo 3%), recibiendo todo tipo de incentivos y nuevas exenciones tributarias. Según el “Portfolio” de proyectos mineros publicado durante el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en la actualidad existen 18 minas en producción, pero existen 33 proyectos que están ya preparándose para salir a la cancha y otros 62 proyectos en estado avanzado de exploración. Un total de 111 minas nuevas podrían habilitarse en Argentina, lo cual tendría un impacto totalmente negativo en cuanto al acceso al agua, el deterioro de la salud de la población, y por supuesto, el empobrecimiento que ya sabemos que conllevan estos modelos de producción.
En el Noroeste –Jujuy, Salta, Catamarca– la principal explotación es el Litio; en la región de Cuyo –La Rioja, San Juan– se dedican principalmente al cobre y al oro, mientras que en Santa Cruz se dedica principalmente al Oro, que está volviendo a ser un refugio de valor para los Estados y las grandes fortunas en el mundo frente a la fragilidad de los Sistemas Financieros.
Es probable que el actual Gobierno -que podría desaparecer del mapa sin mayores consecuencias para el resto del ecosistema político- se anime a avanzar sobre los proyectos en Mendoza y Chubut, dos Provincias que venían resistiendo fuertemente el avance minero por el riesgo que implican en el acceso al Agua para el resto de las actividades productivas presentes y de la población en general. El 23 de abril de este año, mientras se celebraba la mayor marcha universitaria de las últimas décadas, el Senado de la Provincia de Mendoza modificó la Ley 7722 para permitir la explotación minera en la Provincia.
El broce del saqueo se hace con la posible privatización de las principales empresas estatales de Transportes -Intercargo, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos y Corredores Viales- y que se sumarían a los ya privatizados Puertos argentinos, tanto en Rosario como en Buenos Aires. De esta manera, el control extranjero sobre las infraestructuras que ha financiado el Estado pasa a ser casi absoluta.
El delirado aumento de tarifas y el pésimo servicio eléctrico que reciben los usuarios al igual que el precio de los combustibles que producimos en el país, sólo se explica si la energía y los recursos se explotan con el fin de ser destinados a la exportación y no para el consumo interno. El último discurso de Cristina Fernández de Kirchner no casualmente puso el foco en la Energía, una de las actividades que más se ha desarrollado en su querida Santa Cruz. En ese discurso quedó claro que lo que no se pone en cuestión es el modelo o el proyecto, sino la redistribución mínima de recursos sobre la población que garantice la sostenibilidad en el tiempo del modelo productivo y no reviente la gobernabilidad, porque con un poquito que se reparta sobre la población podemos seguir saqueando el resto de los recursos, envenenando el agua y desplazando poblaciones indígenas y campesinas, total… ¿a quién le importa mientras en las ciudades siga habiendo algo de energía y algo de políticas públicas?
El procedimiento se repite: mientras los gobiernos progresistas de la Región impulsan las infraestructuras necesarias para el modelo extractivista en nombre de la inclusión social, los sub-siguientes gobiernos derechistas cierran los procesos con un plus de represión y un broche de saqueo limpio mediante reformas que liquidarían la legitimidad de cualquier Gobierno que pretenda algo de popularidad territorial. Darle gobernabilidad a Milei es habilitarlo para que se vaya asumiendo todo el costo político del saqueo y las transformaciones estructurales -si al menos logramos eso-, pero la puerta de entrada de este modelo se lo debemos a sus enemigos acérrimos, sin los cuales hoy no existirían los mecanismos e infraestructuras elementales para que eso sea una posibilidad inminente. El saqueo no empezó con Milei, sólo asume su momento más esperado y esplendoroso para el Capitalismo Neocolonial del Norte Global, que todavía le agradece al saliente Gobierno anterior por los servicios prestados.