El documento revela 2.395 heridos y 277 detenidos en 73 represiones a la protesta, además de 93 allanamientos violentos a organizaciones populares.
Fotos: Nicolas Solo ((i))
El jueves 17 de julio se presentó el tercer informe del Monitor de Respuestas Represivas del IEF-CTA bajo el título “500 días de Milei: Asalto a la democracia, punitivismo y represión para la entrega de la Nación”. Las palabras de inicio de la actividad estuvieron a cargo de Ricardo Peidro, Secretario adjunto de la CTA Autónoma, María José Cano, directorio de DDHH de la CTA, y Daniel Godoy, director del Instituto de Estudio y Formación, seguido de un panel compuesto por la abogada y militante de Correpi María del Carmen Verdú, el filósofo y politólogo Eduardo Rinesi, y Jimena Frankel, coordinadora del Monitor.
El Monitor de Respuestas Represivas de la CTA Autónoma es un espacio creado desde diciembre de 2023 que sistematiza los hechos de represión, detención, allanamientos y causas penales contra las organizaciones del campo popular. Herramientas que resultan claves para analizar el avance represivo tanto del Gobierno Nacional como de los Gobiernos Provinciales.
Resulta fundamental analizar sus datos a la luz del deterioro de las condiciones de vida de la clase, el avance normativo en materia represiva, pero también poner relación las luchas que viene sosteniendo el pueblo trabajador en la defensa de los DDHH, puestos de trabajo, salud, educación y el conjunto de servicios públicos.
Informe
El documento caracteriza que el actual gobierno avanza en la implementación de un plan integral de reestructuración económica y social que ataca directamente las condiciones de vida de la clase trabajadora, buscando su desarme tanto material como moral. En el plano económico, destaca la ofensiva del capital contra el trabajo mediante la caída salarial, destrucción de empleo registrado y expansión de formas precarizadas como el monotributo y el trabajo sin derechos, acompañado del incremento de la sobreexplotación laboral a través de horas extras y pluriempleo. Paralelamente, señala cómo el ajuste recae con mayor fuerza sobre jubilaciones, salud y educación, mientras aumenta la inversión en equipamiento represivo.
Los datos más contundentes del informe corresponden al capítulo sobre represión estatal. Entre el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de mayo de 2025 se contabilizaron al menos 73 protestas reprimidas.
En esas represiones se registra un saldo de al menos 2.395 personas heridas (1.162 durante 2024 y 1.233 en los primeros cinco meses de 2025) y 277 detenidas. Estas cifras reflejan una clara intensificación de la violencia en el último período.
Los operativos represivos contaron con participación de múltiples fuerzas de seguridad: la Policía Federal estuvo presente en 32 casos; Prefectura, en 24; Gendarmería, en 23; las fuerzas policiales provinciales, en 21; la Policía de la Ciudad, en 19; la Policía Aeroportuaria, en 9; y fuerzas municipales, en 2.
El Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich ha desplegado un repertorio represivo que incluye prácticas como la utilización de la línea 134 para desmovilizar y estigmatizar referentes sociales, la saturación de fuerzas de seguridad en manifestaciones, y el empleo de armamento altamente lesivo, destacándose la introducción de pistolas Byrna y el uso del gas pimienta “amarillo”.
Entre los casos más graves documentados figura el asesinato de Fernando Gómez, trabajador bagallero, por disparos de la Prefectura durante un operativo fronterizo, y la grave herida sufrida por el periodista y militante Pablo Grillo a manos de la Gendarmería en la represión a la marcha de jubilados del 12 de marzo. Particularmente alarmante resulta el registro de tres personas que perdieron la visión de un ojo por impactos de balas de goma o gases lacrimógenos durante distintas protestas.
El informe también da cuenta de 93 operativos represivos sin protesta activa, consistentes en allanamientos y desalojos a espacios de organizaciones populares, con 23 heridos y 40 detenidos. Estos hechos se concentraron mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires (55 casos) y Neuquén (15).
La virulencia represiva alcanzó su punto máximo en 2025, particularmente en las acciones contra las tradicionales rondas de los miércoles que desde 2017 realizan organizaciones sociales frente al Congreso. Durante los primeros cinco meses del año, las fuerzas de seguridad reprimieron 12 de las 20 movilizaciones semanales, dejando un saldo de 130 detenidos y 1.206 heridos, incluyendo niños y periodistas cuyas herramientas de trabajo fueron destruidas intencionalmente.
El Ministerio de Seguridad implementó un método represivo sistemático, basado en el control territorial y el uso de distintos armamentos. Este esquema incluyó tácticas como cordones policiales para contener y “barrer” manifestantes, vallados para bloquear protestas alrededor del Congreso, y patrullajes motorizados para perseguir y herir tanto a manifestantes como a la prensa. A esto se sumó el incremento en el uso de armas supuestamente “menos letales”: gases, balas de goma y tonfas dirigidos a rostros y torsos, causando heridas graves. Las detenciones arbitrarias y la violencia selectiva completaron el cuadro, con reducciones brutales, destrucción de equipos periodísticos y retenciones prolongadas en la vía pública.
Frente a esta escalada, lxs jubilados respondieron innovando en sus formas de lucha, implementando “semaforazos” móviles y estableciendo alianzas con sectores no tradicionales como las hinchadas futboleras, al tiempo que reforzó la documentación ciudadana de los abusos policiales. Esta resistencia creativa demostró que, contra las expectativas gubernamentales, la represión estatal no logró disuadir las protestas sino que funcionó como catalizador de una organización más sólida y diversa, manteniendo intacta la legitimidad social de la movilización popular.
Reflexiones durante la actividad
A sala llena, la actividad también contó con un video que señalaba los datos más relevantes del informe junto a testimonios de jubilados, jubiladas, periodistas, miembros de las postas de salud que concurren miércoles a miércoles al congreso.
En su intervención, María del Carmen Verdú, señaló: “La represión es la herramienta para acallar la protesta, y disciplinar para que no salgamos a la calle, y, sin embargo, eso no está pasando. Vemos que a lo largo y ancho del país hay una cantidad de movimiento, de organización, de actividades, de protestas, de movilizaciones con creatividad, y con muchos cuidados, como por ejemplo el trabajo de la Red”.
En esta misma línea, enumeró los derechos fundamentales que se están desmantelando y que va a costar muchísimos años y luchas restituir: “lo que estamos enfrentando es un verdadero cambio de régimen explícito, propagandizado con proselitismo”, remarcó.
Por su parte, Rinesi agregó: “Vemos cómo la represión es la que está sosteniendo la transformación de este modelo, y nos sitúa frente a la pregunta sobre el tipo de régimen que estamos viviendo, y allí hay una hipótesis muy fuerte, con la abolición de una serie de derechos y libertades, y es interesante que nos preguntemos si en Argentina seguimos viviendo en democracia”, aportó: “¿Seguimos viviendo en democracia, o algo muy fundamental se transformó y nos obliga a hablar de un cambio de régimen?”.
“Este gobierno detesta la idea de libertad, de soberanía, o cualquier hecho de derecho colectivo, su idea de libertad es libertariana, y es la libertad del capital para llevarse puesta la soberanía del país”, sentenció.
Leer / descargar el informe (PDF):