La central obrera gestionó en reserva con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, poner a salvo a los delegados de las cesantías por bloqueos a empresas o por razones discriminatorias. Si Sturzenegger y Caputo aprueban, los gremialistas avizoran la apertura de un capítulo de diálogo con la gestión de Javier Milei.
La negociación entre el Gobierno y la CGT por la reglamentación del capítulo laboral de la ley Bases se encaminó esta semana con el compromiso de los funcionarios de blindar a los delegados sindicales de los despidos por bloqueos a empresas y razones discriminatorias. El Ejecutivo también dio un guiño a favor de acotar a la figura del monotributo la del “trabajador independiente”. Fueron los avances centrales de una gestión que, tal como anticipó en exclusiva El Destape, llevaron adelante dos abogados de la central obrera con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, bajo la atenta mirada de la “mesa chica” de la organización y referentes de mayor rango de la administración libertaria como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor Santiago Caputo.
El avance en las tratativas obligó a postergar una reunión de la mesa ampliada de conducción de la central que estaba prevista para este martes en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra). Los dirigentes aguardarán una respuesta formal a los planteos luego de la revisión que harán los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger, y de Economía, Luis Caputo, sobre el borrador negociado con Cordero. De ese resultado dependerá que la balanza de la mayor organización obrera de la Argentina se incline a favor de un nuevo escenario de conflictividad o bien de la apertura de un diálogo de mayor alcance con La Libertad Avanza.
El punto más crítico que el oficialismo aceptó revisar a pedido de la CGT es el que configura “grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento”. Ese artículo, de acuerdo a la negociación reservada, se mantendrá intacto con una salvedad destinada a blindar a los delegados sindicales protegidos por fueros especiales. Para despedirlos, el empleador deberá iniciar antes un juicio de “exclusión de tutela sindical” como habitualmente sucede.
Se trata de uno de los aspectos más corrosivos de la reforma laboral plasmado en el artículo 94, que a su vez modificó el punto 242 de la ley de Contrato de Trabajo. La redacción, para el sindicalismo, dejó un espacio muy amplio para que los empleadores consideraran los alcances de un bloqueo. El texto presume “que existe injuria grave” cuando una acción gremial “afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas”, también cuando “se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento” o bien una vez que “se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento o se las retenga indebidamente”.
La incorporación de un tratamiento diferenciado para los delegados sindicales promete poner a salvo de los despidos a los delegados de gremios reconocidos (a priori no tomarían en cuenta a los de organizaciones con simple inscripción, un reconocimiento legal de menor estatus jurídico) pero no prevé una instancia previa a la cesantía para el resto del personal involucrado en la medida de protesta, como habían sugerido los negociadores de la CGT. La discusión técnica, como reveló El Destape, estuvo a cargo de los abogados laboralistas Federico West Ocampo (Sanidad) y Marta Pujadas (Uocra).
Otro ítem que avanzó en el mismo sentido fue el que habilita los despidos discriminatorios, hasta ahora prohibidos por ley. Antes de Bases esas cesantías eran consideradas nulas y el empleador debía reinstalar al trabajador en su puesto. La nueva normativa, en cambio, autorizó los despidos por razones de “raza o etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo o género, orientación sexual, posición económica o caracteres físicos o discapacidad” y sólo fijó un agravamiento del 50 al 100% del monto indemnizatorio en caso de probarse los motivos en sede judicial. No obstante, con la reglamentación se proyecta mantener una salvaguarda extra a los delegados sindicales siempre y cuando cuenten con la tutela legal que los ampara durante el ejercicio de sus funciones y hasta por un año más.
En tanto que el capítulo referido a la creación de la figura del “trabajador independiente con colaboradores” también quedará sujeto a precisiones en la reglamentación. La ley Bases establece que podrán regirse por esa modalidad hasta tres personas bajo las órdenes de una cuarta y los sindicatos advirtieron que el mayor riesgo que encierra esa reforma es la “deslaboralización”, es decir la privación de los derechos propios de los trabajadores en relación de dependencia. La cartera laboral negoció con la CGT acotar ese formato de asociación a monotributistas o autónomos.